El “cordial entendimiento” que a pesar de ocasionales desencuentros caracterizó las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela desde la cumbre de San Pedro Alejandrino (agosto de 2010) parece haber llegado a su fin. Hace un par de semanas el gobierno venezolano declaró el estado de excepción en varios municipios de la frontera. Así mismo, decretó el cierre permanente e indefinido de la frontera con el fin de controlar el contrabando hacia Colombia, al cual atribuye el desabastecimiento del mercado venezolano. Por otro lado, se intensificó la expulsión/deportación de colombianos (a veces sin consideración del estatus de refugiado que a muchos de ellos se les debe reconocer bajo el derecho internacional). En desarrollo de la llamada Operación Liberación y Protección del Pueblo (OLP) se han adelantado acciones policiales y militares encaminadas, según el propio presidente Maduro, a la “liberación de nuestra Patria de todos los factores criminales y del paramilitarismo que se ha apoderado con sus perversiones traídas desde Colombia”. Todo ello ha tensionado las relaciones bilaterales, exacerbado el nacionalismo y provocado una crítica situación humanitaria, como consecuencia no sólo de las deportaciones sino del desplazamiento de varios miles de colombianos que prefieren retornar al país antes que correr el riesgo de una expulsión abusiva y arbitraria.

La Rusia que heredó Vladimir Putin de Boris Yeltsin era el arquetipo de un país postrado en lo económico, vapuleado en lo político, y emocionalmente devastado tras el colapso del Imperio Soviético. Hoy 15 años después y en medio de un sinnúmero de manifestaciones que parecen reestablecer algo de la grandeza histórica de antaño, Rusia parece moverse una vez más hacia la ortodoxia y la autocracia. Esto es quizá el mayor legado de Putin, que por lo que parece, aún estará en el poder durante un rato largo.

El fracaso de la Cumbre de las Américas en Cartagena contrasta con lo ocurrido en Panamá. A pesar de que no hubo declaración final, el restablecimiento de las relaciones entre Washington y La Habana promete relanzar las relaciones interamericanas. No obstante, la democracia, los derechos humanos, y el imperio de la ley no ocuparon en la VII Cumbre  el mismo lugar que antaño. Con respecto a Colombia: los dos propósitos que se trazó fueron ambos alcanzados.

En el año 2014, el Instituto de Ciencia Política (ICP) y la Fundación Konrad Adenauer en Colombia (KAS) lideraron una reflexión colectiva sobre el diseño y seguimiento de políticas e iniciativas encaminadas a la construcción de paz en el país. A este diálogo  fueron convocados funcionarios gubernamentales, líderes de opinión, académicos y  expertos de distintas organizaciones de la sociedad civil y representantes de agencias internacionales. El proyecto, denominado “Políticas públicas para el posconflicto”, se desarrolló en dos fases. En primer lugar, se convocaron cuatro mesas de expertos, en las cuales se discutieron algunos aspectos centrales de lo que podría ser la transición hacia una fase de posconflicto en Colombia. Posteriormente se invitó a algunos de los participantes en estas mesas a presentar una contribución más sistematizada, orientada sobre todo a enriquecer el debate público y la toma de decisiones. Estas contribuciones están reunidas en la presente publicación, coordinada por Andrés Molano-R., profesor de la Universidad del Rosario y Director Académico de OPEAL. El ICP y la KAS agradecen a quienes participaron en las distintas etapas de este proyecto y reiteran, mediante este esfuerzo conjunto, su compromiso con la formación de una opinión pública ilustrada y con la deliberación crítica como elementos fundamentales para la construcción de una paz estable y duradera, y para el fortalecimiento institucional que requiere un posconflicto exitoso.