La valoración económica tradicional (VE) se ha constituido en una herramienta fundamental para apoyar el establecimiento de áreas marinas protegidas como la estrategia preferida para la conservación de los ecosistemas marinos y costeros y de los servicios que éstos proveen. Sin embargo, generalmente, estos ejercicios estiman los beneficios que la conservación genera a actores situados fuera de las mismas, quienes no hacen uso extractivo de los recursos como su principal fuente de alimento e ingresos, y han ignorado los valores que las comunidades locales otorgan a los ecosistemas que las rodean, o los costos de oportunidad que las comunidades locales, usuarias de recursos, asumen cuando deben enfrentar las restricciones que imponen las AMPs en el acceso a los recursos. Adicionalmente, se ha cuestionado la pertinencia de realizar VE en contextos locales porque su implementación aún enfrenta desafíos prácticos, metodológicos, éticos y políticos. Siguiendo las recomendaciones de The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB), este estudio propone una metodología de valoración económica que es innovadora, porque combina herramientas cualitativas de valoración que permiten capturar la importancia relativa que los usuarios locales otorgan a los ecosistemas, y a los diversos servicios que proveen, con herramientas cuantitativas estándares de la VE, experimentos de elección, que permiten capturar la disponibilidad a aceptar restricciones en el uso de recursos impuestas por el establecimiento de AMPs. La metodología propuesta incorpora enfoques de valoración colectiva y deliberación grupal, en donde la construcción participativa de los escenarios de base y de cambio permite un mejor entendimiento, por parte de los usuarios de recursos, de la situación hipotética a valorar.

En el marco del diseño e implementación del subsistema de Áreas Marinas Protegidas (SAMP) en Colombia, se realiza una valoración económica (VE) comprehensiva que utiliza variados métodos e incluye diferentes agentes que van desde comunidades locales hasta compradores de créditos de carbono, pasando por turistas especializados (buzos), pesquerías y hogares en 15 ciudades del país. Los resultados de esta VE muestran los beneficios asociados a los servicios ecosistémicos provistos por el SAMP en tres escenarios: el de mínima protección (4.4% en área y 60% en representatividad de los objetos de conservación –OdC-), donde se protegerían únicamente los sitios considerados de muy alta prioridad; el de cumplimiento de la meta de biodiversidad (10% de la superficie y cerca del 81% en representatividad de OdC) y el de protección ampliada (20% de la superficie y 92% de representatividad de OdC).

Además de la magnitud de los beneficios encontrados para los diferentes servicios, se resalta la importancia que las comunidades locales otorgan a las Unidades Socio-ecológicas del Paisaje que rodean sus territorios y su disponibilidad a aceptar restricciones en el acceso y uso de los recursos, como resultado de la implementación de áreas marinas protegidas (AMPs), si éstas van acompañadas de alternativas de generación de ingreso que cubran a la mayoría de hogares en la comunidad y garanticen mejoras en la provisión de servicios de abastecimiento en el mediano plazo.