La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es sin lugar a dudas uno de los pasos más importantes que ha dado el país en el marco del proceso de paz y en la construcción de un escenario de posconflicto. Si bien esta ley reconoce que las víctimas tienen derecho a la verdad, justicia y reparación, la implementación y cumplimiento de ésta no solamente debe enmarcarse en la perspectiva de la justicia transicional, sino también en la del desarrollo rural.

Los paros agrarios que se presentaron durante el 2013 y primer semestre de 2014 pusieron en evidencia ante la opinión pública y el gobierno central, problemas estructurales como la baja rentabilidad de las actividades agropecuarias, la falta de presencia del Estado con bienes públicos y la no existencia de alternativas productivas atractivas a los cultivos ilícitos. En esta Nota de Política se presenta a los lectores los antecedentes de los paros, los temas de las negociaciones y los acuerdos alcanzados, y por último se analizan estos acuerdos y las implicaciones de política que tienen.

Bajo la administración del Presidente Santos, se preparó y aprobó en el Congreso de la República la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. El Proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural es otra pieza complementaria a la anterior, y ambas son consistentes con el 1er punto de negociación entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC sobre desarrollo agrario integral. Sin embargo, a menos de dos meses de que termine el período presidencial, el proyecto de ley aún no ha sido radicado en el Congreso de la República para su discusión y posterior aprobación. Como resultado de una mesa de discusión realizada por la Red de Diálogo sobre Desarrollo Rural – PRODERURAL el pasado mes de junio y con el ánimo de brindar las herramientas de análisis necesarias se presenta esta primera Nota de Política.