El miedo generalizado a las chuzadas de teléfonos parece estar haciendo mella en muchos altos funcionarios del Gobierno y de la Rama Judicial, quienes ahora prefieren mandar todo por correo electrónico o mensaje de texto a los Blackberry. Así, por estos medios, ya llegan los regaños, las felicitaciones o las mandadas a callar, como sucedió el pasado lunes 23 de marzo en Washington D.C., en plena sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ese día se programaron todas las audiencias temáticas referentes a Colombia pero dos personajes nunca intervinieron en la audiencia temática sobre el “Estado de Derecho e independencia del Poder Judicial en Colombia”: el magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez, y la magistrada de esta misma corporación, María del Rosario González, la vegetariana que ahora no anda muy amiga del Ministro de Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, por aquello del refrito de la sedición con las Farc.
Los dos magistrados estaban allí para hablar de las presiones que viene recibiendo la Corte, entre las que hay amenazas, las populares chuzadas del DAS y varias declaraciones ponzoñosas hacia el investigador de la ¨parapolítica", el magistrado Velásquez.
Curiosamente, al mismo tiempo, los dos funcionarios de la rama judicial recibieron vía e-mail y SMS la orden de callarse y de no denunciar nada.
En el video de la audiencia no aparecen ni Velásquez ni González, lo que dejó al embajador ante la OEA, Camilo Ospina, en la cómoda posición de decir: “Anotamos que en esta (audiencia), como en la de la libertad de expresión, no hay magistrados ni está la Rama Judicial dando el debate. (…) Por lo tanto es un debate de las organizaciones no gubernamentales que tienen todo su derecho”. Como quien dice “si no están las Cortes denunciando nada, significa que no existen tales presiones a la Rama Judicial”.
Los magistrados fueron enviados a Estados Unidos por la misma Corte, quien pagó sus viáticos y cuya intención era que hablaran en la CIDH sobre las medidas cautelares que dicho organismo dictó a su favor el 22 de diciembre del año pasado y sobre el “Estado de Derecho e independencia del Poder Judicial en Colombia”, precisamente el tema del que nunca hablaron.
¿Quién mandó los mensajes? Pues habrá sido alguien superior en rango a ellos o alguna persona que fue influenciada para que les dijera que era mejor callar que denunciar.
Desde que hace una semana se supo que el exgobernador guajiro Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez estaba hospitalizado en Soacha por problemas cardíacos, los familiares del asesinado exconcejal de Barrancas Luis López Peralta sugirieron que podría tratarse de una estrategia de dilación de Kiko para posponer los alegatos de conclusión en el juicio que afronta por el crimen de López. En efecto, la audiencia programada para el viernes pasado quedó pospuesta por la ausencia de Kiko y la nueva fecha todavía no se conoce a ciencia cierta.
Resulta que en el proceso en el que el exmandatario está acusado de ser el autor intelectual del crimen del exconcejal, la juez tuvo que reprogramar la lectura de los alegatos de conclusión para el 6 de abril por la hospitalización de Kiko. Y hasta reservó una tercera fecha, el 20 de abril, por si para la primera semana de abril Kiko sigue en el hospital.
Esa diligencia depende de la salida del exgobernador del Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca, donde está internado desde el 26 de febrero, pero la salida también es incierta.
La Silla llamó al Inpec, que es la entidad encargada de atender a la población carcelaria en el país, para conocer de qué depende el regreso de Kiko a su celda en La Picota y allí nos aseguraron que los médicos deben instalarle en estos días un dispositivo en el corazón (stent) antes de determinar si ya se encuentra en condiciones de salir.
El vocero del Inpec también le dijo a La Silla que para tener un segundo diagnóstico sobre la salud de Kiko, la entidad le pidió al Instituto de Medicina Legal evaluarlo y está a la espera de una respuesta.
Las dudas sobre el verdadero estado de salud de Kiko aumentaron el viernes, día en que no se hizo la audiencia, porque Semana publicó una fotografía en la que se le ve relajado, sin conexión a ningún aparato médico y aparentemente viendo televisión.
Esa fotografía va en contravía a lo que informó el Inpec el 8 de marzo, cuando dijo que, según el reporte médico del hospital, Kiko tuvo que dejar su celda en febrero porque tenía angina inestable, arritmia cardíaca y podría necesitar una operación urgente.
En las casi tres semanas que Kiko lleva en el hospital no se sabe qué procedimientos le han realizado allí. Por esa hospitalización la juez novena especializada de Bogotá, que lleva el juicio por el crimen del exconcejal, ordenó investigar al director de La Picota porque se enteró por los medios de comunicación y no por el Inpec, como es el debido proceso.
