El miedo generalizado a las chuzadas de teléfonos parece estar haciendo mella en muchos altos funcionarios del Gobierno y de la Rama Judicial, quienes ahora prefieren mandar todo por correo electrónico o mensaje de texto a los Blackberry. Así, por estos medios, ya llegan los regaños, las felicitaciones o las mandadas a callar, como sucedió el pasado lunes 23 de marzo en Washington D.C., en plena sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ese día se programaron todas las audiencias temáticas referentes a Colombia pero dos personajes nunca intervinieron en la audiencia temática sobre el “Estado de Derecho e independencia del Poder Judicial en Colombia”: el magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez, y la magistrada de esta misma corporación, María del Rosario González, la vegetariana que ahora no anda muy amiga del Ministro de Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, por aquello del refrito de la sedición con las Farc.
Los dos magistrados estaban allí para hablar de las presiones que viene recibiendo la Corte, entre las que hay amenazas, las populares chuzadas del DAS y varias declaraciones ponzoñosas hacia el investigador de la ¨parapolítica", el magistrado Velásquez.
Curiosamente, al mismo tiempo, los dos funcionarios de la rama judicial recibieron vía e-mail y SMS la orden de callarse y de no denunciar nada.
En el video de la audiencia no aparecen ni Velásquez ni González, lo que dejó al embajador ante la OEA, Camilo Ospina, en la cómoda posición de decir: “Anotamos que en esta (audiencia), como en la de la libertad de expresión, no hay magistrados ni está la Rama Judicial dando el debate. (…) Por lo tanto es un debate de las organizaciones no gubernamentales que tienen todo su derecho”. Como quien dice “si no están las Cortes denunciando nada, significa que no existen tales presiones a la Rama Judicial”.
Los magistrados fueron enviados a Estados Unidos por la misma Corte, quien pagó sus viáticos y cuya intención era que hablaran en la CIDH sobre las medidas cautelares que dicho organismo dictó a su favor el 22 de diciembre del año pasado y sobre el “Estado de Derecho e independencia del Poder Judicial en Colombia”, precisamente el tema del que nunca hablaron.
¿Quién mandó los mensajes? Pues habrá sido alguien superior en rango a ellos o alguna persona que fue influenciada para que les dijera que era mejor callar que denunciar.
A pesar de que el presidente Juan Manuel Santos aceptó la renuncia del Ministro de Minas, tras endilgarle la responsabilidad de un eventual apagón, Tomás González recibió un espaldarazo público de un grupo muy diverso y prestigioso de personas relacionadas con el sector minero que le expresan su respaldo por su trabajo y la experticia que demostró durante el año y medio que fue la cabeza del sector.
Se trata de casi todos los miembros del Grupo de Diálogo sobre la Minería, Gdiam, un grupo de alto nivel creado por la Fundación Ford (que financia el cubrimiento minero de La Silla) para convenir una visión de la minería a largo plazo que apoye el desarrollo socioeconómico del país y la construcción de paz.
Entre los firmantes están personas tan diversas como Fabio Arjona, el director ejecutivo de la Ong ambiental Conservación Internacional en Colombia hasta el ex ministro y el ex viceministro de minas Luis Ernesto Mejía y Henry Medina pasando por líderes del sector como Claudia Jiménez, la ex directora ejecutiva del gremio de minería a gran escala y León Teicher, el ex presidente del Cerrejón y líderes sociales como Alcibíades Escué, líder de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte en el Cauca, Benjamín Mosquera, representante legal del Consejo Comunitario del Río Anchicayá y Fabio Velásquez, presidente ejecutivo la Fundación Foro Nacional por Colombia.
Esta es la carta: