El miedo generalizado a las chuzadas de teléfonos parece estar haciendo mella en muchos altos funcionarios del Gobierno y de la Rama Judicial, quienes ahora prefieren mandar todo por correo electrónico o mensaje de texto a los Blackberry. Así, por estos medios, ya llegan los regaños, las felicitaciones o las mandadas a callar, como sucedió el pasado lunes 23 de marzo en Washington D.C., en plena sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ese día se programaron todas las audiencias temáticas referentes a Colombia pero dos personajes nunca intervinieron en la audiencia temática sobre el “Estado de Derecho e independencia del Poder Judicial en Colombia”: el magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez, y la magistrada de esta misma corporación, María del Rosario González, la vegetariana que ahora no anda muy amiga del Ministro de Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, por aquello del refrito de la sedición con las Farc.
Los dos magistrados estaban allí para hablar de las presiones que viene recibiendo la Corte, entre las que hay amenazas, las populares chuzadas del DAS y varias declaraciones ponzoñosas hacia el investigador de la ¨parapolítica", el magistrado Velásquez.
Curiosamente, al mismo tiempo, los dos funcionarios de la rama judicial recibieron vía e-mail y SMS la orden de callarse y de no denunciar nada.
En el video de la audiencia no aparecen ni Velásquez ni González, lo que dejó al embajador ante la OEA, Camilo Ospina, en la cómoda posición de decir: “Anotamos que en esta (audiencia), como en la de la libertad de expresión, no hay magistrados ni está la Rama Judicial dando el debate. (…) Por lo tanto es un debate de las organizaciones no gubernamentales que tienen todo su derecho”. Como quien dice “si no están las Cortes denunciando nada, significa que no existen tales presiones a la Rama Judicial”.
Los magistrados fueron enviados a Estados Unidos por la misma Corte, quien pagó sus viáticos y cuya intención era que hablaran en la CIDH sobre las medidas cautelares que dicho organismo dictó a su favor el 22 de diciembre del año pasado y sobre el “Estado de Derecho e independencia del Poder Judicial en Colombia”, precisamente el tema del que nunca hablaron.
¿Quién mandó los mensajes? Pues habrá sido alguien superior en rango a ellos o alguna persona que fue influenciada para que les dijera que era mejor callar que denunciar.
Aunque el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, en campaña se había declarado en oposición a la valorización, la decisión de un juez de la ciudad que tumbó esa contribución en su administración lo obligó a cambiarse de bando.
Hernández le confirmó a La Silla que la decisión, que en términos prácticos lo que hace es echar para atrás el cobro de la contribución con la que se recaudaron $190 mil millones que están invertidos en obras viales en Bucaramanga, será apelada para salvaguardar los intereses de la ciudad.
“Ya no es el criterio mío lo que debe pesar, yo no estaba de acuerdo con la valorización porque estaban despilfarrando toda esa plata y entregándola en licitaciones de único oferente. Esa plata ya se la gastaron y si no apelara, pues prácticamente hay que cerrar al Municipio. Yo soy el representante legal de la ciudad y tengo que pensar en el beneficio de todos los ciudadanos”, aseguró Hernández.
La posición de Hernández, que según abogados consultados por La Silla, es la que debe defender el Alcalde, porque de lo contrario podría ser investigado por actuar en contra de los intereses del Municipio, no ha caído bien en los opositores a la valorización, quienes empezaron a cuestionar la nuevaposición del Alcalde.
Este medio, conoció el texto completo de la decisión, que en líneas generales lo que hizo fue validar todos los argumentos de la Procuraduría relacionados con las fallas de forma y de fondo que existieron en el proceso previo a la entrega de los recibos para el recaudo de esa contribución.
Por una parte, el Juez le dio la razón al Ministerio Público en cuanto a que la Alcaldía en 2011 omitió hacer dos publicaciones en diarios de amplia circulación de las convocatorias para la conformación de la Junta de Propietarios y Poseedores, órgano que se encargaría de socializar en diferentes partes de la ciudad los alcances de la valorización.
Por otra, señaló que sí existieron irregularidades en las actas de los escrutinios de las votaciones en las que se eligieron a los integrantes de esa junta, debido a que no existió comisión escrutadora y a que las actas de resultados no están firmadas por todos los delegados.
En este sentido, el Juez declaró la nulidad del documento que le permitió a la Alcaldía de Bucaramanga iniciar el cobro de la valorización en 2013, porque el procedimiento previo a su expedición no se cumplió de acuerdo a la norma.
El Tribunal Administrativo de Santander será el encargado de fallar la segunda instancia. Si la decisión se confirma, la Alcaldía de Bucaramanga tendría que entrar a devolver la plata a los bumangueses y reiniciar el proceso de cobro desde la convocatoria para la Junta de Propietarios.
