Tenemos el agrado de presentar la tercera versión del Anuario Justicia y Razón. Como todos los años, esta publicación se convierte en un interesante medio de divulgación académica de los artículos de investigación más destacados que elaboran nuestros egresados, con base en las tesis preparadas para optar al título de abogado. Esta, que para muchos es su primera publicación, los acerca nuevamente con su casa de estudios pues constituye un espacio muy importante para dar reconocimiento a su labor investigativa y motivarlos a continuar escribiendo y publicando sus escritos.

En esta oportunidad se seleccionaron seis trabajos producidos durante el año 2012. El primero, elaborado por Jennifer Torres Caicedo, se encarga de hacer un análisis del régimen jurídico de los manuales de convivencia en colegios religiosos y privados de Bogotá frente a la discriminación de estudiantes LGBTI. El segundo, de autoría de Ángela Patricia Rojas Camargo, se enfoca en la teorización del principio de igualdad y de no discriminación frente a la situación de la población LGBTI en el sistema escolar colombiano.

Ambas investigaciones llaman fuertemente la atención respecto a la violación sistemática de los derechos fundamentales de ese grupo poblacional por parte de los diferentes actores del sistema educativo, laico y confesional, haciendo hincapié en la necesidad de una efectiva intervención estatal que contenga los abusos que se cometen. Este tipo de violaciones no solo rompe los principios de igualdad y justicia, sino que además atenta contra la dignidad de quienes asumen opciones sexuales diferentes a las de las mayorías.

Siguiendo con la línea de los derechos humanos, se presentan a continuación dos trabajos muy interesantes y de actualidad en la agenda política. De una parte, Lorena Raba González profundiza en el derecho que tienen las víctimas del conflicto armado colombiano a la verdad, a partir de los fundamentos normativos internacionales y nacionales. De otra parte, Ximena Medina Suárez analiza los límites jurídicos en materia de investigación genética en preembriones, en el ámbito colombiano de la Constitución de 1991.

En el campo del derecho penal comparado, Mónica Maritza Rodríguez investigó sobre las nuevas formas de criminalidad y la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el campo económico. Su estudio concluye que existen vacíos en las legislaciones que acogen el principio de la responsabilidad criminal de estos sujetos de derecho, de la misma forma que subsisten en el ordenamiento jurídico nacional, por lo que propone reformas sustanciales que hagan efectiva su penalización y la de sus administradores con el propósito de amparar el bien jurídico llamado orden económico.

Finalmente, tenemos el trabajo de José Nicolás Mora Alvarado quien aborda el estudio de los deberes de los administradores de las sociedades comerciales. Su análisis se centra en el conflicto de interés regulado por el artículo 23 de la Ley 222 de 1995 y las consecuencias jurídicas que acarrea su violación.

Es oportuno destacar también la labor de los docentes y del personal administrativo del Programa de Derecho, quienes han guiado, apoyado y evaluado la obra de estos estudiantes. De esta manera, dejamos en sus manos este valioso documento que sin duda será un gran aporte en el mejoramiento constante de los procesos de investigación de esta casa de estudios, que ya cuenta con acreditación de alta calidad, y especialmente del Programa de Derecho que ya avanza por ese camino.