LA SILLA VACIA

Foto: de Agencia Prensa Rural.

“Las víctimas no pedimos ser víctimas”, dice Yolanda Suárez, participante de la mesa de víctimas en Tibú, Norte de Santander, al final de nuestra conversación. Yolanda es un ama de casa que vive en Tibú hace 5 años. Llegó de San Vicente de Chucurí, Santander, con sus dos hijos y su esposo desplazada por la violencia y desde entonces ha trabajado en la Mesa Municipal de Víctimas, que en noviembre pasado citó a varias organizaciones como el Incoder y el Ministerio de Agricultura a una sesión de rendición de cuentas. Sus principales reclamos a las entidades encargadas tienen que ver con la restitución de tierras y los proyectos productivos. 

La Mesa de Participación de Víctimas en Tibú empezó a funcionar en junio del 2013 con la resolución 388 de la Ley 1448, mejor conocida como la Ley de Víctimas, que establece el protocolo de participación efectiva de las víctimas y garantiza la participación activa de éstas frente a su proceso de reparación. Hoy, esta mesa trabaja articuladamente para lograr ejercer control y seguimiento al trabajo de las entidades con competencias en la Ley de Víctimas. 

Tibú carga una dolorosa historia de más de 40 años de violencia y los miembros de la mesa de víctimas, como representantes del resto de la sociedad afectada en su municipio, solo esperan recuperar lo que les pertenece y garantizar que todo el sufirmiento por el que han pasado no se repita.

Desde los años setenta el municipio de Tibú se ha visto afectado por el conflicto armado en Colombia. La presencia de grupos guerrilleros y paramilitares marcó la historia de Tibú y de sus habitantes. El primer grupo guerrillero en el municipio fue el ELN y luego el frente 33 de las Farc. Hacia 1999 la pugna entre las AUC y las Farc por la comercialización de la droga y el territorio desató la época más violenta en la región. El frente Catatumbo de las Autodefensas inició su señalamiento contra individuos por apoyar a las Farc. Hacia 2001 las Farc iniciaron su brigada de masacres señalando por su parte a otros civiles de ser colaboradores de las Autodefensas. La sociedad civil que permaneció en Tibú vivió en esa ambivalencia entre los ataques del grupo paramilitar y el grupo guerrillero; muchas otras familias optaron por abandonar sus tierras para salvar su vida. 

Según cifras de Codhes, entre 1999 y 2012 salieron de Tibú 9,183 personas desplazadas por la violencia. A 2013 la Unidad de Restitución de Tierras había recibido 1,036 solicitudes de ingreso al registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente en el municipio. Hoy, y a pesar de la Ley de Víctimas, la restitución y los demás esfuerzos por la reparación integral de las víctimas, el municipio sigue afectado por la violencia y la presencia de diferentes actores paramilitares y guerrilleros. 

El pasado 20 de noviembre, la mesa de víctimas en Tibú, apoyada por el Ministerio Público y la Federación Nacional de Personeros, organizó una sesión de rendición de cuentas con varias organizaciones que tienen responsabilidades frente al cumplimiento de la Ley 1448. Entre las entidades citadas están la Unidad de Víctimas, el Incoder (Instituto colombiano de desarrollo rural), el Ministerio de Agricultura, el Icetex, el Sena, la Alcaldía, la Personería Municipal, el Ministerio de Trabajo, la empresa pública de salud y el Ministerio de Vivienda. Hasta el día de hoy no existe ningún programa que articule los procesos de las víctimas obligando a la mayoría de ellas a llevar más de 15 procesos simultáneamente con cada una de las instituciones responsables de su reparación.

La Mesa de Víctimas de Tibú citó a todas las instituciones responsables de garantizar su reparación y la restitución de sus tierras bajo un mismo techo. La Mesa trabajó en preguntas puntuales para cada una de las instituciones con el fin de lograr obtener respuestas frente a procesos con muchos faltantes en su municipio.

La tierra y los proyectos productivos

Para Yolanda Suárez uno de los problemas más graves en Tibú es el silencio del Incoder frente a la restitución de tierras en el municipio. “El acompañamiento del Incoder a las víctimas en Tibú ha sido por venir y llenar un formato, pero de ahí no pasa. Además nos tratan como si pidiéramos limosna”, dice. Ella no es la única participante de la Mesa que ve con preocupación el trabajo del Incoder. Oscar Rico, Coordinador de la Mesa, dice que los casos de restitución de tierras que se han desarrollado en Tibú se hicieron sin tener en cuenta una línea del tiempo: “para hacer la restitución usted tiene que tener en cuenta el antes, el ahora y el después de la violencia, y la restitución de tierras, y en general la reparación colectiva en Tibú, se ha hecho sin tener en cuenta que acá se están reparando personas que llegaron después de la violencia”.

Luis Gustavo Toloza, director territorial encargado del Incoder en Norte de Santander, respondió las preguntas de las víctimas en Tibú. Frente a las denuncias, el funcionario dijo que el Incoder entregó cinco predios para las familias desplazadas durante el periodo 2005-2010 para un total de 57 familias beneficiadas. Éstas solo recibieron predios por parte del  Incoder, pero ningún tipo de apoyo o subsidio para el emprendimiento de un proyecto productivo. En 2012 el Incoder desarrolló el Programa de implementación de proyectos de desarrollo rural y reconoció que tenía una deuda social con las víctimas en Tibú ya que desde 2005 no se les había dado ningún tipo de apoyo para el emprendimiento de un proyecto productivo en sus predios.

En este momento, y después de siete años de estar esperando el emprendimiento de programas productivos de desarrollo rural, las víctimas no han recibido un peso para sus proyectos. La respuesta del Incoder frente a este problema fue ceder la responsabilidad a la Unidad de Tierras, pues ahora, a pesar de la adjudicación de la tierra a las familias víctimas, hay dudas sobre la propiedad de la tierra. Dos de los cinco lotes habitados por las víctimas (los lotes de Llano Grande y La Pradera) están en pugna, uno que está solicitado en restitución y el otro que se encuentra solicitado en el proceso administrativo de inscripción en el Registro de Tierras despojadas y abandonadas forzosamente y al parecer no hace parte de la zona “microfocalizada” por la territorial de Tibú. El Incoder dice que con el fin de “salvaguardar el patrimonio y el buen uso de los bienes públicos, es prudente mantener la decisión de suspender la ejecución del proyecto” hasta tanto se resuelva la situación de estos dos predios. Es decir que las víctimas seguirán sin poder emprender su proyecto productivo, y además sin la certeza de si el predio que habitan es suyo.

Viviana González de La Unidad de Tierras, dijo durante la rendición de cuentas que a pesar de la incertidumbre frente a los lotes que están en pugna, las víctimas no se pueden quedar sin proyectos productivos en sus lotes. Además, La Unidad de Tierras afirmó que la pugna por estas tierras solo se resuelve a través de un proceso judicial que puede tardar muchos años y mientras tanto las víctimas no tienen presupuesto para el desarrollo de sus proyectos productivos y tampoco viven en condiciones dignas por falta del desarrollo rural en los predios.

Otra entidad con preguntas por resolver en la rendición de cuentas fue el Ministerio de Agricultura. Tibú, además de ser conocida como tierra de explotación minera, es una región principalmente agrícola. Durante la rendición de cuentas miembros de la la mesa de víctimas aseguraron que el Ministerio de Agricultura no les ha explicado qué programas de agricultura existen para víctimas, a qué préstamos y subsidios pueden acceder para sus proyectos agrícolas y cómo se va a ayudar a las personas que tiene pasivos en el municipio. 

El Ministerio de Agricultura no asistió a la cita de las víctimas, según una funcionaria, por falta de viáticos. La ausencia del ministerio fue determinante en la reunión porque tanto el  Incoder como la Unidad de Tierras dijeron que la competencia para resolver el problema de los proyectos productivos y las tierras es del Ministerio. También aseguraron que, hasta que el Ministerio de Agricultura no emita un concepto jurídico que defina si los recursos para el desarrollo del Programa de implementación de proyectos de Desarrollo Rural se pueden adjudicar a pesar de que los lotes habitados por las víctimas están en pugna, no podrán ejecutar el presupuesto. Tanto la Procuraduría como la Federación Nacional de Personeros, que se encargaron de la citación a las entidades, mostraron su preocupación por la falta de presencia institucional del Ministerio en el municipio de Tibú y aseguraron que las instituciones les deben cumplir a las víctimas y si es necesario se hará por medio de sanciones disciplinarias. Tras múltiples intentos, no fue posible contactar a Eder González, director del proyecto del Ministerio de Agricultura en Tibú, para conocer su versión. El Ministerio envío un documento contestándole a las víctimas sus preguntas frente a los subsidios de vivienda rural pero ignoraron por completo el problema de los proyectos de desarrollo rural, lo que para las víctimas significa tener vivienda pero no la posibilidad de poner a producir la tierra.

El problema de acceso a la información

Oscar Rico, quien lleva trabajando desde 2007 con las víctimas en Tibú en el corregimiento de La Gabarra, opina que el principal problema de la Ley 1448 es que nadie se ha preocupado por que las víctimas entiendan cuáles son sus derechos y responsabilidades. “Para poder acceder a los beneficios hay que entender la Ley. Las víctimas en general no entendemos qué es una reparación integral y no hay procesos ni recursos para capacitar a las víctimas en el marco de la Ley.”  Según él, los tecnicismos de la Ley confunden mucho a las víctimas y a menos de que se haga una capacitación y una labor de pedagogía con ellas ninguna va a acceder a sus beneficios y a su reparación integral. “En muchos casos las víctimas tenemos que viajar más de siete horas hasta Cúcuta tan solo para recibir información sobre la Ley y sobre nuestro proceso, para que al final nos atiendan y nos digan que no podemos acceder a cierto subsidio o apoyo por parte del estado”. Esta misma diligencia la tienen que repetir incluso hasta 15 veces porque la mayoría de las entidades no tienen presencia o puestos de información en las veredas y corregimientos más alejados, donde en muchos casos se encuentra la mayoría de las víctimas.

Tanto Oscar Rico como Yolanda Suárez hablan de la necesidad que tiene la mesa de víctimas de contar con recursos para replicar la información sobre la ley a las víctimas en todo su municipio. “Cuando nos capacitan frente a la Ley ni siquiera se hacen capacitaciones para toda la Mesa sino para algunos pocos y después nos toca divulgar esa información, pero nosotros no contamos ni con los recursos para transportarnos a las veredas” dice Yolanda.

Incluso más preocupante que los problemas con las entidades del estado frente al cumplimiento de la Ley 1448 es la respuesta de las víctimas a la pregunta: ¿Qué le diría a los colombianos que no conocen la realidad de las víctimas en el municipio de Tibú?.

Rico cree importante cambiar el imaginario de la víctima como alguien indefenso. “Es necesario que nos empoderemos, no solo frente a la ley sino en general”. Yolanda Suárez dice al respecto: “sigo sin entender por qué en muchos casos miran a los desplazados como si fuéramos el enemigo, las víctimas no pedimos ser víctimas, lo que perdimos lo perdimos sin saber por qué”. La percepción de estas dos víctimas es que la revictimización no está ocurriendo solo por parte del Estado sino por parte de la sociedad civil. La sociedad es capaz de crear imaginarios alrededor de la situación de las víctimas que pueden afectar a las víctimas tanto como los procesos ineficaces del gobierno.

Lo que afecta a las víctimas del municipio de Tibú no se reduce a los lentos procesos y a la falta de información, sino a la estigmatización de las víctimas como individuos que tienen algún grado de decisión frente a su situación actual o frente a la situación que los llevo a ser víctimas. Yolanda insiste en que lo más importante es que todos conozcan su realidad para que puedan ver que ella y su familia no son los culpables de su situación. 

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