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Martes Noviembre 19, 2019

“A Ángela Maldonado la estamos esperando para la tarangana”, dice sin quitarnos la mirada Rusbel Torres, secretario de educación propia de la asociación indígena Aticoya sentado en un banco viejo de madera. Está en un mercadito en medio del calor sofocante de Puerto Nariño, a una hora en lancha de Leticia, el extremo sur del país. Rusbel explica que la tarangana es uno de los castigos reservados para quienes se atreven a quebrantar las leyes de las veintidós comunidades que componen el resguardo.

Ángela Maldonado, PhD en conservación de la universidad de Oxford Brookes (Reino Unido) y fundadora de la Fundación Entrópika, sería amarrada a un árbol infestado de hormigas tarangana durante no menos de tres minutos. Esta especie de hormiga amarillenta, no mucho más grande que la hormiga roja que se ve en la cordillera, se distingue por su picadura muchas veces más fuerte, efectiva y despiadada. El dolor es casi insoportable, causa fiebres, entumecimiento e incluso parálisis. Rusbel mismo, que habla frente a un curaca ticuna, uno de los líderes políticos y administrativos del resguardo quien avala su conversación con nosotros, sabe que tal exposición al castigo paralizaría su cuerpo por meses enteros, si no la mata allí amarrada. El curaca asiente.

En 2011, Maldonado interpuso una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que tiene detenida la investigación de uno de los científicos más renombrados de Colombia: Manuel Elkin Patarroyo. La Fundación Instituto de Inmunología de Colombia (FIDIC), de la cual Patarroyo es director general, no podrá realizar más experimentos o capturas de primates en la amazonia colombiana hasta que no modifique sus prácticas de investigación. En 2013 el Consejo de Estado ratificó esta decisión en segunda instancia, deteniendo la investigación de la FIDIC hasta que cumpla con los requisitos ambientales y procedimentales impuestos por el fallo. 

Patarroyo, que ha trabajado en el trapecio amazónico por más de treinta años, es visto por numerosas comunidades indígenas con admiración. Su nombre, incluso llegó ser considerado para el premio Nobel de medicina en 1989. Rusbel, como otros en la región, asegura que Patarroyo nunca ha incurrido en crimen o ilegalidad. Las acusaciones de tráfico ilegal de micos aotus, de maltrato animal y de incompetencia científica no tienen para estas comunidades sustento alguno.

Por otro lado, Maldonado, que en 2010 ganó el premio Whitley Gold, el reconocimeinto en conservación ambiental más importante del mundo, es acusada de manchar injustamente el nombre de Patarroyo y de acabar con una fuente de ingreso importante para los indígenas que cazan los micos para la investigación. Por cada uno de los 800 micos que la FIDIC tenía permiso para cazar se pagaban 80.000 pesos.

Con todo, las consecuencias de las acusaciones han trascendido la ciencia y las cortes. En la entrada de ciertas comunidades, frente a las malocas y caseríos, se puede ver su rostro ampliado en pancartas que la declaran, en nombre de los indígenas del trapecio amazónico, persona ‘no grata’. Maldonado ha llegado incluso a ser comparada con Hitler. Por las comunidades rondan volantes que aseguran que sus acciones representan “aproximadamente 8.000.000 de muertes entre los más pobres” (ver aquí más fotografías).

Hay, sin duda, una campaña casi política en contra de la primatóloga y en nombre de Patarroyo. Lo más probable, asegura Thomas Lafon, el climatólogo esposo de Maldonado, es que esta campaña no sea adelantada por los indígenas mismos. “Si vas a las comunidades y preguntas nadie tiene ni idea quién es ese señor del volante”, dice refiriéndose a la imagen de Hitler en uno de los planfletos. Pocas veces se ha visto a la opinión pública tan comprometida con una disputa científica y ambiental. Para Lafon, Maldonado y otros involucrados, este movimiento de la opinión ha sido liderado por Patarroyo mismo.

El aire de campaña ha llegado hasta Leticia, la ciudad más grande de la amazonia colombiana. Allí, en las calles, se pueden ver láminas que muestran el apoyo que la ciudad expresa hacia Patarroyo. En  las vitrinas de las droguerías, en las ventanas de las casas, en los mototaxis que recorren la ciudad yacen pegadas las láminas que en rojo y negro dicen "¡Yo apoyo a Patarroyo. Ciencia con conciencia – Investigación responsable – Experimentación sostenible". En junio de 2014, en vísperas de la elección presidencial, para quien camina desprevenido por las calles, estas láminas se igualan en cantidad con los afiches de los candidatos electorales.

Sin embargo, los pobladores no tienen claro quién las ha suministrado, solo se sabe que aparecieron y que, para muchos, muestran la posición de los leticianos en el asunto de la demanda. La percepción general de en la ciudad ante el tema es que a Patarroyo lo han acusado injustamente y que, como dice Alexander Rodríguez, conductor nocturno de mototaxi, “Colombia no sabe tratar a sus científicos”. Pocos conocen bien las razones de las demandas y las prohibiciones. 

Angela Maldonado ha presentado demandas por injuria y calumnia contra importantes miembros de las comunidades indígenas y contra Patarroyo mismo. La ambientalista, que vive en Leticia, ha sido objeto de un estudio de riesgo por parte de la Unidad Nacional de Protección por causa de amenazas que ella misma ha denunciado.

El estrado, los micos y la batalla

En el pasillo del Consejo de Estado, en Bogotá, está Manuel Elkin Patarroyo rodeado de sus amigos y de otros científicos. Esperan a que los policías abran las puertas de la sala. La comisión cuarta del Consejo de Estado ha dispuesto para hoy, 16 de junio del 2014, una audiencia pública para que Patarroyo y su abogada expongan el sustento para la tutela que adelantaron en contra del fallo en segunda instancia de la comisión tercera, están apelando la decisión del Consejo para poder continuar su investigación.

Uno de los principales argumentos Patarroyo y que ha resonado en la opinión pública es que detener su investigación implica un gran golpe en el proyecto de detener una de las enfermedades que más amenaza representa para la población mundial. Según la Cruz Roja Española, entre 300 y 500 millones nuevos casos de malaria son registrados al año, cada 30 segundos muere un niño a causa de la enfermedad y el 40% de la población mundial está en riesgo de contraerla.

Sin embargo, la promesa de Patarroyo se ha quedado corta. Si bien al principio de sus investigaciones su proyecto de vacuna SPF66 prometía mucho, hoy no se ha sabido de ningún avance sustancial. Hoy la vacuna en la que Patarroyo trabajó por más de 25 años está catalogada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como inefectiva.

Según Thomas Defler, una de las principales figuras del estudio de primates en Colombia, “la pelea real no es contra la ciencia de Patarroyo, puede que esté haciendo un buen trabajo con su vacuna. El problema es que infringió las reglamentaciones ambientales colombianas e internacionales”. Las acusaciones de Maldonado consisten en que la FIDIC, insitituto que lidera Pataroyo, está utilizando y traficando ilegalmente micos de una especie con la que no debería tratar. Mientras que el Estado le otorgó el permiso para trabajar con aotus vociferans, en los laboratorios fueron encontrados micos aotus nancymaae; y la FIDIC no tenía los permisos requeridos para trabajar con estos últimos. Esta segunda especie parecía no encontrarse en Colombia, lo que, en su momento, aumentaba la sospecha de tráfico ilegal por parte de la fundación.

La defensa de Patarroyo consiste, dice Luz Marina Mantilla, diectora del Instituto Sinchi, en probar que el aotus nancymaae sí es una especie presente en territorio colombiano, segun lo demuestran estudios del Instituto y de la Universidad Nacional (estudio reciente no publicado). El problema, dice Mantilla, es que este estudio “no fue consultado por ninguna de las áreas jurídicas involucradas”. El hecho de que esta especie de mico aotus se encuentre en territorio nacional desestimaría, según Patarroyo y Mantilla, las acusaciones de que Patarroyo usó primates del Perú.

A este respecto, Patarroyo dijo al periódico El Tiempo: “los estudios de ADN de la Universidad Nacional demuestran que los micos con los cuales investigamos eran ancestralmente colombianos. Entonces, ¿de dónde viene la acusación?, ¿dónde se origina el problema?”.

El problema se origina en que se han presentado evidencias ante las autoridades de que en efecto hubo tráfico internacional ilegal de animales. Incluso si la especie existe en territorio colombiano, Maldonado ha presentado estudios donde, entre otras evidencias, entrevista a cazadores peruanos que admiten haber vendido a la FIDIC aotus nancymaae del vecino país. Más allá de lo que pueda significar la investigación de la FIDIC para la malaria, según los estudios de Maldonado, Patarroyo está incumpliendo la reglamentación ambiental. Es más: “solo con ponerle precio a los micos Patarroyo está incumpliendo la ley y fomentando el tráfico ilegal”, dice Maldonado.

En 2007, la revista Cambio publicó un testimonio del recolector peruano Victor González: “debemos llevar los animales a Leticia en la madrugada escondidos, para no dejarnos ver de las autoridades porque si nos cogen nos dan tres años de cárcel. El doctor Patarroyo nos ha dicho que tengamos cuidado con eso y que si nos coge la ley digamos que los animales los capturamos del lado colombiano”. A estas acusaciones se suman fotografías y testimonios que indicaban un maltrato de los animales por parte de la FIDIC.

Incluso si el Instituto Sinchi ha demostrado que los micos sí viven en la amazonia colombiana, las acusaciones siguen en pie. Demostrar que sí existen los animales en cuestión en Colombia es una cosa, demostrar que no hubo tráfico es otra.

Protección o investigación

Otro dilema que presenta la investigación de Patarroyo es que los niveles de caza de aotus por parte de la FIDIC no son sostenibles. En marzo del 2013, Patarroyo también dijo al Tiempo que en lo que lleva trabajando en el Amazonas ha trabajado con, más o menos, 25.000 micos. Este número, para Defler, que ha dedicado su vida al estudio de primates en Colombia y el mundo, es increíble si se tiene en cuenta que no se ha realizado un estudio que determine cuál es la densidad poblacional de esta especie en la región.

Patarroyo tenía hasta hace unos meses permiso de trabajar con 800 micos por año, cifra que fue determinada por Corpoamazonía, la entidad encargada de regular los temas ambientales de la región amazónica colombiana. Sin embargo, esta entidad, según el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, “carecía y carece de elementos que le brinden certeza para determinar si las cuotas de obtención de individuos, especímenes o productos de la fauna silvestre autorizados de caza excedían –o exceden– la capacidad de recuperación del recurso natural.”

Aún con este permiso dado de manera negligente, Maldonado acusa a la FIDIC porque “incluso hoy está incumpliendo las reglamentaciones y está trabajando con más micos de los que debería”.

Es por esto que el Consejo de Estado ha dictaminado que Patarroyo no puede continuar recolectando micos aotus provenientes de la selva. En cambio, debe trabajar con micos nacidos y criados en cautiverio. Patarroyo dice que esto es inviable, demasiado costoso, lento e improductivo. Para construir un zoocriadero que permita obtener especímenes adultos, sanos y viables para su estudio, dice, sería necesario invertir dinero que la fundación no tiene. Eso sin contar con que tomaría demasiado tiempo lograr la cantidad de micos necesarios para las pruebas de su nueva vacuna.

Para la Asociación Primatológica Colombiana (APC) el zoocriadero no es tan inviable como Patarroyo sugiere. De hecho existen ejemplos de zoocriaderos productivos en experimentos similares a los de Patarroyo. Es el caso del Laboratorio Caucaseco dirigido por el inmunólogo Sócrates Herrera, que también se encuentra desarrollando investigaciones y experimentos para desarrollar una vacuna contra la malaria. Si la FIDIC no cuenta con la capacidad técnica para implementar un centro de reproducción en cautiverio, sugerimos que los animales sean adquiridos en criaderos autorizados para continuar de inmediato con su investigación”, dice la APC. 

Decisiones y el futuro

Patarroyo se negó a dar una entrevista para este artículo. Dijo que “este asunto se ha mediatizado, se debe retirar este problema de los medios y resolverlo donde se debe”, señalando con la mirada las puertas del consejo de Estado.

Maldonado es una conservacionista, Patarroyo un inmunólogo. Sus mundos y sus prioridades son distintas. Cuando le pregunto a Maldonado por qué se metió en este problema, dice: “yo tengo una maestría y un doctorado en conservación de primates. No iba a dejar que se vulneraran los derechos de los aotus por más que Patarroyo fuera una gran figura”.

Este caso ha trascendido los límites de la investigación médica y científica. La demanda y la situación de la investigación es evidencia de que distintos ámbitos se han enfrentan con resultados tan extraños como la comparación de una reconocida conservacionista con Hitler. Mientras que es en Bogotá donde será decidido finalmente el futuro de la investigación de Patarroyo, las tensiones se filtran hasta Leticia, las pancartas, los volantes y las acusaciones siguen rondando por la selva.

Incluso si la investigación científica de Patarroyo cambiara el mundo, las reglamentaciones y la ley están en pie. ¿Se debe permitir pasar por encima de la las regulaciones ambientales por la posibilidad de un avance científico?

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Esta es una versión corta de esta historia. Lea el reportaje completo en Cerosetenta.