El fallo que tiene al magistrado Jorge Pretelt en medio de un escándalo involucra una insistencia a favor de la empresa Fidupetrol. La defensa que dio la semana pasada en la Comisión de Acusaciones el magistrado investigado es que él no fue el que insistió el caso y que, además, votó en contra.
Aunque es cierto que Pretelt no fue quien insistió en el caso Fidupetrol, La Silla puso un derecho de petición a la Corte y luego revisó todas las insistencias que interpuso él el año pasado, y encontró que la mayoría buscaban que se resolviera un negocio millonario, que ya había sido definido por una tutela. Es decir, casos parecidos en eso al del escándalo.
Las insistencias se suelen utilizar en casos extremos, cuando un magistrado encuentra que la Corte decidió no revisar una tutela que perjudica gravemente los derechos fundamentales de una persona o con la que se podría crear una jurisprudencia importante. Como se dan cuando ya la Corte revisó las decenas de miles de tutelas que le llegan cada mes, y las desechó, son recursos excepcionales en los que un magistrado pide a la Corte que revise una tutela que sus colegas han considerado que no es relevante.
En el caso de Pretelt, la práctica de insistir ha sido mucho menos excepcional que para sus compañeros. De hecho, desde que Pretelt llegó a la Corte, como lo contó La Silla en 2009, comenzó a romper el récord de insistencias y ya en ese entonces la mayoría buscaban ser una tercera o cuarta instancia para peleas multimillonarias de negocios.
Entre las 43 tutelas que insistió Pretelt (de las que pudimos revisar 34 y de las que la Corte aceptó 12) hay varios casos que son especialmente llamativos o polémicos.
Los casos
Uno de los más polémicos podría devolverle a la familia de un narco los bienes cuyo dominio extinguió hace casi 30 años.
Se trata de Ana Elisa Vives, esposa del narco José Rafael “El Mono” Abello (ex jefe del Cartel de la Costa, uno de los primeros narcos extraditados a Estados Unidos, y quien ya pagó una pena de 18 años allá y regresó a Colombia hace tres años), y sus hijas María Cristina y María Alexandra Abello Vives.
Las tres beneficiarias también están vinculadas a dos casas políticas poderosas de la Costa. Ana Elisa es hermana del ex congresista liberal y ex magistrado del Consejo Nacional Electoral José Joaquín Vives. Su hija María Alexandra está casada con Juan José García Zuccardi, hermano del senador de La U Andrés García e hijo del condenado ex senador Juan José García Romero y de la ex senadora Piedad Zuccardi, investigada por parapolítica.
Las familiares del Mono Abello han peleado para que les devuelven dos apartamentos en El Rodadero, una casa, una finca en la zona de desarrollo turístico de Pozos Colorados, otra en Pivijay y el Teatro Tayrona de Santa Marta. Aunque La Silla no pudo saber cuál es el valor total de esos bienes, no hay duda de que suman cientos de millones de pesos.
Con el argumento de que Abello obtuvo esos bienes con plata de negocios ajenos al narcotráfico y que por eso el Estado no se los debía quitar, en junio del año pasado presentaron una tutela en el juzgado promiscuo de Pivijay y ganaron. Esa decisión, que fue escandalosa en su momento, tuvo un amplio cubrimiento de los medios y prendió las alarmas de las autoridades. La Dirección Nacional de Estupefacientes apeló.
En julio, el Tribunal Superior de Santa Marta negó la tutela y compulsó copias a la Fiscalía y al Consejo Superior de la Judicatura para que investigaran al juez porque, a su juicio, la decisión de la tutela podría ser un prevaricato. Ahí parecía haber muerto el caso.
Pero Pretelt en octubre insistió en la Corte para que revisaran la decisión del Tribunal y logró que una sala de selección conformada por Mauricio González y Martha Sáchica decidiera que la Corte sí debía revisarla.
El caso cayó en manos del mismo González, quien pidió que la decisión la tomara la Sala Plena y no una sala de tutela (que solo tiene tres magistrados), una medida que le da más relevancia a la decisión final y hace que tenga más peso.
El argumento que González dio a La Silla para haber admitido la insistencia fue que el caso tenía relevancia jurídica porque, según creía recordar, el argumento de la tutela era el incumplimiento de una tutela anterior, algo relevante para la Corte porque su jurisprudencia debe asegurar que las tutelas se cumplan. La Silla no pudo verificar si efectivamente ése es el caso.
Otro caso polémico es el de la Clínica La Asunción de Barranquilla, donde Enilse López “La Gata” se hospitalizó voluntariamente durante sus dos juicios. Primero, entre 2006 y 2007, cuando estaba siendo juzgada por lavado y peculado, y de nuevo en 2013 durante el juicio que terminó en su condena por homicidio.
Según una fuente a quien le constó de primera mano, mientras López estaba internada allí el hospital le facilitó el ingreso a políticos y paramilitares que necesitaban hablar con ella en secreto con lo cual es muy probable que existiera un vínculo con la polémica empresaria del chance más allá del de clinica-paciente.
El caso de la tutela que Pretelt insistió se originó cuando la Clínica importó temporalmente unas mercancías en 1998, un régimen de importación que obliga a reexportar los bienes, y no lo hizo. Por eso la Dian se los decomisó, decisión que demandó la clínica en el Tribunal del Atlántico y el Consejo de Estado.
La Clínica tuteló esa decisión, perdió la tutela y la Corte no la iba a revisar hasta que Pretelt insistió. Sin embargo, esa insistencia no llegó a buen puerto: la Corte, tras una ponencia de Mauricio González, no le dio la razón.
Otro caso que insistió Pretelt es el de las corridas de toros en Bogotá.
En ese caso, la empresa taurina Toriles interpuso una acción popular en 2009 pidiendo que se permitiera el uso de la Plaza de Toros de Bogotá a ella y a otras entidades diferentes a la Corporación Taurina. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón y eso le dio un sustento jurídico fuerte a la decisión de Gustavo Petro de terminar el contrato con esa Corporación para manejar la Plaza. Su argumento fue que el contrato dejaba el uso de la plaza en manos de la Corporación, y por eso era contrario a la tutela.
La Corporación puso una tutela contra la decisión del Tribunal, pero el Consejo de Estado la declaró improcedente en primera y segunda instancia. Y aunque inicialmente la Corte Constitucional no le vio relevancia, Pretelt insistió en ella. En este caso, fracasó porque no se la seleccionaron.
El tercer caso polémico por los potenciales beneficiados tiene que ver con la captadora ilegal DMG y el hermano de un ex gobernador.
En ese caso, la Procuraduría 83 Judicial II de Cartagena hacía parte de un proceso penal contra seis personas, incluyendo a Jorge Berrío Villareal (hermano del ex gobernador de Bolívar Joaco Berrío) por incurrir supuestamente en los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y cohecho.
Según la Fiscalía, esas seis personas hacían parte del esquema de lavado de dinero de DMG, que recibió plata captada ilegalmente en pirámides en el sur del país y plata del narcotráfico. Para lavar ese dinero, los seis procesados participaban en empresas de vigilancia que eran fachadas, canalizaron plata a la campaña de Berrío, a cambio de recibir supuestamente en el futuro contratos de la Gobernación que les permitiría ingresos limpios.
En 2013, el Tribunal Superior de Cartagena decretó una nulidad de todo el proceso penal contra Berrío y sus compañeros, lo que los acercó a la prescripción de las acciones en su contra. Sin embargo, la Procuraduría tuteló esa decisión y la Corte Suprema le dio la razón, con lo que revivió todo el caso.
Esta vez la insistencia de Pretelt sí prosperó: la sala de selección del 30 de enero de 2014, en la que estaban Nilson Pinilla y Alberto Rojas, la aceptó. Pinilla quedó como ponente y elaboró un proyecto de fallo en junio, pero antes de que se votara culminó su período.
Desde entonces el proceso está quieto. Pero lo más llamativo es que ahora su ponente es el mismo Pretelt, una práctica atípica hasta que él y el polémico Alberto Rojas la comenzaron a aplicar. Lo tradicional -según explicó un magistrado a La Silla- es que quien insiste no es a la vez el ponente.
Otro caso, quizás menos polémico pues no involucra a nadie con pasado judicial, pero que es típico de las insistencias de Pretelt pues ayudaría a poderosos locales ahorrándoles un montón de dinero, es el que viene de una demanda de una docente de Lorica contra Jairo Emilio, William Alfredo y Juan Carlos Saleme Martínez para que le pagaran 140 millones de pesos.
Eperfina del Carmen León ganó en primera instancia la demanda contra los Saleme, unos terratenientes y ganaderos cordobeses, como Pretelt, hermanos de la Secretaría de la Mujer de la gobernadora liberal Marta Sáenz. Pero perdió en segunda, en la Sala Civil del Tribunal de Montería, y debía devolver 110 millones a los Saleme. Es decir, salió a deber. La maestra tuteló esa decisión y ganó en primera y segunda instancia (en las Sala Civil y luego Laboral de la Corte Suprema).
A los Saleme -que ya la tenían totalmente perdida- se les apareció el ángel de Pretelt, que insistió en la Corte Constitucional que se revisara la tutela. Sus compañeros, sin embargo, no acogieron esa solicitud.
Esta es solo una selección de los casos que insistió el magistrado cordobés. Si tiene alguna información sobre estos casos, escríbanos por favor a jlewin@lasillavacia.com. Acá están todos:
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