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Sábado Septiembre 21, 2019

 

En el municipio de Quinchía, Risaralda, el conflicto se ha sentido con fuerza desde hace mucho tiempo. Hoy en plenos díalogos de la Habana, sus habitantes padecen los intereses alrededor del oro y temen por la reagrupación de los grupos paramilitres que operaron allí tiempo atrás. 

El 19 de septiembre del presente año sería el turno para los pobladores de la vereda Opiramá,  quienes fueron testigos, ésa madrugada, de cómo Agentes Especiales de  la Policía Nacional por orden de la Fiscalía 21 Especializada de la Unidad Nacional Contra el Crimen Organizado, incautaron en la finca San Rafael, explosivos, armamento, municiones, indumentaria de uso privativo de las fuerzas militares y capturaron a cuatro personas. Uno de los capturados fue identificado como un desmovilizado del Bloque Héroes y Mártires de Guática de las Autodefensas. A pesar del material probatorio encontrado, los cuatro capturados fueron dejados en libertad cinco días después.

La historia del conflicto en Quinchía se remonta a la década de los cincuenta, en los tiempos del "Capitán Venganza", bandido para unos y defensor de liberales para otros, y cuyo ejercito dominó las tierras que según la memoria de viejos pobladores caminaría después el frente "Oscar William Calvo" del Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Frente Aurelio Rodriguez de las Farc, responsables de una oleada de secuestros y extorsiones en la zona. Violencia  que se recrudeció cuando Berlaín de Jesús Chiquito Becerra, alias "Leyton", asumió el mando de este frente guerrillero a principios de la década de 2000. La presencia histórica de estos grupos subversivos ha sido, para el historiador Alfredo Cardona,  la causa de que las autoridades toleraran el surgimiento del grupo paramilitar conocido como "Los Magníficos" desde  finales de 1980.  

Juan Miguel Álvarez, periodista y autor del libro "Balas por encargo", relata que para la década de 1980 el jefe de sicarios conocido en Risaralda como "Don Olmedo", fue el precursor de "Los Magníficos", banda "reforzada" con miembros del ejército y autora de masacres y desplazamientos en este municipio. En su relato describe la violencia de la época como "crímenes para apoderarse de tierras con minas de oro", lo que que comienza a dar luces sobre uno de los intereses clave en la disputa territorial en esta región.

Sin embargo, el capítulo más cruento de la guerra comenzó con la incursión de las Autodefensas a Quinchía en el 2002, cuando hombres del Bloque Central Bolívar (BCB) al mando de Carlos Mario Jiménez alias "Macaco", entraron en camiones a varias veredas y perpetraron dos masacres, entre mayo y octubre.  El saldo de esta incursión paramilitar fue 15 personas asesinadas y muchas familias desplazadas. Seis días después de la primera masacre, el coronel Alberto Rojas del Batallón San Mateo habló en entrevista con el periódico La Tarde de Pereira sobre la necesidad de atacar el problema de la subversión desde localidades como Quinchía por ser zona de confluencia entre Pueblo Rico y Chocó (La Tarde, 17 de mayo de 2002).

Palabras que en septiembre del 2003 harían eco en un hito histórico del conflicto en este municipio. En el marco de la política de la seguridad democrática, la Policía y la Fiscalía realizaron un operativo de captura masiva en el municipio llamado "Operación Libertad". Se ordenó la captura  de más de 120 personas por presuntos nexos con la subversión. En plenas elecciones locales fueron encarcelados hasta el alcalde electo y su contendor político. Desde entonces a varios líderes comunitarios les quedó la sensación de que la ola de violencia que revolcó el pueblo desde el 2002 y se extendió hasta el 2006 cabalgó sobre la estigmatización y los intereses sobre el oro.

Es el caso de Osvaldo* quien además de haber sido tildado de colaborador de la guerrilla, recibió varias amenazas y un atentado. Recuerda, siendo dirigente  de una de las asociaciones de mineros artesanales, el día que fue señalado por hombres del Ejército de dotar de indumentaria a la guerrilla, luego de llegar a la vereda con varios pares de botas nuevas para sus mineros. Lo más paradójico del caso de Osvaldo es que su propio hermano, Alfredo fue asesinado por la guerrilla del EPL. “Alfredo reunió en asamblea a los mineros de la asociación y les explicó que no se podía seguir haciendo contrabando de energía en las minas, que las cosas había que hacerlas a lo bien, y que él mismo iba a ser el sapo de los que no cumplieran con el acuerdo". Según Osvaldo la palabra "sapo" llegó como un eco distorsionado a los hombres de "Leyton" quienes días después lo raptaron y se lo llevaron lejos de la vereda. "A Alfredo le inyectaron formol en el cuerpo para que confesara a quien quería delatar, fue una muerte absurda”, dice.

El conflicto de la zona se teje entre hechos históricos de violencia, la minería tradicional y la inversión de capital extranjero. Una de las asociaciones de mineros que más sufrió el rigor de la violencia en esta época fue la de la vereda Miraflores, una de las más ricas en yacimientos en la región. Según sus habitantes, allí hay socavones con al menos 300 años de antigüedad, en cuyas paredes de cuarzo y roca está cincelada la historia de unas tres generaciones de mineros tradicionales. “Un solo Socavón puede sostener entre 30 y 40 familias al mes”, dice Gerardo*, minero socio de La Corporación del Área de Reserva Especial Minera (Corpoare), una de las últimas asociaciones de mineros tradicionales en este municipio.

En 2004 hombres del Bloque Central Bolívar asesinaron a Edgar Aricapa, Juan Romero y Líber Ladino. Los tres tenían en común haber sido presidentes de la Asociación de mineros de Miraflores. Según uno de los ex socios de esta organización de mineros, la muerte de Edgar Aricapa fue días después de haber realizado la solicitud formal para la compra de dinamita en el Batallón Ayacucho de Manizales, la cual se usaría para ensayos en la  extracción de oro. Aricapa fue una de las cinco víctimas de la masacre del 9 de Julio del 2004 en zona rural de Quinchía. Esta masacre causó el desplazamiento de 1.022 personas a pocos días de instalada la mesa de negociación con las autodefensas en Santa Fe de Ralito, de donde posteriormente saldría el proyecto de ley de Justicia y Paz.

Hoy, luego de años de violencia paramilitar, la asociación de mineros de Miraflores no existe y sus derechos de explotación correspondientes a unas 40 hectáreas fueron vendidos a la minera Seafield, empresa dedicada a la exploración de oro y que llegó a la zona a desarrollar los depósitos de oro de Miraflores y Dosquebradas que albergan al menos tres millones de onzas de oro.

Desde la llegada en 2008 de las empresas Batero Gold y Seafield S.A.S la disputa por detentar un título minero se ha agudizado, ya que las empresas han comprado a pequeños mineros sus derechos de explotación. La empresa canadiense Batero Gold se dedica a la exploración de metales preciosos fundamentalmente en la vereda La Cumbre (esta vereda fue también lugar de una de las masacres paramilitares en 2004). Por su parte, Seafield tiene sede en Toronto, Canadá, y su principal activo en Colombia son los títulos mineros de Quinchía.

Además de estas dos grandes empresas hay en trámite contratos de concesión por parte de otras como Colombian Development Corporation S.A, Negocios Mineros S.A, Miranda Gold Colombia, Cobre y Oro de Colombia S.A, Minería Amapola L.T.D y Anglo Gold Ashanti, empresa que cuenta con seis títulos y contratos en trámite vigentes en esta localidad según información de la Agencia Nacional de Minería.

 

Con información de la ANM.

Entre títulos y solicitudes de contrato, la Agencia Nacional Minera ha asignado casi el 94% del territorio municipal incluyendo parte de su casco urbano (ver mapa).

De las 22 asociaciones de mineros tradicionales que existían en 2007 hoy quedan menos de 11. La mayoría de sus títulos mineros han sido comprados por la empresa Seafield como parte del proyecto Quinchía Gold Project que ocupa 7.048 hectáreas. 

Corpoare es una organización que agrega la mayor cantidad de mineros tradicionales en Quinchía. Es dueña de un título equivalente a 584 hectaras bajo la figura de "Área de reserva especial"  AREs que  son zonas donde existen explotaciones tradicionales de minería informal y están protegidas para que durante un tiempo no se admitan nuevas propuestas de explotación en ella. Además, se hacen allí estudios para identificar su potencial para futuros proyectos mineros estratégicos. En el 2008 Seafield tuvo la intención de comprar este título pero los socios de Corpoare se negaron a firmar el contrato propuesto por la empresa. Según Carlos Trejos, Coordinador social de Seafield, este ofrecimiento sucedió antes de 2010 cuando la empresa tenía el propósito de expandir sus areas de explotación para mejorar la rentabilidad del proyecto minero. Finalmente, dice Trejos, la compra de este tipo de títulos después de todo "no es un negocio para ninguna empresa". 

Emilio*, presidente de Corpoare, dice haber recibido este año varias intimidaciones telefónicas y escritas por presuntos miembros de las Águilas Negras. Varios líderes indígenas también dicen haber recibido amenazas. La amenaza más reciente la recibió la gobernadora indígena del cabildo Embera Karambá hace tres meses. Según indígenas de esta comunidad, la amenaza está relacionada con la ponencia del magistrado Arturo Solarte Rodríguez de la Corte Suprema de Justicia que confirma el fallo favorable del Tribunal Superior de Pereira del 4 de Julio de 2013 que ordena la suspensión de actividades exploratorias en territorios indígenas de la vereda Miraflores. Las comunidades denunciaron que en estas exploraciones mineras no se cumplió con el proceso de consulta previa, según consta en la acción de tutela.  

Luego de 14 años de solicitud de la constitución del resguardo indígena ante el Incoder, aun no se ha efectuado el reconocimiento legal del territorio que en este momento se encuentra o concesionado o solicitado para su explotación por parte de empresas mineras con capitales extranjeros y que es escenario de la reactivación de grupos armados principalmente sobre el corredor Bellavista y Callao. 

La disputa por los territorios mineros también ha afectado  el proceso de restitución de tierras. Según Eisenhower Zapata, Coordinador de la Unidad de Restitución de Tierras para Risaralda, de las 14.980 hectáreas solicitadas en restitución hasta octubre pasado, y que equivalen a cerca de 75 solicitudes, al menos 6 de ellas ya coinciden con títulos mineros.

 

*Los nombres de algunas fuentes fueron cambiados.