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A pesar de que en Colombia cada tanto se conoce algún escándalo relacionado con inteligencia estatal, nunca queda claro cómo funciona en la práctica y qué controles existen para su ejercicio. Entretanto, pasa el tiempo y los esquemas de vigilancia se sofistican a la par con nuestros teléfonos móviles y computadores.
Los cambios tecnológicos suelen alterar presunciones largamente establecidas sobre el alcance de determinados derechos. La privacidad, sin duda, es el derecho que más tensiones enfrenta en el entorno digital. A pesar de esto, en la regulación y en la jurisprudencia subsisten lagunas sobre cómo la tecnología impacta el ejercicio de derechos fundamentales.
El objetivo de este documento es examinar el marco legal y jurisprudencial colombiano sobre vigilancia de comunicaciones, a la luz de las capacidades tecnológicas de hoy. Dicho a manera de hipótesis, el propósito es mostrar cómo la regulación y la jurisprudencia en materia de inteligencia no se ocupan de interpretar los esquemas de vigilancia actuales para mantener vigentes los derechos que resultan afectados.
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A propósito de las chuzadas, este estudio de nuestro blogguer Carlos Cortés con Dejusticia muestra lo pobremente que estamos protegidos frente a estas intrusiones por nuestra ley y nuestras cortes.
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