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Miércoles Noviembre 20, 2019

Otra Mirada

Una mirada desde otros lugares y sentires de la realidad política de nuestro país.

Abogado de la Universidad Nacional de Colombia, Vocero Nacional del Movimiento Marcha Patriótica, Defensor de Derechos Humanos e integrante de la fundación para la defensa de de los derechos humanos del Centro y del Oriente de Colombia (DHOC). Entre el 2008 y el 2011 me desempeñe como secretario general de la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia (FEU COLOMBIA), en el mismo periodo contribuí en la creación de de la Mesa amplia nacional estudiantil (MANE).

Twitter del autor

@davidflorezmp

Hilos temáticos:

Lastimosamente los colombianos nos negamos a mirarnos al espejo como país. Si lo hiciéramos, nos daríamos cuenta de que a pesar de múltiples intentos por invisibilizar la existencia de una Colombia rural, la verdad pura y dura es que uno de cada cuatro colombianos viven en el campo.

Sin embargo muchos de los fenómenos que explican lo que hoy somos como sociedad están ligados directamente al campo.

La configuración del régimen político y la guerra en buena medida encuentran su explicación en una tendencia casi cíclica de episódicos y débiles intentos por democratizar la tenencia de la tierra y las feroces respuestas del latifundio; en el surgimiento de nuevos actores políticos capaces de disputarle poder a las élites regionales  y múltiples formas de impedir ese propósito; grandes movilizaciones de los empobrecidos del campo exigiendo inversión social y sistemáticos incumplimientos de los gobiernos de turno.

La historia parece estar repitiéndose. Los datos del último censo agrario, aunque parciales y con elementos cuestionables son bastante dicientes: un crecimiento significativo del latifundio en el que el 2,8 % de las unidades productivas ocupan el 64% del área censada, un predominio abrumador de la ganadería extensiva sobre la agricultura, marginación de la educación expresada en un analfabetismo del 11% y un índice de pobreza multidimensional del 44,7 %.

Santos después de decir su gran frase célebre “el tal paro agrario no existe” ante la contundencia de los hechos en el 2013 y ante la proximidad de las elecciones presidenciales en 2014 se vio obligado a negociar tanto con la Cumbre Agraria como con las Dignidades. Los dos actores colectivos agrarios fundamentales en estas movilizaciones.

Todo esto vino acompañado de un gran despliegue mediático, en el que el gobierno anunciaba con bombos y platillos, el pacto agrario y otras medidas institucionales que constituirán en palabras del propio Santos la mayor inversión en el campo en la historia de Colombia.    

Pero del dicho al hecho hay mucho trecho.

La realidad ha sido el incumplimiento casi absoluto de los acuerdos alcanzados en materia de inversión social, infraestructura y fortalecimiento de las economías propias de indígenas, afros y campesinos.

Sumado a esto, durante estos dos años se ha presentado una silenciosa pero muy preocupante represión contra varios de los principales protagonistas de estas jornadas.

Tal y como sucedió con la detención de Huber Ballesteros, Esmer Montilla e Ingrid Pinilla, reconocidos líderes agrarios,  así como con el asesinato de más de diez indígenas pertenecientes a la ONIC entre abril y mayo del 2015, mencionando tan sólo algunos casos.

No contento con esto, Santos, a través del Plan Nacional de Desarrollo y del proyecto que crea las ZIDRES, insiste en la fórmula que tanto daño le ha hecho al campo: la ampliación del latifundio.

Esta vez, permitiendo la apropiación de los baldíos del Estado por grandes empresas a través de supuestas asociaciones productivas en las que a todas luces sale afectado el pequeño campesino.

Lo que dicho sea de paso va en contra no solo de los acuerdos pactados con los campesinos, sino también de los acuerdos parciales entre el gobierno y las FARC en materia rural.

Es importante preguntarse qué mensaje de paz envía un gobierno que pacta en la Habana pero que incumple en Colombia.         

Sin lugar a dudas la posibilidad real de alcanzar la paz estable y duradera en Colombia pasa entre otras cosas por la construcción de un consenso nacional mínimo en torno al campo.

Un consenso que reconozca la necesidad de democratizar el acceso a la tenencia de la tierra, generar mejores condiciones de vida a los pobladores rurales y otorgarles garantías  a los actores políticos y sociales que de allí emergen.

Santos tiene la oportunidad de oro para cumplir ese propósito y tiene para ello entre otras cosas la posibilidad de cumplirle a las dignidades y a la cumbre agraria.

Impulsando con ellas y con los demás actores del campo la ley de desarrollo rural que ha anunciado recientemente, así como los mecanismos e instituciones que de forma participativa permitan plasmar los acuerdos de la Habana.

En definitiva para la paz hay que cumplirle al campo. o ustedes que opinan?

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Vie, 2015-10-02 21:37

Estoy de acuerdo con David Flórez cuando menciona que Colombia no se reconoce así misma como rural, nosotros como colombianos no nos reconocemos como un país agrícola, un país que cuenta con 3.5 millones de hectáreas de tierra arable y que tiene una mínima participación del sector agropecuario en el PIB del país.
Considero que el desfavorecimiento y posterior desplazamiento del sector rural afecta de manera directa al sector urbano, a las ciudades ya que deja de brindar suministros tan vitales para la canasta familiar como lo son las frutas, verduras; el aumento de precios debido a la escasez de productos como lo pudimos vivir en el paro agrario del año 2013.

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