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Martes Octubre 22, 2019

Suarezterapia

Este blog es un recorrido por los pasillos del poder.

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Soy abogado de la Universidad Externado de Colombia. Con Posgrados en derecho Constitucional y Penal Especial de la Universidad de Salamanca. Especializado en Gerencia Pública y Control Fiscal de la Universidad del Rosario. He litigado en defensas penales y fui asesor en procesos de la ley de Justicia y Paz. Soy consumidor apasionado y estudioso de los medios de comunicación y su dinámica. Asesoro el manejo de estrategias jurídicas en procesos sensibles ante la opinión pública y participo en el diseño y ejecución de programas y planes para candidatos y aspirantes a ocupar cargos públicos.

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Hilos temáticos: Justicia, Gobierno de Santos, Congreso

Esta de moda disfrazar las pugnas de poder mediante acciones que se libran soterradamente en los tribunales disfrazadas de juridicidad, cuyos trasfondos reales son las luchas sin cuartel que libran entre si los poderes públicos colombianos.

Una de ellas es la tutela que interpusieron los abogados de Piedad Córdoba hace un par de años, que busca tumbar la decisión con la que Ordoñez la destituyó e inhabilitó para el ejercicio de funciones públicas por 18 años.

El tema ha trascendido a los medios de comunicación someramente porque, pese a haber pasado todo ese tiempo, la tutela sigue dando vueltas en la Corte Constitucional, sin que se haya podido proferir un fallo definitivo a favor o en contra de la cuestionada decisión disciplinaria.

Independientemente de la discusión política que se pueda dar en torno a Piedad Córdoba; tema que no pretendo analizar en esta entrada, lo que en ese proceso se está definiendo, es un asunto que se debería fallar en derecho, tal como corresponde al trámite de una tutela y no en atención a intereses políticos o de otra índole, diferentes a la estricta juridicidad que debe imperar en las discusiones de cualquier tribunal, máxime cuando del de cierre constitucional se trata.

Sin embargo, lo que se ha visto en este caso, es el trámite accidentado de una acción constitucional, que se supone debió haberse fallado en términos que no deberían haber excedido algunos días, tal como corresponde al régimen legal de la acción de tutela, pero que ya hay que contar en años.

La tutela busca que la Corte defina si; constitucional y legalmente, puede el procurador, destituir a los congresistas elegidos por voto popular, a pesar de que existe un juez natural disciplinario como es el Consejo de Estado, que a través de las acciones de pérdida de investidura sería el único competente para poder revocar el querer del elector, cuando sus representantes en el congreso hubieren cometido una falta que lo amerite legalmente.

Contrario a centrarse en la discusión jurídica, que no es de poca monta, lo que se sabe en los pasillos del poder judicial, es que las discusiones han tomado un rumbo en el cual se analiza el impacto que esa decisión puede tener en la opinión pública, por tratarse de un asunto que involucra a la controvertida y contestataria Piedad Córdoba.

Otra de las preocupaciones de los magistrados en sus deliberaciones, es el impacto que tendría acceder a las pretensiones de la tutela, en tanto que; los demás procesos en los que el procurador ha destituido congresistas también se caerían, con la consecuente carga de impacto mediático y de opinión que eso le podría generar a la Corte Constitucional.

Esas, que son consideraciones que van mas allá de la labor del juez, no son sino la punta del iceberg que se asoma de la que en verdad es la puja de poder que libra Ordoñez, no solamente porque la destitución de Piedad es el que él considera uno de sus principales triunfos políticos, conseguido al inhabilitar a quien representa todo lo contrario a sus cavernarias ideas, sino porque perdería gran parte del poder que ha amasado a partir de tener la potestad de investigar a los congresistas, en caso de que la tutela llegue a prosperar.

Ejerciendo esa facultad, hemos visto procesos en los que Ordoñez destituye a sus contradictores políticos pero, absuelve a sus copartidarios conservadores que ya han sido condenados -esos si por su juez natural, la Corte Suprema de Justicia- por idénticos hechos y pruebas que Ordoñez analiza bajo el tamiz de sus intereses políticos e ideológicos, llegando a conclusiones absolutorias cuando los jueces competentes han proferido condenas.

El gran verdugo de sus contradictores ideológicos, es el gran absolutor de sus aliados políticos.

El poder que se desprende de la facultad de arrodillar al congreso es el verdadero punto de discusión que dilata el fallo de una tutela que se discute en medio de una lucha de poderes, mucho mas importantes que el hecho de devolverle a Piedad Córdoba sus derechos políticos o no.

De hecho, ese fallo se podría convertir en el vehículo para garantizar al congreso su independencia frente al poder omnímodo, aunque pasajero del Procurador y a este le podría representar el despojo de semejante potestad.

La realidad es que muchos congresistas investigados por Ordoñez -los mismos que eligen a los magistrados de la Corte Constitucional-, hacen fuerza entre sus allegados para que el fallo desfavorezca las pretensiones de Piedad, sin darse cuenta que ella es el florero de Llorente de una tensión que en verdad busca determinar quién es el competente para investigarlos disciplinariamente, dependiendo en gran parte, su independencia de ello.

Estos congresistas corto-placistas no se dan cuenta que hoy están tranquilos con Ordoñez  pero mañana puede ser otro procurador el que llegue a jugar el perverso juego en su contra, cuando sean otros partidos o corrientes ideológicas las que impongan al jefe del Ministerio Público.

En medio de semejante pulso, que mas allá de lo jurídico contiene una maraña de intereses cruzados con el ejercicio del poder político, se mezclan otros asuntos de igual o mayor trascendencia, que también son extra-jurídicos y que tocan con el poder, pero a un nivel mas mundano.

Son los hilos de poder del procurador que permean la Corte Constitucional.

Desde antes de su reelección, la silla vacía investigó los círculos de poder que Ordoñez ha formado con otros órganos del Estado a través de la enorme burocracia de la Procuraduría.

Uno de esos capítulos mostraba cómo, además de los congresistas que lo eligieron y lo reeligieron, también a los magistrados de las altas cortes, Ordóñez les nombró personas cercanas e incluso parientes.

Es el caso del magistrado conservador de la Corte Constitucional, el Doctor Jorge Pretelt, cuya esposa trabaja y es subalterna del demandado Ordoñez en la tutela de Piedad Córdoba que debe fallar su marido.

Adicionalmente, anota la misma investigación, que la hermana de este mismo magistrado fue nombrada por el Procurador en un cargo administrativo y atribuye a Pretelt, una gran cercanía con el procurador judicial ll en el departamento de Córdoba, Guido Gómez Ordosgoitia, también nombrado por Ordoñez.

Así las cosas, sorprende que en un caso de tamaña trascendencia no se haya estudiado el posible impedimento en el que estaría incurso el esposo, hermano y amigo de los subalternos del tutelado, ya que podría estar afectada su imparcialidad en el momento de proceder a votar a favor o en contra de los intereses jurídicos y-o políticos de Ordoñez.

El de Pretelt podría ser el caso mas notorio de la posible existencia de un impedimento; sin embargo, valdría la pena preguntar cuántos de los actuales magistrados de la Corte Constitucional fueron elegidos con la ayuda decidida de Ordoñez y sus círculos de poder -tanto en las cortes que los ternaron, como en las bancadas del congreso en las que tiene injerencia-, para determinar si son o no jueces imparciales que puedan fallar en derecho esta trascendental tutela que definirá si Ordoñez sigue o no teniendo entre sus manos al Congreso de Colombia.

Coletilla:

Otra puja de poder disfrazada de juridicidad es la que libran la Contralora y el Fiscal.

Son gravísimas las acusaciones de Sandra Morelli en contra de Montealegre en el sentido de que ha recibido honorarios de Palacino después de haber sido nombrado fiscal y que por ello está torpedeando las investigaciones en contra de SALUDCOOP desde su cargo.

De ser ciertas, deberá probarlas y en ese hipotético caso, el Fiscal debería irse del cargo pero; si no son ciertas, la que debe dimitir es la Morelli.

No se puede jugar de esa manera con la institucionalidad del País.

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Sáb, 2013-10-19 08:44

Juanfierro, si lo q dices fuera cierto, la fiscalía o las altas cortes debieron actuar, por algo no lo han hecho; una cosa es no ser partidario de x/y persona y otra muy diferente segarnos a ver el alcance político q este fallo de Godofacho incluye,y q va mucho más allá de Piedad; y es como bien lo recalcó el autor,-Suarezterapia-, dirigido al sometimiento de una institución como el senado a cambio de mera Burocracia y manipulación del poder a todo nivel.

Este es el verdadero problema q nos atañe a todos los colombianos, sin egoísmos, y q debería ser el principal motor de rechazo a una actitud completamente amañada en contra de la institucionalidad no de Córdoba, sino del País q somos todos.

PD: La corte constitucional negó la tutela,las relaciones publicas personales de quienes controlan las leyes, redefiniendo fallos en cruceros y todo lo q sea necesario, y ante los ojos de todo;las instituciones se entregan al vaivén de las necesidades políticas del poderoso.

Mar, 2013-10-15 20:16

El procurador no quita investiduras de congresistas sino que los suspende e inhabilita. Que consecuencialmente no puedan seguir en el cargo pues simplemente es mala suerte para ellos.

Mar, 2013-10-15 16:30

La otra gran pregunta que surge aquí es: ¿Si a Piedad le niegan la tutela (cosa que creo muy probable, por intereses políticos), podrá ir luego a iniciar los trámites antes el Sistema Interamericano de Derechos Humanos?

Y luego de un largo y tortuoso camino ante la Comisión (CIDH) y la Corte (CORIDH) tal vez se falle a favor de ella. Lo más importante es agotar los recursos internos y demostrar que sobre Piedad se han violado derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos.

Mar, 2013-10-15 11:31

SI CORRESPONDE EN DERECHO Y EQUIDAD JUZGAR A PIEDAD CÓRDOBA COMO CONGRESISTA AL CONSEJO DE ESTADO, EL PRO-CURA-DOR DEBERÍA SER INHABILITADO POR SU NO JURISDICCIÓN E INCOMPETENCIA EN ESTOS CASOS, PUES LOS ÓRGANOS DE CONTROL SE ESTÁN VOLVIENDO FEUDOS CLIENTELISTAS DE INTERÉS POLÍTICO, GREMIAL , EMPRESARIAL Y PRIVADO PARA PONER A LA RAMA JUDICIAL AL SERVICIO DE SUS PARTICULARES INTERESES.POR ESTO ES QUE LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD DE ÉLITE Y CUELLO BLANCO HA GENERADO ESTE PARA-INSTITUCIONALISMO DESLEGITIMANDO CADA DÍA MÁS LA CREDIBILIDAD Y CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DEL PODER PÚBLICO EN COLOMBIA.

Mar, 2013-10-15 16:11

Hola Fernando, gran parte de la discusión tiene que ver precisamente de cómo el constituyente del 91 creó la acción de pérdida de investidura para que un órgano colegiado, que se supone de mayor entidad jurídica y que, por esa colegiatura, también se supone de mayor independencia, fuese el encargado de tomar decisiones definitivas frente a quienes en un Estado de Derecho ejercen la llamada democracia participativa en nombre del elector primario, como son los congresistas y si, bajo esa premisa e interpretación constitucional, es entonces solamente el Consejo de Estado quien puede definir si remueve o no a un congresista de su curul por cuenta de responsabilidades disciplinarias y no, como en este caso, dejar en manos de una sola persona, en única instancia, la decisión democrática del pueblo, en sede administrativa y no judicial, como lo es la procuraduría.

Mar, 2013-10-15 16:15

Hola MAG, sería muy interesante hacer un estudio cualitativo y no solo cuantitativo de cuáles son las tutelas seleccionadas por la Corte Constitucional y quiénes hacen las insistencias. Los resultados nos darían muchas pistas de cómo se mueven esos hilos de poder.

Mar, 2013-10-15 16:18

Gracias Enri, la discusión está abierta y sea cual sea el resultado, lo que me parece importante resaltar es que la Corte Constitucional debe fallar en derecho, como corresponde a la actuación de los jueces y no atendiendo a intereses extraprocesales como son los impactos políticos, las consideraciones de favorabilidad en la opinión y mucho menos en injerencias indebidas de quienes pueden estar interesados en las resultas del proceso.

Mar, 2013-10-15 16:20

Hola Tatiana, esa es precisamente la discusión que debe zanjar la Corte Constitucional en este caso, independientemente de consideraciones políticas, mediáticas o de intereses de otras autoridades interesadas en este proceso.

Mar, 2013-10-15 16:23

Hola Esquinkle, esa es una opción pero recordemos que también esta misma institución, en otras épocas, nos ha dado muestras de independencia y juridicidad. Creo que es importante como sociedad estar vigilantes para que los fallos sean en derecho y las alertas tempranas podrían ser un camino hacia la esperanza de que eso sea así.

Dom, 2013-10-13 12:44

Gracias por su visita Tana. Una preguntas que tal vez quedan en el aire: no siente alguno o algunos de los magistrados que están discutiendo el tema, que sus vínculos con una de las partes interesadas en las resultas del proceso afecta su imparcialidad? Por qué después de dos años no se han presentado impedimentos? Están manteniendo los votos para lograr un resultado determinado en el proceso?

Dom, 2013-10-13 18:32

Tana, hubo un tiempo donde siempre teníamos la esperanza que las altas cortes fueran la salvación; siempre fue el congreso a quien temíamos después de montarlos con nuestros propios votos, pero ahora con esta nueva forma de intimidación partiendo de los más altos cargos de control de las leyes, Quien podrá ayudarnos?.

Si a este nivel se presentan semejante aberración, que podemos esperar del manejo que los abogados le dan a los casos que reciben del colombiano común y corriente, qué autoridad moral tiene los magistrados para juzgar en el consejo superior de la judicatura, a un abogado por supuesta violación al juramento profesional que hizo?, el ejemplo de verdad es nada alentador.

Sáb, 2013-10-12 18:30

Desconozco si la tutela elevada por Piedad Cordoba está cimentada únicamente en la posible falta de competencia del procurador, o existen más causales. Me parece que no procedería respecto de la falta de competencia para destituirla, el art. 277 atribuye al procurador ejercer la vigilancia superior incluso sobre los elegidos popularmente, que Ordoñez ha estrenado selectivamente,sobre congresistas, pues los anteriores no lo habían hecho. Si creo que no se configuraba una conducta disciplinaria y que el proceso disciplinario fue amañado. Y eso es lo peligroso. Creo que la C.C. tendría muchos motivos para conceder la tutela a Piedad C. Y es su deber ordenarlo, independientemente que al procu y a muchos colombianos no les guste o de las implicaciones políticas, de lo que se trata es de garantizar un derecho fundamental conculcado, siendo intangible. Y lo de contraloría y fiscalía, si hay hechos anómalos que se judicialicen, pues no debe existir la cobija por ser altos cargos.

Dom, 2013-10-13 12:56

Hola Marleny. Independientemente de otros asuntos propios del debido proceso o de la posible  injusticia del fallo disciplinario, la discusión de la tutela es exclusiva sobre la facultad del procurador para destituir congresistas. Precisamente, como usted lo anota, la Constitución le da al procurador la facultad para INVESTIGAR servidores públicos de elección popular. Sin embargo, la discusión es: puede DESTITUIR congresistas cuyas faltas disciplinarias son también competencia del Consejo de Estado para determinar si hay o no perdida de investidura?

En la procuraduría de Maya, la salida que se dio al tema fue: investigar al congresista y si se desprenden de ahí causales de pérdida de investidura, dar traslado al Consejo de Estado.

Lun, 2013-10-14 09:54

Hola Carlos: si la revisión de la tutela se centró en la competencia del procurador para destituir es una pena, porque insisto, creo que había más causales para que la Corte revisara la tutela, dado que el fallo disciplinario en su momento lo leí, y resultaba claramente acomodado. Esperemos si el Consejo de Estado, tan amiguete de Ordoñez, lo anule. No discuto que la procuraduría en Colombia es sui generis, porque su función disciplinaria hoy la realizan todas las entidades públicas y la de ser representante de la sociedad en los procesos penales, con el sistema acusatorio, no tiene sentido. Sin embargo, acá un mismo hecho puede tener responsabilidades civiles, penales, administrativas, fiscales y disciplinarias, lo que hace que no sea la misma causa y por tanto no se violaría el non bis in ídem. Ese es un diseño constitucional que bien debería revisarse y esos cargos ayudar a la justicia, como en su momento lo planteó el maestro Uprimny. ¿Habrá congreso que le jale?

Dom, 2013-10-13 18:41

Bueno don Suarez, yo no soy abogado y mi pregunta puede ser hasta ingenua, pero en la época Maya como Ud. bien lo resalta se respetó por lo menos el poder del Consejo de Estado, mi pregunta : según nuestras normas constitucionales, jurídicas etc. etc., por qué es tan fácil para el procurador sobrepasar ese poder que tuvo el Consejo de Estado?. Dónde están ellos que no reclaman su derecho?.

Dom, 2013-10-13 08:22

No don Gato, es todo lo contrario a lo que interpretó. El vocablo motivo no lo utilicé como extrajurídico, sino como sinónimo de causal de procedibilidad, al considerar que la C.C. tiene más causales a la que se ventila, de la falta de competencia del procurador para destituir a congresistas. Para mi la C.C. es de lejos la mejor institución que ha tenido y tiene Colombia, pese a los últimos personajes que llegan. Su interpretación de lo que opiné, es correcta pero para Ordoñez, de quien considero utiliza su cargo para ejercerlo en forma personal dada sus particulares pasiones, y alejado del ordenamiento jurídico. De ahí que manifesté la intangibilidad del derecho fundamental al debido proceso, al que también le corresponde garantizar al procurador y quien no puede, contrario a los magistrados de la Corte Constitucional que si lo garantiza y espero que con Piedad Córdoba no sea la excepción.

Lun, 2013-10-14 10:05

Don Gato, solo un favor sobre su comentario anterior, le ruego llamarme por mi nombre, no tengo estudios de doctorado ni título en tal sentido, y si lo tuviera eso no borraría el nombre bonito o feo que mis padres me pusieron y que obra en mi cédula de ciudadanía. Se que a los colombianos les parece irrespetuoso que se les llame por sus nombres y prefieren o exigen que se les dirija por títulos, que ni siquiera tienen. En mi caso considero que no hay título o cargo, con capacidad de borrar mi identidad.

Lun, 2013-10-14 20:51

Don Gato acuda a su libre determinación. Saludos.

Sáb, 2013-10-12 14:31

ABOGADOS DEL DIABLO?.

Fácil es ser bueno, difícil ser justo.

Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.

Las leyes son usadas para eludir otras.

Abogado sálvate a ti mismo... si puedes

Todos los abogados son tan derechos como un banano.

Todos los que escribís aquí ya necesitareis algun dia un abogado y ojala que os desplume.

El abogado es un sin vergüenza.

Donde hay Derecho no hay Justicia, y donde hay Justicia no hay Derecho.

PD: Lo siento don Suarezterapia. Y hay mas, pero creo ya es justo.

Dom, 2013-10-13 14:11

Malos son los estereotipos, lastimosamente nos los hemos ganado.

Sáb, 2013-10-12 12:03

Asombrosa la capacidad de permeabilidad de nuestras instituciones, con posiciones en contra de todo lo que signifique legalidad dentro de lo que se dice es una democracia.

La confianza en las altas cortes que una vez se tuvo, ahora violentada por intereses burocráticos, satisfaciendo el mezquino actuar de funcionarios y políticos, con efectos devastadores para el mismo país que dicen defender de todos, y ahora de ellos mismos.

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