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Sábado Agosto 13, 2022

Blogoeconomía

De la mano negra a la mano invisible: opiniones y provocaciones de un grupo de economistas académicos.

Este es un blog a cargo de David Bardey, Juan Camilo Cárdenas, Marcela Eslava, Leopoldo Fergusson, Marc Hofstetter, Andrés Moya, Oskar Nupia, Catherine Rodríguez, Jorge Tovar, Rafael Santos y Hernando Zuleta. Todos son profesores de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes.

Las opiniones expresadas por los autores se hacen a título personal y no comprometen el nombre de la Universidad de los Andes ni al grupo de Blogoeconomía como un todo.

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Hilos temáticos:

Por Oskar Nupia

Según la literatura económica, los procesos de renegociación en las concesiones públicas se pueden dar por tres causas: (1) Eventos no esperados (por ejemplo, fuertes choques sobre la tasa de cambio); (2) deseo de los burócratas por capturar rentas de las concesiones, o/y ; (3) deseo de la empresa  que posee la concesión por capturar mayores rentas del gobierno, es decir, de los contribuyentes. Lo malo de la renegociación es que ésta, aunque algunas veces es necesaria para mejorar la calidad de los proyectos, genera costos altísimos en la contratación.

La renegociación de la concesión del aeropuerto El Dorado (Un día después de ganada ya se quería renegociar por parte del ganador) ha traído sobrecostos directos sobre el contrato original e indirectos por las demoras en las obras. Todos estos costos los pagaremos los contribuyentes. Si de algo nos sirve ¿a quién podemos culpar de este sobrecosto?

 Miremos de nuevo las causas comentadas arriba. La primera no se ha dado (aún con la crisis económica mundial). A la segunda no me referiré porque ya está muy trillada. La tercera funciona así: El ganador de la concesión, quien tiene mejor información sobre el proyecto en cuestión, oculta información en la etapa de licitación (por ejemplo, mal diseño del proyecto) y después de ganar el proyecto le hace ver al contratante su error para inducir a una renegociación y capturar mayores rentas ¿Les suena?

Las empresas privadas siempre se moverán con incentivos de este estilo y a pesar de que algunos insistan en su responsabilidad social, ésta no es prioritaria en su función objetivo. Como yo lo veo, es el encargado de la licitación y el contrato (la Aerocivil, hasta donde entiendo) el directo responsable de los malos diseños originales de la licitación y los sobrecostos que tendremos que pagar los contribuyentes. Muy perverso sería pensar que se hicieron los diseños originales mal con el fin de facilitar una renegociación.

Referencia técnica
Guasch, J., Laffont, J-J., Straub, S. (2003) Renegotiation of concession contracts in Latin America. Policy Research Working Paper 3011. The World Bank.

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Mar, 2009-09-08 09:15

Este es el problema de los malos abogados que diseñan las licitaciones para ahorrarse unos pesos o para clavar a la contraparte, sin considerar que en un futuro se generarán necesidades de renegociación y conflictos que acabarán siendo más caros para todos. Si no es un problema de corrupción es claramente un tema de miopía.

Lun, 2009-09-07 14:27

José,

Estoy totalmente de acuerdo que todos estos procesos requieren una revisión muy detallada ¿A quién le corresponde? Nuestra Constitución y nuestras leyes definen claramente a un conjunto de instituciones que deben hacerlos: Contraloría, Procuraduría, etc. También existen actores involucrados que deberían estar interesados en este control político, por ejemplo, el resto de aspirantes al contrato. La duda que queda es ¿Están haciendo bien su papel todos estos agentes?

Lun, 2009-09-07 01:34

La segunda causa a mi me suena... por qué la descartan??

Lun, 2009-09-07 14:30

Doppia..,
Yo no la descarto, simplemente digo que sobre este tipo de incentivos ya todos sabemos (está muy trillado) y centro la discusión en una causa no tan conocida.

Lun, 2009-09-07 14:28

José,

Estoy totalmente de acuerdo que todos estos procesos requieren una revisión muy detallada ¿A quién le corresponde? Nuestra Constitución y nuestras leyes definen claramente a un conjunto de instituciones que deben hacerlos: Contraloría, Procuraduría, etc. También existen actores involucrados que deberían estar interesados en este control político, por ejemplo, el resto de aspirantes al contrato. La duda que queda es ¿Están haciendo bien su papel todos estos agentes?

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