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Domingo Septiembre 20, 2020

Colombia Civil

Después de la barbarie del conflicto armado, hay que reconstruir un horizonte de civilidad.

Profesor Asociado del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Se desempeña actualmente como director del Centro de Estudios Sociales. Es también Faculty Fellow del Center for Cultural Sociology en Yale University y Fellow del Indo-Pacific Governance Research Centre de la University of Adelaide.

Sus intereses se enfocan principalmente en la sociología cultural, la sociología económica, y en particular sobre las relaciones entre sociedad civil y mercado, así como en la sociología cultural de la violencia. Sus publicaciones más recientes incluyen un libro publicado en 2012 en Nueva York con Palgrave-Macmillan sobre la influencia de la cultura sobre el funcionamiento de las instituciones monetarias (Central Bank Independence: Cultural Codes and Symbolic Performance) y otro libro editado por él que saldrá en 2015 con Harvard University y con la Universidad Nacional de Colombia sobre el papel de las prácticas creativas en las políticas públicas (Cultural Agents Reloaded: The Legacy of Antanas Mockus)

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Por Daniel Castillo Brieva
Una de las funciones del campo de la economía ambiental es construir instrumentos para diseñar políticas de manejo ambiental, y en ese grupo de instrumentos se abre camino desde hace unos años algo que se llama Pago por Servicios Ambientales (PSA).

Esto funciona a nivel local más o menos así. Digamos que usted vive cerca a un páramo y se dedica a la agricultura. Usted usa unas hectáreas del páramo para producir papa. El páramo es importante para el mantenimiento de la cantidad de agua que baja por las quebradas o ríos que nacen en ese páramo. Sus vecinos de las partes bajas usan el agua en sus casas, para sus animales y cultivos. En la medida en que usted dedique más tierra de su finca a sembrar papa, el agua disponible para sus vecinos disminuye, con el tiempo, y además si usted usa productos químicos para controlar plagas, la calidad del agua disminuye también. Para garantizar el suministro de agua y su calidad para todos y que usted siga teniendo ingresos por su tierra, el Estado o una organización ambiental diseña un mecanismo para asignarle un valor económico al páramo y los servicios que presta, y le propone a usted que no siga utilizando páramo para sembrar y que a cambio le da un dinero que compense lo que usted estaría perdiendo si no siembra papa. Es decir le está proponiendo pagarle para que los servicios ambientales que presta el páramo de su finca sigan funcionando.

Este mecanismo implica una valoración económica de los ecosistemas, que podría permitir que el proceso se diera a la inversa. Alguien puede decir que paga por dañar, es decir compensa por que los de abajo ya no accedan al agua y la busquen en otra parte. Es decir se crea un mercado en el que se transan los servicios ambientales como cualquier otro bien. Esto no es tan fácil a escalas individuales o locales, pero si puede serlo en sectores en los que se mueven grandes capitales como la minería.

A nivel global existen programas como REDD que propone pagar a países "en desarrollo" para que mantengan sus áreas forestales por el valor del carbono almacenado en ellos y así controlar emisiones de gases efecto invernadero.

Algunos se oponen rotundamente a estos mecanismos porque esto abre la puerta para comprar derechos de destrucción ambiental, es decir si los ecosistemas tienen un precio en el mercado y se puede negociar con esto, los países industrializados pueden comprar derechos para emitir gases si pagan por conservar bosques en nuestro vecindario. Existen también los que defienden estos pagos porque argumentan su alta eficiencia económica y el potencial para disminuir la pobreza en los países pobres del planeta.

La utilización de esta herramienta puede conllevar efectos perversos, por ejemplo en el campo de la minería, tan mencionado últimamente y tan poco discutido en la campaña presidencial. En la anterior entrada de este blog se enfatiza la necesidad de un debate nacional con todos los actores involucrados, dadas las amenazas ambientales, económicas y sociales (1, 2) que representa la minería para el país. El hecho de incluir los servicios ambientales en el mercado puede abrir las puertas a la compra de derechos para dañar los ecosistemas por parte de grandes empresas mineras. Suponiendo que ese pago se invierta sanamente en desarrollo local y en disminución de la pobreza, el costo a largo plazo para los colombianos sería inmenso si no se piensa muy bien el "como" y el "donde".

El próximo gobierno tiene que estudiar cuidadosamente estos mecanismos, de valoración ambiental, pago por servicios ambientales y la potencial vocación minera, que aparentemente vienen en empaque separado, pero que se pueden combinar peligrosamente. La primera alusión directa en esta campaña la hace Antanas Mockus. Esperemos que los asesores en estos temas del próximo presidente entiendan que la "explotación sostenible" y el desarrollo económico y social incluye el mantenimiento de los servicios ambientales, y sobre todo que las personas no nos movemos solamente gracias a incentivos económicos.

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Lun, 2010-05-17 19:33

Me pregunto si esto está concebido en ese pacto que firmaron 5 candidatos. Y espero que al comprometerse con ese pacto (¿si es un pacto?), no cometan burradas.

Jue, 2010-05-13 22:21

La entrevista que Dinero le hizo a Mockus da más luces que la de El Tiempo. Le preguntan "¿Cuál es su posición frente a la sostenibilidad?"
"Por un lado, espero que las empresas asuman como parte de su misión la responsabilidad ambiental. Y está el tema de legalidad democrática y la seguridad jurídica. Todos tenemos que cumplir las normas. El Estado a veces da pasos atrás y es muy complejo. Lo que pasó en el Tolima con la mina de oro es un ejemplo. No conozco el detalle, pero los inversionistas están bravos porque tenían un camino previsto y les cambiaron las condiciones."

Esa respuesta muestra todavía un gran desconocimiento del tema y de las consecuencias ambientales y sociales de la actividad minera. La seguridad jurídica no puede estar por encima de los derechos de los colombianos. Como dijo Petro, "el agua es más valiosa que el oro".

La nota completa está en http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/entrevista-candidato-pres...

Jue, 2010-05-13 22:21

La entrevista que Dinero le hizo a Mockus da más luces que la de El Tiempo. Le preguntan "¿Cuál es su posición frente a la sostenibilidad?"
"Por un lado, espero que las empresas asuman como parte de su misión la responsabilidad ambiental. Y está el tema de legalidad democrática y la seguridad jurídica. Todos tenemos que cumplir las normas. El Estado a veces da pasos atrás y es muy complejo. Lo que pasó en el Tolima con la mina de oro es un ejemplo. No conozco el detalle, pero los inversionistas están bravos porque tenían un camino previsto y les cambiaron las condiciones."

Esa respuesta muestra todavía un gran desconocimiento del tema y de las consecuencias ambientales y sociales de la actividad minera. La seguridad jurídica no puede estar por encima de los derechos de los colombianos. Como dijo Petro, "el agua es más valiosa que el oro".

La nota completa está en http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/entrevista-candidato-pres...

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