¿Como comprender las repetidas y desafortunadas reacciones de funcionarios del Gobierno nacional, forjadores de opinión, de algunos empresarios y de muchos ciudadanos de Colombia frente a las convocatorias de los congresistas de los Estados Unidos para que se protejan el derecho a la vida de los sindicalistas y a la existencia de las organizaciones sindicales en Colombia?
La respuestas a las expresiones de los congresistas de los Estados Unidos, se mueven desde la afirmación que dice: No hay nadie mejor protegido en Colombia que un sindicalista o aquellas que las convierten en parte de una conspiración contra el gobierno como un componente más de la estrategia internacional de la guerrilla de las FARC.
De acuerdo con Peter Quilter asesor en la campaña del Presidente Obama y del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, los elementos que sorprenden a los grupos de trabajo del Congreso de los EEUU en torno a esta discusión son:
1. La impunidad repetida frente a los asesinatos.
2. Las expresiones de funcionarios oficiales de primer nivel, que ponen en duda la convicción institucional de proteger los derechos de los trabajadores, sus organizaciones y sus vidas como valor intrínseco de la democracia.
Y es que son sorprendentes los rios de tinta sobre el tema.
En Colombia ha existido historicamente aversión al sindicalismo. Muchos de los integrantes de la exterminada Unión Patriotica, de otras organizaciones sociales y de partidos políticos de izquierda, pertenecian a organizaciones de trabajadores.
Estas reacciones se corresponden con un rasgo "fujimorista" del Gobierno que cierra espacios de discusión, desestima los derechos humanos, estimula una facción terrateniente que forma parte del poder nacional y regional en Colombia y favorece el militarismo y el paramilitarismo como solución a los problemas sociales.
Con apoyo financiero de los Estados Unidos, el Gobierno de Colombia ha incrementado los programas de protección a los sindicalistas y se ha disminuido el número de asesinados en contraste con décadas anteriores.
Pero como refiere Quilter, lo asombroso es la impunidad que prevalece como si fuera norma.
Aunque hay menos asesinatos de sindicalistas de los que había hace unos años, la cifra sigue alarmantemente alta, y - peor aún - no ha habido un incremento significativo en veredictos y castigos judiciales en contra de los responsables por los miles de asesinatos de sindicalistas de los últimos 20 años.
Asesinar a líderes y organizadores laborales sigue siendo un crimen que no se castiga en Colombia.
¿Deben preocuparse los partidos políticos, los dirigentes sociales, gremiales y económicos, los formadores de opinión de Colombia por el destino de sus trabajadores y el fortalecimiento de sus organizaciones?
Parece una pregunta tonta pero es pertinente. Conflictos laborales recientes como el de los obreros cortadores de caña de azucar y los ingenios azucareros en el valle del Cauca, evidenciarón que poco dulce es la vida para los trabajadores de este sector en Colombia. Sus reivindicaciones, correspondian a derechos conquistados en el siglo XIX por los trabajadores europeos y de los estados unidos. Su movilización fué señalada de estar dirigida por las FARC y entorpecer el desarrollo económico del país.
El proceso de privatización de la empresa municipal de servicios varios EMSIRVA en la ciudad de Cali - una de las tres ciudades más importantes del país - augura una fuerte confrontación dadas las sindicaciones de respaldo al terrorismo que han hecho el presidente y el vicepresidente de la república a la dirigencia sindical de esta empresa. -Ver diario El Tiempo 11 agosto 2007 sección Justicia. www.aporrea.org/imprime/n98419.html
La realidad es que, aún en medio de las discusiones, el Gobierno de Colombia ha hecho algunos esfuerzos por proteger a los trabajadores - en un alto porcentaje con recursos de cooperación de los Estados Unidos - pero la repetición de declaraciones en tono de guerra contra los sindicalistas, sumada a la persistencia de la impunidad no da certezas.
Como coloquialmente se dice: "Se borra con el codo lo que se hace con la mano".
Colombia necesita refelexionar sobre porque ser sindicalista es visto de manera dominante como una actividad sospechosa y no se concibe que los trabajadores y sus organizaciones son un valor principal de la democracia
Es necesario seguir escribiendo, hablando sobre el tema, seguir denunciando los asesinatos y los abusos. Hace falta llegar con esta informacion a todas las esferas sociales y contrarrestar de alguna forma la gran influencia del Gobierno en la opinion publica nacional. Recordarle al ciudadano, al trabajador que sus derechos han sido abiertamente reprimidos a traves de la violencia o mas sutilmente a traves del desprestigio y estigmatizacion de las instituciones sociales. Aunque la labor de fomentar una sociedad donde se respeten los derechos civiles corresponde al Estado colombiano, creo que es importante que siga habiendo presion internacional, pues al parecer es un mecanismo eficaz para que el Gobierno corriga sus 'malos habitos.'
También se debe tener presente que los sindicalistas, los homosexuales, las mujeres, los opositores y las prostitutas - sin comparar la labor o condición de unos u otros - son el termómetro violento de la sociedad, es decir, que dependiendo los niveles de violencia en contra de cada uno de estos grupos, se puede determinar el grado de tolerancia y de respeto de una sociedad determinada. Es por esto que la violencia en contra de sindicalistas afecta lo más profundo de nuestra concepción como nación misma, ya que se está castigando la labor de los trabajadores, amparada bajo una serie de derechos fundamentales y de principios constitucionales reconocidos por la constitución política, y por los tratados de derechos humanos
Estoy de acuerdo, la protección a los sindicalistas debe ser un asunto de prioridad estatal, que resulte de un verdadero compromiso con los derechos humanos y con el estado social de derecho, y no el resultado de una exigencia foránea, medio chantajista, y con visos de intromisión en lo que no les corresponde, que sirva para aprobar un tratado bilateral. Aún así, se debe entender que, ante la debilidad del estado colombiano para proteger la vida, honra y bienes de sus asociados, se debe acudir a medios de presión diferentes que permitan - en alguna medida - mermar los índices de violencia y de impunidad en contra de los trabajadores colombianos.
Es un tema preocupante. Y más que una preocupación por darnos buen pantallazo ante los Estados Unidos, debería de ser una prioridad para el Estado Colombiano la defensa de la labor de los sindicalistas. Como se afirma anteriormente el Gobierno no puede seguir estigmatizandolos haciendo declaraciones en tono de guerra en su contra... Los sindicalistas son de alguna forma un medio para garantizar (no del todo) la dignidad y los derechos de los trabajadores.