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Miércoles Agosto 12, 2020

La Dimensión Desconocida

El Congreso de la República es la institución más poderosa y más incomprendida del país. Tal vez porque las leyes son como las salchichas, es mejor no saber cómo se hacen. Este blog busca meternos en la fábrica de salchichas

Abogado de la Universidad de los Andes, Master in Business Administration del Instituto Panamericano de Dirección de Empresas (IPADE), México D.F., Master en Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown, Washington D.C.

Se ha desempeñado en diversos cargos del sector privado y público, tales como consultor en la oficina de Fernando Londoño Hoyos Abogados Asociados, Viceministro de Defensa Nacional, Cónsul General de Colombia en México D.F., asesor en asuntos gubernamentales de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo. Así mismo es socio fundador de la firma Urdaneta & Vélez Abogados.

Luis Guillermo Vélez Cabrera se desempeñó como Superintendente de Sociedades entre 2010-2014

Igualmente, ha sido Presidente de la Asociación Colombiana de Importadores de Licores y Vinos (ACODIL) y miembro de numerosas juntas directivas de importantes empresas del sector público y privado.

Dentro de sus publicaciones se destaca: “Los objetivos de las normas antimonopolísticas: Planteamientos para un Debate”, Revista de Derecho Privado, Universidad de los Andes (1992).

Twitter del autor

Hilos temáticos:

Este blog tenía una versión anterior en la cual alababa la sensatez del Congreso en aprobar la ley de víctimas sin reparación por vía judicial para los actos u omisiones de agentes del estado.
 
El tono quizás no era el adecuado pero me mantengo en mi posición sobre la inconveniencia de una reparación para estos casos que no sea producto de un proceso judicial en el cual el estado resulte vencido. Con lo que no conté fue con que el mismo Congreso se iba a echar para atrás en la iniciativa. Qué lástima.
 
Nadie es rio para no devolverse, dirán. Para mí de todas formas, abrirle la puerta a las reparaciones por vía administrativa es abrir un boquete en la estructura del estado de derecho. Lo digo porque el estado no es un responsable en abstracto sino un responsable en concreto por las acciones u omisiones de sus agentes. Y esto debe ser probado en un proceso.
 
No es muy diferente el caso del padre de familia que resulta atropellado por el trabajador oficial que conduce  una volqueta del Ministerio de Transporte, y que solicita reparación, que el campesino que resulta mutilado por un error en un visor nocturno del piloto de un helicóptero militar, quien también merece reparación.
 
El argumento de los “estándares internacionales” para la reparación de víctimas de conflictos no convence. Empezando porque estándares internacionales para estos casos no existen ya que las reparaciones de víctimas son relativamente raras y casi insólitas en conflictos que no se han concluido. Además la ONU tendrá sus opiniones, respetables, pero opiniones al fin y al cabo, no mandatos divinos. Que no se nos olvide que el estado colombiano se rige por su constitución y sus leyes no por lo que diga un burócrata obeso de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
 
Por otra parte decir que la reparación no implica responsabilidad del ente estatal resulta un tanto esquizofrénico. Puede que por virtud de alguna argucia legal se construya de esta forma la ley, pero en mi parecer esto a lo único a que puede llevar es un enriquecimiento sin causa de la supuesta víctima. Si hay un afectado, un daño, una acción o una omisión ¿quien entonces es el causante? Y si no se determina entonces ¿por qué y quien repara?
 
Es que, paranoico o no, el trasfondo de este debate es político y no legal. Y como siempre las víctimas acaban siendo un daño colateral. El propósito último de este tema no es reparar, ni saldar el daño,  ni nada por el estilo. Se trata de sentar las bases para equipar al estado colombiano con los actores ilegales y de ahí dar un pasito para declararlo un estado terrorista. Ese ha sido un viejo anhelo de la izquierda radical colombiana y están, por cuenta de nuestra ingenuidad, a punto de lograrlo.

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Mar, 2009-06-23 09:48

Cito dos de los argumentos de Rodrigo Uprimny en su columna del espectador. Me parece que de manera clara rebaten las afirmaciones de Velez:

"El Gobierno ha argumentado que la prueba judicial es necesaria para no vulnerar el debido proceso de los agentes eventualmente involucrados. Pero incurre en una confusión: una cosa es reconocer que alguien ha sufrido un daño que debe ser reparado y otra probar la responsabilidad criminal. Son fenómenos jurídicos distintos.

"No puede tampoco argumentarse que la reparación administrativa de una víctima, presumiblemente de un agente estatal, equivale a una confesión de la responsabilidad estatal, que abriría inmediatamente la puerta a la reparación judicial. Basta que la ley diga que la concesión de esa reparación no tiene valor de prueba para aquellos que quieran acudir a la vía judicial."

Ver
http://www.elespectador.com/columna147080-discriminacion-de-victimas-de-...

Mar, 2009-06-23 13:10

Muchas gracias por su comentario. Creo que el que confunde las cosas es Uprimny. La reparación no necesariamente está atada a la responsabilidad penal. La responsabilidad en general está atada a una acción u omisión (dolosa o culposa), un daño y una causalidad entre las dos primeras. La reparación busca resarcir el daño. Por lo tanto si hay reparación debe haber un daño causado por la acción u omisión, dolosa o culposa de alguién. ¿De quién?. Pues directa o indirectamente del que repara. No puede ser de otra forma. Por lo tanto la implicación jurídica, pero sobre todo política, de esta reparación por vía administrativa sería aceptar la responsabilidad del estado colombiano por los hechos reparados

Mar, 2009-06-23 17:51

Estimado lgvelez,
creo que su merced perdió sus 5 años y 7 argumentaciones en los Andes. Sus profesores se deben estar revolcando en sus camas con su retórica. y ahora para cerrar con broche de oro le tira a las escopetas. no comparto sus ideas, pero las entendería si las pudiera defender de una manera mas rigurosa.

Vie, 2009-06-19 00:58

solo un apunte sobre el color, le quedaría mejor un fondo azulito.

Jue, 2009-06-18 15:35

Eso es lo bonito del pluralismo: los godos solitos quedan como un zapato (Londoño debe estar decepcionado de sumercé). De todos modos, el gran Líder Uribe mandó hundir la ley de víctimas, pues debemos recordar que, así como hay terrorismo "bueno" y terrorismo "malo", hay víctimas "buenas/de primera/de bien" y víctimas "malas/de última/'se lo buscaron'/'por algo los mataron'". Así que Luisgui debe estar feliz. Y los que con sus crímenes demeritan el trabajo de los militares y policías -pobretones, estrato 3 para abajo- que sí protegen a la población y que se abstienen de dispararles a los de ruana, también.

Jue, 2009-06-18 12:39

Nuevamente, tu argumento es falaz.

1. Esta ley solo se aplica a víctimas del conflicto armado, entonces tu comparación con la volqueta no aplica. Pero si tu punto es que el daño fue causado accidentalmente, desafortunadamente la mayoría de víctimas del Estado no son víctimas colaterales, sino intencionales como las de los falsos positivos. Y aún si fue por un error del Estado, deben victimizarse de nuevo obligándolas a contratar abogado y demás porque un visor se dañó?
2. Los mandatos de la ONU son resoluciones de la Asamblea General aprobadas por Colombia. La Constitución por el bloque de constitucionalidad las incorpora al sistema legal colombiano.
3. Sobre por qué el Estado repara aunque no se establezca el causante, la razón es la misma que cuando repara al desplazado por la guerrilla:porque fue incapaz de proteger, que es su obligación constitucional.
Creo que más allá de las posturas ideológicas, hay que verificar las normas. O si no, la opinión no convence.
Juanita León

Jue, 2009-06-18 18:49

Juanita, gracias por tu comentario. Intentaré aclarar mi posición. Primero el principio de reparación es general y no corresponde a hechos culposos sino también a hechos de dolo o culpa grave por parte de agente estatales. Es decir a casos como los falsos positivos.

No veo por que se de la doble victimización por recurrir a la via judicial. Si esto fuera así el particular que recurre a una instancia judicial para que le devuelvan unos impuestos sería una doble víctima de la DIAN. Además, siempre existe la opción de crear mediante la ley procesos judiciales especiales y expeditos -pero procesos judiciales, finalmente- que eviten el trámite engorroso.

Sobre el bloque de constitucionalidad. Recuerda que los resoluciones de la ONU y para no ir mas lejos, los tratados, usualmente son normas de principios y de objetivos. Su desarrollo corresponde a las normas internas. Propugnar por reparaciones administrativas no precluye la posibilidad de soluciones por vía judicial expeditas.

Jue, 2009-06-18 19:23

Luis Guillermo,
Un proceso judicial contra un militar puede durar como mínimo 6 años. Esto implica además el pago de un abogado. Esto suponiendo que no te amenacen o te maten como le ha pasado a las mamás de los jóvenes de Soacha y a cientos o miles de testigos en casos contra capitanes, coroneles y generales. Los casos de los testigos contra el General Plazas Vega y Rito Alejo del Río desafortunadamente no son la excepción. Entonces, la comparación con el trámite ante la DIAN vuelve a ser desafortunado. Digo que es una doble victimización porque el Estado quería privilegiar a las víctima de la guerrilla sobre las del Estado. ¿Por qué? ¿Por un argumento ideológico vale la pena que una mamá que ha perdido a su hijo a manos de un oficial que uno confía que lo proteja a uno tiene que esperar 6 años, incurrir en nuevos gastos y amenazas? Yo creo que no.

Jue, 2009-06-18 20:35

Añado una cosa. El hecho de que se apruebe una reparacion administrativa no quiere decir que las victimas reciban una indemnización rápida. La plata simplemente no va a alcanzar y eso se traducirá, inevitablemente, en demoras de quien sabe cuanto, tal vez más que optando por la via judicial. Igual ya que importa, el proyecto se hundio.

Sáb, 2009-06-20 09:20

El proyecto seguramente se presentará de nuevo y tendrá las mismas discusiones. Creo que el tema de la plata es un poco exagerado. Están hablando de 80 billones o algo por estilo y eso equivale a más del presupuesto nacional de un año, ni en el caso más extremo se tendría que pagar esa suma. El problema es político. Yo insisto en que la solución al debate es crear un proceso judicial especial y expedito que ofresca garantías procesales pero que no embolate a las víctimas

Jue, 2009-06-18 08:15

Velez me confirma la tipica reaccion Londoñesca de desprestigiar al otro cuando no hay con que :

"Además la ONU tendrá sus opiniones, respetables, pero opiniones al fin y al cabo, no mandatos divinos. Que no se nos olvide que el estado colombiano se rige por su constitución y sus leyes no por lo que diga un burócrata obeso de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos."

Estara respetando de verdad la opinion del gordito de la ONU? claro como la ONU es un "chuzo" ahi u_u.

Osea que si segun usted no hay precedentes nosotros no podemos sentar uno? - y de verdad velez digalo aqui - No hay responsabilidad del estado cuando alguien en su nombre y bajo sus directrices mata inocentes? o me va a negar ahora la politica del "bodycount"?

mire la verdad no se ni porque me tomo la molestia de comentar su diatriba, da igual. saludos al viejo.

Vie, 2009-06-19 18:52

La próxima semana, a instancias de Luisgui, Fernando Londoño Hoyos le pedirá a Uribe sacar a Colombia de la ONU.

Jue, 2009-06-18 07:46

No hay plata para reparar a las victimas, pero si para pagarle recompensas a asesinos. Que clase de doble estadares manejamos en Colombia?

Mié, 2009-06-17 23:42

ni siquiera
la conciliacióna ceptó el texto del senado!!!
y sí, los agentes del estado son responsables, como lo deben ser los alcaldes y gobernadores que se hicieron los de la vista gorda, como los empresarios que financiaron, como los ciudadanos que los apoyaron
es hora que todos respondan!!!

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