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Sábado Septiembre 19, 2020

Suarezterapia

Este blog es un recorrido por los pasillos del poder.

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Soy abogado de la Universidad Externado de Colombia. Con Posgrados en derecho Constitucional y Penal Especial de la Universidad de Salamanca. Especializado en Gerencia Pública y Control Fiscal de la Universidad del Rosario. He litigado en defensas penales y fui asesor en procesos de la ley de Justicia y Paz. Soy consumidor apasionado y estudioso de los medios de comunicación y su dinámica. Asesoro el manejo de estrategias jurídicas en procesos sensibles ante la opinión pública y participo en el diseño y ejecución de programas y planes para candidatos y aspirantes a ocupar cargos públicos.

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En medio de las batallas políticas protagonizadas por los partidos, el ejecutivo y el legislativo -que por su espectacularidad ocupan la mayor parte de las agendas mediáticas-,  pasan relativamente desapercibidas las luchas de poder que se libran en las altas cortes y que se manifiestan claramente a la hora de elegir reemplazos de magistrados.

Los enfrentamientos que mas trascienden a la opinión pública, son los que se vienen librando en el Consejo de Estado; allí se han armado coaliciones electorales en donde los diferentes grupos que las conforman manejan cuotas importantes de poder basados en la exigencia reglamentaria de que las elecciones requieren mayorías calificadas, según la cual se requiere obtener dos terceras partes de los votos de la corporación para ganar una magistratura.

Hasta hace pocos años, el Consejo de Estado abrazaba tácitamente para efectos electorales los rezagos del Frente Nacional, las plazas vacantes se llenaban entre liberales y conservadores y se trataba de conservar ese equilibrio de fuerzas. 

Como consuelo del mal menor, podría decirse que las pugnas, pese a desarrollarse en un ambiente poco democrático, por lo menos garantizaban que la administración de justicia se desgastara menos en asuntos meramente electoreros y se dedicara mas a su función principal, la de administrar justicia.

Sin embargo, la estructura organizacional del alto tribunal ha ido mutando y en la última década -¿"evolucionó"?- hacia una estructura en la que se han ido agrupando magistrados provenientes desde más amplios espectros sociales que los de la simple pertenencia al liberalismo o al conservatismo.

Ahora se han formado grupos basados en orígenes académicos, políticos -mas allá del bipartidismo- y hasta regionales; conformando algunos mayoritarios como el de los magistrados Boyacences u otros menos numerosos pero que ejercen altas cuotas de poder como el de los Rosaristas, el de los Antioqueños, el de los magistrados auxiliares que han sido promovidos a titulares o uno más mermado como el del Externado que ha venido perdiendo terreno pero que sigue jugando.

De esta manera, a los candidatos que llegan en listas confeccionadas por el Consejo Superior de la Judicatura para ser magistrados, no les bastan sus hojas de vida, sus logros profesionales o académicos sino que deben concentrarse en hacer filigrana política judicial para convencer a los grupos mayoritarios para que voten por ellos, además de conseguir el apoyo  -o al menos evitar el veto-  de los grupos minoritarios para poder tener opción de ser elegidos.

Las campañas para lograr una magistratura no son por lo tanto el resultado del análisis frío y ponderado de los méritos profesionales de los aspirantes o la finalización de una competencia de calidades dirimida por los magistrados electores, tal como debería ser la labor del juez al que la Constitución invistió, además de la tarea de administrar justicia, de funciones electorales bastante cuestionables.

Por todo lo anterior, nos enfrentamos a situaciones realmente impensables cuando de elecciones en el Consejo de Estado se trata; fácilmente pueden pasar periodos de tiempo injustificables para que se puedan llenar las vacantes que se presentan en la corporación antes de que se den las circunstancias adecuadas para que los diferentes grupos hagan acuerdos sobre con qué nombre de los aspirantes se acomodan los diversos intereses grupales.

Al final, el interes no es otro que el de buscar elegir a un nuevo miembro que una vez posesionado sume votos para su grupo, con miras a ganar futuras elecciones y conseguir adeptos a posturas acordes con las de los llamados "bloques" o grupos.

De esta manera han transcurrido casi dos años desde que en junio de 2011 se venciera el periodo de la entonces Magistrada de la sección quinta, María Nohemí Hernández Pinzón y se hayan votado centenares de veces en las salas plenas de los martes para intentar proveer su reemplazo, sin que los grupos existentes al interior de la alta corporación se hayan podido poner de acuerdo para terminar un pulso de poder que libran desde el 7 de abril de 2011, fecha en que recibieron la lista para elegir magistrado de la sección quinta.

Esa vacante en la Sala electoral del Consejo de Estado compuesta por cuatro miembros, dejó con tres magistrados a la sección que se encarga de definir en última instancia las disputas electorales del País; la misma que estudió en un primer momento la demanda contra la elección de Vivian Morales y después la del periodo del Fiscal Montealegre que ahora se discute en la sala plena.

Es también la misma que, ad portas de que empiece la campaña para elegir un nuevo congreso, no ha podido definir las disputas surgidas en las elecciones que en el año 2010 eligió al actual y que sigue tomando decisiones con solo tres de sus cuatro miembros.

Otro ejemplo de lo que esta ocurriendo, es el de la vacante que dejó el magistrado Enrique Arboleda de la Sala de Consulta y Servicio Civil, quien cumplió su periodo constitucional de ocho años y desde el 11 julio del año 2012 -hace ya ocho meses-, el Consejo de Estado esta discutiendo sobre su reemplazo, sin poder ponerse de acuerdo en quién ocupará esa vacante.

Vale decir que, al igual que en el primer caso mencionado, esta sala se compone únicamente de cuatro magistrados, con el agravante de que en los próximos días está por cumplirse el período de otro de sus integrantes, el del Magistrado Luis Fernando Álvarez, para cuyo reemplazo ya abrió convocatorias el Consejo Superior de la Judicatura. ¿Será que terminamos con una sala de Consulta con solo dos magistrados?

Los ejemplos no culminan ahí, por cuenta del nombramiento de Ruth Stella Correa como ministra de justicia, desde el 18 de julio de 2012 el Consejo de Estado tiene en sus manos el listado de apenas ocho candidatos para elegir el reemplazo de la hoy ministra, cosa que tampoco le ha sido posible hacer, pese a haber un gran favorito en la lista al parecer ungido por la titular de la cartera de justicia para que sea su reemplazo.

De esta manera, son cuatro elecciones las que se acumulan derivadas del  vencimiento del periodo de los magistrados titulares y la renuncia de la hoy ministra de justicia, una de las cuales cumple ya dos años sin que haya sido provista; otras dos ajustan ocho meses en iguales circunstancias y empieza la contienda por una cuarta.

Si nos atenemos a los promedios históricos y a lo que está ocurriendo con estas elecciones eternas en el Consejo de Estado, muy negro es el panorama que se avecina teniendo en cuenta que también se presentó la vacante del Magistrado William Giraldo Giraldo, cuya renuncia fue aceptada por la sala plena del mismo Consejo de Estado bajo el argumento de que los 65 años son los exigidos por la ley para el retiro forzoso del ejercicio del cargo.

A partir de la aceptación de esta norma que había causado tantos problemas al interior de la rama judicial, se viene una cascada de vacantes que empezaron con la del propio William Giraldo y que de inmediato originaron el llamamiento a reemplazar al Magistrado de la sección segunda, el Doctor Victor Alvarado; con lo cual, las que eran cuatro vacantes de magistrados, se convierten en seis que se acumulan y que podrían terminar siendo diez porque están cercanos a cumplir los 65 años durante este 2013 varios magistrados de la misma corporación.

Así las cosas, cuando hablamos del colapso por congestión en la rama judicial, podríamos afirmar que gran parte de la que puede haber en el Consejo de Estado, se deriva mayormente de las disputas de poder que se manifiestan en la elección de sus propios colegas, sumadas e interrelacionadas con la elaboración de ternas para la elección de Procurador, Contralor, Auditor General, además de la designación de sus representantes ante el Consejo Superior de la Judicatura y las ternas para elegir magistrados de la Corte Constitucional.

La discusión sobre una reforma en profundidad de la justicia debería pasar por la reflexión profunda sobre si queremos una justicia que se dedique a asuntos de mecánica política o que solamente se dedique a administrar justicia.

Si lo primero, debería haber un estatuto legal, ágil con reglas claras para el cumplimiento de esas funciones -que se volvieron electoreras-, aunque lo mejor sería tener unos jueces exclusivamente dedicados a impartir la justicia que tanta falta le hace a nuestro sistema democrático.

En tanto una utopía como esas se realiza, los magistrados deberían seguir el ejemplo del cónclave realizado por la iglesia católica para elegir al papa Franciso que en dos días y en tan solo cinco sesiones de votación pudo anunciar al mundo el reemplazo de Benedicto XVl.

Pueda ser que pronto llegue el martes designado y al final de la sala plena tengamos humo blanco en el palacio de justicia.  ¿Será que el espíritu santo los ilumina o eso es mucho pedir?

Nota: Después de haber escrito esta entrada, recibí información vía twitter y comentarios de lectores que dan cuenta de la renuncia del Magistrado de la sección quinta Mauricio Torres. Fue presentada el 14 de marzo y aceptada para ser efectiva a partir de Mayo de este año.  Con lo anterior, podríamos llegar a tener una sección electoral con solo dos magistrados titulares.

La Suárezterapia en twitter: @carlossuarezr

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Vie, 2013-04-05 05:50

No queremos pensar, en el lamentable, estado de corrupción en que nos encontramos, gracias, a estos manejos de influencias y prácticas non santas.
La reflexión: ¿"SI LA SAL SE CORROMPE"?...¡nos jodimos!

Jue, 2013-04-04 13:52

De acuerdo Carlos, me parece importantísimo retirar las funciones electorales distintas a la de elegir sus propios miembros, esto es la de contralores y auditores, esto ha sido muy pernicioso para la administración de justicia. Si bien el constituyente del 91 quiso elevar el perfil de los elegidos dejando unos electores probos, para que no interfiriera la politiquería, el resultado fue al revés, los funcionarios judiciales como electores en lugar de alejarse de las prácticas de congresistas, concejales o diputados, etc, se igualaron a ellos en componendas y carruseles. Eso resta tiempo para la administración de justicia, claro que si, pero sobre todo socava su independencia y ética. Y sobre las funciones de elección entre ellos mismos, lo que se requiere es un procedimiento expedito con menos votos y 1a y 2a vuelta,algo así como cuando eligen sede para los certámenes deportivos, los que van obteniendo menos votos, se van quedando y se define por mayoria simple al ganador.

Jue, 2013-04-04 21:10

Hola Marleny. Es un buen punto ese de que en vez de despolitizar la elección de algunos altos cargos mediante la intervención de las altas cortes, lo que terminó ocurriendo es que se politizó la función judicial. En cuanto al procedimiento, hoy está en las manos de las propias cortes reformar su reglamento de elección para hacerlo más transparente, ágil y sobretodo, libre de componendas; sin embargo, tampoco hay acuerdo para ello.

Jue, 2013-04-04 10:25

No creo que el bloque externadista esté tan debilitado como ud. menciona; por puestos ocupados siguen fuertes. Tampoco creo que exista una exclusión absoluta de la meritocracia; se me ocurre el magistrado Danilo Rojas, que viene de la academia y poco apoyo político tenía, hasta donde sé.

Jue, 2013-04-04 21:18

Hola Aldebaran. Mi critica hace referencia al sistema; es claro que en él no existen mecanismos que permitan hacer una selección basada, aunque sea en parte, en las capacidades académicas o profesionales de los aspirantes. Lo anterior no implica que como el magistrado Rojas y muchísimos otros, no existan personas de las más altas calidades en las altas cortes, pero su elección se ha llevado a cabo dentro del mismo proceso de selección que en mi concepto, ha hecho crisis.

Jue, 2013-04-04 13:54

Si lo de Danilo Rojas, más parece un milagro o la excepción que confirma la regla.

Mar, 2013-04-02 18:06

Gracias Santiago. Hasta ahora me percato de la renuncia de Mauricio Torres, con lo cual podríamos llegar a tener una sala electoral de solo dos magistrados. Muy interesante buscar fórmulas para buscar mecanismos de elección que garanticen transparencia, agilidad y sobretodo, la designación de los mejores para los cargos.

Vie, 2013-06-07 15:40

ok

Mié, 2013-04-03 09:32

Hola Diego. Comparto con usted que la causa de la congestión en la justicia contencioso administrativa no es única, ni principalmente el ejercicio de las funciones electorales; sin embargo, lo que no comparto es que se desdeñe dicha función como una de las muchas causas de ese problema.
Es mas, la función en si misma considerada no tendría por qué ser un factor perturbador de la razón de ser de la rama judicial como es la de dictar justicia pero, la realidad es que la práctica electoral transmutó de ser una labor complementaria al ejercicio de la magistratura a convertirse en la función que acapara la mayor cantidad y calidad del tiempo que debería estar dedicado a la mera administración de justicia.

Mar, 2013-04-02 18:45

Hola tatianalujanr. Creo que el sistema perfecto no es aquel en el que la rama judicial sea desprovista totalmente de participar en la conformación de su propia estructura y para ello debería tramitarse una ley mediante la cual se garantice un procedimiento claro con unos parámetros de evaluación de aspirantes dentro de los cuales se deban elegir los reemplazos de las altas cortes.
En mi opinión, otras funciones electorales como la de hacer ternas para Contralor, Procurador, Auditor, han demostrado ser desnaturalizadoras de la función del juez y han politizado a la administración de justicia, con lo cual, estaría muy de acuerdo en suprimirlas de las funciones asignadas a las altas cortes.

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