Colombia ocupa el segundo lugar en número de víctimas de minas antipersonales en el mundo. Para salir de esta deshonrosa lista firmó una Convención que ordena el desminado total del territorio, pero el proceso para lograrlo no avanza al ritmo que se requiere. La financiación, la incertidumbre en la normatividad y el conflicto son las principales dificultades.

En junio pasado, la Procuraduría Delegada en materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos cambió su posición respecto al desminado realizado por civiles. El proceso para llegar a esta instancia empezó en 1997 con la Convención de Ottawa, un instrumento internacional que busca solucionar uno de los problemas humanitarios más graves.

De acuerdo a la Convención, el país debía estar desminado en 2011, pero las dificultades para lograrlo llevaron al gobierno colombiano a pedir una ampliación del plazo a 2021. Pero el desminado debe avanzar rápidamente no sólo por la petición de la comunidad internacional, sino por las cifras de víctimas en el país, que en 2010 y 2011 rondaron las 500 anuales, sólo superados por Afganistán con 1.000 víctimas anuales. En Afganistán el desminado también se hace en medio del conflicto.

Los militares, que son los únicos que están haciendo el desminado en Colombia, ya destruyeron las minas que tenían en su poder. Sus resultados no son despreciables: el aumento del área desminada en Colombia ha tenido un crecimiento exponencial, de 4.831 m2 en 2005 a 328.730 en 2011. Pero el número de víctimas, que decrecía cada año, frenó su reducción entre 2010 y 2011.

La participación de los civiles en el desminado humanitario es un tema polémico en todos los países con este problema. En Colombia había sido cuestionado no sólo por la Procuraduría, sino también por el senador Jorge Enrique Robledo. El motivo de preocupación se resume en la seguridad de los desminadores. Pero la alternativa a dejar de recibir dinero de gobiernos extranjeros por parte del ejército, o de estados de la Unión Europa por parte de las ONGs internacionales significaría un aumento del gasto del gobierno colombiano en este rubro.

En la solicitud de prórroga del plazo dado por la Convención de Ottawa en 2010, Colombia planteó que esperaba aumentar el número de pelotones de 9 en 2011 a 18 en 2015 y a 25 en 2020, lo cual representará una inversión estimada de US$92 millones. En cuanto a las ONGs esperaban que la inversión que harían en 2011 alcanzaría unos US$180 millones.

El inicio de labores de las ONGs tiene otro obstáculo: la crisis económica europea y sus implicaciones en el presupuesto de cooperación internacional. No sólo las tres ONGs que realizarían el desminado reciben donaciones de gobiernos europeos, sino también otras que realizan trabajos en educación del riesgo. Para Richard Hartill de MAG (una de las tres ONGs que salieron temporalmente del país por el fallo inicial de la Procuraduría) los recursos del gobierno belga en 2012 se fueron para otros países. MAG (Mines Advisory Group) y DDG (Danish Demining Group), fueron las dos ONG que salieron del país tres meses después del concepto del primer concepto Procuraduría. Se quedó la ONG inglesa Halo Trust, cuyos fondos de emergencia le permiten seguir en el país.

El desminado realizado por civiles es una práctica común en otros países afectados como Afganistán, Camboya, y buena parte de los estados del África Subsahariana. Sin embargo, la resistencia en Colombia se explica con esta frase del primer concepto de la Procuraduría: “las eventuales víctimas ajenas al conflicto deben ser indemnizadas”. Esta preocupación es controvertida en un concepto jurídico de Manuel José Cepeda, que recomienda que “las organizaciones demuestren, por ejemplo mediante los contratos laborales, que las personas que participarán en el desminado han consentido a hacerlo de manera libre e informada”.

Antes del concepto de la Procuraduría, se suponía que se había consolidado la normatividad que iba a permitir la participación de civiles en el desminado humanitario, con el decreto 3750 de 2011, que cumple con el mandato del artículo 9 de la Ley 1421 de 2010.

La seguridad de los desminadores según las ONGs está garantizada por los procedimientos estandarizados y la capacitación que recibirían. La preocupación es que lo hagan campesinos que corran los mismos riesgos de los erradicadores de coca y terminen ellos mismos siendo víctimas. El Centro Internacional para el Desminado Humanitario de Ginebra (Gicdh, por sus siglas en inglés) realizó un estudio en 2004 sobre el riesgo del desminado en Camboya, donde trabajan Halo y MAG, dado que las últimas cifras se remontan a 1998 en Afganistán (antes de la intervención de 2001). En el caso del estudio de 1998, la probabilidad de accidente era más baja para el personal de desminado que para los trabajadores de construcción. El Gicdh sugiere la necesidad de herramientas mecánicas para desminar, para disminuir los riesgos y hacer más eficiente el proceso.

Las ONGs tienen la experiencia de haber trabajado en países en conflicto como Angola, Sri Lanka y Afganistán. Pero generan suspicacias en los sectores que están en contra del desminado por parte de civiles, por haber firmado memorandos de entendimiento con el Programa para la Acción Integral contra las Minas Antipersona (Paimac), una institución que depende de la Vicepresidencia de la República, antes de la aparición de la ley 1421 en 2010 que daba el impulso inicial al desminado por parte de civiles. Además suele haber una puerta giratoria entre funcionarios de dichas ONG y el gobierno nacional. Sin embargo, el problema es tan grave que su participación se vuelve determinante como complemento de la labor gubernamental para lograr desminar el país aún en medio del conflicto.