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Lunes Marzo 30, 2020

Desde hace menos de un mes, el escenario del conflicto armado colombiano cambió con la entrada al país de la Corte Penal Internacional y la firma del acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos. En 2001, el ex presidente Andrés Pastrana le dio una espera de siete años al ingreso del tribunal (2002-2009) con la esperanza de negociar con grupos paramilitares y guerrilleros, pero la oportunidad de no ser juzgados por crímenes de lesa humanidad se les acabó a las Farc y al ELN desde el pasado primero de noviembre, mientras que las autodefensas se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, con la que pagan hasta ocho años por estos mismos delitos.

Casi simultáneamente el Canciller Jaime Bermúdez y el embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, cerraron el trato con el que 700 militares y contratistas norteamericanos con inmunidad harán uso de siete bases militares para luchar conjuntamente contra el narcotráfico y el terrorismo. León Valencia, columnista de El Tiempo e investigador de la Corporación Nuevo Arco Iris, habló con el autor de cómo las bases norteamericanas y la CPI podrían incidir en el conflicto interno y de cómo se encuentra este actualmente.

Hace un año usted escribió un artículo en la revista Cambio titulado ‘¿En qué va la guerra?’. ¿En qué va la guerra hoy?

Hay dos cosas nuevas. Una, que todas estas negociaciones de paz con el paramilitarismo avivaron la inseguridad urbana. Medellín explotó en el tema de bandas criminales y creció el asesinato. En Bogotá también se generaron nuevos grupos emergentes. Dos, el conflicto se está trasladando a la frontera. Las fronteras están incendiadas. El centro del conflicto se desplazó a Nariño y Cauca, y en la frontera con Venezuela hay más de 1500 Rastrojos, Águilas Negras, ELN y Farc. Estos dos son hechos nuevos de este año. Es decir, una profundización del conflicto en las fronteras con Ecuador y Venezuela y una exaltación de la violencia urbana. Los paramilitares están en 273 municipios otra vez y las Farc tienen nuevamente un mando único en Cano, un Plan Renacer y no han recibido golpes grandes como los del año pasado. De manera que la guerra está viva y la presencia de bases militares, que no va a ayudar mucho en el conflicto interno, lo que hace es crear una zozobra con los países que ayudan a fomentar este conflicto.

¿Qué significa el uso de bases militares colombianas por tropas norteamericanas?

Creo que Estados Unidos al perder la base de Manta, en Ecuador, que le servía para mantener labores de inteligencia sobre la región, aún tiene una preocupación sobre la zona andina, la zona más inestable de Latinoamérica. Hay unos gobiernos hostiles a Washington, el de Hugo Chávez, el de Rafael Correa y el de Evo Morales. Y tiene un aliado que es el Gobierno colombiano. Este acuerdo es oneroso para los intereses propios de Colombia para luchar contra el tráfico de drogas, porque es una fuerza más bien pasiva que estará en vigilancia en la región y menos activa en el combate interno. Colombia está cambiando el Plan Colombia por un acuerdo de bases militares que le da menos posibilidades de combate interno a la guerrilla y al narcotráfico. Lo hace por un hecho político, mantener una interlocución con Washington, que tiene dos significados: un valor electoral para Uribe, porque todos pensaban que con Obama las relaciones se romperían, y un propósito que confronta a administraciones como las de Chávez y Correa.

Según el discurso del presidente Chávez, ¿hasta qué punto el uso de estas bases podría ser un riesgo para la región?

Primero, nadie va a controlar los aviones y la inteligencia norteamericana. No la controlamos nosotros, menos la van a controlar Ecuador o Venezuela. Habrá mucha autonomía de Estados Unidos para hacer inteligencia en la región. Segundo, si hubiera un incidente militar entre Colombia y Venezuela, donde toquen algún interés norteamericano, por ejemplo un avión, entonces Estados Unidos reaccionaría con el derecho a intervenir, y ese es el peligro de todo esto.

¿Los posibles abusos del ejército estadounidese contra los derechos humanos podrían poner a la población civil del lado de la guerrilla?

La decisión de que militares norteamericanos cometan crímenes en territorio colombiano contra la población civil sin poder ser juzgados aquí genera atropellos y todo esto crea odio hacia la fuerza pública y las instituciones. Así le echan leña a la hoguera del conflicto colombiano, y a veces todo esto se convierte en venganzas que terminan parando en la guerrilla o en grupos ilegales.

¿Cómo cree que reaccionaría el gobierno colombiano ante un abuso contra los derechos humanos?

El gobierno colombiano no ha sido muy acucioso ni ha tenido un interés en juzgar los abusos contra los derechos humanos cometidos por agentes del Estado. Mucho menos lo van a tener por juzgar a extranjeros con los que tiene un pacto. La tendencia del Estado colombiano es impedir que eso salga a la luz pública y hay una impunidad muy grande sobre esos crímenes. Pero, por ejemplo, ha habido casos aislados como los muertos en Venezuela hace poco. Hubo un escándalo, pero no una investigación sobre los muertos en territorio venezolano, porque hay una rivalidad con el gobierno de ese país. De resto, hay un silencio con respecto a la muerte de colombianos.

Teniendo en cuenta los enfrentamientos entre gobiernos latinoamericanos, ¿qué tan buena sería una alianza militar entre gobiernos del continente para luchar contra el narcotráfico?

Hay que tener en cuenta que Unasur tiene un componente militar. Por eso Colombia ha sido algo reticente, primero, a entrar, luego entra pero no tiene sintonía con los demás países, porque no se ha hecho la agenda antiterrorista. Tienen un interés nacional fuerte y quieren un espacio común en la región. Están todos en desacuerdo. Incluso Perú que es el más amigo de Colombia está en desacuerdo con las bases.

Cambiando de tema, ¿de qué sirve la entrada de la Corte Penal Internacional si los falsos positivos y la Ley de Justicia y Paz están actuando?

La Corte Penal Internacional tiene un gran valor porque el simple hecho de que entre a actuar hará pensar muchas cosas a muchos sectores. Acá hay dos raseros para hacer justicia. Uno, si es guerrilla o paramilitares, siempre se buscará la responsabilidad de los altos mandos, o, dos, si son agentes del Estado, se dice que son casos individuales. Así se hace justicia en Colombia. La ventaja es que la CPI sí mira las responsabilidades de los mandos, de agentes del Estado y es una mirada hacia políticos y militares. Esto ayudará mucho porque aquí aunque las guerrillas y los paramilitares tengan estigmas por el secuestro y de todos los crímenes cometidos podrán ser juzgados en tribunales internacionales.

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