Foto: Fernando Vergara / AP
A última hora y a contrarreloj, el Gobierno espera que esta semana el Senado saque adelante el proyecto de ley para volver permanente la Ley de Justicia y Paz. Según el alto comisionado para la Paz Frank Pearl, sin esta modificación más de 25 mil desmovilizados quedarán en el limbo y las víctimas resultarían afectadas. Pero las organizaciones de derechos humanos se oponen a la propuesta: consideran que a la postre podría fomentar los delitos atroces y terminar beneficiando a quienes incumplieron en su momento el compromiso de dejar las armas.
El mensaje de urgencia que el Gobierno envió la semana pasada al Congreso es muy similar al que en su momento mandó a la Corte Constitucional frente a los decretos de emergencia en salud: o el proyecto sale adelante o será muy grave. Según un comunicado emitido por la Oficina del Alto Comisionado, el presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación Eduardo Pizarro "advirtió que de no extenderse la Ley de Justicia y Paz, los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las víctimas se verían afectados".
La Ley de Justicia y Paz creó una jurisdicción especial para juzgar a los integrantes de grupos armados que dejaran las armas, confesaran la verdad de los delitos cometidos y repararan a las víctimas. A cambio, recibirían penas de prisión mucho menores que las ordinarias (ocho años frente a condenas que pueden ser tres veces mayores) y se reincorporarían a la vida civil. Según la propia ley, los beneficios aplicarían para los hechos que se hubieran cometido antes del 25 de julio de 2005, fecha en que la norma entró en vigencia.
El propósito de ese plazo fijo, según se debatió en ese momento, era crear un incentivo para que los paramilitares dejaran las armas, pues sabían que si lo hacían después se expondrían a penas mucho más fuertes.
Para entonces el Gobierno ya había adelantado decenas de desmovilizaciones de grupos paramilitares, como consecuencia de los acuerdos logrados en Santafe de Ralito. Según la oficina del Alto Comisionado para la Paz, entre 2003 y 2005 se desmovilizaron 14.097 integrantes de grupos paramilitares y, en 2006, 17.573. A esto se suman grupos de guerrilleros de las Farc que se acogieron a la norma, que estaba inicialmente concebida para las autodefensas.
Para desmovilizar a los paramilitares y guerrilleros que se desmovilizaron tardíamente bajo la Ley de Justicia y Paz, el Gobierno hizo una interpretación según la cual esa restricción había sido eliminada por una ley posterior. De esta forma, miles que no tenían antecedentes judiciales quedaron en libertad mientras se resolvía su situación jurídica y otros tantos fueron postulados para los beneficios de la ley. Pero en febrero de 2009, la Corte Suprema de Justicia desechó esa teoría y dijo que los beneficios de la Ley no podían cobijar a quienes se hubieran desmovilizado después de julio de 2005, o a quienes cometieran delitos posteriores a esa fecha.
El Gobierno argumenta que con esa decisión cerca de 25 mil desmovilizados quedarían en el limbo jurídico y, frente a eso, podrían optar por volver a la vida criminal. Por otra parte, plantea que la no prórroga cerraría las posibilidades de que el instrumento se use para futuras negociaciones de paz. Por esto, la propuesta de modificación de la ley es que la única restricción sea que los delitos que se van a juzgar se hayan cometido antes de la desmovilización del grupo, sin importar cuándo se dé esto último.
De manera unánime, las organizaciones de derechos humanos y las ONG se han opuesto a la prórroga de la Ley. "El desarme y cese de hostilidades se plantearon como compromisos a partir del 8 de diciembre de 2002. ¿Por qué razón se debe esperar que la bondad de Justicia y Paz en materia penal se extienda a delitos cometidos después de acordada la paz con estos grupos?", escribió hace unos días en El Colombiano Michael Reed, director del Centro Internacional para la Justicia Transicional en Colombia.
En términos similares se manifestó la Fundación Social: "Con la ley se pretende además convertir una rebaja de penas temporal (...) en una medida permanente para quienes están cometiendo crímenes graves, como lo que sucede con grupos que no han depuesto las armas o que se rearmaron después de las desmovilizaciones".
Las organizaciones civiles también consideran que la desmovilización de los grupos paramilitares no vino acompañada de una reparación y, sobre todo, de una confesión completa de los hechos cometidos. Algo que en gran parte se empañó con la extradición de los jefes paramilitares, en mayo de 2008.
Por otra parte, recuerdan que el Gobierno hundió en junio del año pasado la Ley de Víctimas, que buscaba establecer una reparación efectiva. Lo hizo bajo el argumento de que no había dinero suficiente para hacerlo. Así, para las organizaciones es por lo menos paradójico que mientras el Gobierno no promueve los beneficios de los víctimas, sí busca el de los victimarios.
Todo esto sucede pocos días después de que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, de la Organización de Estados Americanos, revelara un nuevo informe sobre este tema. Según éste, a pesar de los esfuerzos de todo el aparato estatal, la aplicación de la Ley de Justicia y Paz enfrenta un sinnúmero de problemas.
A diciembre de 2009 se habían postulado 3.710 desmovilizados, se recogieron 726 versiones libres y se encontraron 2.901 restos humanos en fosas comunes cuya ubicación fue revelada por los paramilitares acogidos a Justicia y Paz. Frente a los más de 30 mil restantes o la Fiscalía no encontró antecedentes penales y por eso están en libertad o algunos aún no han sido postulados por el gobierno. Sin embargo, no hay todavía una sola sentencia en firme (la única que se expidió la tumbó la Corte Suprema). También hay casos de amenazas y asesinatos tanto de desmovilizados como líderes de las víctimas, y hay muchos grupos rearmados reclutando jóvenes en diversas zonas del país. La Fiscalía cuenta con 59 fiscales titulares y 100 de apoyo para esta enorme tarea.
En una situación como esta, no es claro el impacto de ampliar los alcances de la ley y aumentar exponencialmente el número de beneficiarios. Pero, para Uribe, además del problema de los desmovilizados de 2006, están las 'Bacrim' o bandas criminales, que son presentados por el Gobierno como fenómenos de delincuencia común, pero que son para muchos los mismos grupos paramilitares dedicados de lleno al narcotráfico. El temor es entonces que al ampliar la vigencia de la ley se vuelvan a colar estos grupos para acceder a los beneficios de la ley.
Por otro lado, si la ley no se prorroga, quedarían en el aire los 'gestores de paz', una condición que ostentan algunos ex combatientes de las Farc, como 'Olivo Saldaña' y 'Karina' (ver artículo sobre el tema). Estos ex guerrilleros, al igual que otro grupo preso, se acogieron a la Ley de Justicia y Paz y se desmovilizaron después del 2005, aunque muchos de ellos habían sido capturados tiempo atrás.
El tiempo juega en contra del proyecto. La iniciativa fue aprobada en primer debate hace casi un año, y fue incluida en las sesiones extraordinarias de diciembre pasado, pero los congresistas no la debatieron. Ahora está en el último lugar del orden del día de mañana y, de ser aprobado en Senado, le faltarían los debates en comisión y plenaria de Cámara. Lo cual, a menos de dos meses de que terminen sesiones y con un Congreso a paso de tortuga, no parece nada fácil.
SOLICITO ACLARACION A LAS SIGUIENTES INQUITUDES: 1.-) PORQUE EL GOBIERNO NO LE HA DICHO AL PAIS CUANTO LE CUESTA LA MESADA MENSUAL DE SOSTENER ESTOS 31.670 PARACOS YA BASTANTES AÑOS Y QUE AUN SIGUEN DELINQUIENDO ??? 2.-) DE FUENTE BIEN INFORMADA SE QUE CASI TODOS, SON "CASUALMENTE" FIELES SEGUIDORES DEL URIBISMO E INSISTEN EN LA SUPERVIVENCIA DE ESTE GRUPO PARA QUE NO SE LES ACABE LA TETA. 3.-) SERA CIERTO QUE CADA ASESINO DE ESTOS GANA MENSUALMENTE $ 860.000 POR MES ????
La posicion de este nefasto Gobierno, es siempre "ayudar" a los que èl creo (AUC), con leyes asi estàs no esten acordes con los familiares de las victimas, aca SIEMPRE EL QUE PIERDE ES EL PUEBLO.Es por esto que podemos llamar la seguridad democratica "inseguridad democratica", la ley de justicia y paz "injusticia y paz", ayudemos los ricos para que los pobres trabajemos, el desempleo llego al doce por ciento(12%, los unicos narcos-terroristas son los de las FARC y los de las AUC tienen en fozas comunes màs Colombianos que los que hayan matado las FARC, esto no da para uno decir que son màs malos los unos que los otros !!!NO ¡¡¡ SON POR IGUAL ASESINOS, que nunca pensaron que eramos hermanos, que eramos Colombianos...Pensemos y dejemos pensar libremente.
NO entiendo porque mucha gente se horroriza de que quiera amarrar sus pecados, sin duda alguna estara pensando en que no va hacer condenado por sus crimenes de leza humanidad. Creo que el y su consejero de guerra "digo de paz" deberian ser condenados condenados por coayudar al detrimento de la justicia colombiana.
Hola mi Colombia, esto si es realmente preocupante, porque es bien claro que es lo que quiere uribe, dejar a sus paras casi que libre de pecado, y las victimas que se queden sin una solucion, o sea que asi si perdon y olvido pero solo de parte del gobierno corrupto de hitler-uribe y sus lacayos.
Realmente espero que el congreso no le apruebe esta diabolica intencion.
Y si se lo aprueban e sporque aun quedan en el congreso los rezagos de los que estan presos por paracos.
Hojala que Dios nos salve de el ultimatun que quiere darnos a los pobres y luchadores sociales.
Descaradamente ahi esta la proteccion del hitler-uribe para con los responsables de sus dos periodos en el gobierno.
Aqui ya nos toca es ponernos la camiseta de Colombia Libre de todo rezago de uribio.
esta ley que el gobierno tanto defiende brindando beneficios a aquellos delincuentes que por el solo echo de confesar sus delitos, pagan sus condenas,y aparte de ello se acojen auna ley que los faborece, haciendonos creer alos demas ciudadanos que con esto no los volveremos a tener otra vez causando daño,y luego reaparecen en grupos criminales causando daño y no cumpliendo lo pactado.
dado ha esto no es justo que las victimas no se an la prioridad de nuestro gobierno, el cual anula la voz del pueblo y le da prioridad a criminales.
Pedir prorroga a la ley en mensión es una prueba de que hasta ahora no se ha realizado el espiritu de esta, podran hacerla por 8 años mas y va a continuar lo mismo, la famosa verdad y reparación ha sido una burla para los afectados por la guerra. Cuando los jefes de los paramilitares dentro de sus declaraciones hacen alusión a los politicos que los apoyaron, salen de imediato por todos los medios de este pais a desmentir lo que aseguran los paracos, de la reparación ni se diga, el proposito de Uribe de enviar a los mas grandes asesinos de la AUC a Estados Unidos, es precisamente para eso, para impedir la reparación, estando en EEUU, no hay posibilidad de que la CPI los conmine a pagar por los delitos de lesa humanidad
Si esta ley no tiene prórroga, es cierto, sería muy grave, pero no para las víctimas sino para el gobierno y para estos criminales que no han dicho toda la verdad.
Y con los bienes incautados la DNE no ha hecho suficientes reparaciones, pues ahora se dedica a hacer préstamos, cuán se estableció que esa era su función.
Ojalá no haya prórroga y se replantee esta "ley".
se me ocurre que no habria atrocidad más feros e indignante,y los señores padres de la patria ojala de vez cuando demuestren que les queda un pizca de dignidad.
Lo unico que busca este proyecto es beneficiar los paras y el gobierno salvarse el pellejo con reducciones de pena, ya que ellos mismos estan relacionados con esos delincuentes.
Tanta premura en estas intenciones de concretar la ley solo deja un mal aire en el ambiente. Pienso que el gobierno está intentando hacer honor a su palabra empeñada y buscando favorecer mas a los victimarios que a las propias víctimas, so pena de verse salpicado por las declaraciones que puedan vincular aun más a gran parte de la elite política de esta nación.
Es increíble que se siga jugando con las víctimas como si fueran actores secundarios del conflicto. La reparación a las víctimas es central para un verdadero proceso de pacificación. (Las víctimas no sólo son los familiares y amigos de secuestrados, asesinados, intimidados o desplazados; buena parte del país es víctima también en otras dimensiones.)
Parece aveces que el gobierno teme castigar debidamente a los victimarios: ¿por qué será?
La ley de justicia y paz es la culpable de los grupos contrainsurgentes urbanos que nos privan de nuestra seguridad en la urbe.
Lo único que consigue el gobierno con todas esas garantias para la gente que comete DELITOS, sea cual sea el calibre de su envergadura; es que CIUDADANOS DECENTES que siempre han vivido honestamente, se dentenga a pensar que para que el estado los tenga en cuenta tienen que salir a DELINQUIR y obtener del estado las mismas GARANTIAS de que gozan los DELINCUENTES DE CARRERA
Carlos, tal vez sería bueno que pusieran un link a la sentencia de la CSJ y que revisara un poco el tema (no se si estan hablando de la "sedición" o es una sentencia diferente). Por otro lado, las desmovilizaciones de las que hablan no se hicieron bajo la ley 975 sino bajo la 782 -que es una prorroga con modificaciones de leyes de orden público que vienen desde Samper-. Es clave entender como se articulan estas dos leyes si se quiere entender el marco de paz que ha aplicado el gobierno.
Saludos.
Alejandro, quise simplificar el tema para las neófitos, pero tal vez me quedó incompleto. Yo entiendo el tema así: el argumento del Gobierno es que la Ley 782 - que usted menciona - daba el marco jurídico para hacer estas desmovilizaciones colectivas (a pesar de ser una norma más enfocada en desmovilizaciones individuales) y, por otro lado, que esta norma había prorrogado también la vigencia de la Ley de Justicia y Paz (está última, una tesis bastante exótica del Gobierno). La Corte dijo entonces que esa norma no podía considerarse prorrogada por la Ley 1106 (que prorrogó la 782). Por otra parte, la Corte dijo en 2007 que el paramilitarismo no tenía un carácter sedicioso, con lo cual supuestamente los sacó como beneficiarios también de la ley 782 (tal vez faltó añadir esto último al artículo). No puse este punto porque el Gobierno, no sé por qué, no lo plantea en la exposición de motivos de este proyecto.
Dígame cómo la ve. Apenas tenga en formato digital la sentencia, la subo. Saludo
Un poco para tratar de organizar la cronología de la Ley de Justicia y Paz, tengo una pregunta potencialmente tonta para Uds. los abogados. Siempre me ha quedado la incógnita sobre porqué el gobierno prorroga la Ley 418 dos veces (una Ley que por lo que tengo entendido ha estado vigente desde 1997), y a la vez crea la nueva Ley 975. ¿Cúal fue el argumento original? ¿La Ley 975 aplica específicamente a los paramilitares? Lo digo porque al no ser abogado, veo dos leyes largísimas pero no veo porque una modificación de la Ley 418 no hubiera podido se suficiente, y se tuvo que crear una Ley paralela.
Escenarios de posconflicto en pleno conflicto. No es una prioridad nacional, por lo tanto este proceso "nació muerto".
Creo que es el momento de pensar si es necesaria o no la pròrroga o permanencia de la Ley 975 de Justicia y Paz. ¿Què preferimos que sigan cometiendo crìmenes atroces, violando mujeres, arazando el campo, apropiandose de lo que no les pertenece? O es mejor tener una LEY DE JUSTICIA Y PAZ QUE SOMETA A LOS GRUPOS ARMADOS pero verdaderamente. CON VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION. Los Colombianos no podemos seguir estancados en un conflicto en donde perdemos todos/as. Hay que pensar de que manera podemos reencontrarnos para convivir en paz y reconciliaciòn.
Que bueno seria que esta ley obligara a que se publicaran las verdades y mentiras y pagaran por tanto atrocidades que han cometido a la poblacion Civil
La ley de Justicia y Paz es un adefecio jurídico.
Pienso, que si el senado de la republica aprueba este proyecto de ley, seria lo peo, seria la legitimidad de los delitos cometidos y las imnumerables atrazidades a colombia y las victimas de nada le ha servido esta ley, solo reina la impunidad y la vurla al dolor de los dolientes de este sangrientos crimines.
el congreso debe respetar la carta politica de colombia, y hacer respetar los votos de quienes lo eligieron para plasmar las leyes, por lo tanto conocemos que este congreso tuvo muchos vinculos con paramilitarismo en colombia y norcos, por eso creo que los quedan en el congreso sean congruentes con los principios de la moral.