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| Mónica Roa, directora de la ONG Women´s Link Worldwide |
Cuando Alejandro Ordoñez fue elegido Procurador General de la Nación se defendió de aquellos que criticaban que sus posturas religiosas interferirían con su trabajo. Tardó tres meses para darle la razón a sus críticos.
El último incidente ocurrió el pasado 20 de abril cuando la Procuraduría decidió no prorrogar el convenio de cooperación institucional que tenía desde hace un año con Women´s Link Worldwide, la ONG que dirige Mónica Roa, quien ganó la demanda contra la penalización del aborto.
El Convenio lo había firmado el anterior Procurador Edgardo Maya con esta ONG para que apoyara a la Procuraduría en la implementación de la sentencia C-355 de 2006, que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en ciertos casos.
Parte del objeto del contrato era capacitar a los procuradores de todo el país sobre la nueva ley con el fin de que ayudaran a volver realidad la sentencia: iniciaran investigaciones disciplinarias contra los funcionarios que se negaran a practicar abortos en los casos en que la ley se los ordenaba; elaboraran sus intervenciones en los casos de tutela teniendo en cuenta los nuevos cambios legales y, en general, velaran por proteger el derecho de las mujeres a abortar en los casos permitidos por la ley.
Cuando el Procurador nombró como delegada para la adolescencia, la infancia y la familia a Ilva Myriam Hoyos, las feministas y los homosexuales anticiparon lo que vendría. Hoyos, ex decana de la Facultad de derecho de la Universidad de la Sabana y autora de varios libros que defienden la vida del feto desde su concepción, fue la más acérrima opositora de Mónica Roa cuando la Corte Constitucional estudiaba la despenalización del aborto.
Mónica Roa e Ilva Myriam Hoyos se encontraron en múltiples foros en orillas opuestas debatiendo la conveniencia de la despenalización del aborto. Roa invocando los tratados internacionales firmados por Colombia y razones de salud pública y Hoyos invocando razones éticas, religiosas y de derecho natural.
Las dos mujeres se volvieron a ver en marzo pasado en la oficina de Hoyos en la Procuraduría cuando llegó el momento de evaluar la prórroga del Convenio con Women´s Link. La reunión fue amable y quedaron en que Hoyos discutiría con el Procurador el paso a seguir.
Dos semanas después, llegó la decisión: terminar el convenio. Aunque este escenario estaba contemplado dentro de las posibilidades del contrato, Roa estaba confiada en que se prorrogaría por un año más dados los resultados logrados en los doce meses anteriores: habían capacitado a los procuradores judiciales y cuatro regionales; habían desarrollado modelos de respuesta para las intervenciones en tutela; y le habían prestado asistencia técnica a los funcionarios en función de una circular que el Procurador anterior envió a todos los miembros de la institución. Todo esto sin cobrarle un peso a la Procuraduría pues los gastos corrían por cuenta de la ONG estadounidense.
Pero aún así, la Procuraduría tenía la prorrogativa de no extender el contrato. Lo que es demasiado sospechoso son las razones esgrimidas por Hoyos en la carta que termina el contrato (ver carta).
Son tres:
La primera es que la “entidad no puede corresponsabilizar a las organizaciones nacionales ni a organizaciones extranjeras de las responsabilidades que le han sido asignadas por el ordenamiento jurídico en defensa de la efectividad de los derechos humanos”.
Si esto fuera así, entonces la Fiscalía no podría contratar con la ONG gringa ICTJ la capacitación de fiscales en Justicia y Paz, o el Ministerio de Protección Social contar con la asesoría de la OIM en el fortalecimiento de sus sistemas de prevención. Lo más curioso, es que la misma Procuraduría tiene contratos con la OIM, con Unifem, con la USAID, etc.
El segundo argumento, es que las funciones de control del Ministerio Público le “exigen dar cabida a la participación ciudadana en su conjunto, sin que pueda atribuirse a organizaciones extranjeras de manera privilegiada el acceso al manejo de las informaciones y acciones que deben permanecer siempre abiertas a toda la sociedad”. Con el contrato con Women´s Link, la Procuraduría se comprometía a compartir información con la ONG acerca de investigaciones disciplinarias y casos preventivos relacionados con la prestación del servicio del aborto, manteniendo la reserva legal de los casos.
Claramente, cualquier ciudadano puede acceder a esta información a través de un derecho de petición. Lo cual, seguramente hará ahora Women´s Link, pues las investigaciones que abre la Procuraduría no se consideran un tema de seguridad nacional.
El tercer argumento es el peor. Y es que como Mónica Roa fue la que demandó la ley que penalizaba el aborto y a la vez es quien preside Women´s Link puede “plantear un posible conflicto de intereses”.
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 La que tiene conflictos de intereses es ella”, dice Roa. “El conflicto de intereses aplica para los funcionarios públicos. Ella claramente debería recusarse frente a estos temas por la activa oposición que hizo tanto a la demanda como a la sentencia |
Hoyos quizás olvidó que si bien ella tiene todo el derecho a tener posiciones personales frente al tema del aborto y a defenderlas con toda su vehemencia en el ámbito personal y académico, como funcionaria tiene que aplicar la sentencia en donde su posición cercana a la Iglesia fue derrotada en la Corte Constitucional.
La Silla Vacía buscó la explicación de Hoyos pero se encuentra fuera de la ciudad y no fue posible hablar con ella. A su favor puede decirse que la Procuraduría hizo uso de una facultad que tenía de prorrogar o no un contrato. Es decir actuó legalmente. Lo que es más difícil que ella explique son sus argumentos, que tienen más bien un sabor a revancha.
Recuerdo los foros en los que se encontraron Mónica Roa e Ilva Myriam Hoyos. Asistí por ejemplo al de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y no recuerdo argumentos religiosos, pero si la superioridad de Hoyos en el debate, por obvias razones: preparación, experiencia etc. Por otro lado, Roa no debió ser la única vocera de la despenalización aunque fuera la demandante, pues carecía de las destrezas y conocimientos suficientes. Si no me creen repitamos el debate.
En cuanto al segundo argumento para la no-prórroga del contrato veo que, como dice Juanita León, ahora
Women´s Link tendrá que valerse de derechos de petición, antes no, o sea que si había manejo privilegiado de la información para la organización gringa que queda ahora al nivel de nosotros: los ciudadanos colombianos.
Por otro lado, si bien se sabe de la religiosidad del procurador Ordoñez e Ilva Myriam Hoyos, no es menos dogmática Women´s Link y su feminismo de última generación. Me alegra la decisión.
Olvidé decir que, si bien hay un sesgo evidente en Juanita León estando en su derecho, la conclusión final me parece una falacia porque no puede resultar de sus observaciones previas. Si no es una falacia es entonces una simple opinión libre e inconexa, pero en todo caso no presenta razones para afirmar que la situación que denuncia sea en detrimento de la condición de la mujer. De aceptar esto habría que entender entonces que sólo Women´s Link puede prestar el servicio, y que su presencia era imprescindible para la labor de la Procuraduría. Eso no puede ni debe asumirse.
No crítico el estilo de Juanita León, a quien admiro, sino su última aseveración.
Si bien es cierto que cada quien tiene unas convicciones y creencias religiosas propias, esto no debe anteponerse o ser impedimento para que se cumplan las leyes que rigen la sociedad y que han sido producto de debates y analisis. El proceso para lograr la legalidad del aborto, en estos casos, fue un proceso largo y dificil; para que ahora se vea nuevamente entorpecido por las convicciones y creencias particulares de un funcionario publico, quien deberia hacer honor a su cargo y actuar pensando en lo "publico" mas no en lo "particular"
Colombia un paso adelante y cinco atras.. y le mundo girando:
http://www.youtube.com/watch?v=UH9rC0MaBJc&feature=channel_page
Relamente opinar sobre este tema es complicado, si ponemos de presedente la etica y la moral la opinión seria a favor de la prohibición total del aborto y con justa causa pues una vida es una vida.... pero si ponemos de presedente la libertad de opinión y comportamiento y de las libertades individuales pues estaria claro que la opinion seria favor del aborto... tambien con justa causa...
Lo que si queda claro entonces es que este tema la única manera de solucionarlo es a través de la democracia pues nunca nos pondremos de acuerdo, es decir nos toca asumir la desicion de las mayorias......
Po lo demas cmparto la idea que si la igesia y ordenes tan influyentes y redicales como el OPUS hacen parte del estado... estaremos condenados a un atrazo en muchos campos..... un ejemplo el uso del condon que evitaria muchos abortos y en sobre el cual la iglesia posee una posicion muy radical... este gobierno es muy godo....y poco avanzaremos con funcionarios asi
El inconveniente no es que se tenga una u otra creencia, si no que las mismas sobrepasen el ámbito de aplicación de la ley. El Procurador con exceso, con razón o sin ellos ha manifestado sus posturas éticas, y si bien aparentemente marca una supuesta tendencia en sus decisiones, hay otros que no lo hacen y uno no sabe con qué pueden salir.
Lamentablemente cuando las posturas de las personas, compartidas o no sirven como elemento descalificador, la raíz del problema se torna intolerante como centro de discusión, lo que hace daño. Se busca justificar una decisión que no se comparte con este "contudente" argumento, perdiendo el sustento en las razones reales que desemboca en hordas de seguidores o contradictores, olvidando la esencia del caso.
El dilema: ¿Es mejor expresar las íntimas convicciones o reservarlas? Quien las expresa se expone a que lo enmarquen pero puede ganar respeto si muestra objetividad, en cambio se no decide como se quiere, vuelve la descalifcación.
Es imperdonable que lo que ordena la corte se ignore de esta manera. La señora Hoyos no argumenta con suficiente solidez la negación del convenio. Parece una revancha personal que habla muy mal de la ética de la señora Hoyos pues ella, como funcionaria debe respetar por encima de sus creencias del opus dei, lo que ha dicho la ley. Es vergonzoso que el país permita que estas cosas ocurran y se desconozca la autoridad de la corte por la pertenencia a una orden como el Opus Dei de la señora Hoyos y del quemador de libros del procurador. Esto es inconcebible, todo mi apoyo a Monica Roa y por supuesto al aborto.
Es increible que una persona que pregona la etica y la moral no la tenga y anteponga sus creencias religiosas, que se las respetamos, al mandato de la corte. Es obvio que Hoyos debio mantenerse alejada del tema y delegar a un tercero ya que ella tenia una posición sesgada frente al tema, pero antes que hacer las cosas correcta y honestamente prefirió aprovechar e imponerse para obtener su desquite luego de la derrota ante la corte. Pero el tema no debería extrañarnos puesto que esta procuraduría es un burla para el país.
Estoy de acuerdo en que las posturas religiosas no deben prevalecer sobre las jurídicas. Pero tampoco se puede satanizar a las personas por creer en lo que creen. De la misma manera en que hay quienes creen en que el derecho a decidir de las mujeres incluye decidir sobre la vida o muerte del feto, hay quienes creen que la persona es persona desde el momento de la concepción y eso la hace acreedora de sus propios derechos individuales, siendo el primero de ellos, el derecho a vivir. De hecho, el mandato constitucional y en esa medida, el mandato legal, es considerar a la persona como tal desde el momento mismo de la concepción.
Ser católico es tan válido como ser musulmán, judío, ateo o lo que sea, lo absurdo es que la libertad que se reclama para uno se quiera vetar para otros.
el "Ministerio del Opus Dei Publico" nada que hacer. La entrada de Ordonez infecta a todo el aparato estatal practicamente no solo a sus funcionarios. Hemos perdido con este señor 18 años de lucha contra la intolerancia, y practicamente hemos vuelto al Concordato de 1973
Me queda una duda. Si la Procuraduría podía dar por terminado el convenio ¿por qué se metió en el lío de justificarlo cona rgumentos enredados? ¿Para qué dar explicaciones que, más que fortalecer su decisión, van en su contra? No entiendo, pero me quedan varias sospechas:
- En la Procuraduría sabían que se les iban a ir encima y trataron de blindarse con esas justificaciones
- Ilva Myriam Hoyos, el Procurador o quien haya escrito y revisado la carta demostrar una gran torpeza argumentativa (que no sorprende, dado todo lo que estamos conociendo de la actual Procuraduría)
- Las perspectivas políticas, en su sentido más amplio, son normales en cualquier persona, llámese Mónica Roa o Ilva Myriam Hoyos. Pero también es claro el deber de acatar el régimen jurídico, incluyendo los fallos de constitucionalidad. A esto es a lo que le intentat hacer el quite con esta carta.
Creo que, más que pedir explicaciones, hay que estar pendiente de qué va a pasar con el tema. Ahí sí van a pelar el cobre.
Realmente creo que debería prohibirse que los militantes de cualquier tipo de religión participen de los gobiernos, de las elecciones y accedan a cargos de poder frente al estado. Esta gente tiene parámetros que estan lejos de defender interés general o las libertades individuales.
Entiendo la preocupación pero no creo que se les pueda prohibir, por la sencilla razón de que no se debe discriminar por motivos religiosos. Ni cotnra quienes tienen creencias releigiosas fuertes ni contra los que no los tienen... claro, mientras no abusen del poder o vayan en contravía de la Constitución, pero eso aplica para todos, sin importar si son o no "militantes" de alguna religión.
Nombrar a esta persona del Opus Dei como delegada para la adolescencia, la infancia y la familia, es la mejor manera de desproteger los derechos de estas los menores y las mujeres.
Cuál debería ser el pérfil, según usted? Deberían crearse inhabilidades especiales para ejercer estos cargos, tal vez por sus creencias? Esto sería constitucional?
No sé si necesariamente se deba ir tan lejos, pero estoy completamente de acuerdo en que hay que ventilar ciertas cosas, como la pertenencia a organizaciones como el Opus Dei para que luego no nos cojan desprevenidos
Ilva Myriam Hoyos dice que aunque es una ferviente católica y trabaja para la Universidad de la Sabana, que es del Opus Dei, ella no pertenece al Opus Dei.
Viendo la carta, el procurador parece ignorar que ha habido un fallo de la corte, mandatorio para todos los colombianos... incluido él, aunque buen gimnasta lingüístico si es, porque eso de que “el convenio tiene como fundamento el resultado de una demanda ciudadana de inconstitucionalidad…” es una elegante forma de ocultar que todo lo relativo al aborto, tiene como origen un fallo de la corte que hasta donde entiendo es lo que llaman un “mandato constitucional”. Ah y no que eso de estar en “conflicto de intereses” es solo para empleados estatales??.