La negociación ha sido difícil no solo por las implicaciones presupuestales de una ley que podría obligar a indemnizar a 200 mil personas o a 10 millones, según el criterio que se imponga pues no existe consenso sobre cuántas víctimas existen, sino por unas divergencias filosóficas profundas sobre el origen y la naturaleza de la violencia que azota a Colombia.
La negociación ha sido difícil no solo por las implicaciones presupuestales de una ley que podría obligar a indemnizar a 200 mil personas o a 10 millones, según el criterio que se imponga pues no existe consenso sobre cuántas víctimas existen, sino por unas divergencias filosóficas profundas sobre el origen y la naturaleza de la violencia que azota a Colombia.
La diferencia filosófica más profunda tiene que ver con la responsabilidad del Estado en la violencia. El gobierno defiende la idea de que los únicos perpetradores han sido la guerrilla y los paramilitares y que el Estado debe indemnizar a las víctimas como un acto de solidaridad.
Por el contrario, los ponentes creen que el Estado tiene una responsabilidad directa en la violencia. Ya sea por acción, como cuando la Fuerza Pública ha torturado, desaparecido o ejecutado extrajudicialmente a alguien. O por omisión, cuando debiendo proteger a los ciudadanos de los grupos armados ilegales es incapaz de hacerlo. En cualquiera de las dos situaciones, los ponentes creen que el Estado debe reparar porque tiene la obligación constitucional de hacerlo.
Aunque un grupo de seis mil víctimas dijo públicamente que prefiere que el proyecto de ley de víctimas se hunda por la diferenciación que quiere establecer el gobierno entre las víctimas de los grupos armados ilegales y las del Estado, los impulsores de la iniciativa quieren pasarla.
Consideran que a pesar de las diferencias que existen con el Gobierno es mejor sacar adelante la ley y luego dejar que la Corte Constitucional la mejore según los estándares internacionales.
Así, lo más probable es que la ley pase y sea votada favorablemente en los próximos días si la reforma política y el referendo lo permiten.
Estas son las grandes diferencias entre lo que quiere el Gobierno y lo que quieren los ponentes (Guillermo Rivera, Franklyn Legro, David Luna y Germán Olano).
Actualización: 14 de mayo de 2009.
Entrevista con el vice ministro de Justicia acerca de la Ley de Víctimas.
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Los puntos de debate |
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| ¿ Cómo se acreditan las víctimas de guerrilleros y paras ? | |
| El Gobierno | Los ponentes |
| Quien se considere víctima y desee ser reparada debe cumplir el siguiente procedimiento administrativo: hacerle una petición a Acción Social de la Presidencia de la República explicando por qué se considera víctima de los paramilitares o de la guerrilla y demostrando el daño sufrido. Acción Social pasa la recomendación al Comité Administrativo de Reparaciones, que depende de la Comisión Nacional de Reparación y Conciliación, pero cuya secretaría técnica es manejada por Acción Social. Si este comité lo aprueba, Acción Social incorpora a la víctima en sus programas de salud y vivienda y le paga una indemnización. | Las víctimas tienen que explicarle a Acción Social por qué se consideran víctimas y el daño sufrido y ya será el Estado el que tenga que probar que no lo son si tiene alguna duda razonable. Además le pone al Estado la responsabilidad de responder en “término breve”, porque de lo contrario operará el silencio administrativo positivo, es decir que se entenderá que el gobierno acepta la petición. |
| ¿ Cómo se acreditan las víctimas del Estado ? | |
| El Gobierno | Los ponentes |
| Las víctimas del Ejército, la Policía y otros organismos del Estado deberán ganar un proceso judicial contra el Estado. Si lo ganan, deben seguir el procedimiento administrativo de las demás víctimas. | No hacen diferencia entre víctimas. Todas, independientemente del victimario, siguen el mismo procedimiento. |
| ¿ Quién es víctima ? | |
| El Gobierno | Los ponentes |
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Entiende por víctima a aquella persona que haya sufrido vulneración de sus derechos fundamentales y tengan lesiones transitorias o permanentes que ocasionen discapacidad física o psicológica. Esto abarca al cónyugue, compañero permanente y familiar en primer grado de consanguinidad (hijo, padre o hermano) o primero civil directo (esposo, hijastro) cuando a este se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecido. |
Incluyen, además, a compañeros permanentes del mismo sexo y a otros familiares que hubieran sufrido un daño, sin especificar el grado de consanguinidad. |
| ¿ Desde cuándo se empiezan a contar las víctimas ? | |
| El Gobierno | Los ponentes |
| Aunque en la ley no aparece ninguna fecha específica de a partir de cuándo se considera que alguien es víctima, el Gobierno quiere usar como fecha de partida el de 1964, cuando se fundan las Farc. Aunque el viceministro de Justicia, Miguel Ceballos, le dijo a La Silla Vacía que también están estudiando la posibilidad de que se le ponga la fecha de inicio de 1948, cuando ocurrió el Bogotazo. | No hay fecha, pero seguramente aceptarán la propuesta por el gobierno. |
| ¿ De cuánto será la indemnización a una víctima ? | |
| Gobierno y ponentes están de acuerdo en este punto. La indemnización se hará con base en la tabla de reparación administrativa que hoy en día maneja Acción Social en los casos de la Ley de Justicia y Paz. La indemnización máxima es de 40 salarios mínimos mensuales legales y la mínima de 10 salarios. Pero esta indemnización estará sujeta a a las disponibilidades fiscales, es decir a que el Estado tenga plata. | |
| ¿ En cuánto tiempo se paga la indemnización ? | |
| El Gobierno | Los ponentes |
| El pago de la indemnización se hará gradualmente según las disponibilidades fiscales y de conformidad con los lineamientos de un CONPES-Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Victimas de la Violencia. Todo esto sin un plazo específico. | Algunos ponentes consideran que hay que ponerle un tiempo límite de un año después de aceptada la solicitud para que la víctima sea indemnizada de manera inmediata. |
| ¿ Hasta cuándo se considerará que hay víctimas ? | |
| El Gobierno y los ponentes llegaron al acuerdo de que esta ley cubrirá a las víctimas que genere el conflicto armado en los próximos cuatro años. | |
Es muy positivo para los ciudadnos, que han sido victimas de la violencia que aun existe en nuestro pais, el que se legisle, el como se le repararan los daños causados por los grupos violentos y por la violencia del estado, pero, me surge una inquietud, ¿no es muy prematuro hablar de reparacion de victimas, si aun el cese de hostilidades no se a generado y, en donde no se a puesto en claro la verdad sobre la barbarie de la parapolitica?
Las víctimas del Ejército, la Policía y otros organismos del Estado deberán ganar un proceso judicial contra el Estado. Si lo ganan, deben seguir el procedimiento administrativo de las demás víctimas.
Dan asco. Ahora hasta para las víctimas hay estratos. Qué porquería.
La ley que propone implementar el gobierno, no sólo es insuficiente sino hasta impertinente al intentar desconocer la responsabilidad de un Estado, del que todos somos víctimas.
¿Del que todos somos víctimas? Y entonces ¿quién es el Estado?
Colombia es un pais de vivos y vividores, lastimosamente y aunque la escencia de la ley es reparar económicamente alas victimas, podriamos tener una valancha de reclamos de muchas personas que no han tenido eventos como los que se idemnizarían.... como cn el tema de desplazados, hoy nos cuesta a los colombianos millines de pesos anuales sostenr con subsidios y demas a miles o millones de desplazados de donde un alto porcentaje son personas que se deplazaron de una ciudad a otra no por el conflicto sino buscando el beneficio..... si a esto le sumams que el gobierno no tiene unas cuentas claras pues el costo va a ser muy alto....terminaremos lo colombianos no solo asumiendo en costo de oportunidad de tanta plata sino incluso pagando un impuesto mas por la dichosa ley
Querido Juan:
¿En qué sustenta su teoría de que "un alto porcentaje" de desplazados no lo son por el conflicto sino en busca de beneficios económicos? Me parece bastante arriesgada su afirmación, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones del conflicto armado colombiano. ¿Conoce usted de cerca la realidad de pueblos y regiones saqueadas por los armados?
Y por otra parte, ¿no somos todos los colombianos responsables por omisión y por indiferencia de la prolongación de este conflicto?
De acuerdo: los gobiernos han tenido en sus manos muchas soluciones y ha habido falta de voluntad política, pero los colombianos -como sociedad- no hemos querido hacer frente al tema, porque para una inmensa mayoría se trata de un conflicto "lejano y rural"...
Un punto calve que no está presentado claramente en el contraste que ustedes hacen: ¿del lado del gobierno sólo se es víctima cuando hay muerta o desaparición y del toro cuando haya un "daño"?
Si es asi - si leí bien- es otra diferencia muy importante, ya que nos define hasta dónde va la ley, cuánta plata se podría llegar a necesitar, etc. Por no habalr de lo vago que es el término daño ¿Me podrían aclarar el punto? Creo que es útil para entender qué tan lejanas están las dos posiciones
Estimado Juan,
En el cuadro de quién es víctima para el Gobierno hizo falta clarificar quiénes son víctimas más allá de quiénes más son beneficiarios de la Ley. Esto ya está ampliado en el texto. Ahora, la gran diferencia radica en que mientras para el Gobierno las víctimas deben hacer énfasis en demostrar quién fue el perpetrador del crimen (entendible desde el punto de vista de que si fue un agente del Estado se compruebe en un proceso judicial), los ponentes dan más libertad y pretenden que la víctima sólo tenga que acreditar su condición de tal y no tenga que probar por vías jurídicas quién fue su victimario.
Gracias por su comentario.
Recuerdo que en julio de 2008 se explicaron los requisitos para acogerse a las indemnizaciones previstas en la Ley de justicia y paz. En aquella ocasión, no podía creer el marcado acento burocrático que se le imprimía al trámite: ya no sólo se trataba de rellenar formularios sino de demostrar con documentos fehacientes o pruebas irrefutables que, en efecto, se trataba de una víctima de los grupos que se acogieron a los beneficios de la Ley de justicia y paz.
Hoy, leyendo el debate sobre la Ley de víctimas, vuelven a mi mente aquellas reflexiones sobre lo inútil que resulta en Colombia reclamar algo de dignidad.
Dime quién te mató, explícame cómo te mutilaron y te diré quién eres... parece ser la sabia respuesta de nuestro gobierno actual ante la barbarie.
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