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Lunes Noviembre 18, 2019

 

Hoy, a las 11 de la mañana, el Gobierno tiene previsto radicar en el Congreso su proyecto de ley de Estatuto de Seguridad. El presidente Juan Manuel Santos lo presentó ayer y durante su exposición quedó claro que este proyecto de Ley es la parte dura, el "garrote para castigar a quienes violan la Ley". La cara más amable de la política de seguridad ciudadana, que el Presidente ayer llamó la "zanahoria para evitar la delincuencia", parece estar menos delineada.

Por ello podría decirse que, con esta política, Santos le prende una vela a dios y otra al diablo. Por un lado enfatiza en soluciones duras, pero por otro se refiere a una estrategia más amplia, que contempla inversión social. Para muchos ello significa un saludo a sectores políticos menos partidarios de planteamientos basados exclusivamente en el endurecimiento de las penas. En resumen, la política de seguridad ciudadana es una muestra de la Unidad Nacional.

La línea dura del proyecto incluye  la tipificación de nuevos delitos, la reducción de las garantías de los procesados y el endurecimiento del régimen penal que se aplica a los adolescentes. Los anuncios de ayer estuvieron más orientados a este endurecimiento de lo penal que a la realización de reformas institucionales que lleven a nuevas formas de luchar contra la delincuencia. Aparte de la reforma al sistema nacional de patrullaje de la Policía, las novedades se concentran en la administración de justicia. Los temas de convivencia, al parecer, los dejó Santos para su futuro proyecto de Código de Convivencia.

Y también quedó por fuera el tema de la apología del terrorismo en la que una parte del Gobierno no estuvo de acuerdo por la polarización que podría generar el tema.

Estos son los cinco puntos claves para entender el proyecto de ley, tal y como fue presentado ayer por el presidente Santos.

 

 

1.    Se endurece el Código Penal
El proyecto plantea crear varios delitos. El primero es el delito de conformación de bandas criminales. Este se diferenciaría del concierto para delinquir. Hoy la justicia tiene que probar que varias personas se reunieron para cometer más de un delito. Sin eso, no aplica el concierto para delinquir. De aprobarse este artículo, sería mucho más fácil condenar a los miembros de la guerrilla, las bandas emergentes o la delincuencia común. Esta figura es común en muchas legislaciones del mundo, pero tiene el riesgo que pueden caer justos por pecadores, si los jueces que la aplican olvidan que en Colombia el reclutamiento forzado es común.

Otro nuevo delito que aparece en el proyecto es el de la utilización de empresas para promover el terrorismo. Este parece ser el que fue difundido por error como la propuesta de un delito de opinión y que mereció el rechazo de Iván Cepeda, pero cuya existencia negó el Viceministro de Interior . Se trata de multar a las empresas que sean utilizadas para "difundir ideas o doctrinas que promuevan conductas constitutivas de terrorismo". Aunque aún no se conoce el texto definitivo del proyecto de Ley, la redacción de este artículo seguramente será el centro de un gran debate. Si bien no habla de un delito de opinión, es cierto que no siempre es sencillo saber qué ideas son las que promueven acciones terroristas ¿Decir que la lucha de las Farc es legítima? ¿Asegurar que la lucha de los paramilitares es justificada?

Un punto que quizás es más central para la seguridad urbana y en el que se nota que el Gobierno ha escuchado a los alcaldes tiene que ver con el porte ilegal de armas. La ya larga lucha de los alcaldes de las grandes ciudades por lograr el desarme total de los ciudadanos, en la que participaron Mockus, Peñalosa y Fajardo encuentra eco en el proyecto que establece que el porte ilegal de armas no será excarcelable. En otras palabras, portar un arma sin salvoconducto será motivo suficiente para terminar en la cárcel, en cualquier circunstancia. En esta misma línea se penalizará no sólo el porte de armas completas sino de sus partes, en respuesta a una modalidad muy utilizada en Medellín: los delincuentes portan las armas por partes y así evitan "cometer" un delito. Sin embargo, hasta el momento los alcaldes no logran un desarme definitivo, ni obtienen el poder de prescindir de los comandantes militares para regular este asunto. 

 

2.    Se endurecería la responsabilidad penal de los adolescentes
Si el proyecto es aprobado, los adolescentes que sean condenados por cometer delitos se enfrentarían a penas más largas. Esto se equilibraría con la garantía de que estas sanciones se cumplan en centros especiales y adecuados.

El endurecimiento de las penas es bien visto por quienes, como el experto en seguridad Armando Borrero, opinan que "en Colombia siempre ha habido un liberalismo ingenuo que ha llevado a un garantismo excesivo". En efecto, no resulta muy lógico que los adolescentes que hayan sido condenados por un delito, no cumplan con la totalidad de la pena por el simple hecho de cumplir 21 años de edad.

Sin embargo, el ex concejal y político Juan Carlos Flórez, considera que la mención respecto a que estas sanciones se cumplan en lugares "que garanticen su seguridad y resocialización" parece ser un canto a la bandera. Esas condiciones deberían aplicarse en todas las cárceles y prisiones del país.
 

3.    Los jueces tendrían menos restricciones al procesar a presuntos delincuentes
Una buena parte del proyecto busca cambiar el Código de Procedimiento Penal. Ello busca facilitar el trabajo de los jueces y evitar situaciones como la reciente excarcelación de criminales capturados porque se les detuvo en un allanamiento realizado antes de las 6 de la mañana. Todas estas propuestas pueden ser efectivas pero también tienden a reducir las garantías de los procesados o la libertad de los jueces para decidir. Esto se debe, en palabras de Armando Borrero, al "leguleyismo" que lleva a que los jueces se apeguen a la letra de la ley. "Toca cambiar precisamente la letra de la ley para que los jueces cambien su forma de aplicarla".

La eficiencia de la justicia penal podrá incrementarse si se amplía el concepto de flagrancia, se hace posible capturar y allanar en cualquier momento del día, se permite que cualquier juez sirva como juez de garantías para cualquier caso o se permite que cualquier ciudadano capture a un criminal. Sin embargo, "algunas de estas medidas podrían crear riesgos. Por ejemplo, si no se prepara a todos los jueces para servir de jueces de garantías, se podr{ian dar casos que se caen por errores en la aplicación de la ley", argumenta Borrero. Tampoco es clara la idea de que la persona encontrada en un carro en el que se cometió un delito haya sido capturado en flagrancia, como lo propone el proyecto.

 

         4.   La mini Ley de tierras
Dos de los artículos más interesantes del proyecto son los que establecen la posibildiad de que terrenos baldíos utilizados para fines ilícitos sean entregados a personas oriundas de la región para proyectos productivos y el que crea el delito de usurpación fraudulenta de inmuebles.

La usurpación fraudulenta de inmuebles facilitaría la recuperación de tierras arrebatadas a la fuerza a campesinos, como lo plantea la Ley de Víctimas que actualmente hace curso en el Congreso. La adjudicación de bienes baldíos obtenidos por extinción del dominio podría llevar a que zonas selváticas en las que se procesa coca sean entregadas a campesinos. Este último punto podría, sin embargo, traer problemas ambientales, por la ubicación de esos baldíos.

Estas medidas, si bien pueden tener una aplicación más restringida que las de la Ley de Tierras o la Ley de Víctimas, pretenden mostrar el compromiso del Gobierno con el tema. Con varios proyectos de ley haciendo referencia al tema, el mensaje del Gobierno es contundente.
 

          5.    Lo que le falta a la Ley
El proyecto de Ley está orientado básicamente a reformar el Código Penal y el de Procedimiento Penal. Y los modifica de manera fraccionada, tocando temas neurálgicos como la falta de eficiencia en la justicia o el porte ilegal de armas, pero también incluyendo temas poco centrales como la venta ilegal de medicamentos. A la Ley le falta una visión de conjunto que no se limite a responder a problemas reales pero muy puntales.

Para Juan Carlos Flores, esto se puede deber a que se ha diagnosticado el problema de seguridad urbana como producto del microtráfico de estupefacientes. Esta visión lleva a una política reactiva a problemas puntuales y que no incorpora cambios institucionales. Por ejemplo, no se abordó la necesidad de mejorar la capacidad de las policías judiciales ni la propuesta de unificarlas en un solo cuerpo, pese a que es un tema fundamental.

La futura reforma a la justicia o el futuro Código de Convivencia pueden solucionar estas carencias. Tendremos que esperar a que el Gobierno presente esas, y otras, reformas para ver en qué queda el tema.

 

 

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Mar, 2010-10-05 18:19

..en general es buena la intencion del gobierno y en especial lo de judicializar a los jovenes,esta claro que an la medida que haya menos restriciion en ese sentido se puede lograr un mayor resultado paralelo eso si a una resocializacion inmediata y efectiva.

Mar, 2010-10-05 15:36

Deberian de endurecer las sanciones para los jueces corruptos que han existido siempre,solamente aplican la ley para los mas debiles;deberia de ser mucho mas fuerte las sanciones para los adolecentes,son ellos los que en este momento estan atracando y acabando con la vida de muchos compatriotas inocentes y trabajadores.

Mar, 2010-10-05 14:30

totalmente deacuerdo con este proyecto de ley, ya q estamos pasando x una grave crisis xq los las personas disociadoras no cometen sus delitos ellos, envian a niños q como saben q no hay justicia para ellos pueden delinquir, me parece una gran oportunidad para colombia, de nuevo aparecera la confianza....

Mar, 2010-10-05 11:46

Estoy absolutamente de acuerdo en que las tierras sean entregadas a la gente de la región. Es más deberían en principio ser entregadas a los dueños originales, y luego a quienes son raizales de la region. Eso es lo justo y no que sean otros los que se aprovechen de la situación. Además deben demostrar que han sido desplazados de sus tierras para si poder retornar de nuevo a lo suyo.

Mar, 2010-10-05 12:09

totalmente de acuerdo, no es posible que la gente siga viendo que el problema lo tenemos gracias a la guerrilla y al narcotrafico... lo peor que tiene colombia es el porlbema social al cual nadie hace caso...

Mar, 2010-10-05 08:46

¿cuantos Falsos Positivos ocurrirán?

Mar, 2010-10-05 16:30
Mar, 2010-10-05 08:31

Está en la sección de Historias, siempre aparecen allí todos los contenidos que hemos publicado. Ya también está en el home.

Mar, 2010-10-05 00:26

Perdón por preguntar en este artículo, pero qué pasó con el que estaba previamente, el del fallo de las Chuzadas?

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