Arriba: En 2002, en el pueblo de Segovia, los paramilitares muertos por el Ejército fueron enterrados como héroes.
Medio: General Martín Orlando Carreño cosechó varios éxitos contra la guerrilla mientras lideró el Ejército. Uno de los más grandes, fue la captura de la guerrillera 'Karina'.
Abajo: Guillermo Valencia Cossio está pendiente del fallo en su caso por supuestamente sacar a un paramilitar del organigrama de la 'Oficina de Envigado'

Miguel Alfredo Paredes Villalobos se convirtió en juez penal militar por azar. Era juez penal de circuito en Bogotá por encargo de un juez que salió de vacaciones cuando se enteró de las convocatorias para jueces penales militares. Su padrino, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, lo conectó con un general del Ejército, que le permitió presentar los exámenes, y convertirse en juez penal militar.

Así, logró conciliar las dos aspiraciones que siempre había tenido: ser juez y formar parte del mundo militar.

Eso fue hace 18 años. Este abogado bogotano de la Universidad Gran Colombia, de 51 años, tuvo una carrera sin sobresaltos hasta 2002, cuando su vida se cruzó con la del general Martín Orlando Carreño, uno de los primeros comandantes del Ejército durante el gobierno de Uribe y con Guillermo León Valencia Cossio, el ex director de Fiscalías de Medellín, acusado de nexos con narcotraficantes. Dice que desde que cayó en desgracia con ellos su vida nunca volvió a ser la misma.

Todo empezó con un proceso rutinario por deserción. Era 2002, y el juez Paredes, en ese momento era juez 42 de instrucción penal militar de Puerto Berrío, Antioquia, adscrito a la Décima Cuarta Brigada del Ejército.

Abrió un proceso en contra el soldado Fabián Rodián Durango Martínez por deserción y el soldado Durango lo acusó de concusión con su superior el General Camelo Piñeros.

Según la denuncia del soldado, Paredes, a cambio de concederle su libertad, lo requirió para que le ayudara a conseguir prestada la suma de un millón de pesos ($ 1.000.000), para lo cual le expidió las respectivas boletas de salida.

Durango habría contactado al abogado José Arcesio Marín Montoya, un prestamista de Puerto Berrío, quien finalmente prestó el dinero al juez.

El juez Paredes niega haberle solicitado dinero al soldado. Su versión es que cuando le estaba tomando la declaración a Durango, comentó con su Secretario de Despacho que necesitaba un millón de pesos para cancelar un postgrado en derecho penal ofrecido por la Universidad Militar. Y que el Secretario le dijo que era amigo del abogado Arcesio Marín y que le podía ayudar a conseguir el dinero. Pero que el juez fue personalmente a pedir el préstamo.

Con base en la acusación del soldado y en el testimonio de la mamá y de la hermana del soldado y de un peluquero, que dijo que había visto a Durango con Paredes, el fiscal de Medellín Guillermo León Valencia Cossio decretó resolución acusatoria contra Paredes. Pero en la etapa del juicio, el Tribunal Superior de Antioquia lo absolvió.

En dicho fallo, el Tribunal probó que antes de que el General Camelo elevara la denuncia ante el Fiscal Luis Camilo Osorio el soldado Durango se había retractado ante el personero municipal de la acusación, diciendo que todo lo que había dicho contra el juez era inventado. “Se trató de una invención suya en procura de que no fuera recluido en la pieza donde venía privado de la libertad”, dice el fallo.

En su decisión, el Tribunal señala varias inconsistencias entre los testimonios de Durango, de su mamá y de su hermana. Además, dice que no entiende por qué se desestimó la declaración del abogado que prestó el dinero quien dijo no conocer al soldado Durango y afirmó que el juez Paredes acudió personalmente a su oficina a solicitarle el millón de pesos con su Secretario de Despacho, quien también ratificó esta versión. La esposa del abogado prestamista, y con quién supuestamente Durango había hecho el contacto inicial, desmintió la versión del soldado y confirmó la del juez Paredes.

El Tribunal también incluye las versiones de un soldado que compartió calabozo con Durango quien declaró que el soldado le había dicho que iba a incriminar al juez en venganza por no dejarlo salir del calabozo. Otro soldado que había ratificado inicialmente la versión de Durango también se retractó.

Durango luego se arrepintió de su retractación y dijo que ésta había obedecido a un constreñimiento por parte del juez Paredes quien supuestamente le había advertido que lo denunciaría por falsa denuncia si no se retractaba. Sin embargo, el Tribunal de Antioquia no le dio valor a su segundo arrepentimiento dado los malos antecedentes del soldado.

Varios testimonios de otros soldados y de sus superiores describían a Durango como “una lepra”. Según uno de sus superiores: “este soldado tiene una facilidad para involucrar a las personas en problemas, ya que después que lo capturé, le informó al Comandante de la Brigada que yo había ido a maltratar a la casa de él”. También contó que cuando un pelotón hurtó un cerdo en Machuca, Durango dijo que había sido por orden del sargento y un proceso disciplinario posterior comprobó que había sido mentiras.

El Tribunal lo absolvió el 28 de marzo de 2006.

La Fiscalía de Medellín, bajo Guillermo León Valencia Cossio, apeló la decisión y cuatro meses después, sin ordenar nuevas pruebas, el 27 de julio de 2006, la Corte Suprema revocó el fallo del tribunal y condenó a Paredes a 77 meses de prisión.

Con ponencia de la magistrada Marina Pulido de Barón, la Sala de Casación Penal de la Corte, dijo que las retractaciones del soldado Durango y del otro soldado no eran válidas. Especialmente, porque Durango se retractó después de que el juez Paredes lo acusó de falsa denuncia.

“Se destaca que si se tratara de la retractación de uno solo de los declarantes podría prevalecer el diagnóstico de que su dicho es “frágil e inestable”, pero que tal calificativo se adjudique a todos aquellos que justifican las incriminaciones contra el procesado “no sólo es ilógico y si se quiere absurdo, sino que contravine las más elementales reglas de valoración de los medios de convicción”, dice el fallo.

Sobre las inconsistencias en las diferentes versiones de Durango y sus familiares, dice que es “apenas normal que el transcurso del tiempo afecte la retención de los recuerdos” pero que no cambia para nada la esencia de su testimonio. En cambio, desestima los testimonios del prestamista, de su esposa y del Secretario de Despacho del Juzgado porque el prestamista en su ampliación de versión no recuerda bien quién acompañó a Paredes a pedirle prestado dinero.

Y aunque reconoce las falencias de carácter del soldado, dice que eso no es por sí solo una buena razón para desestimar su primera denuncia. En cambio, valida las declaraciones en contra del juez de otros dos soldados que dijeron haber oído que el juez pedía plata a los soldados para no empapelarlos pero desestima sus retractaciones cuando dijeron que eso no les constaba sino que era lo que Durango les había dicho. Les pareció sospechoso que todos se retractaran y que además, lo hicieran contra el mismo juez Paredes.

El juez Paredes pagó cárcel y desde que quedó en libertad ha iniciado una cruzada para demostrar su inocencia. Ha ido a todos los medios, escribe comentarios en los foros, ha puesto 22 tutelas en contra del fallo de la Corte Suprema y ya, con muy poca esperanza, solo pide que alguien lo oiga.

A La Silla Vacía le pareció interesante este caso porque muestra algunos de los retos que enfrenta un juez penal militar pero no pudo corroborar el testimonio de Paredes con nada diferente a los expedientes en su contra y a favor, dado que el General Carreño murió en el 2007 y Guillermo León Valencia Cossio está preso.

Pero por los mismos hechos por los que la Corte lo condenó, en abril de 2008, la Oficina de Control Disciplinario Interno del Ministerio de Defensa, decidió archivar el caso disciplinario en contra del juez Paredes con argumentos similares a los del Tribunal de Antioquia. “El despacho carece de prueba siquiera indiciaria que lleve a incriminar disciplinariamente al investigado”, dice el fallo, al que La Silla Vacía tuvo acceso.

Paredes está convencido que el fallo de la Corte en su contra obedece a que cayó en desgracia con el general Martín Orlando Carreño, en esa época el comandante de la Segunda División del Ejército que tenía jurisdicción sobre el batallón del que él dependía, porque él no estaba de acuerdo con la alianza entre los militares y las autodefensas. Y que el director de Fiscalías Guillermo León Valencia, quien fue el que lo acusó ante la Corte,  quiso hacerle el favor al general Carreño hundiéndolo.

Paredes dice que en junio de 2004, estuvo en la oficina de Valencia Cossio en la Alpujarra, de Medellín, para ponerse a disposición del proceso. "Él me dijo que no me preocupara que esos proceso en contra de los jueces y fiscales eran gajes del oficio, que el mío en particular no iba para ninguna parte, que él no veía fundamento en la acusación, pero que si veía que las cosas se complicaban que lo buscara que él me colaboraba", dice Paredes, quien cuatro años después denunció a Valencia por concusión y perdió porque el Consejo Superior de la Judicatura absolvió al ex fiscal.

El caso que según Paredes lo llevó a caer en desgracia con el general Carreño sucedió el 9 de agosto de 2002. Esa noche, una patrulla del Ejército al mando del subteniente Jairo Velandia Espitia mató a veinticuatro paramilitares del Bloque Metro de las AUC en las afueras del casco urbano de Se¬govia, Antioquia.

El general Martín Orlando Carreño, quien dirigía en ese entonces la Segunda División, apareció en una rueda de prensa presentando el operativo de Segovia como una victoria histórica del Ejército contra los paramilitares, resultado de “varios meses de una ardua labor de inteligencia”.

Al mismo tiempo, el jefe paramilitar Doble Cero envió a todos los medios un comunicado diciendo que el teniente Velandia los había citado para coordinar un ataque conjunto contra una columna de las Farc. Los medios ignoraron la denuncia de Doble Cero hasta que el Washington Post, publicó el 18 de septiembre la versión de que los paramilitares habían sido engañados y emboscados en Segovia.

El corresponsal del diario gringo señaló la coincidencia de esta victoria militar con la certificación anual en derechos humanos realizada en esas fechas por el gobierno de Estados Unidos. “La Operación Tormenta, como la bautizó el general Carreño, era muy útil para despejar cualquier duda sobre el compromiso —tantas veces cuestionado— del ejército en su lucha contra los paramilitares y para asegurar la asistencia militar por 1.300 millones de dólares, objeto en ese momento de debate en el Congreso estadounidense,” es un aparte de una historia sobre este episodio que escribí en mi libro “País de Plomo”.

El juez Paredes fue quien estuvo a cargo de la investigación y dice que él nunca pudo probar los nexos entre el teniente y el comandante paramilitar de la zona.

“Carreño me dijo ‘Usted no es propias tropas, usted tiene que condenar a ese teniente”, dice Paredes. “Es que yo no he comenzado la diligencia, le dije. Además, lo condena el Juez de Bucaramanga porque yo soy juez de instrucción”.

“Los paras le ayudaban a Carreño y él quería resarcir a los paras con la condena a Velandia”, dice Paredes. “Dentro de la investigación del CTI se demostró que hubo combate, había dos soldados heridos y en el barrio 7 de agosto se encontraron cartuchos. Todo iba favoreciendo a la tropa, yo le entregué el proceso a Bucaramanga”.

La versión del juez Paredes contradice la posición pública del general Carreño, quien siempre defendió públicamente al Ejército en ese caso, pese a que algunos de los paramilitares que sobrevivieron el ataque me dijeron que esa alianza entre el teniente Velandia y ellos sí existió.

Pero, al mismo tiempo, reporteando esa historia para el libro, unos soldados del batallón me dijeron que días después del incidente, su superior les había dado la orden de devolverle a los paramilitares el armamento decomisado para ‘reestablecer’ la relación con ellos. En una declaración en el proceso de Justicia y Paz, Salvatore Mancuso dijo que el General Carreño y las autodefensas tenían una relación de estrecha colaboración. Pero Carreño murió en un accidente de carro en 2007, antes de que la justicia probara si estos vínculos existieron.

El otro caso que enfrentó a Paredes con Carreño sucedió en el 2004 cuando ocurrió el caso de Guaitarilla, en la que el Ejército del Batallón Boyacá mató a siete policías y tres civiles. A Paredes le correspondió investigar el caso, pero Carreño, para entonces ya comandante del Ejército, pidió que no lo pusieran como director de la Unidad de Instrucción Militar. Y en cambio, pidió traer a una juez de Ipiales y una de Cali. Paredes solo tomaba diligencias.

Una de las declaraciones que Paredes dice que tomó fue la de un soldado que estaba con la tropa que le disparó a la Policía y que le contó que había recibido por radio desde el Batallón la orden de disparar los fusiles de la Policía para que pareciera un enfrentamiento. Y también le tomó declaración a uno de los civiles que se salvó y quien dijo que estaba actuando como guía de la Policía porque le iban a dar un golpe a unos narcotraficantes. “Le pregunté por la coca y dijo que no alcanzó a llegar porque el Ejército le dio duro”, dice Paredes. “El dijo que los traquetos tenían 600 millones para pagarle a la Policía de Carreteras”.

Paredes está convencido que Guillermo Valencia Cossio, en ese momento Director de Fiscalías de Medellín, y quien estaba a cargo de la investigación en su contra le quiso hacer el favor a Carreño hundiéndolo. Y que, la Corte le dio la razón dado el contacto que tenía Valencia Cossio en la Corte y que, según Paredes, quedarían probado con la grabación que reveló El Tiempo en el 2008, en la que Valencia Cossio supuestamente le dice a uno de los paramilitares: “No se preocupe por el caso en el alto tribunal que ya hablamos con un funcionario próximo a jubilarse. La versión de Paredes en este caso es difícil de probar porque la decisión fue de toda la Sala Penal y no solo de un funcionario.

En el caso del juez Paredes la justicia parece haber dicho la última palabra, salvo que Paredes logre ganar alguna de las múltiples tutelas que ha puesto en contra del fallo que lo condenó. Mientras tanto espera, sin empleo, sin plata y con su reputación arruinada, que alguien crea en su versión.