El nuevo director de la DIAN Juan Ricardo Ortega dijo que no podía liquidar el contrato firmado por su antecesor entre la DIAN y la unión temporal integrada por el alcalde de Barranquilla Alex Char (en el medio) y los Nule, entre otros socios y lo pasó a liquidación judicial.

A mediados de la semana pasada, una Unidad de Reacción Inmediata de la Contraloría Nacional llegó a la DIAN. Su misión: investigar con lupa el contrato que firmó la entidad con una unión temporal entre cuyos miembros están el alcalde de Barranquilla Alex Char y los Nule.

El contrato por 51 mil millones de pesos firmado por la unión temporal con la Dirección de Impuestos Nacionales no es ni el más grande ni en el que más plata perderá el Estado, pero sí es representativo del modus operandi de este grupo y también de la negligencia –o complicidad– que tuvieron algunas de las entidades del Estado que contrataron con ellos casi un 1 billón de pesos.

La historia de este contrato se remonta al 2006. En septiembre, la Unión Temporal Dian 2006 firmó inicialmente un contrato por 33.581 millones para la construcción, mantenimiento y dotación de 52 sedes de la DIAN en todo el país. Era un contrato por 11 meses.

La Unión Temporal DIAN estaba constituído por Alejandro Char & Cia que tenía el 61 por ciento de las acciones; H&H Arquitectura con el 25 por ciento; la empresa MNV del Grupo Nule con el 10 por ciento y D&S y Climate Servicios con el 4 por ciento restante.

Paralelamente a la firma de este contrato, la entidad abrió un proceso para escoger la firma interventora que condujo a la selección de un consorcio entre cuyos miembros estaba la empresa Bitácora, que también pertenece al Grupo Nule. Es decir, que una empresa del grupo verificaba el cumplimento del contrato por parte de un conglomerado en el que participaba otra empresa de los mismos dueños.

Hoy en día quienes estuvieron a cargo de este contrato dicen que en las cámaras de comercio de las dos empresas no aparecen los mismos dueños, pero al parecer la Seccional de Medellín de la DIAN denunció esta irregularidad y en todo caso, el contrato siguió adelante. Fue la primera de muchas irregularidades.

Una de las más grandes es que, cuando se suscribió el contrato Alex Char, que tenía más de la mitad de las acciones del conglomerado Unión Temporal DIAN 2006, estaba en campaña política para la Alcaldía de Barranquilla. Y cuando salió elegido, ni Char, ni la dirección de la DIAN vieron una inhabilidad –ni siquiera ética– en que un funcionario público fuera a la vez contratista del Estado.

Cuando estalló el escándalo en los medios hace unas semanas, el alcalde Char expidió un comunicado en el que se defendió diciendo que "La Ley 617 de 2000 en el artículo 37 establece las inhabilidades para ser alcalde distrital, y por tiempo y circunscripción territorial el Contrato de Obra 025-002 de junio 30 de 2006 no queda cobijado dentro de la inhabilidad prevista por la ley". Y agregó que "El Tribunal Administrativo del Atlántico y el Consejo de Estado, en sentencias de primera y de segunda instancia, respectivamente, al estudiar una demanda por inhabilidad del alcalde Char, al celebrar un contrato, consideró que no estaba inhabilitado".

Como lo anota el mismo comunicado los fallos a que hace referencia aluden a un contrato diferente al de la DIAN y es claro que si bien tener contratos con entidades diferentes a la que postula el candidato no lo inhiben para salir elegido, eso no quiere decir que la Ley 80, que regulaba en ese momento la contratación pública, no le aplicara. Esta ley dice que los servidores públicos no pueden contratar con el Estado, con lo cual esta situación ha debido generar una “inhabilidad sobreviniente’. En esos casos, lo que se suele hacer es ceder el contrato o terminarlo. La DIAN optó por seguir adelante, a pesar que durante todo el tiempo en que se ejecutó el contrato el mayor accionista de la empresa contratista era a la vez el alcalde de Barranquilla.
 

El contrato se firmó inicialmente por 33 mil millones pero tan pronto comenzó a ejecutarse tuvo dos adiciones por casi 20 mil millones más. Una de estas adiciones, según consta en documentos de la DIAN, se realizó con recursos de inversión que estaban destinados para un laboratorio de investigación de químicos incautados. Fueron a parar en manos de la Unión Temporal para la construcción de unos ascensores, que hoy están en una bodega de la DIAN. Solo este hecho podría configurar un peculado técnico por el desvío de recursos de inversión con destinación específica.

La no instalación de estos ascensores fue sólo una de varias obras que la Unión Temporal del alcalde Char y los Nule no entregó a tiempo o entregó mal hechas. La sede de Sendas, donde hoy funciona la dirección central, tenía que ser entregada el 30 de noviembre de 2008 y sólo fue entregada hace unos meses. La sede de la dirección seccional de Nariño se demoró tanto que tuvieron que pagar arriendo durante meses para poder trabajar, y de hecho, a raíz de las denuncias que puso el presidente del Sindicato de trabajadores de la DIAN de Pasto fue que la Contraloría inició una inspección de este contrato.

“En lo relacionado con Cartagena, Medellín y Bucaramanga, la DIAN ha dado traslado oportunamente al contratista de las molestias causadas a los funcionarios y concretamente frente al tema de Bucaramanga enviamos el oficio 312 del 14 de mayo de 2008 donde se remiten algunos ajustes de calidad que hay que hacer y en Sogamoso es específicamente la obligación 9ª porque es el tema del piso que se levantó y que a la fecha no ha sido arreglado”, dice el acta que suscribió la DIAN con el contratista el 20 de agosto de 2008, en donde queda claro que tienen problemas con la calidad de las entregas en Sogamoso, Cartagena y Sincelejo y con demoras Ibagué, Neiva, Tulúa, Medellín, Pasto y el edificio Sendas de Bogotá”

Pese a estos incumplimientos que eran evidentes y faltando tan solo ocho días para la terminación del contrato, la Secretaría General de la DIAN, Lourdes Benavides, se reúne en noviembre de 2008 con los contratistas en un comité de conciliación del contrato. Al leer el acta de la reunión, la letanía de problemas encontratados es tan larga y tan grave que parecía evidente que iban a declarar el incumplimiento del contrato. Pero al final, declararon que no había incumplimiento, lo cual los expertos que están mirando hoy el contrato consideran que es una resolución atípica pues normalmente sólo se sacan estas resoluciones cuando hay incumplimiento y no cuando el contrato transcurre normalmente.

Y aún más atípico, dos días antes de que venciera el contrato, lo suspendieron, en lo que ahora se cree que fue una artimaña para evitar las multas que tendría que haber pagado la Unión Temporal si terminaba el contrato con tantas obras incumplidas. En la suspensión acuordaron que la DIAN y los contratistas harián una conciliación extrajudicial pues ellos alegaron que se había roto el “equilibrio del contrato”. Lo curioso es que pese a que el domicilio del contrato es Bogotá, la conciliación se llevó a cabo en Cartagena. En dicha reunión, la DIAN aceptó concederle a la Unión Temporal DIAN 2006 siete meses más para terminar las obras, y los contratistas desistieron de su pretensión de cobrar una adición de 7 mil millones.

El sitio donde se llevó a cabo la conciliación ya fue raro, pero más irregular aún fue que prorrogaran el contrato de ejecución de las obras, pero no el contrato de interventoría que se venció en el 2008.

Y más irregular aún, que pese a que ya no estaba formalmente contratada para realizar la interventoría, Bitácora, la empresa de los Nule, siguió entre febrero de 2009 y el 31 de agosto de 2009, cuando finalizaó el contrato, actas de recibo a satisfacción de las obras (muchas que no se entregaron o se entregaron mal) autorizando el desembolso del dinero por parte de la DIAN, que les giró el 95 por ciento del valor total del contrato. Es decir que esta empresa le trabajó gratis al Estado durante casi dos años.

Además, según le dijeron funcionarios que están investigando el caso a Silla Vacía, la ex secretaria General Benavides prohibió que funcionarios de la DIAN viajaran a las entidades regionales a supervisar el avance de las obras por parte del contratista y que dio la orden de que todo se concentrara desde su oficina a nivel central. La Silla Vacía no pudo hablar con ella ni verificar de manera independiente esta información.

Ella tiene varios procesos fiscales abiertos en su contra y fue relevada de su cargo por parte del ex director de la DIAN Néstor Díaz. Díaz tampoco se ha pronunciado sobre este escándalo. Podría alegar a su favor que la empresa interventora había expedido actas de satisfacción con las obras recibidas pero los incumplimientos eran tan obvios pues eran en el edificio en el que él mismo trabajaba que es una excusa débil. Y encima de todo, no hizo efectivas las garantías incluidas en el contrato ante el eventual incumplimiento.

No es muy claro, entonces, cuál fue la motivación del director de la DIAN para no actuar en este caso. Un artículo de Semana de noviembre de 2006, relaciona a Néstor Díaz con David Char, primo de Alex Char, lo que podría indicar cierta cercanía a la familia Char, pero nada más. La nota denuncia que el senador David Char Navas, le habría solicitado a un grupo de personas que tenían graves problemas con la DIAN la suma de 1.000 millones de pesos con el argumento de que tras recibir ese monto él podía solucionarles el problema. Y que esta movida la estaba cuadrando con Néstor Díaz, en ese momento director de Impuestos Nacionales. En todo caso, luego de este escándalo y sin que se sepa en que paró, el presidente Uribe promovió a Díaz a la dirección de la DIAN.

Con el cambio en la Dirección de la DIAN, se hizo el estudio a la liquidación de este contrato y se llegó a la conclusión que ya no tenían competencia para liquidarlo pues había vencido el plazo legal para hacerlo y además no era claro cuál era el valor que debían pagar o cobrar. Entonces, la secretaria jurídica de la entidad solicitó la liquidación judical del contrato para que un juez determine el monto que la Unión Temporal debe al Estado por cuenta de este contrato.

Por su parte, Alex Char ha dicho públicamente que en este caso, como en el de la Doble Calzada Bogotá-Girardot, él responderá con su patrimonio para evitar un detrimento al Estado ahora que ya sabe que su empresa tenía este contrato con el Estado y del que él, según dijo, no era consciente.