Mancuso le envió una carta a Piedad pidiéndole que lo visitara en su cárcel de Estados Unidas. Ella fue hoy.

Esta mañana, la senadora Piedad Córdoba visitó a los paramilitares presos Salvatore Mancuso y Jorge 40 en la cárcel CDF de Washington. La última vez que tuvieron un encuentro tan cercano fue en mayo de 1999, cuando Córdoba fue secuestrada por orden de Carlos Castaño y Mancuso abogó por su fusilamiento.

Con este encuentro, se pone una vez más en evidencia una creciente convergencia de intereses –no buscada- entre el Movimiento de Víctimas liderado por la senadora y quienes fueron en el pasado sus victimarios.

La idea de la visita surgió por iniciativa de Mancuso. Desde Washington, pidió a la senadora a través de una carta que mediara en el proceso de Justicia y Paz, truncado por la extradición de ex miembros de las AUC. En su carta, Mancuso destaca el aporte de la Senadora a la solución del conflicto armado colombiano y dice que Piedad puede contribuir para restablecer las versiones libres y para que las víctimas conozcan la verdad y reciban reparación.

“La situación que se suscitó a partir de nuestra extradición, ha generado un estado de indefensión, tanto para las víctimas como para nosotros los postulados, que además de vernos impedidos para continuar los trámites judiciales de la Ley de Justicia y Paz con la misma dinámica que se venían adelantando cuando estábamos recluidos en cárceles colombianas y sin poder hacer mucho al respecto, observamos con preocupación e impotencia cómo nuestras familias son amenazadas, e incluso objeto de atentados, por parte de sectores que no quieren que sigamos contando la verdad”, dice la carta de Mancuso.

Córdoba, como miembro de la Comisión del Congreso de Seguimiento a la Ley de Justicia y Paz, que sirvió de marco para la desmovilización de los paramilitares, accedió. La acompañaron el senador Rodrigo Lara, también miembro de esta comisión, y representantes del Movimiento de Víctimas de Iván Cepeda, Eduardo Carreño, de la ONG Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y Danilo Rueda, de la Comisión Intereclesial, quienes son parte civil en los procesos que se adelantan contra el paramilitarismo.

Para Córdoba y los activistas de derechos humanos, la reunión era muy importante pues Mancuso ahora sí quiere confesar sus crímenes y supuestamente entregarles los bienes a las víctimas como parte de la reparación. Su información puede conducir al descubrimiento de nuevas fosas comunes donde enterraron a los campesinos que asesinaron y develar nuevas conexiones entre los poderes políticos y económicos y las autodefensas. Ambos objetivos han guiado el trabajo de muchas de estas ONG de derechos humanos.

Los objetivos comunes

Sin buscarlo y quizás sin quererlo, y aunque obviamente los separa el dolor de haber perdido a manos de los paramilitares a familiares muy queridos o porciones de sus vidas en el exilio, desde que arrancó el proceso de Justicia y Paz se comienza a producir una alianza inconsciente entre los jefes paramilitares como Mancuso y los líderes del Movimiento de Víctimas.

Cuando Mancuso habló por primera vez y confesó sus primeros crímenes y alianzas con la clase política, muchos en el país cuestionaron la selectividad de su memoria y también la veracidad de muchas de sus afirmaciones. En cambio, Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas, e Iván Cepeda, director del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, le creyeron a pie juntillas.

Y es que a Mancuso le conviene cuestionar la legitimidad del Estado, tradicionalmente un caballito de batalla de las ONG de derechos humanos y de víctimas. Cuando Mancuso dice que el paramilitarismo fue una política de Estado, sus declaraciones son música para los oídos de los líderes del Movimiento de Víctimas. Por diferentes razones, claro.

Ese argumento le conviene a Mancuso porque él se ha visto a sí mismo como el Simón Bolívar que enarboló la espada de un país asediado por la guerrilla. Y le conviene a los del movimiento de víctimas que buscan un resarcimiento integral del Estado a los familiares de los desaparecidos por miembros de las Fuerzas Militares, de las víctimas de los falsos positivos y, en general, de los que han sido víctimas de funcionarios del Estado. Ahora que se tramita la Ley de Víctimas, argumentos como los de Mancuso ayudan a defender la posición de no discriminar entre víctimas de guerrilla y paras y víctimas de Estado.

Mancuso tiene el aliciente adicional de desacreditar al máximo a Àlvaro Uribe por haberlos traicionado extraditándolos a Estados Unidos. También por diferentes razones, los líderes de las víctimas se opusieron a la extradición de los jefes paras, pues temían, como en efecto ha sucedido, que estar en Estados Unidos dificultaría la confesión de sus crímenes.

Estas paradójicas alianzas inconscientes entre víctimas y victimarios que comienzan a darse en Colombia, se han dado en casi todos los países que han vivido una transición post-conflicto. En Argentina, por ejemplo, durante la transición, los grupos de Derechos Humanos y los militares de la dictadura terminaron en la misma orilla atacando al presidente Raúl Alfonsín. Los primeros, porque las penas no eran suficientemente duras contra los victimarios y los segundos, porque eran demasiado duras. El resultado final, fue el debilitamiento extremo de Alfonsín, que a la postre terminó con su mandato.

Al concluir la reunión entre Mancuso y Córdoba, la senadora contó que el jefe desmovilizado le pidió gestionar acuerdos para avanzar en el proceso de Justicia y Paz. Y Piedad dijo que buscaría contactos con funcionarios judiciales de Estados Unidos para transmitir las inquietudes de Mancuso y de los extraditados.

Otros artículos relacionados:

Las diferencias frente a la Ley de Víctimas