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Miércoles Octubre 23, 2019
Los ex directores del DAS María del Pilar Hurtado, Andrés Peñate y Jorge Noguera fueron llamados a rendir indagatoria por la Fiscalía.

 

 

Los chuzados
Colectivo de Abogados
Presta asistencia jurídica a presos políticos y víctimas del Estado y entabla denuncias internacionales.
Asociación Minga
Hace activismo político a nivel nacional e internacional. Presta apoyo a comunidades en conflicto y ofrece asistencia legal a víctimas.
 CINEP
Con su proyecto "Noche y Niebla", recopila bases de datos de víctimas del conflicto armado y violencia política. Y publica reportes sobre abusos.No hace directamente denuncias pero sus informes son usados como evidencia en muchos casos.
Comisión Colombiana de Juristas:

Presenta casos  frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, incluyendo el caso de la Unión Patriótica.

Justicia y Paz
Acompaña a comunidades desplazadas y presenta demandas contra el Estado ante la la OEA. Sólo trabaja con víctimas del Estado y paramilitares.
Redepaz
Exige verdad, justicia y reparación para las víctimas. Las organiza y asiste en audiencias públicas, pero no hace denuncias, ni recoge registros de violaciones, ni trabaja con víctimas del Estado.

El Fiscal General abrió ayer investigación formal contra los cuatro ex directores del DAS para que expliquen las interceptaciones ilegales realizadas por la entidad a políticos, magistrados, periodistas y líderes de la oposición. Le faltó mencionar a las ONG de derechos humanos.

Entre las muchas carpetas que encontró el CTI de la Fiscalía en el DAS con los registros de seguimientos ilegales había una rotulada "Seguimiento a organizaciones y personas de tendencia opositoria frente a las políticas gubernamentales con el fin de restringir o neutralizar su accionar". En dicha carpeta se ordenaba hacerle inteligencia a seis ONGs y a dos periodistas.

¿Por qué en la mente de los 'chuzadores' estos activistas de derechos humanos representaban una amenaza para el Estado?

La Silla Vacía habló con miembros de algunas de estas organizaciones y todos enfatizaron que no tienen nada que esconder y que sus actividades son perfectamente legales. "Eso es pura paranoia del gobierno", dijo William Rozo, investigador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP, una de las ONG chuzadas. "Nada de lo que hacemos es clandestino". Sin embargo, muchos se negaron a hablar por teléfono y admitieron que toman medidas para proteger la información con que trabajan.

Algunos de los entrevistados aseguran que sus organizaciones sabían que estaban siendo chuzadas desde antes de que la revista Semana revelara el escándalo. Llamadas cortadas e interferencias eran alguna de las pistas, pero no las más obvias.

El 9 de septiembre del año pasado, en un discurso con ocasión del Día Nacional de los Derechos Humanos, el Ministro de Defensa invalidó un informe sobre ejecuciones extrajudiciales del CINEP y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos que no había sido publicado aún porque no se habían puesto de acuerdo internamente sobre los términos. El informe, que en ese momento aún era confidencial, fue publicado el 29 de Octubre, casi dos meses después del incidente. No es claro como llegaron los detalles de su contenido al ministro.

Otro día, un miembro de Redepaz terminó de hablar por teléfono, y, sin haber colgado, oyó una grabación entera de la conversación que acababa de tener.

Las chuzadas telefónicas no son lo único. En el sector de las ONG de derechos humanos son comunes robos en que lo único que se llevan son discos duros y memorias USB. A pesar de las denuncias, estos crímenes siempre se quedan sin resolver.

En general, estas organizaciones son de izquierda y suelen atacar más las violaciones del Estado que las de la guerrilla, pero no solo por eso son vistas por sectores oficiales como una amenaza. Sus actividades son "opositorias" afectan al gobierno porque lo dejan como un zapato frente al resto del mundo, porque ganan demandas que le cuestan miles de millones de pesos en reparaciones, y porque llevan a sus funcionarios a juicio por crímenes atroces.

Son un punto de referencia

Estas ONGs llenan un vacío de información en temas sensibles en los que no se mete el Estado hasta que es inevitable por presiones externas. Por lo tanto, se vuelven la autoridad que citan organizaciones internacionales, otros países, e incluso las mismas entidades oficiales.

Años antes de que explotaran los escándalos en el país, estas organizaciones ya estaban hablando de temas tan tabú como los falsos positivos y el espionaje de Estado. Sus informes son usados como evidencia en casos judiciales de violaciones de derechos humanos en cortes internacionales o para hacer cambios en la ayuda militar o préstamos que le llegan al país.

Por ejemplo, muchos de los datos usados para justificar las amenazas de suspensión de ayuda militar a las Brigadas 11 y 17 en los informes del Departamento de Estado de Estados Unidos provenían del informe ejecutivo del CINEP sobre ejecuciones extrajudiciales. También la Comisión Colombiana de Juristas recopila información y reporta casos de violaciones en varias publicaciones, hace derechos de petición a instituciones gubernamentales y lleva registros que luego usan en litigios. Esa información tiene el potencial de hacer quedar muy mal al gobierno de turno.

 

Tienen redes en todas partes

Otras de las organizaciones chuzadas no publican bases de datos de víctimas o victimarios, pero sí tienen extensas redes de miembros, voluntarios y otras organizaciones con presencia directa en las zonas de conflicto, lo cual les permite recoger información a la que no siempre tiene acceso el Estado.

Por ejemplo, la Comisión Intereclesial Justicia y Paz provee asistencia permanente a comunidades desplazadas en áreas muy afectadas por la violencia en el Bajo Atrato, Putumayo, Meta y Cauca. Las relaciones que desarrollan con las comunidades a través de la asistencia médica, educativa, legal y económica que les brindan les permite un acceso privilegiado y de primera mano a información sobre la situación de seguridad de la zona.

Redepaz también tiene una amplia red de voluntarios que ayuda a organizar víctimas, las acompaña a audiencias públicas e incluso asiste a la Fiscalía en la ubicación de fosas comunes. Aunque no tienen contacto directo con guerrilla o paramilitares, tienen un conocimiento detallado sobre las zonas y las víctimas.

 

 

 

Llevan al Estado a la palestra 

De las actividades de las ONGs, la que le da más duro al Estado son las demandas internacionales. Por un lado, enlodan a altos funcionarios del gobierno y de las fuerzas militares, en muchas ocasiones resultando en su captura y juicio. Ese fue el caso del ex General Rito Alejo del Río, quien terminó empapelado por su rol en la Operación Génesis, a raíz de una demanda presentada por Justicia y Paz ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica.

Por otro lado, esas demandas le cuestan mucha plata el Estado. Casos judiciales exitosos como los que adelantó el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo por las masacres de Mapiripán y La Rochela resultan en indemnizaciones millonarias a las víctimas que tienen que ser asumidas por el Estado.

Además, algunas de las organizaciones chuzadas como la Comisión Colombiana de Juristas también demandan leyes que no se adhieren a los estándares establecidos por la Constitución o acuerdos internacionales de derechos humanos.

En casos como el del estatuto de desarrollo rural y el estatuto antiterrorista, las acciones de inconstitucionalidad resultaron en la enmienda de las leyes en cuestión, complicando la puesta en marcha de algunas políticas del gobierno.

Pero aún si estas organizaciones son un dolor de cabeza para los funcionarios, al final nada resulta más costoso para Colombia que los esfuerzos oficiales por "neutralizar su accionar". Por más parcializadas que sean en contra del gobierno, ejercen un control importante sobre el poder que es necesario en una sociedad democrática.

Actualización: Originalmente publicamos que la rueda de prensa del Ministro de Defensa había sido en el 2007. Hemos corregido la fecha y añadido más detalles del incidente, incluyendo un enlace a su discurso.
 

 

 

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María del Pilar Hurtado
Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Jue, 2009-06-11 10:39

pero si van a llamar a indagatoria deberían llamar al actor intelectual de los hechos...al gestor de las urichuzadas

Mar, 2009-06-02 17:05

Una de las caracterisitcas basicas para determinar o establecer si un pais tiene dictadura o no esta: la de las interceptaciones y el uso de las fuerzas especiales y de inteligencia del estado en perseguir y violar el decho a la privacidad de los opositores... otros sintomas son los de cambiar la constitucion a beneficio propio, generar falsos positivos, manipular encuestas etc etc etc.....

Sáb, 2009-05-30 16:48

En los ultimos meses se ha dicho de todo del DAS; pero lo que no se ha dicho es que esta importante entidad se uso para hacer una guerra politica, y de ella es participe altos funcionarios del Estado, la oposicion y los voceros politicos de los grupos al margen de la ley. La esencia del DAS es la inteligencia, y los que conocen del tema saben que la inteligencia es tan sucia, que solo manos limpias la pueden manejar; por ello muchos estan interesados en acabar con el DAS. El gran valor de la agencia de inteligencia es la informacion; por ello considero que fue un gran error que el actual Director del DAS dejara que la Fiscalia tuviera acceso a los archivos reservados y secretos de la entidad, ya que la informnacion alli contenida es esencial para la seguridad misma del Estado. Si se continua dando un manejo politico al tema, se acabara con uno de los bastiones de la democracia; aclarando que a muchos funcionarios ya los acabaron y condenaron sin un juicio previo; que pesar.

Vie, 2009-05-29 12:33

El problema de fondo es quién administra las Chuzadas y con que fin. Personalmente creo que es un mecanismo que se debería IMPLEMENTAR LEGAL Y PERMANENTEMENTE.Todos los funcionarios del Estado son Públicos y administran nuestros recursos;como mínimo deberían sacrificar su privacidad en bien de la Patria,así lograríamos conocer más a fondo nuestros políticos, militares, jueces, policías ,Ministros etc. etc. y las acciones que desarrolen en favor del pueblo colombiano y de su patrimonio personal. Hasta la fecha,el mecanismo ha funcionado en algunos casos pero ha sido usado tan solo cuando la torta no se reparte bién y quedan algunos inconformes. No se si estaré errado, es tan solo una humilde opinión que muy posiblemente atente contra los derechos humanos de menos del 1% de la población o del 0.000000001% de nuestra clase dirigente.

Lun, 2009-06-01 10:16

Incluso dentro de esa propuesta de las chuzadas como mecanismo de control no estaría justificado chuzar a estas organizaciones, puesto que son organizaciones no gubernamentales. No son parte del Estado y sus miembros no son funcionarios públicos.

Vie, 2009-05-29 10:08

Lo del Ministro de defensa ¿no es una prueba de que altas esferas del gobierno hicieron uso de las grabaciones ilegales? ¿Esa es la evidencia que se estaba buscando no?

Vie, 2009-05-29 17:43

IGPardo, añadí más detalles sobre el indidente así como un enlace al discurso del Ministro, por si le interesa.

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