El Viceministro de Vivienda, Luis Fernando Henao, no entiende por qué demandan el decreto que permite generar vivienda, cuando en Bogotá la situación de la Secretaría de Habitat es crítica.

El déficit de vivienda social de Bogotá, que tiene en el ojo del huracán a la secretaria de Hábitat Catalina Velasco, es sólo una muestra de lo que pasa en el resto del país.

El Viceministerio de Vivienda estima que actualmente existe un déficit de cuatro millones de viviendas. Y salvo que se haga algo al respecto, no dejará de crecer.

Por ejemplo, según cálculos de 'Bogotá cómo vamos', en Bogotá hacen falta más de 300 mil viviendas, y para el 2020 se necesitarán 700 mil y un informe de hoy de la Personería de Bogotá lo confirma.

Para suplir este faltante es necesario generar 470 hectáreas anuales de suelo disponible para urbanizar. Pero en ocho años, Bogotá ha generado solo 620 hectáreas, y de estas sólo el seis por ciento se destinó a vivienda de interés social, según el mismo proyecto que monitorea de manera independiente los avances de la ciudad. Es decir que en ocho años, Bogotá no alcanzó a generar suelo necesario ni para un año y medio.

Lo paradójico es que precisamente una demanda de cinco concejales de Bogotá contra la Nación tiene en jaque 14 macroproyectos de vivienda social en varias ciudades del país.  Los ‘quíntuples del Concejo’ demandaron un artículo del Plan de Desarrollo que autoriza al Gobierno a gestionar grandes proyectos de vivienda, una prerrogativa que la Constitución reserva para los municipios (ver artículo). 

Los concejales consideran que estos macroproyectos del Gobierno no sólo violan la autonomía territorial porque ahora el Gobierno puede comprar o expropiar terrenos para hacer las obras donde disponga sin la aprobación del municipio, sino que tienen implicaciones grandes sobre el crecimiento de las ciudades, con sus correspondientes efectos ambientales.

"Crecer en la Sabana se salta el modelo de desarrollo planteado para Bogotá que busca crecer en las alturas y no mandar a los pobres a los extramuros” dijo a La Silla Vacía el concejal Carlos Vicente de Roux, uno de los demandantes.

La demanda de inconstitucionalidad actualmente cursa en la Corte Constitucional y de su resolución dependerá en buena parte la solución al gran déficit de vivienda del país.

Los macroproyectos

Con los macroproyectos de interés social, el gobierno espera generar 214 mil viviendas, lo que le solucionaría el problema a un millón de personas.

En total, el Viceministerio dice que destinó 4.200 hectáreas para construir de forma simultánea vivienda de interés social en varias ciudades e hizo una apropiación en el presupuesto del 2010 de 70 mil millones para soluciones de vivienda, que implica un aumento del casi 700 por ciento.

Hasta ahora hay macroproyectos previstos para Medellín, Cartagena, Barranquilla, Cali, Buenaventura, Soacha, Neiva, Manizales, Bucaramanga, Candelaria, Mosquera, Dosquebradas y Tumaco.  La mayoría ya están en camino. En Cartagena se entregaron las primeras casas en Ciudad del Bicentenario, otras apenas empezarán a construirse este año, como es el caso del Proyecto Ciudad Verde, en Soacha.

Esta es la primera fase del macroproyecto urbanización Villas de San Pablo, que construye la Fundación Mario Santo Domingo  en Barranquilla.

La vivienda de interés social en el país está en obra negra. El déficit es de 4 millones de viviendas.

Macroproyecto Ciudad del  Bicentenario de Barranquilla.

Cada macroproyecto debe tener un 51 por ciento de vivienda de interés social que no puede pasar de 35 millones de pesos, lo cual asegura que los terrenos serán ocupados por las personas de estratos bajos.

Las empresas privadas están dispuestas a invertir porque además de vivienda de interés social pueden construir vivienda de otros estratos y zonas industriales.

Cerca de las casas y apartamentos se construirán zonas comerciales, unidades industriales, zonas verdes, canchas, parques y humedales, vías nuevas, sistemas integrados de transporte, colegios, bibliotecas y en algunos casos, universidades, hospitales, centros de salud y zonas francas.

Hasta el momento, en estos proyectos están participando los grandes constructores del país como Comfenalco, Amarilo, Comfandi, Constructora Centenario y la fundación Mario Santo Domingo. En algunos casos, como el de Medellín, el Gobierno pone el terreno. En otros, como el de Soacha, simplemente agiliza los trámites y los empresarios asumen toda la inversión.

El déficit de vivienda

Parte del déficit de vivienda social obedece a que no hay suelo suficiente porque los tramités de aprobación para construir son tortuosos y demorados en las localidades.

“Dicen que no hay suelo para construir vivienda, pero los macroproyectos responden dicendo: si hay suelo. La exagerada burocracia y tramitología están impidiendo construir vivienda, y más aún, vivienda de interés social”, dice el viceministro de Vivienda Luis Fernando Henao

Un municipio que quiera construir viviendas tiene que tener recursos, hacer planes ambientales, presentar proyectos, es decir, tiene que contar con una capacidad institucional que por lo general no tiene. Además, algunos alcaldes temen atraer más gente pobre al municipio si construyen vivienda social porque esto les implica subsidiarle los servicios públicos, una carga bastante onerosa para el presupuesto local.

Pero lo más grave es que según el Viceministerio de Vivienda, la mayor parte de los alcaldes del país no tiene claro que es su responsabilidad gestionar proyectos de vivienda de interés social.  Agrega que en todos los casos los macroproyectos se han concertado con los alcaldes y que son ellos mismos quienes solicitan las obras. Por eso dice que no están pasando por encima de los municipios como alegan los concejales.

Los planes parciales

Cada plan parcial, que es el proyecto que posibilita que el suelo de una ciudad sea urbanizable, tarda por lo menos cinco años en ser aprobado por los respectivos municipios.

La licencia de construcción que se solicita después puede demorarse apróximadamente 18 meses. Por eso, cuando por fin el terreno está listo, ha pasado tanto tiempo que a veces ya no es rentable construir vivienda de interés social. Como no hay suficiente suelo disponible, el metro cuadrado cada vez es más caro. La consecuencia de esto es que la clase media está poblando terrenos que habían sido pensados para vivienda de interés social y a los estratos bajos no les queda más remedio que asentarse en terrenos informales.

Cientos de solicitudes de aprobación de planes parciales para construir vivienda están represados en las secretarías de planeación de municipios y gobernaciones. En la Secretaría de Planeación de Bogotá, para no ir más lejos, hay 28 planes sin aprobar. “Los instrumentos de planificación no funcionan en Bogotá. Entre el año pasado y este año Bogotá ha generado dos planes parciales y este año va a salir apenas el segundo”, dice el viceministro de Vivienda.

Por eso el coordinador del programa 'Bogotá cómo vamos', Carlos Córdoba, también pidió hace un par de semanas “acelerar la expedición del Plan Zonal del Norte y reactivar el proyecto Nuevo Usme”, terrenos que aceleraría la construcción de vivienda.

En Cundinamarca la situación no es mejor. Un estudio del Viceministerio de Vivienda revela que en 25 municipios de la Sabana, solo el 2 por ciento del territorio es para construcción de vivienda.

La consecuencia inmediata del represamiento de planes parciales es la creación de barrios informales, cuya dotación de servicios públicos termina costándole un dineral a la ciudad. En los últimos ocho años, Bogotá ha invertido 1.6 billones en normalizar los barrios con obras de mitigación, servicios publicos domiciliarios y sistemas de transporte.

Pero incluso, personas con subsidios de vivienda no tienen dónde comprar una casa. Bogotá, por ejemplo, es una ciudad privilegiada en subsidios de vivienda. Toda persona que tenga Caja de Compensacion Familiar y gane menos de dos salarios mínimos tiene asegurado, si lo solicita, un subsidio de vivienda de apróximadamente dos millones. Sin embargo, hay 80 mil subsidios asignados en peligro de perderse.  Aunque estas personas tienen el ahorro, el crédito y el subsidio, no encuentran vivienda de interés social disponible para comprar.

“La solución al problema habitacional de Bogotá debe ser abordado desde una perspectiva regional, donde las entidades distritales y nacionales trabajen de manera conjunta”, dice Sandra Forero, directora de Camacol.

El viceministro Henao cree que esa es la apuesta de los macroproyectos. Dice, además, que también ayudarán a solucionar el problema del alto precio de la tierra, “al reducir el tiempo de los trámites esperamos que los precios bajen”, dijo. Pero expertos en tierras consultados por La Silla Vacía creen que esto no es tan claro y que en realidad lo que se necesita es una política integral para cobrar la plusvalía urbana.

Avanzan los macroproyectos: Ciudad Verde

Uno de los macroproyectos 'modelo' ya está programado para Soacha. Ciudad Verde será el proyecto de vivienda de interés social más grande de Colombia que generará 32 mil viviendas nuevas. Este año iniciará oficialmente la obra con la empresa Amarilo.

“Para un municipio que por 20 años creció de manera informal esta obra es la oportunidad de crecer de forma ordenada”, dijo Gabriel Machado, el Secretario de Planeación de Soacha.

Machado cuenta que la mayor parte del crecimiento de Soacha ha sido con asentamientos improvisados que  carecen de servicios públicos. En este municipio no hay Instituto ni Fondo de Vivienda, pero esta obra va a garantizar suficiente oferta de vivienda a largo plazo.

La meta es que en un lapso de cinco años Ciudad Verde esté totalmente poblada por unas 125 mil personas, muchas de ellas de Bogotá. Porque, aunque la ciudad y el Alcalde Moreno se han opuesto de frente a los macroproyectos, curiosamente sí incluyeron las viviendas de Ciudad Verde entre sus metas de construcción de vivienda.