Guillermo Cano, Rodrigo Lara Bonilla y Luis Carlos Galán, asesinados por el narcotráfico

A la justicia colombiana le cogió la noche con la investigación de varios crímenes que sacudieron a la sociedad en la década de los ochenta. Asesinatos de líderes políticos, jueces y periodistas que ocurrían en semáforos, aeropuertos y centros comerciales con una regularidad aterradora. Y ahora, cuando varios de estos crímenes están a punto de prescribir – es decir, de que se extinga el derecho a juzgarlos – la Fiscalía General de la Nación busca alternativas para conseguir tiempo extra. La tesis que promueve es que estos delitos son de lesa humanidad.

El caso más comentado durante esta semana fue el del magnicidio de Luis Carlos Galán, que el martes cumplió 20 años de ocurrido y 20 años de estar en la impunidad. Sobre la hora y considerándolo como un delito de lesa humanidad, el fiscal general encargado Guillermo Mendoza ordenó la captura de Miguel Maza Márquez, director del DAS en 1989 (ver nota de La Silla Vacía).

La medida de aseguramiento contra Maza Márquez se refirió a otros crímenes ejecutados por los narcotraficantes, entre ellos el del entonces ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, en 1984, y el del director de El Espectador Guillermo Cano, en 1986. La idea detrás de esto es que se considere que el narcotráfico – con el apoyo de sus ‘fuerzas oscuras’ – adelantó una estrategia sistemática para eliminar a todos los que se le opusieran. Concretamente, eliminó al Nuevo Liberalismo. Así, se equipararía de alguna forma con el exterminio de la Unión Patriótica.
 

El vicefiscal Guillermo Mendoza ordenó la captura de Miguel Maza Márquez el día que se cumplieron 20 años del asesinato de Galán.

El procurador general Alejandro Ordóñez, que había prendido las alarmas por la prescripción del caso Galán, celebró la decisión de la Fiscalía.

Esa interpretación permite adecuar estos delitos al concepto de lesa humanidad. Como su nombre lo indica, éstos delitos se consideran especialmente ofensivos para la humanidad. Tienen por objeto atentar contra una población civil de manera generalizada en razón a sus convicciones políticas, religiosas o ideológicas.

Son considerados delitos de lesa humanidad el secuestro, la desaparición forzada y la tortura, entre otros. El efecto más importante es que son imprescriptibles y, por lo tanto, pueden investigarse 20, 30 ó 40 años después de ocurridos. Un ‘plazo’ que le permitiría a los fiscales generales y jueces que conocieron los casos evadir o aplazar la responsabilidad política que tendrían que asumir por la falta de resultados en estas investigaciones.

En su columna más reciente, Claudia López apoyó la tesis del Fiscal: “Mediante el uso de sistemáticas acciones violentas, el narcoparamilitarismo borró del mapa al Nuevo Liberalismo y a la Unión Patriótica. Con esas acciones consolidaron un proyecto político que, desde entonces, ha sido capaz de duplicar cada dos elecciones su caudal electoral”.

Igualmente a favor se muestran los familiares de las víctimas, que al menos mantienen la esperanza de que algún día se haga justicia y se conozca la verdad de lo sucedido. Con un elemento adicional: las confesiones de los paramilitares han permitido aclarar crímenes ocurridos hace muchos años. En el caso de Rodrigo Lara Bonilla, por ejemplo, los líderes de las autodefensas extraditados han dado detalles desconocidos hasta entonces, que podrían servir para impulsar la investigación. Aclarar hechos como éste – y otros miles que han ocurrido en Colombia –, propios de un conflicto interno, requiere de tiempo. Décadas incluso. No obstante, estos plazos pueden lograrse estableciendo, a través de una reforma legal, la imprescriptibilidad de ciertos delitos o extendiendo los términos de prescripción.

Según una ex magistrada auxiliar de la Corte Constitucional consultada por La Silla Vacía, el uso de la lesa humanidad en estos casos puede banalizar la figura, y lo que realmente evidencia es la ineficiencia del sistema penal. En el plano internacional no tendría mayores efectos. “El Estatuto de Roma tiene criterios muy claros para los delitos de lesa humanidad, y sería difícil que le den ese alcance”. Un caso similar sucedió con la Unión Patriótica, que quiso elevar al grado de genocidio los asesinatos de sus integrantes. Y si bien este caso hace carrera en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no se le dará ese tratamiento.

Otro ex magistrado del alto Tribunal, afirmó que se trata también de un juego de riesgos: por un lado, el riesgo presente de que los procesos prescriban y, por el otro, el riesgo futuro de que se caigan más adelante por desconocer las garantías procesales. Allí será la Corte Constitucional la que tenga la última palabra.

Por último, a pesar de lo conveniente que parece y de la aparente facultad que tiene la Fiscalía para hacerlo, declarar un delito de lesa humanidad tiene implicaciones jurídicas de consideración. Puede generar complicaciones a la hora de demostrar y asignar responsabilidades. Los abogados de los acusados – en el caso de Galán, de Maza Márquez – usarán como parte de la estrategia de defensa el argumento de la prescripción. En ese caso, será un juez en su despacho el que decida. Entonces tendrá que probar que se trató de un ataque sistemático y generalizado de parte de un grupo organizado, con la anuencia o la omisión del Estado. Y entonces tal vez concluya que se trató más bien de un magnicidio, del asesinato de una persona importante para la sociedad, que no se investigó a tiempo. Y en ese momento, como ahora, quedará en la impunidad.