En la carrera de obstáculos que le falta por superar al referendo, el registrador Carlos Ariel Sánchez tiene mucho poder. Los uribistas quieren neutralizarlo.

Si la Corte Constitucional declara el referendo constitucional, la batalla final será en la Registraduría. En manos del registrador Carlos Ariel Sánchez está la posibilidad de que los siete millones de votos que necesita el referendo para superar el umbral y ser considerado válido, puedan reducirse. Sin depuración del censo (artículo sobre qué es el censo), el futuro de la reelección está en duda.

Sánchez también tiene el poder de acelerar o retrasar el operativo para sacar el referendo a las urnas. Y esto ha prendido las alarmas de los uribistas que no confían en el Registrador, no sólo por su origen liberal, sino por su posición de no emitir la certificación que valida el trámite del referendo sin las cuentas en orden. Como es mejor prevenir que curar, los uribistas ya han puesto tres estrategias en marcha para neutralizarlo.
 

La propuesta de reducir el censo colando un artículo en la reglamentación de la reforma política es de la senadora Elsa Gladys Cifuentes, de La U.

1 Quitarle la reducción del censo de sus manos

El miércoles de la semana pasada la senadora Elsa Gladys Cifuentes, antes de Cambio Radical y ahora de La U, sacó de la manga una propuesta en este sentido. En una audiencia pública planeada en el Congreso para discutir el proyecto de reglamentación de la reforma política propuso incluir en la iniciativa un artículo para reducir el censo electoral.

Coincidencialmente, la propuesta de aplicar una nueva fórmula de cálculo para el censo ya había sido escuchada por los congresistas uribistas de labios del ministro del Interior Fabio Valencia Cossio en una reunión con la coalición hace veinte días. La fórmula propuesta por Gobierno y Cifuentes es radicalmente diferente a la que se viene utilizando.

Desde hace 21 años, la lista de personas habilitadas para votar está compuesta por todos los ciudadanos que tienen cédula de ciudadanía, y sólo se suprimen los nombres de las personas que son registradas en las notarías como muertas, los militares y los condenados. Sin embargo, la idea de Cifuentes, que tanto ha levantado ampollas, es que en las próximas elecciones sólo puedan votar los ciudadanos que lo hicieron en el 2006 y los jóvenes que sacaron cédula en los últimos cuatro años.

Aunque el Registrador ya inició un proceso técnico para sacar gradualmente a los muertos del censo, éste no parece ser suficiente. Con los diez mil millones que el Gobierno Nacional le giró a la Registraduría para este objetivo, al final del año pueden salir 400 mil cédulas.

Para que el referendo sea válido la cuarta parte del censo electoral debe votarlo, no importa si positiva o negativamente. Y con el censo actual (29.457.190) esto implica que Uribe debe sacar más o menos siete millones de personas a las urnas, lo que muchos ven como un imposible. Pero si la fórmula es cambiada, el censo se reduce a la mitad. Sólo se contarían los 11 millones que fueron a votar en el 2006 y las cuatro millones de cédulas nuevas. Así el referendo se validaría con sólo 3.5 millones de ciudadanos. De estos, la mitad debe votar positivamente la pregunta para que haya reelección.

El problema es que no es tan fácil meter este artículito en una ley estatutaria que está diseñada específicamente con el objetivo de reglamentar la financiación pública de campañas y las sanciones para los partidos que se aprobaron en la reforma política. Si el tema del censo se cuela ahí, podrían demandar la ley porque no se respetó la unidad de materia. Además, una ley estatutaria debe pasar por un exámen de la Corte Constitucional, lo que evitaría que saliera antes de la votación del referendo.

El senador Samuel Arrieta no va a dejar que la depuración del censo entre como mico a uno de sus proyectos.

2 Si no es en la estatutaria, meterla en un proyecto de ley

Ante estas dificultades, Cifuentes salió ayer con un Plan B: colarle el artículito a un proyecto de ley ordinaria que en la pasada legislatura presentó el senador Samuel Arrieta. La iniciativa que ya pasa a segundo debate busca ampliar el plazo para que los ciudadanos renueven su cédula. Las personas que en diciembre de este año no tengan todavía la cédula amarilla con holograma no podrán votar en el 2010. Por eso Arrieta, seguro también pensando en el referendo, presentó hace unos meses un proyecto para ampliar este plazo hasta diciembre del 2010, es decir, extenderlo por un año. Y como la ponente es la senadora Cifuentes, ella quiso meter su gol y propuso que la depuración forzosa del censo se incluyera como otro artículo del proyecto.

Pero Arrieta no se dejó. Pese a que el Gobierno quiso persuadirlo de que cediera, el senador de Convergencia Ciudadana se negó a que este tema quede metido en su proyecto. “Es una propuesta antidemocrática. Le impide el derecho al voto a todos aquellos que no quisieron o no pudieron votar en las últimas elecciones”, dijo Arrieta a La Silla Vacía.

En las próximas semanas el Consejo de Estado definirá si la elección del actual Registrador debe o no anularse.

3 Demanda para neutralizar al enemigo

Todas estas movidas para depurar el censo por sus propias manos, no le ayudan a los uribistas a resolver su otro miedo: que el Registrador no meta con toda el acelerador para que el operativo electoral del referendo pueda hacerse antes de marzo.

Para ello, el Registrador ha dicho que necesita mínimo cuatro meses para publicar las listas de las cédulas que pueden votar e iniciar la propaganda para que la gente asista a las urnas. También debe solicitar con tiempo las listas de los jurados de votación a las entidades públicas y privadas. Y diseñar el tarjetón del referendo, pues este debe estar listo con los demás componentes del kit electoral para llegar a tiempo a cada rincón del país. Pero si Sánchez no tiene voluntad, toda esta logística se puede alargar.

Para evitarlo hay rumores de que algunos funcionarios del Gobierno están moviendo sus fichas en el Consejo de Estado para reactivar una demanda que existe contra la elección del actual Registrador. Si el fallo es positivo, sacarían a Sánchez del juego y los dos mayores opcionados para reemplazarlo serían el ex registrador Juan Carlos Galindo, muy cercano a Edgardo Maya Villazón, o Guillermo Reyes, ex viceministro de Justicia de este Gobierno.

En la demanda contra la elección del Registrador se argumenta que Sánchez no podía participar en el concurso de méritos en el que fue elegido porque no había pagado una multa por 40 millones que le habían impuesto por un proceso fallado en su contra cuando era Contralor de Bogotá hace más de una década. Se le ordenó restituir una funcionaria que había despedido en un proceso de reestructuración y por eso le impusieron una sanción económica.

Lo interesante es que esta demanda estaba casi muerta y de pronto revivió. En el último concepto que la Procuraduría dio al Consejo de Estado sobre el proceso, en diciembre de 2008, se argumentaba que no había razones suficientes para anular la elección de Sánchez, pues el fallo que lo obligaba a pagar la multa no estaba en firme.

El rumbo del proceso cambió en los últimos días y ahora los vientos están en contra de Sánchez. La demanda ya no será fallada en la Sección Quinta, donde venía siendo discutida y donde fuentes de La Silla Vacía afirmaron que ya había una ponencia de la magistrada conservadora Noemí Moreno para rechazar la demanda. El caso será votado por los 23 consejeros en sala plena. Un salto fuera de lo común, pues lo ordinario es que los procesos se resuelvan en cada sección.

Así las cosas, mientras los ojos de todos están puestos en la Corte Constitucional, las movidas en el frente de la Registraduría cogen impulso.