Los concejales son clave para la contienda de 2010, por eso al Gobierno, ahora más que nunca, le conviene resolver su lista de necesidades. El Conpes 3605 va en esta dirección.

En política hay una verdad de perogrullo: para ganar unas elecciones, sean presidenciales o legislativas, son muchos los concejales que hay que tener en el bolsillo. Ellos son la base de la pirámide de votos, los que organizan el sancocho o la reunión en la plaza. Son los que tienen el contacto directo con la gente. Por eso al Presidente y al uribismo les conviene estar muy bien con ellos, con miras a las elecciones de 2010.

En un reciente documento Conpes sobre el tema pensional, el Gobierno metió un artículo que beneficia directamente a los concejales que ganan menos de un salario mínimo. Lo que según cifras de la Federación Nacional de Concejales equivale a más del 80 por ciento de ellos.

En principio el Conpes 3605 se hizo para flexibilizar los requisitos del Fondo de Solidaridad Pensional al que aportan 0,5 por ciento de su cotización mensual quienes ganan más de cuatro salarios mínimos y hasta un uno por ciento quienes ganan más de 16 salarios. La idea era beneficiar a los trabajadores independientes que con las semanas cotizadas y la edad necesaria no alcanzan a sumar un ahorro suficiente para acceder a una pensión.

Pero a última hora, también se abrió la puerta a los concejales de bajos recursos, a los maleteros del Aeropuerto El Dorado y a los pastores cristianos, para recibir un subsidio en su cotización mensual a la pensión. La ayuda a los concejales equivale a un 75 por ciento de la cotización mensual.

La entrada de los cabildantes al Conpes cayó muy mal entre expertos en el tema pensional, por ser más política que técnica. El Fondo de Solidaridad Pensional fue creado con la Ley 100 de 1993 para beneficiar a grupos vulnerables que no alcanzan a pensionarse.

El Ministerio de Hacienda, en cabeza de Óscar Iván Zuluaga, fue uno de los que encabezó la redacción de este documento de política pública, que aunque parece ser una solución milagrosa, no lo es tanto.

Como sólo personas mayores de 55 años y con un número alto de semanas cotizadas, madres cabezas de familia y trabajadores discapacitados pueden acceder a los recursos, sobra un montón de dinero; con requisitos tan especiales, en el momento sólo hay 214.000 beneficiarios. Los expertos en pensiones critican que en cambio de disminuir el rango de edad para que más gente del común y de bajos recursos se beneficie, privilegiaron poblaciones con nombre propio.

"Se puso todo el interés en que pudiéramos llegar con este documento Conpes aprobado a esta asamblea de concejales”, afirmó el presidente Uribe en el discurso de inauguración del Congreso Nacional de Concejales, el 11 de septiembre en Bucaramanga.

Pero lo más grave es que este subsidio a la pensión para los concejales, que Uribe salió a vender al día siguiente de la emisión del Conpes en el Congreso Nacional de Concejales como una solución mágica, no lo es tanto. Esta movida es sin duda un buen champú de popularidad para el Presidente, pero puede traerle graves choques con los concejales.

“Pronto los concejales se van a dar cuenta que el subsidio que les da el Conpes no es real. Es algo disfrazado en época electoral”, aseguró a La Silla Vacía Wilmar Quintero, director jurídico de la Fenacon, quien está investigando de fondo el tema.

“El Gobierno hace tiempo se había comprometido a resolverle a los concejales el tema pensional. Pero el Conpes es algo reforzado que sacaron de afán para el Congreso Nacional de Concejales. Son tantos los requisitos para acceder al subsidio que van a ser pocos los beneficiados”, añadió Quintero.

La promesa

Legalmente los concejales no son considerados empleados públicos, ni son beneficiarios de ningún régimen especial de pensiones. Son servidores públicos y cotizan como independientes. Su contrato sólo obliga a que el contratante, que es el municipio, les pague honorarios por las sesiones a las que asistan.

El senador Eduardo Enríquez Maya radicó un proyecto de ley en agosto del 2008 que incluye la creación de un fondo especial de pensiones para los concejales. Pero como esta salida es tan costosa para el Gobierno, el Plan B fue sacar este Conpes.

Antes de 2008 sólo estaban obligados a pagar un seguro de salud y uno de vida, que los municipios de categorías cuatro, cinco y seis (que son los de bajos recursos) están en obligación de financiar. La cotización para pensiones no era obligatoria y sólo la cubría el concejal que tuviera los recursos. Y estos eran muy pocos.

Más de tres cuartas partes de los miembros de los concejos viven en municipios de categoría seis, por lo que reciben un salario de menos de 400 mil pesos mensuales. De esa cifra deben entregar un 10 por ciento de retención en la fuente y si además quieren cotizar a pensión les descuentan un 16,5 por ciento. Así, sólo les quedan 280 mil pesos mensuales para vivir, por eso la mayoría se negaba a cotizar pensión.

En el Congreso Nacional del 2006 en Cartagena, Uribe hizo su primera promesa para resolver este tema. Pero en vez de ayuda, los concejales recibieron garrote. Con la resolución 01414 de 24 de abril de 2008, emitida por el Ministerio de Protección Social, los cabildantes quedaron obligados a cotizar pensión, sin importar si contaban con los recursos o no.

“Mientras nosotros exponemos nuestras vidas y mucho más, el Estado quiere quitarnos la limosna que nos pagan por las sesiones que se dan cada tres meses, cuatro veces al año”, manifestó en el momento Blanca Nora Ospina, concejal de Ciudad Bolívar, Antioquia, en un foro virtual sobre esta resolución. (Ver foro de que se armó en 2008 con reclamos de concejales de todo el país.)

Esta gota rebosó la copa y los concejales empezaron a moverse a través de Fenacon para, por su cuenta, encontrar una salida. La idea era crear un fondo de pensiones especial para los concejales con dos fuentes de financiación. Parte de los recursos debían venir del Fondo de Solidaridad Pensional. Y la otra de sacar la mitad de la contribución por renta que los concejales hacen mensualmente.

El senador Eduardo Enríquez Maya radicó un proyecto de ley en agosto de 2008 para ayudar a la protección de los derechos de los cabildantes, que incluye una propuesta similar a la de Fenacon. Pero este proyecto, a pesar de contar con un trámite fugaz en el Senado, lleva diez meses varado en la Comisión Primera de la Cámara. Lo interesante es que el Gobierno le dio el aval el 13 de julio de 2009 para que fuera aprobado, con algunas observaciones sobre la posibilidad de que la iniciativa, que es una ley ordinaria, choque con lo que está en la Constitución y en la Ley Orgánica 136 de 1994, que tienen mayor jerarquía.

Por eso con el Conpes 3506 el Gobierno está matando dos pájaros de un sólo tiro. Le da una solución visible, aunque no tan efectiva al tema pensional, antes de elecciones, sin que esta implique la creación de un fondo especial de pensiones que sería un gasto que al Gobierno le queda casi imposible asumir.

“Con los ingresos que tiene usted en el Estado le alcanza solo para tres cosas: transferencias, emisiones y pago de la deuda. El resto implica recursos extra en medio de una época de crisis económica”, le dijo Enríquez Maya, el mismo autor del proyecto de ley que crearía el fondo, a La Silla Vacía.

Concejal, a bajarse de la nube

El Conpes 3605, al tener tantos requisitos, le sale más barato al Gobierno porque sólo beneficia a unos pocos y no al grueso de esta población. Al subsidio de 75 por ciento de la cotización mensual sólo podrían acceder los concejales que ganan menos de un salario mínimo, que tienen entre 35 y 58 años y que tienen un acumulado de 250 semanas cotizadas. Y la ayuda sólo los cobija mientras ocupen el cargo como servidores púbicos. El viernes 18 de septiembre, La Silla Vacía envió un cuestionario sobre este tema al Ministerio de Hacienda, quien lideró la redacción del Conpes. Aún no se ha recibido respuesta.

Los posibles concejales beneficiados son en muchos casos campesinos o trabajadores informales que nunca en su vida han cotizado. Fuera de eso, después de 2007 hubo una renovación en los concejos municipales, y muchos de los políticos locales ahora son jóvenes, menores de 30 años. Es decir, no clasificarían para la zanahoria que les ofrece el Gobierno.