Una de las caras para mostrar de la Seguridad Democrática es el Programa de Protección del Gobierno, que en 2009 invirtió más de 85 mil millones de pesos en éste. Ha sido apoyado económicante por el gobierno de Estados Unidos, y sus logros fueron destacados en 2006 por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

"Yo no tengo escoltas sino espías", dijo Piedad Córdoba el mes pasado. Se refería a los hombres del DAS encargados de su seguridad. El mismo DAS que, como anunció el Gobierno hace pocos días, será reemplazado por la Agencia Central de Inteligencia, en respuesta a los escándalos de las ‘chuzadas’, las intimidaciones y el espionaje. Este cambio, sin embargo, no toca un tema de fondo, del que poco o nada se habla: el Programa de Protección del Gobierno para personas en riesgo.

El presidente Uribe lo ha defendido a los cuatro vientos, especialmente cuando le responde a Estados Unidos por las cifras de sindicalistas asesinados en Colombia y cuando habla de los logros de la Seguridad Democrática: "Muchos de esos críticos míos vivían en el extranjero, ahora viven en Colombia felices, y mientras nosotros estamos trabajando con las comunidades, ellos están en tertulia de la ‘social-bacanería', de la burguesía de izquierda, tomando whisky en cocteles, pero sin embargo ahí están protegidos, y es bueno que se sepa esto", dijo en febrero pasado.

A pesar de que el Gobierno invierte cuantiosas sumas en la seguridad de personas amenazadas, el Programa de Protección funciona a media marcha. La protección de la que se enorgullece el Presidente - cuya coordinación está a cargo del Ministerio del Interior - se implementa en muchos casos de forma tardía, o a veces nunca.

Más allá del espionaje - algo que también han denunciado periodistas como Hollman Morris y Claudia Julieta Duque -, los demás beneficiarios se quejan de que los escoltas no están preparados o no tienen experiencia; que los armamentos que reciben están en malas condiciones o no son adecuados para el riesgo que enfrentan. Y, peor aún, afirman que cuando protestan por esta realidad, no llegan las soluciones ni las respuestas.

En agosto de este año, el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca declaró en desacato a Felipe Muñoz, director del DAS (foto), y a Rafael Bustamente, director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, por incumplir una orden relacionada con el Programa de Protección.
En marzo de 2006, una comisión especial recomendó que el DAS debería abandonar todas las labores de protección y que la Policía, dirigida por el general Óscar Naranjo, debía asumirlas.
El Programa de Protección se creó en 1997. Está encabezado por el ministro del Interior del Interior Fabio Valencia, y se creó para atender poblaciones en riesgo, como diputados, concejales, personeros, sindicalistas, alcaldes, testigos de violaciones derechos humanos y periodistas. Hacen parte del Programa varias entidades públicas – Vicepresidencia, Policía, DAS, Fiscalía, Procuraduría y Defensoría, entre otros – y representantes de la sociedad civil, que asisten como invitados.

 Protección a medias

“En el carro que me dio el Gobierno no caben los escoltas, no funciona el aire acondicionado y estamos a 40 grados bajo la sombra. Y, para rematar, los escoltas cargan armas cortas en una ciudad donde hay bandas de ex paramilitares fuertemente armadas”, dijo a La Silla Vacía un periodista beneficiario del Programa de Protección que reside en el nororiente del país.

Un líder social, que también recibe protección del Estado, se refiere de manera irónica a su situación: “si vienen a atacarnos, yo tengo que defender al ‘pelado’”. El ‘pelado’ es su escolta, un joven de unos 20 años. Otro beneficiario del Programa dice que en una ocasión, cuando su escolta desenfundó su pistola, el tambor de ésta salió volando.

La implementación de las medidas de protección, que son en teoría urgentes por tratarse de gente en riesgo, también es otro lunar del Programa. Para decidir si una persona amenazada recibe medidas duras, como escoltas, armas o carro blindado, la Policía o el DAS deben adelantar un estudio de riesgo y entregar el resultado al Ministerio del Interior.

Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), veedora del Programa en lo que a periodistas se refiere, durante 2008 ese estudio tomó en promedio cuatro meses. Si bien esta cifra se limita a los casos de periodistas amenazados, la situación no parece muy diferente en las demás poblaciones beneficiarias, como sindicalistas o defensores de derechos humanos en riesgo. Esta demora contrasta además con la manera como el Gobierno asigna rápidamente esquemas a personas de alto perfil que no necesariamente tienen un mayor nivel de riesgo.

La situación empeoró entre junio y agosto de este año, cuando el Programa de Protección se quedó sin dinero y todas las medidas se paralizaron. No hubo dinero para contratar nuevos escoltas, para echarle gasolina a los carros o para comprar tiquetes aéreos para trasladar personas amenazadas. La Silla Vacía consultó a la viceministra del Interior Viviana Manrique sobre el particular, y respondió que antenderá las preguntas planteadas dentro del término legal. No obstante, de manera extraoficial se dice que la razón principal de esta paralización es el aumento de los beneficiarios del Programa.

Mientras en 2008 cobijó a 10.716 personas, para septiembre de este año ya iban casi 10 mil. Por lo tanto, fue necesario que en agosto el Ministerio de Hacienda aprobara al Programa un partida presupuestal adicional de 15 mil millones de pesos. Para las fuentes del Ministerio, el aumento de beneficiarios no se debe a un aumento de la inseguridad en el país - lo que sería poner en entredicho la política de Seguridad Democrática - sino a la expansión del programa. No obstante, La Silla Vacía no obtuvo una versión oficial sobre este punto.

La solución: ¿parte del problema?

El Gobierno quiso enfrentar estos problemas con la privatización de los esquemas de protección. Esto se dio también después de que una comisión especial creada por el Gobierno – conformada entre otros por el ex procurador general Carlos Gustavo Arrieta, el ex director del DAS Ramiro Bejarano y el ex consejero presidencial José Roberto Arango – recomendara que el DAS abandonara las tareas de protección y se centrara en las de inteligencia. La recomendación de la comisión fue que la Policía asumiera esta labor, pero ésta no podía hacerlo de la noche a la mañana: su pie de fuerza no es suficiente, y el aumento requiere de un proceso de vinculación de nuevos policías.

En diciembre de 2008, el Gobierno implementó una solución intermedia: contrató una empresa de seguridad privada, Vise Ltda., por casi 51 mil millones de pesos (vea la información sobre el contratista). Vise debía asumir 180 esquemas de seguridad. Rápidamente ese cupo fue insuficiente y el Ministerio tuvo que ampliar el contrato. Además de los escoltas, la entrada de esa conocida empresa privada se planteó como la solución a los armamentos viejos y los carros varados.

La llegada de Vise generó la protesta de varias beneficiarios del Programa de Protección, que rechazaron que el Estado delegara su obligación de protección. Algunos incluso se negaron desde el comienzo a recibir escoltas privados. Por su parte, el Ministerio del Interior respondió en su momento que no se trataba de una privatización (ver presentación del Ministerio), y que la responsabilidad seguía en cabeza del Gobierno.

Cuando está por cumplirse un año de este cambio, tanto las organizaciones civiles que acompañan el Programa como varios beneficiarios consideran que la solución se volvió parte del problema. Dicen que los armamentos son tan deficientes como antes y que los vehículos presentan muchos problemas. Adicionalmente, los trámites para obtener reembolsos de gastos son tan o más lentos que antes, cuando el Ministerio del Interior y el DAS manejaban directamente los esquemas de seguridad.

"Tengo buenas relaciones con los escoltas, pero muchos problemas cuando pido cambios en el esquema o solicito algo. Ahí, ni el Ministerio ni Vise responden", afirma Luis Fernando Gil, periodista protegido de Cartago, Valle.

A estos inconvenientes administrativos, se suma el de la vigilancia y control de los esquemas de protección, que se volvió aún más difícil que en las épocas del DAS. Las entidades y organizaciones que integran el Programa ya no cuentan con información sobre lo que sucede con los esquemas privados de seguridad, ya que esto pasó a la órbita contractual entre el Ministerio y Vise.

"Antes estábamos vigilados e intimidados por el DAS, pero al fin y al cabo es una entidad del Estado a la que uno puede recurrir. Ahora estamos en manos de las mismas personas, pero en una empresa privada, a la que no podemos decirle nada”, afirmó a La Silla Vacía uno de los afectados por el cambio, refiriéndose también al hecho de que varios ex escoltas y ex funcionarios del DAS trabajan ahora en Vise Ltda.

La FLIP le dijo a La Silla Vacía que ha intentado obtener - a través de derechos de petición - la información oficial de cuántos ex funcionarios de esta entidad están ahora en la empresa privada, pero la solicitud ha sido negada, tanto por el Ministerio del Interior como por Vise. Argumentan que se trata de información reservada. La Silla Vacía también contactó a Vise Ltda. telefónicamente y por correo electrónico, pero no obtuvo respuesta.

Lo cierto es que desde la perspectiva de varias personas que reciben protección del Estado y de las organizaciones civiles, las cosas no cambiarán con un nuevo DAS sino se resuelven también los inconvenientes del Programa de Protección del Gobierno. Sus virtudes, por el momento, parecen haberse quedado en los decretos y en los discursos del Presidente.