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Domingo Octubre 20, 2019
La orden de la Corte Suprema de nombrar a más de dos mil funcionarios de la Fiscalía en dos semanas, paralizó la entidad. La Unidad de Justicia y Paz sufrió varios cambios que amenazan la estabilidad de procesos contra líderes paramilitares. Fotos: Laura Rico Piñeres

En la Fiscalía se está viviendo un caos, y no precisamente porque lleve meses con un Fiscal General interino.

Hace una semana, la Sala Penal de la Corte Suprema ordenó al fiscal general Guillermo Mendoza que nombrara en apenas 15 días a los dos mil funcionarios que ganaron el concurso de méritos en la entidad. Y aunque el miércoles la Corte amplió a dos meses el plazo que tiene Mendoza para cumplir la orden, el daño está hecho.

Desde que se conoció la decisión, el caos y la improvisación se han tomado la Fiscalía: decenas de funcionarios salieron de un momento a otro, varios dejaron de ir a las audiencias programadas y muchos procesos quedaron a la deriva. La Unidad de Justicia y Paz está especialmente en riesgo. Y con ella, los procesos contra los paramilitares que se acogieron a esta ley.

“Aquí ya salieron alrededor de ocho fiscales. Y quienes vienen a reemplazarlos no tienen ninguna experiencia en este tema. Hay procesos que llevan tres años y medio construyéndose”, afirma uno de los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz. Muchos de esos expedientes de paramilitares desmovilizados tienen más de 15 mil folios, y entenderlos puede tomar meses.

La decisión de la Corte Suprema es radical, pero no inesperada. En 2007 la Fiscalía hizo un concurso para casi cinco mil cargos. Participaron tanto los funcionarios de la entidad que llevaban años en provisionalidad, como candidatos externos. El problema fue que a estos últimos les fue mejor que a los funcionarios. Como esto implicaba darle un revolcón a la entidad, los nombramientos se fueron aplazando indefinidamente, hasta que a través de acciones de tutela algunas personas lograron conseguir su puesto.

 

 

 

 

Guillermo Mendoza le pidió un plazo adicional a la Corte. Desde que era vicefiscal, tuvo que lidiar con el concurso, un tema al que varios fiscales generales le sacaron el cuerpo.
 
Una semana después del fallo, el magistrado Alfredo Gómez Quintero amplió el plazo. De todas formas, la gente que ganó el concurso de méritos en 2007 debe ser nombrada. La decisión generará un cambio drástico en la Fiscalía.

“El concurso estaba diseñado para que perdieran los funcionarios”, afirma a La Silla Vacía un fiscal que está en la cuerda floja. “En el puntaje contaba menos tener experiencia que tener estudios de posgrado. Por eso perdieron el concurso personas que llevaban 15 años en la entidad”.

En la práctica, esto significa que a la entidad entraron académicos y abogados sin experiencia penal. En Medellín, por ejemplo, llegó un profesor de Derecho a posesionarse como fiscal. Y si bien esto no se puede generalizar como algo malo, ya que tanto afuera como adentro hay gente competente para los cargos, los cambios han sido abruptos y sumieron a la Fiscalía en el caos.

“Sacaron a la gente de mala manera. Les quitaron la tarjeta de entrada y les cancelaron la clave del computador. Algunos ni siquiera volvieron al otro día a entregar el puesto”, explica a La Silla Vacía una de las fuentes de la Fiscalía que prefirió no identificarse. Varias audiencias quedaron programadas y no podrán hacerse, con el riesgo de que los términos de los procesos continúan corriendo. Los que aún no se han ido están en medio de la zozobra, trabajando a media marcha.

Otro inconveniente es que los puestos que quedan vacantes no se llenan inmediatamente. La Fiscalía debe contactar a los ganadores de los concursos, quienes pueden ya no estar interesados en los cargos o estar dispuestos a asumirlos en dos o tres semanas: “(…) fácilmente pueden pasar hasta 35 días entre la expedición del acto administrativo de nombramiento y el momento en que efectivamente esta persona asume su labor en un despacho de fiscalía”, le dijo a la Corte Suprema el Fiscal General.

Justicia y Paz en riesgo

El caso de la Unidad de Justicia y Paz es especialmente preocupante. Varios funcionarios de esa dependencia que se habían presentado al concurso y lo ganaron, renunciaron para ser nombrados en un puesto de carrera administrativa en otras dependencias de la Fiscalía. Teniendo en cuenta que estos tribunales fueron creados por un periodo limitado de doce años, los cargos no son de carrera, pero por la importancia del tema que manejan, le fueron asignados funcionarios especializados y de alto nivel a quienes se les aseguró estabilidad por todo el tiempo que duraría el proceso de Justicia y Paz.

La sentencia de la Corte Suprema también aumentó la incertidumbre porque no dejó claro si los fiscales e investigadores de esta unidad también podían ser cambiados por cuenta de la decisión inicial. En el análisis del caso, el magistrado Alfredo Gómez Quintero dejó abierta la posibilidad para que no sólo se hicieran nombramientos en los cargos abiertas a concurso, sino también en otros que estuvieran disponibles en todas las dependencias, incluida la de Justicia y Paz. Sumado todo esto, muchos funcionarios empezaron a moverse o renunciar o aceptar nombramientos en otras seccionales, para no perder su puesto.

La respuesta del fiscal Mendoza fue comenzar a cambiar funcionarios y pedirle en una carta a la Corte más tiempo. Además, solicitó que se aclarara el punto sobre el alcance de los nombramientos. Rápidamente, Gómez Quintero respondió otorgando un plazo de dos meses. También aclaró que los nombramientos que deben hacerse corresponden al concurso únicamente. En otras palabras, aclaró que no dijo lo que había dicho.

La situación prendió las alarmas en la cooperación internacional, que ha financiado y apoyado todo el proceso de reinserción y de juzgamiento de los paramilitares. Si bien están de acuerdo con hacer cambios en las seccionales donde no se registran avances en las investigaciones o donde corresponde hacerlo por ley, consideran que esta revolución puede dar al traste con lo poco o mucho que se ha avanzado. "Un fiscal no se hace de la noche a la mañana", piensa una fiscal de la Unidad de Justicia y Paz en Medellín consultada por La Silla Vacía.

En cuanto a las razones de los magistrados de la Corte, se han tejido muchas especulaciones. Algunos funcionarios de la Fiscalía dicen que hay interés directo en 'empujar' el nombrambiento de allegados de los magistrados que habían ganado el concurso; otros afirman que se busca hacer una purga y quitarle margen de maniobra antes de que llegue el nuevo Fiscal General cercano al Gobierno, y unos más consideran que es simplemente una decisión ajustada a la ley.

Esto último es sin duda cierto, ya que los nombramientos se han dilatado excesivamente y varios fiscales generales se hicieron los de la vista gorda con el tema. No obstante, para muchos sorprendió que por cuenta de unas tutelas individuales se tomara una decisión tan radical.

Sea cual sea la explicación, la situación enreda aún más el presente de la Fiscalía. Con la elección del nuevo Fiscal a la vuelta de la esquina, la tensa relación entre la Corte y el Gobierno, y los cuestionamientos a la Ley de Justicia y Paz, la orden de cambiar dos mil funcionarios de la entidad - entre fiscales, asistentes e investigadores - solo complica las cosas.

 

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Lun, 2010-02-22 18:00

Lolamentable no es que entren a trabajar tantas personas ala fiscalia, lo preocupantes es que como siempre en nuestro pais se favorece la impunidad... ya no es ssecreto la salida de asesinos de la parapolitica de las carceles, ni tampoco es secreto las convenientes trabas a los procesos de extradición.... menos ha sido un secreto que a la mayoria de paras se los llevaron para evitar que hablaran de sus nexos con el gobierno...... y lo pero USA se presta para acolitar esta situacion

Sáb, 2010-02-20 20:12

Los concursos se hicieron para que los mejores fueran los nombrados. Seguro se demorarán en coger el ritmo, pero nos evitaremos tantas barbaridades que actualmente se pueden ver en el día a día. El problema actual va a ser lidiar con esos monumentales egos.

Vie, 2010-02-19 12:33

En los últimos tres párrafos está el quid. Claro que hay traumatismos, que hay riesgos y que a muchos nos les ha de gustar, especialmente aquellos que tienen que abandonar sus puestos. Pero si la misma Fiscalía no hace lo que debía, ¿hay que dejar a los ganadores del concurso esperando todo el tiempo que quieran quedarse los que aún trabajan allí no por méritos sino por dedocracia? Agrego: Muchos de los que ganaron el concurso ya trabajan en la Fiscalía; sólo tienen que salir los que perdieron. Recuerdo que el concurso por méritos en la Fiscalía también se financió gracias a la cooperación internacional, específicamente por la Unión Europea, y fue hecho y evaluado por la Universidad Nacional. Ahora, que "la decisión sólo complica las cosas" me parece que es estar viendo el problema donde no ha estado. No es la Corte quien nombra y despide a los fiscales ni a los funcionarios, es Fiscal General. Tal vez deberíamos quejarnos de lo que no hizo Iguarán y no de lo que decidió la Corte.

Vie, 2010-02-19 09:35

¿Hasta aquí estará llegando la mano siniestra del Maquiavelo de Palacio?

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