El presidente Álvaro Uribe y el minstro Diego Palacio le dejan al próximo gobierno un sector salud en emergencia y a punto de vararse.

Hoy o mañana saldrá la decisión sobre la emergencia social en salud en la Corte Constitucional, donde según algunos medios de comunicación hay una tendencia mayoritaria a favor de tumbarla. El Gobierno, preso del nerviosismo y la preocupación, le pone presión al tribunal, mientras en privado se dedica a sumar y restar y estudiar alternativas. Esta semana el ministro Diego Palacio se reunió con funcionarios de Hacienda para hacer cuentas de hasta dónde alcanzaría el dinero para cubrir los servicios médicos que no hacen parte del Plan Obligatorio de Salud (POS), en caso de que la Corte tumbe la emergencia.

La conclusión es más preocupante de lo que se proyectaba inicialmente: se decía que el dinero alcanzaría mínimo hasta junio, con lo cual el Gobierno tendría tiempo para tramitar un proyecto de ley en caso de que los decretos se cayeran en la Corte. Pero las cuentas indican que a finales de este mes ya no habría como hacerle reembolsos a las EPS, y éstas entrarían en cesación de pagos. En otras palabras, se paralizaría gran parte de la prestación del servicio de salud en el país.

A esto se suma el plan B, que es tan incierto como todo lo que ha venido pasando. Hasta ahora, los proyectos de ley que ya fueron presentados en el Congreso no hacen parte del plan de contingencia del Gobierno, sino que son iniciativa de congresistas cercanos a Uribe. De hecho, ayer el Ministerio de la Protección Social le pasó un borrador a Presidencia, con la idea de presentar un proyecto de ley en caso de que la decisión de la Corte sea desfavorable. Pero a estas alturas, a menos de 120 días de que termine el Gobierno, la discusión no está centrada tanto en cómo resolver los problemas del sistema, sino en cómo apagar el incendio financiero. Y en eso el que manda la parada es el ministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga y su grupo de técnicos.

No hay plata para lo no POS

Una de las razones principales para declarar la emergencia fue buscar recursos para cubrir los servicios médicos que no están en el POS y que son autorizados vía tutela o por los comités técnicos científicos. Estos gastos han aumentado sustancialmente en los últimos años: de unos 44 mil millones de pesos en 2003, se pasó a cerca de 1,7 billones de pesos en 2009. En su intervención ante la Corte Constitucional, el ministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga dijo que se proyectaba que en 2010 los gastos de no POS llegarían a 2,3 billones, con lo cual el déficit de este rubro – no de todo el sector – sería de 540 mil millones a finales de año.

El Gobierno dice que se debe al incremento de tutelas y decisiones de los jueces, pero no es la única razón: estos gastos también se incrementaron porque en los últimos años el Gobierno comenzó a pagar deudas atrasadas a las EPS y porque flexibilizó algunos requisitos para hacer dichos pagos. A esto se suma que el POS como tal lleva 16 años sin actualizarse y hasta la fecha no está claro qué abarca y qué no.

El déficit en este rubro también se debe a que - como contó La Silla Vacía - el Gobierno tiene gran parte del dinero del sector salud en títulos de deuda pública TES. En los últimos meses, el Gobierno vendió una parte muy pequeña de estos títulos (La Silla Vacía no pudo confirmar exactamente cuánto), que perdieron rentabilidad entre diciembre y enero. Lo sorprendente es que esto sólo se haya empezado a hacer ahora, cuando el sistema está con el agua al cuello. Ahora se dice en privado que el dinero se acabó y que si se cae la emergencia no habrá de dónde sacarlo.

El escenario malo y el peor

La semana pasada el Gobierno le giró a las EPS 101 mil millones de pesos y 129 mil a los hospitales. Unas semanas antes le había pagado 77 mil millones a las EPS por recobros de servicios que no están POS. Nada más estos tres desembolsos suman 307 mil millones, y es sólo una parte de los recursos que se entregaron. Desde que se decretó la emergencia, la chequera del Gobierno se ha movido con rapidez. ¿Qué efecto tiene entonces la decisión de la Corte?

El escenario ideal para el Gobierno es, naturalmente, que pase la emergencia, o que al menos se salven los impuestos que fueron creados. Si se cae, estos son los escenarios posibles: que se caiga el decreto principal que la declaró, caso en el cual todos los demás decretos se caen como un efecto dominó. En esa situación, el Gobierno tendrá que hacer movimientos contables, ya que de ninguna manera podrá recoger de nuevo los dineros que entregó, y sacar la plata de otra parte. Esta posibilidad es la pesadilla de Uribe.

La Corte también puede diferir el efecto de la decisión, es decir, tumbar la emergencia pero darle tiempo al Gobierno para tramitar un proyecto de ley y terminar de tapar los huecos. Esta Corte no ha utilizado hasta el momento esta figura, pero la anterior la utilizó un par de veces, una de ellas cuando tumbó el sistema del Upac. Esta opción le daría un respiro al Gobierno, que de todas formas no alcanzaría a ordenar el sistema en el tiempo que le queda. En 120 días no hará lo que no hizo en ocho años.

La herencia de Uribe

“Lo de lo no POS es sólo una parte del problema: el sistema está quebrado con un hueco de unos 10 ó 12 billones de pesos”, dijo a La Silla Vacía la senadora liberal Cecilia López, que lideró un debate sobre el tema la semana pasada en el Congreso. Allí se han presentado varios proyectos de ley sobre el particular, pero a iniciativa de los congresistas y no del Gobierno. El borrador que ayer le pasó el Ministerio de Protección Social a la Presidencia se limita - por órden del presidente Uribe - a los temas esenciales de la emergencia. Por otra parte, las diferentes oficinas de Protección Social le han consultado al nivel central qué pasaría si eso llega a suceder. La respuesta es "no sabemos".

Una fuente cercana al Gobierno indicó que tanto el ministro Zuluaga como los técnicos del Ministerio de Hacienda están muy nerviosos. Más allá del servicio de salud, están pensando en reducir el déficit. Pero el tema parece que los hubiera cogido por sorpresa, como si hasta hace unos meses hubieran estado seguros de que tendrían cuatro años más para lidiar con el problema. Con esa perspectiva netamente económica, su visión choca con la del ministro Diego Palacio. La última palabra la tendrá entonces el presidente Uribe y sus asesores. "El borrador del proyecto fue remitido al Palacio de Nariño, pero nadie sabe qué puede salir de ahí", indicó una fuente a La Silla Vacía.

“Si la Corte Constitucional declara inexequible la emergencia, esperamos que el Gobierno y el Congreso adopten un plan de contingencia serio e inmediato", declaró a La Silla Vacía Juan Manuel Díaz-granados, director de Acemi, organización que agremia a las principales EPS del país. No obstante, varias fuentes consultadas señalan que en plenas elecciones presidenciales y con un congreso saliente a media marcha, es poco lo que Uribe podrá hacer. “El Gobierno no tiene mucho margen de maniobra”, dijo una persona cercana al ministro Diego Palacio, “si la Corte tumba la emergencia, se queda sin nada”.

La senadora López anticipa que lo que hará el Gobierno será tramitar de afán una reforma tributaria que permita apagar el incendio, pero que no solucionará los problemas de fondo. Esa herencia le quedará al siguiente Presidente. Y en estas circunstancias, es posible que la campaña deje de girar alrededor de la seguridad democrática, y se centre en la salud. En ese renglón, seguir adelante con lo que dejará el Gobierno no es una opción.