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Miércoles Octubre 16, 2019

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La condena por parapolítica que le impuso la Corte Suprema de Justicia al ex congresista Luis Fernando Almario paradójicamente hace más probable que la misma Corte lo condene también por el otro proceso que hay en su contra: su supuesta alianza con las Farc para asesinar a los miembros de la familia Turbay Cote en el Caquetá en el que él está imputado por ser el presunto autor intelectual o determinador.

Además, le crea un incentivo al político caqueteño para que confiese si tuvo alianzas con las Farc para poder acogerse a los beneficios de la justicia transicional, y lograr así pagar una pena prácticamente simbólica por ambos delitos.

La paradoja del caso Almario

La semana pasada la Corte Suprema le impuso una pena de 10 años de cárcel y una multa por 11 mil salarios mínimos mensuales (casi 7.500 millones de pesos) al ex representante a la Cámara Luis Fernando Almario por promover a los paramilitares y usarlos para constreñir a los votantes a favor de su elección a la Cámara y a sus aliados políticos en el Caquetá entre los años 2001 y 2006.

Según el comunicado de la Corte, “quedó demostrada la asociación para delinquir en la cual incurrió el dirigente político en la promoción de las autodefensas, que se dio de las contraprestaciones pactadas en sus reuniones con integrantes de las mismas y que se tradujeron en la alianza delictiva”.

Paradójicamente, cuando arrancó el proceso por parapolítica con la indagación preliminar de la Corte Suprema en el 2011, Almario ya estaba siendo investigado por otro proceso por Farcpolítica.

El ex congresista está imputado por ser supuestamente el autor intelectual de los asesinatos de Rodrigo Turbay, secuestrado y asesinado por las Farc en 1997 y su hermano Diego Turbay (que reemplazó a Rodrigo en la Cámara de Representantes), su mamá Inés Cote de Turbay y cinco escoltas cuando viajaban por una carretera de Puerto Rico, Caquetá el 29 de diciembre del año 2000.

De esta manera, como contó La Silla, las Farc acabaron con la fuerza política más poderosa del Caquetá que era el turbayismo matando no solo a sus líderes más visibles que era la familia Turbay Cote sino a varios de los políticos que integraban esta vertiente del Partido Liberal.

Varios testimonios de ex guerrilleros de las Farc sirvieron para que la Corte ordenara su captura en febrero del 2008. Por ejemplo, uno de los guerrilleros dijo que Almario le dijo a Fabián Ramírez de las Farc que asesinara a los Turbay porque ellos supuestamente habían llevado a los paramilitares al Caquetá. Otros testimonios corroboraron esa afirmación.

Luego de su captura, Almario logró dilatar el proceso en su contra alegando estar enfermo y mientras tanto, le pidió al entonces presidente de la Cámara de Representantes, Óscar Zuluaga, que le levantara su fuero parlamentario por segunda vez (ya lo había hecho cuando quedó inmerso en la investigación por el proceso 8.000) para que no lo juzgara la Corte sino la Fiscalía, donde tenía amigos.

Su esposa, Elsa Piedad Ramírez, llegó a ser fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá y contaba con varios amigos en la unidad antiterrorismo de la Fiscalía General de la Nación.

Además, Almario es amigo de Angelino Lizcano quien en el 2009 era el presidente de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que interviene en el nombramiento de los jueces de descongestión.

Lizcano es caqueteño como Almario y le debe al ex representante su elección como secretario general de la Cámara, de donde saltó a la Judicatura, como contó La Silla.

Precisamente fue un juez de descongestión, Carlos Enrique Tobón, el que en mayo del 2009 (un poco más de un año después de que Almario estuviera preso por este proceso), declaró la nulidad del proceso en contra de Almario por irregularidades de forma más no de fondo.

Con esta decisión, Almario no sólo recuperó su libertad sino que el proceso en su contra por Farcpolítica volvió a arrancar desde cero. En ese momento, Almario ya había sido acusado formalmente por la Fiscalía y su caso estaba próximo a llegar a la audiencia en la que se le iba a dictar condena o absolución.

Aún así, la nulidad dejó vigente todas las pruebas que se habían realizado hasta ese entonces en el proceso por Farcpolítica que fueron precisamente las que lograron que el fiscal delegado ante la Corte Suprema de la época tuviera sustento para decretarle medida de aseguramiento a Almario sin beneficio de excarcelación.

A pesar de la dilación, el caso de Almario regresó a manos de la Corte Suprema en el 2013. Ese año, la Corte sacó un auto en el que recuperaba los procesos contra ex congresistas que hubieran renunciado al fuero si los hechos por los que se investigaba ocurrieron mientras eran congresistas, como Almario.

Además, el caso ha recibido nuevos testimonios que hoy son pruebas válidas en el proceso en su contra. Por ejemplo, las declaraciones en 2011 grabadas en video y publicadas por Noticias Uno de los excomandantes guerrilleros de las Farc, alias ‘Mauricio Gareca’ y ‘Rubén Polanco’ en las que aseguraron que las Farc cometieron los asesinatos de la familia Turbay con información que les suministró Almario.

“Nosotros teníamos una relación con el ex Representante Fernando Almario. Él tenía como objetivo, como conservador tenía como objetivo confrontar a los liberales pero él en alguna oportunidad nos reitera que era difícil políticamente, que por qué no buscábamos la forma de sacarlos de la arena política”, dijo “Mauricio Gareca”, jefe político bloque sur de las Farc.

“En las épocas del despeje, yo fui autorizado para escuchar, atender por varias veces, al señor doctor Fernando Almario para recibirle la información que nos suministraba el doctor de los movimientos que iban a hacer los Turbay hacia Puerto Rico”, agregó 'Polanco'. “Lo concreto es que esa información nos la suministraba Fernando Almario. Y por ende, entonces, se llegó a la derrota del turbayismo en el departamento porque entre otras cosas era una necesidad”, corroboró Gareca. 

Almario se ha defendido diciendo que los guerrilleros mienten, que su caso está lleno de testigos falsos que quieren enlodar su nombre y que él “no tiene nada que ver absolutamente con cuestiones ilegales”.

El camino de Almario en la Justicia Transicional

A pesar de las pruebas que tiene la justicia en contra de Almario, de que se ha demostrado que ha usado estrategias para dilatarlo (sólo el interrogatorio en su contra duró más de 17 sesiones -más de un mes según dos fuentes consultadas por La Silla- cuando usualmente estas audiencias duran uno o dos días), que el proceso está activo desde hace 9 años y que hasta mediados del 2009 ha sido asesinados 38 testigos que han declarado, hoy, el caso de Almario por Farcpolítica sigue en etapa de pruebas.

Una vez esto culmine, vendrá una audiencia para que las partes presenten los alegatos y finalmente, otra para dictar sentencia que puede ser de condena o de absolución.  De ser condenado, Almario sería el primer congresista condenado por Farcpolítica.

Que la Corte lo haya condenado por parapolítica es un mal presagio para Almario en su proceso por Farc política por dos razones: por un lado, porque la Corte que ya lo condenó también lleva su caso de Farcpolítica, lo que prueba que él no tiene injerencia en las decisiones de la Corte.

Y segundo, porque él llevó muchas pruebas del proceso por Farcpolítica al proceso por parapolítica y sin embargo, estas no fueron suficientes para que la Corte lo encontrara inocente.

“La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se ha dejado engañar por los delincuentes que mintieron en mi contra y han desconocido las pruebas que así lo demuestran. Fui electo Representante a la Cámara por mi departamento por mi trabajo a favor de las comunidades y no porque estuviera aliado con la delincuencia. La justicia colombiana demuestra su ineficacia para defender a los ciudadanos de bien”, escribió Almario en su cuenta de Facebook el pasado 17 de marzo cuando se conoció el sentido del fallo de la Corte en su contra.

En el eventual caso de verse abocado a ser condenado por Farcpolítica, Almario se convertiría en un potencial candidato para acogerse al Tribunal Especial para la Paz que creó el acuerdo de justicia transicional con las Farc en La Habana y que empezará a funcionar unos meses después de que se firme el Acuerdo Final con esa guerrilla.

Aunque Almario se ha dedicado los últimos nueve años de su vida a defenderse, decir que es inocente y deslegitimar los testimonios que lo inculpan, si llegara a entrar al proceso de justicia transicional y reconocer su eventual responsabilidad no sólo en aliarse con las Farc sino en ser el autor intelectual de los crímenes contra el Turbayismo y la familia Turbay Cote le garantizaría una pena alternativa de hasta cinco años sin ir a la cárcel.

Esto implicaría que Almario reconociera su responsabilidad, contara toda la verdad, reparara a las víctimas y garantizara la no repetición.

Si no lo hace, su caso de todas formas podría terminar en la Jurisdicción de Paz que recibe información a través de la Fiscalía (que ya lo investigó antes de la Corte), la Procuraduría (que ya emitió un fallo disciplinario en su contra) las sentencias que ya haya en su contra como la que acaba de proferir la Corte por parapolítica y de las organizaciones de víctimas.

Si lo encontraran culpable y él no reconociera su culpa, Almario seguiría en la justicia ordinaria y pagaría cárcel hasta por 20 años.

Por eso, es posible que Almario se convierta en el primer eslabón para conocer los tentáculos de los grupos armados en la política colombiana.