El lío de las basuras tiene que ver con las seis mil toneladas diarias de residuos que produce Bogotá y van al relleno Doña Juana.

Hoy la ciudad amaneció con la noticia de un nuevo revés en la implementación del esquema de aseo del alcalde Gustavo Petro: versiones de prensa aseguran que el Distrito firmó nuevos contratos con los privados para garantizar la facturación, que viene presentando problemas desde que la asumió la Empresa de Acueducto en diciembre pasado. Por cuenta de esos inconvenientes, la ciudad ha dejado de facturar unos 38 mil millones de pesos.

La Silla Vacía precisó con el gerente del Cupic (la empresa de Lime y Aseo Capital que se encargó de la facturación del aseo hasta que asumió el Acueducto) que aún no se han firmado esos contratos, como aseguran algunos medios, pero que sí hay conversaciones pues efectivamente es cierto que hace dos semanas el Acueducto les ofreció volverlos a contratar para hacer la facturación.

Este es el capítulo más reciente de la novela de las basuras de Bogotá que cobró la salida del gerente del Acueducto Diego Bravo, a quien el alcalde le pidió la renuncia y quien estará a cargo de esa entidad hasta pasado mañana, 1° de marzo. Con su salida también se comienzan a conocer detalles de cómo se vivió por dentro la peor crisis que ha tenido que enfrentar hasta ahora la administración de Gustavo Petro, una tormenta política y mediática por la cual hay investigaciones en la Fiscalía, en la Procuraduría, en la Contraloría y en la Personería.

La Silla Vacía habló con dos fuentes distintas y con acceso privilegiado a la mayoría de las reuniones que se llevaron a cabo en el Acueducto, y, ahora que salió Bravo, éstas contaron cómo fue el teléfono roto que se instaló entre Bravo y Petro. La Silla confirmó los datos con cuatro fuentes más, todas cercanas al proceso. “La sensación que a mi me queda hoy es que del Palacio Liévano daban unas órdenes que luego no se cumplían en el Acueducto”, resumió una de ellas.

La Silla buscó telefónicamente y por mensaje de texto una entrevista con el exgerente del Acueducto pero no pudo acceder a él. 

La creación de un operador público de basuras no hace parte del Plan de Desarrollo de Petro y no fue concebido desde el principio de su mandato, pero en junio, antes de ser hospitalizado por un hematoma en la cabeza, el Alcalde ordenó que en el Acueducto se consiguieran los recursos para comprar camiones compactadores.

Gustavo Petro y Diego Bravo son amigos personales. De hecho, Bravo es su padrino de bodas. Por eso el primero confió al segundo su proyecto más importante. Foto: Juan Pablo Pino

 

Una de nuestras fuentes dice que fue una orden verbal a Diego Bravo, pues Petro sabía que la flota era uno de los elementos principales para operar directamente el aseo, y en la Uaesp había un estudio preliminar que hablaba de la necesidad de recursos en el orden de 100 mil millones de pesos.

La idea era liberar plata del mismo Acueducto para comprar los camiones, pero aquella orden verbal del alcalde llegó a la Gerencia Financiera del Acueducto apenas en septiembre, durante una junta directiva, cuando ya el mandatario había anunciado a los medios sin mayores detalles que en diciembre entraría a las calles una empresa pública a recoger las basuras. Es decir, habían pasado tres meses y el tiempo le corría en contra.

En esa junta, Petro le preguntó al gerente financiero Fernando Arbeláez por la plata para los camiones y éste respondió que no tenía idea de qué le estaban hablando pues no había recibido ninguna orden de Bravo.

En esa reunión, y después del llamado de atención del alcalde, Arbeláez se comprometió a tratar de liberar los recursos del Fondo de Pasivos Contingentes, que es una reserva para imprevistos y para cuando el Acueducto tenga que pagar dinero por orden de un juez. Pero ahí no acabaron los retrasos.

En octubre, por solicitud de Bravo, la junta directiva aprobó un cambio en el objeto social del Acueducto para poder prestar el servicio de aseo. Un ex alto directivo del Acueducto y otra fuente de Aguas de Bogotá -filial del Acueducto que finalmente se convirtió en el nuevo operador del aseo- le dijeron por separado a La Silla que ese paso no sólo retrasó la implementación del nuevo esquema, sino que además no es claro que fuera necesario.

Primero porque ya Aguas de Bogotá estaba autorizada a ser empresa prestadora de servicios públicos, por lo que se entendía que podía prestar el servicio público de aseo, y segundo, porque se generó un desgaste innecesario en el Concejo, desde donde salieron concejales como María Victoria Vargas a denunciar que el cambio en los estatutos debió pasar primero por la corporación.

Un concejal gobiernista agregó que es posible que con este paso Bravo, como buen abogado, haya querido asegurarse de el Acueducto contaba con todas las herramientas jurídicas para coordinar la operación del nuevo esquema del aseo en la ciudad.

En noviembre, a un mes y medio del inicio del nuevo sistema, la Gerencia Financiera finalmente logró reunir los 100 mil millones de pesos necesarios para los camiones, pero entonces se presentó otro episodio de otra orden sin cumplir.

En Aguas de Bogotá dicen que, para agilizar, el alcalde ordenó la compra directa de 243 camiones compactadores que la empresa coreana Daewoo ofrecía tener listos para el 10 de diciembre. “Era la única empresa que se comprometía a tener listos los compactadores antes del 18 de diciembre y por eso muchos le insistimos a Petro en que aceptara la oferta bajo la figura de intuitu personae (es decir, argumentando que era la única empresa que podía proveer los camiones y por eso no era necesario hacer una licitación)”, agregó la fuente de Aguas de Bogotá.

Diego Bravo, durante un debate de control político en el Congreso, en donde defendió sus actuaciones. Foto: Juan Pablo Pino