El mismo día que La Silla Vacía reveló las implicaciones de un proyecto, redactado por el Gobierno pero presentado a través de un tercero, que pretende facilitar el otorgamiento de beneficios jurídicos y el reconocimiento de derechos políticos a los miembros de grupos guerrilleros en un eventual proceso de paz, se rindió un homenaje a “Chucho” Bejarano, el exconsejero de paz que las Farc asesinaron en el campus de la Universidad Nacional de Bogotá.

La coincidencia no sería importante si no se tratara de un nuevo capítulo de lo que Bejarano calificaría como concesiones gratuitas que la guerrilla “echa en la mochila”, las da por ganadas y continúa esperando que el establecimiento le ofrezca más sin que se tenga que tomar siquiera el trabajo de pedir.

En el proceso de negociación del conflicto armado colombiano solo se pueden negociar tres cosas: el tratamiento jurídico a los desmovilizados, los beneficios políticos y algunas reformas socio-económicas. Hace unos años –cuando “Chucho” conducía a nombre del gobierno un proceso de negociación con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar- el establecimiento estaba dispuesto a conceder en todos estos puntos.

La amnistía y el indulto se daban por otorgados. Se habría aceptado otorgarle curules en el Congreso, e incluso –como lo dijo un artículo transitorio de la Constitución- diseñar formas de gobierno local que les permitiera mantener la autoridad donde la ejercían por las armas. Se hubieran hecho reformas en materia de tierras, de política petrolera, de la apertura económica, para solo mencionar algunos ejemplos. Eso estaba implícito en las conversaciones y se sabía que si se superaba la primera prueba, lo demás –aunque pareciera dificilísimo- era de algún modo “carpintería”.

La verdadera prueba de la negociación era la determinación de las condiciones para llevarla a cabo. Si había “tregua”, si era unilateral o bilateral, si en Colombia o en el exterior, si en una zona despejada, si qué garantías se les daba a los negociadores. Todas esas se superaron. Hacía falta la única verdaderamente importante, si la guerrilla aceptaba ubicarse territorialmente en algún o algunos lugares mientras se adelantaba la negociación. Esa es la “prueba ácida” de la intención de la guerrilla de negociar.

Si algún día las FARC quisieran negociar una salida al conflicto armado llegarían a la mesa de negociación convencidos y no como quien oye a un vendedor a ver si los convence. Lo demás sería carpintería. La guerrilla tiene suficientes pruebas de que el establecimiento colombiano está cansado de la guerra y carga un profundo sentimiento de culpa como para otorgar muchas más concesiones de las que las FARC se merecen.

Hoy por hoy, ni la correlación de fuerzas –la vieja teoría del empate militar negativo está superada-, ni la nula legitimidad de la guerrilla, ni las normas del derecho internacional humanitario, ni la representación política de las FARC darían para negociar nada con ese grupo.

Sin embargo, el gobierno –con la complacencia de la mayor parte de la sociedad- quiere mucho negociar ¿Qué? No se sabe, pero negociar. ¿Quince curules en el senado? ¿Veinte? ¿El cambio de la política petrolera? ¿Una ley de tierras?. ¿Una Constituyente, como lo ofreció Uribe, con un porcentaje asegurado para la guerrilla?

Han pasado casi 40 años en los que el establecimiento colombiano ha buscado a la guerrilla para negociar y esta no ha querido. En los gobiernos de Betancur y de Pastrana aceptó conversar, pero no negociar y nunca ofrecieron dejar la actividad guerrillera. Han sido los intentos más largos.

La única vez que la guerrilla tomó la iniciativa fue en 1.991. Se tomaron una sede diplomática venezolana para exigir conversar con el gobierno. Concertada la cita, enviaron a sus más altos representantes : Alfonso Cano, Iván Marquez, por las FARC y Antonio García por el ELN. Firmaron con “Chucho” Bejarano una ruta en la que se dejaba claro que el propósito era que la guerrilla dejara de ser guerrilla. Aceptaron negociar las condiciones de ubicación territorial de la fuerza militar guerrillera.

Sobre un mapa, en una oficina del centro de Caracas, prácticamente se habían convenido los 80 lugares donde se concentrarían los guerrilleros. La guerrilla tenía la decisión de montarse a la ola política creada por la Constituyente y esperaba ventajas electorales para la conformación del nuevo Congreso.

Sin embargo, ese mismo día, el ELN atentó contra el senador Aurelio Iragorri, Presidente del Congreso revocado por la Constituyente. La negociación sin haber pactado el cese al fuego se hizo insostenible y el Presidente Gaviria ordenó la suspensión de las negociaciones, en medio de una fuerte presión de opinión para hacerlo.

Pasó la oportunidad. Se eligió el nuevo Congreso y el apoyo a la gestión presidencial se deterioró por el apagón y la fuga de Pablo Escobar. Para las FARC ya no era negocio “negociar”.

En Tlaxcala, en medio de conversaciones sobre apertura económica y otros temas, las partes sabían que no estaban negociando nada. La muerte en cautiverio, a manos de la guerrilla, del exministro Argelino Durán Quintero cerró definitivamente ese capítulo.

Ahora, el Gobierno abre la puerta -con la llave que el Presidente dijo tener- y hace las primeras dos concesiones que ya no parecen tan obvias 20 años después: beneficios jurídicos –discutibles en el marco de los estándares internacionales- y beneficios políticos. No ha comenzado la negociación y la guerrilla gana 2 a 0.

“Chucho” llamaría a esto una lección de cómo ceder sin negociar, una versión colombiana del libro del Profesor Robert Fischer, de la Universidad de Harvard, vendido por miles en todo el mundo desde hace treinta años titulado: “Sí, de acuerdo. Cómo negociar sin ceder”. 

En realidad “Chucho” le daría un calificativo más certero, “culiprontismo”. Paz en su tumba.