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César Gaviria cree en la Política. En la política con mayúscula. Es tanta su fe en la política que considera que todo lo demás le viene por añadidura. Que la política determina el derecho, un instrumento para hacer posible lo que resuelva la política. En un país dominado por el lenguaje jurídico, su rescate de la política ha movido en varias ocasiones el status quo. La propuesta de “justicia transicional para todos” que hizo esta semana no es la excepción.

Como lo explicó La Silla en otro artículo, el ex presidente liberal propuso cuatro cosas: que los beneficios de la justicia transicional no solo se apliquen a guerrilleros, militares y paramilitares sino también a empresarios, políticos, jueces y agentes del Estado que fueron cómplices o coautores de delitos durante el conflicto armado; que los no combatientes reciban indulto a cambio de su reconocimiento de los delitos cometidos, de su solicitud de perdón y de su voluntad de reparar a las víctimas; que la teoría de los máximos responsables defendida en el Marco Jurídico para la Paz se aplique de manera restringida a coroneles y generales y que se limite “a las faltas por acción comprobadas y no por omisión”; que esta justicia transicional sea refrendada via un referendo para darle legitimidad política.

No alcanzó a publicar su editorial en el Tiempo con esta propuesta, cuando ya tenía reacciones desde todos los ámbitos de la vida nacional. Lo sorprendente en este caso es que –como lo analizó Héctor Riveros en su columna- logró agradar tanto a las Fuerzas Militares (como lo hicieron saber el ministro Pinzón y el presidente de la Asociación de militares retirados) como a las Farc. Su propuesta también recibió elogios de parte de Jaime Granados, el abogado de Uribe, como de los políticos de la Unidad Nacional, y de todos los grandes mediso.

“Es una jugada de alto turmequé que refleja como César Gaviria ha hecho las cosas”, dijo a La Silla una persona que ha trabajado con el ex presidente en el pasado. “Las hizo a través de un hecho político en donde todos ganan”.

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La propuesta de Gaviria se sintoniza con la aspiración de las Farc de que el conflicto se resuelva políticamente sin atender a estándares jurídicos internacionales.

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Para el tema de los falsos positivos, un 'perdón y olvido' se le devolvería como un fantasma a Santos, que era el Ministro de Defensa cuando cientos de estos se cometieron.

Foto: Santiago Mesa

Gaviria tiene 68 años. Lleva más de cuarenta haciendo movidas audaces, que cambian las coordenadas de la discusión pública y que de paso, fortalecen su posición política y la de su partido Liberal.

La última antes del reciente editorial fue durante la campaña presidencial del año pasado. Cuando la reelección de Santos tambaleaba frente al candidato uribista, Gaviria asumió la dirección de la campaña, se fue lanza en ristre contra Uribe; convirtió el tema de la paz en el hilo conductor; sacó del gobierno a funcionarios como Gina Parody, David Luna y Rafael Pardo y los puso a conquistar el voto bogotano; consolidó la alianza con Clara López; y “les devolvió la dignidad” a los políticos de la Unidad Nacional, en especial a los costeños, para que movieran su maquinaria en segunda vuelta a favor de Santos.  Todo esto, como contó La Silla, fue determinante en el triunfo de Santos.

En la primera elección de Santos, Gaviria también jugó un papel clave entre primera y segunda vuelta, no tanto para asegurar el holgado triunfo del entonces candidato de Uribe frente a Antanas Mockus sino para pavimentar la posterior ‘traición’ al ex presidente. Además del regreso por la puerta grande del Partido Liberal al poder.

"Después de un largo proceso de reflexión y en uso de la libertad en la cual nos ha dejado el jefe del Partido, he tomado la decisión de votar por el doctor Juan Manuel Santos para la presidencia de la República", anunció Gaviria a través de una carta que analizó La Silla en su momento. “Puedo dar fe de su dedicación, de su claridad, de su seriedad y de su preparación. Creo que tiene el carácter y el temperamento para ser un buen presidente de Colombia", aseguró en su misiva.

Pero la adhesión de Gaviria traía su veneno. Aprovechó para decir que confiaba en que Santos ‘rectificaría’ algunas de las políticas de Uribe. "Confío en que el Gobierno de Unidad Nacional no sólo significará el fin de la polarización sino que el nuevo presidente, si así lo disponen los colombianos el domingo, recogerá algunas de nuestras banderas de estricto respeto por los derechos humanos, de respeto al poder judicial, descentralización, de uso de la inteligencia del Estado solo para perseguir a los criminales, de una estructura tributaria más justa, de una mejor distribución de la tierra, de respeto por los derechos de las víctimas, de las reformas y rectificaciones que el país necesita. Y, desde luego, de plena vigencia de la Constitución y el Estado social de derecho", decía la carta de Gaviria".

No se necesitaba saber demasiado de política para entender que Gaviria estaba comprometiendo a Santos para que no representara el continuismo del gobierno que lo estaba impulsando. Uribe recogió el guante.

Llamó a César Gaviria, y lo insultó. Le dijo que era un cobarde y un oportunista, a lo que Gaviria le ripostó que era un incompetente y que su gobierno ‘era un asco’.

Por último, Casa de Nariño sacó un comunicado criticando "el oportunista comunicado del ex Presidente César Gaviria, y recuerda a los colombianos que en este Gobierno se desmontaron estructuras criminales como 'Los Pepes', se evitaron nuevas cárceles como 'La Catedral', se cambió la ruinosa apertura por el acceso a mercados y se trabajó con amor a Colombia".

Santos mantuvo durante horas un elocuente silencio. Ya en la tarde, agradeció el voto del ex Presidente aunque lamentaba la forma como el ex jefe de Estado desconocía y demeritaba “los contundentes resultados demostrados por el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, del que se siente orgulloso de haber pertenecido como Ministro de Defensa”.

El lamento duró poco, porque apenas inauguró su gobierno adoptó la recomendación de Gaviria, movió al gobierno hacia el centro retomando la iniciativa liberal de la Ley de Víctimas y comenzó su partida de cobijas con el ex presidente Uribe. Las ideas del Partido Liberal reemplazaron las de la Seguridad Democrática.

En realidad la carta de Gaviria fue la última que se jugó después de llevar más de cinco años tratando de combatir la influencia de Uribe. Desde su vuelta al país en 2005, después de ser Secretario General de la OEA, Gaviria se había opuesto a la reelección de Uribe y también a la Ley de Justicia y Paz propuesta por el gobierno.

Su llegada a retomar las banderas del partido movieron la política en ese momento pues trajo de vuelta al liberalismo a varios rojos que llevaban todo el gobierno militando al lado de Uribe como Rafael Pardo.

Pero sin duda, la movida política más audaz de Gaviria fue la convocatoria de la Asamblea Constituyente durante su gobierno, que condujo a la promulgación de la Constitución del 91.

Como él mismo lo explicó en una conferencia en Caracas en 1999, cuando era Secretario de la OEA, la “Asamblea Constituyente fue fruto de un sano equilibrio entre el pragmatismo político y la creatividad jurídica. Ambos se combinaron para abrir un camino nuevo que parecía inalcanzable, para movilizar políticamente a todo un país en torno a la idea de la necesidad de cambiar la Constitución por fuera del Congreso de la República.”

En ese momento, como ahora, Gaviria le apostó a la política y desdeñó las opiniones de la mayoría de los juristas que opinaban que lo que quería hacer iba en contravía del orden legal.

Apoyado en el movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta, el gobierno de Vrgilio Barco expidió un decreto de estado de sitio con el cual permitió el escrutinio de los votos por la Asamblea Constitucional durante elecciones de Presidente de la República.

Después Gaviria convocó un Acuerdo Político en el que incluyó a los partidos tradicionales y al recién desmovilizado M-19 y Movimiento de Salvación Nacional de Álvaro Gómez con los que suscribió dos acuerdos políticos para convocar e integrar la Asamblea  Constituyente y para convocar a los ciudadanos a elegir a sus miembros en diciembre de 1990.

“Terminó así, después de una consulta popular, un referendo y dos acuerdos políticos nacionales, una verdadera odisea jurídico-política que permitió la convocatoria de la aun llamada Asamblea Constitucional”, explicó Gaviria.

Un nuevo Acuerdo Político es lo que Gaviria quisiera convocar ahora para hacer la paz con la guerrilla con la que se le frustró a él un acuerdo de paz.

Como en el pasado, la propuesta de Gaviria ya logró varias cosas.

La primera, fue arrancarle el tema del proceso de paz al Fiscal Eduardo Montealegre y a Alejandro Ordóñez, quienes desde orillas contrarias y haciendo un uso polémico de la investidura de su cargo, habían liderado y polarizado el debate alrededor del proceso de paz.

La segunda, fue sustraer el epicentro de la negociación de La Habana y moverlo hacia Colombia. “No son las Farc diciendo qué hacer con nosotros”, fue como lo puso un político.

La tercera, sembrar un mensaje clave: si se termina esta guerra, no habrá ganadores ni perdedores. Todos pueden ganar, especialmente los que ‘deben’ algo en esta guerra y en parte por eso, se oponen a que se resuelva. Es un mensaje poderoso que recogió inmediatamente el Ministro Pinzón hablando a nombre de los militares y Jaime Granados, el abogado de Uribe.

La cuarta, devolverle al Partido Liberal el liderazgo en el tema de la paz, que si se firma un Acuerdo, se convertirá en un gran activo político en el 2018 cuando se enfrenten a Germán Vargas Lleras, quien ha tratado de inmunizarse frente a La Habana.

Por último, le dio una salida a la refrendación, que se ha convertido en una papa caliente para el gobierno porque si quisiera y pudiera firmar un acuerdo con las Farc antes de las elecciones de octubre ya no tendría tiempo para pasar un referendo. Pero, si no tiene una herramienta para convocar a la ciudadanía alrededor de la paz, no solo pierde una ventaja política electoral enorme frente al uribismo sino que desaprovecha una oportunidad única para darle legitimidad a los acuerdos con la guerrilla con un respaldo masivo popular.

La propuesta de Gaviria es una fórmula intermedia y practicable: propone un referendo en octubre pero no sobre el acuerdo de paz ya firmado sino sobre el ‘tratamiento’ de justicia transicional que tendrían todos los involucrados, que al final, es el sapo que tendremos que decidir los colombianos si nos tragamos y la seguridad que necesitan los guerrilleros y los militares que han cometido delitos para decidir si avanzan o no con el proceso hasta la firma del acuerdo final.

Esta refrendación, además, sería la que –por lo menos en la teoría de Gaviria- le daría suficiente legitimidad a decisiones de justicia (o de impunidad) a miembros de las Fuerzas Militares para que después jueces internacionales no puedan alegar que se trató de una de las autoamnistías prohibidas por el derecho internacional.

Lo sorprendente del revuelo que causó la propuesta de Gaviria es que si en realidad lo que propone no es un “intercambio de impunidades” y él le dijo a La Silla explícitamente que no era eso lo que proponía, entonces su propuesta es básicamente idéntica al Marco Jurídico para la Paz  aprobado por el congreso en julio de 2012 y avalado por la Corte Constitucional en agosto de 2014.

El Marco para la Paz crea un régimen de justicia transicional para todas la partes en el conflicto armado (guerrilleros, paramilitares y agentes del Estado) y la Corte al avalarlo lo hizo extensivo a quienes los financiaron o colaboraron con ellos.

El problema es que como la propuesta de Gaviria tiene ‘el pecado original’ de su idea inicial de perdón y olvido, según lo filtró un confidencial de la revista Semana el año pasado, el asunto de la justicia es el menos elaborado de su propuesta. Es allí donde él confía en que se repetirá la “odisea jurídico-política” que hizo posible la Constituyente.

Cuando La Silla le preguntó al ex presidente cómo pensaba que su propuesta blindaría a los combatientes de eventuales pedidos de extradición o juzgamiento por jueces internacionales, el ex presidente dijo que “No podemos responder por la justicia de otros países”. 

Lo cual es un problema, porque sin esa seguridad jurídica ningún acuerdo sería realmente serio y sostenible en el tiempo.

Por eso dentro del Gobierno, y el mismo Santos, parecen convencidos de que se necesita una pena efectiva –así no sea cárcel- para los máximos responsables de las atrocidades.

Así lo insinuó el Comisionado de Paz Sergio Jaramillo en su intervención en Villavicencio cuando dijo “que si se quiere alcanzar una paz diferente no se trata solamente de alcanzar consensos políticos, sino que todos los actores involucrados en el conflicto reconozcan su responsabilidad”.  Lo reafirmó el ministro de Justicia Yesid Reyes (víctima él del holocausto del Palacio de Justicia) cuando dijo en una entrevista de El Espectador que “no se puede identificar la justicia transicional con un perdón general”. Y lo dijo el Presidente Santos al resaltar, a raíz de la propuesta de Gaviria, que  “No hay lugar a una amnistía general, eso está por fuera de toda consideración y en segundo lugar, las penas alternativas que lleguen a considerarse deben ser penas efectivas, auténticas y no simples simulacros”. 

Y es que si hay alguien interesado en que el proceso de paz no termine con una amnistía para los autores de los falsos positivos es el Presidente, que era el ministro de defensa cuando se cometió el grueso de los falsos positivos en el Ejército que estaba bajo su línea de mando.

Aunque según lo que reporteó La Silla cuando Santos era candidato en el 2010, para las Naciones Unidas y otras organizaciones que investigaron estos crímenes fue claro que Santos contribuyó junto con su entonces viceministro Sergio Jaramillo (hoy Alto Comisionado) a ponerle fin a los falsos positivos, durante su gobierno el Ministerio de Defensa no ha seguido al pie de la letra las recomendaciones que el mismo Santos hizo para cortar ese foco de criminalidad de raíz.  El fuero militar que está impulsando su ministro de Defensa y que ha sido una prioridad de la agenda legislativa de Santos también ha sido calificado por ong internacionales como Human Rights Watch como una estrategia para que los falsos positivos queden en la impunidad. Si a esto se suma una propuesta para que todas las élites (incluida la guerrillera) se ‘hagan pasito’ para lograr un consenso político alrededor de la paz el fantasma de los falsos positivos podría perseguir a Santos.

Pero, como dijo otra fuente, todo esto es lo que se podrá discutir ahora que Gaviria ha puesto el debate en un lenguaje político. "La habilidad de Gaviria es que propone un juego político que queda abierto para definir en un pacto político. Lo mismo que hizo en la Constituyente".