Uno de los temas cruciales en las negociaciones con las Farc en La Habana será el abandono de las armas, que pondría fin al conflicto y que tendría que estar acompañado por procesos de verificación que permita comprobar que esta guerrilla ya no recibe armas del mercado negro.

Aunque la mayoría de las armas que han llegado en las últimas décadas a los grupos armados en Colombia provienen del mercado negro, un número muy alto de ellas fue legal en su origen. Por esta razón, el éxito de las negociaciones en La Habana y de un eventual fin del conflicto depende del compromiso de las Farc de abandonar las armas y de la efectividad del Gobierno colombiano en deshacerse de éstas. Y también pasa necesariamente por la capacidad del Estado de quitarle el mercado a los grupos ilegales, una tarea difícil que podría recibir un espaldarazo internacional esta semana en las Naciones Unidas.

Con el comienzo hoy en Nueva York de las negociaciones para un acuerdo internacional que regule el comercio de armas cortas y ligeras (ATT, por sus siglas en inglés), vuelve a la mesa la posibilidad de volver obligatorios mecanismos que hagan más transparentes y rastreables las transacciones de armas en el mundo. Y, por lo tanto, de que países como Colombia cuenten con más herramientas para monitorear el movimiento de armas por su territorio.

Pese a que los efectos locales de un tratado internacional no son evidentes a corto plazo, un grupo de países de América Latina y el Caribe -que incluye a Colombia- está apostándole a impulsar tres propuestas concretas que les darían más dientes a la hora de controlar el ingreso de armas ligeras como fusiles y pistolas.

Varios expertos en temas de seguridad le confirmaron a La Silla que ven como positiva la posición que lleva la Cancillería a Nueva York. Aunque Colombia no está en posición de convertirse en un líder regional en el tema, todos coinciden en que el país tradicionalmente ha tenido una posición progresista en el tema y podría contribuir a que haya -a diferencia de lo que sucedió hace un año- una posición coordinada a nivel regional.

Desde hace dos meses el presidente Juan Manuel Santos ha comenzado a insistir en sus discursos en la importancia del control a las armas.

La Cancillería colombiana presentará tres propuestas en coordinación con varios países latinoamericanos y caribeños, para incluir las municiones dentro del acuerdo y hacer más transparente el tránsito.

Francisco José Lloreda, el Alto Comisionado para la Seguridad Ciudadana, se encuentra trabajando en un proyecto de ley de prohibición del porte de armas a nivel nacional, que también apunta a reducir el número de armas disponibles en el país.

El ex vicecanciller Camilo Reyes, quien el primer esfuerzos por regular el tráfico de armas, cree que este acuerdo podría ser fundamental para un eventual fin del conflicto con las Farc.

La mayoría de las armas entregadas por las AUC en Justicia y Paz provenían de países que nunca habían vendido armas a Colombia o que hacía años no lo hacían, reveló una investigación de la Fundación Ideas para la Paz y la Universidad de Gante.

“Colombia hace bien en ir poniendo este tema sobre la mesa en un espacio que puede tener repercusiones en el escenario nacional y en la agenda de paz”, le dijo a La Silla el diplomático Camilo Reyes, quien trabajó en la Cancillería durante 35 años y fue vicecanciller de Ernesto Samper y Álvaro Uribe. “En La Habana forzosamente se tiene que tocar el tema del desarme, la desmovilización y la reintegración. Y el desarme es fundamental porque el verdadero fin del conflicto sólo se dará en el momento en que las Farc entreguen sus armas y que el país comience los procesos para disponer de ellas”.

Un porcentaje grande de las armas en circulación en el mundo tienen un origen legal -estatal- pero terminan en manos de terceros países o de actores no estatales tras haber sido desviadas de manera irregular.

Colombia no ha sido la excepción. Muchos de los fusiles entregados por las AUC en el marco de Justicia y Paz provenían de países que nunca habían vendido armas ligeras a Colombia -como Bulgaria, China o Corea del Norte- o de países que habían dejado de hacerlo hace años, como Bélgica, Austria y Alemania, según reveló una investigación de la Fundación Ideas para la Paz y la Universidad de Gante. Este arsenal incluía -según el informe de la FIP- armas como la FN Browning High Power o P35 belga, que habrían sido vendidas por Bruselas a Venezuela y posteriormente desviadas hacia Colombia durante los años noventa.

Las Farc también han recibido buena parte de su material bélico a través del mismo modus operandi, como lo evidencia el cargamento de 10.000 fusiles jordanos que fueron incautados en 1999 y que teóricamente iban dirigidas al gobierno de Alberto Fujimori en Perú. Por esta operación terminó condenado Vladimiro Montesinos, la mano derecha del presidente peruano. Y hace tres años Suecia pidió explicaciones a Hugo Chávez después de que lanzacohetes de fabricación sueca, vendidos al Ejército venezolano, terminaran en un campamento de las Farc.

En la mayoría de casos hacer la operación de rastreo de armas que llegan a los grupos armados en Colombia resulta muy complejo, pero las incautaciones de armas hechas a las guerrillas y los paramilitares muestran un panorama bastante diverso en lo geográfico: armas de países como Hungría, Rumania, Israel, Francia o Jordania, que ingresan al país desde Ecuador, Venezuela, Brasil o Centroamérica.

Esta realidad, extendida por todo el mundo, ha llevado a que desde hace más de una década se haya venido hablando de la posibilidad de regular el tráfico -ilegal- y el comercio -legal- de armas ligeras, pero la discusión lleva años empantanada en las Naciones Unidas.

Hace una década, la Conferencia de la ONU sobre el Tráfico llícito de Armas -que presidía el ex vicecanciller Camilo Reyes- intentó lograr un acuerdo sobre el tema, pero la oposición de países como Estados Unidos, Israel y China a la regulación del acceso por parte de civiles y la inclusión de municiones hizo que las discusiones fracasaran en 2006. Sólo se logró un acuerdo no vinculante.

Ante el fracaso de un tratado sobre tráfico de armas, en febrero de 2012 se comenzó a negociar el ATT para regular su comercio, gracias al impulso de los países en vía de desarrollo. La primera ronda terminó en 2012 sin ningún consenso, pero este año existe un ambiente más optimista de que se pueda llegar a un acuerdo.

Siguen pesando los intereses de los países exportadores y el lobby de grupos como la National Rifle Association (NRA) en Estados Unidos, pero la coyuntura parece estar cambiando desde que el gobierno de Barack Obama se ha mostrado más abierto a dar el debate a raíz de la masacre en un colegio de Newtown (Connecticut) en diciembre.

Y aunque poner en la mira el comercio legal de armas resulta menos abarcador que centrarse sobre el tráfico ilícito, la íntima relación entre ambas actividades hace probable una reducción del número de armas que circulan de manera gris en todo el mundo.

“Sin duda tendría un impacto porque el tráfico ilícito es en gran medida una transformación del lícito. Muchas armas que tienen un origen legal por el camino se desvían y se vuelven ilegales. Resulta muy difícil separar una actividad de la otra”, dice Camilo Reyes. “La implementación de nuevas medidas de transparencia y nuevos controles al comercio debería resultar en que, a nivel nacional, se pueda enfrentar el problema de manera más eficaz”.

Las propuestas colombianas

La posición de Colombia -muy similar a la de países de la región como México, Jamaica y Uruguay- contempla tres puntos claves.

Primero, que entren en el acuerdo también las municiones y los explosivos dentro del acuerdo, incluyendo todas las partes y piezas que contribuyen a volver las armas más efectivas, como mirillas, silenciadores y todo tipo de modificaciones técnicas.

En segundo lugar, que sean reguladas las transacciones no sólo de armas físicas, sino también de planos, patentes, líneas de producción viejas y material dado de baja, como los que quedaron en circulación tras la caída de la Cortina de Hierro y los que podrían entrar al mercado ahora tras la Primavera Árabe. Buena parte del arsenal heredado de la Guerra Fría ha venido transitando hacia Colombia desde los países centroamericanos como El Salvador y Guatemala, que pusieron fin a sus conflictos en los años noventa.

Y tercero, que se creen mecanismos para hacer más transparente el tránsito de las armas, comenzando por una base de datos que permita rastrear las rutas, los certificados de exportación y los destinatarios finales de los cargamentos de armamento.

Finalmente, proponen que exista un principio de responsabilidad compartida, que haría jurídicamente responsables a los países por el uso final de armas que han salido de su país o han transitado por él.

“El mejor modelo es el de los bancos en el tema de lavado de activos. En los años noventa hubo un debate muy fuerte en la OCDE sobre si los bancos eran jurídicamente responsables si los usaban para lavado de activos”, explica Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac). “En este caso se extendería la responsabilidad a los países, que tendrían que hacer las debidas diligencias para saber qué están haciendo sus aeronaves y sus barcos. Facilitar esa desviación adquiriría el carácter de crimen internacional en el marco de este tratado”.

Y aunque aún es muy temprano para saber cómo seguirán avanzando los diálogos de La Habana, todas éstas herramientas podrían ser útiles para que el gobierno colombiano pueda comprobar que un eventual “verdadero adiós a las armas” -como lo describió 'Timochenko' en una carta a Santos- sea real.