Tras su liberación, el General Alzate y sus compañeros en libertad, se reunieron con la cúpula militar y el Ministro de Defensa.

Ayer, mientras el general Alzate y sus acompañantes, recuperaban su libertad, otro hombre recuperaba la esperanza de no perder su pierna derecha. Edilson Martínez León, un guerrillero raso de las Farc, fue sacado de urgencias de la cárcel La Picota y llevado al Hospital Simón Bolívar para que le operaran la pierna que tenía una grave lesión de guerra. Toda la gestión la hizo la Oficina del Alto Comisionado de Paz, con lo cual se logró desactivar una huelga de hambre en el patio de las Farc y al mismo tiempo comenzar a reconstruir la confianza en la mesa de negociación.

Después de que se recupere de la compleja cirugía que le hicieron para evitar amputarlo por una osteomielitis causada por un tiro de fusil, que incluye ponerle una prótesis para alargarle el hueso, Martínez volverá a la cárcel a terminar de pagar su condena.

La gestión humanitaria hecha por el gobierno a favor de Martínez coincidió con la liberación del General y podría ayudar a recomponer las relaciones con las Farc maltrechas por el secuestro y por la suspensión del proceso violando el acuerdo que existía de que nada de lo que pasara en el campo de batalla afectaría la mesa de negociación.

Martínez es apenas uno de los 70 presos de las Farc que se han visto beneficiado por la gestión del Gobierno desde que comenzó el proceso de paz.

La semana pasada los presos de las Farc hicieron una huelga de hambre en la cárcel de la Picota para protestar por las condiciones de salud de dos compañeros gravemente enfermos.

En la Mesa de la Habana estaban discutiendo medidas para desescalar el conflicto cuando las Farc secuestraron al General provocando la suspensión del proceso.

Entre las medidas que estaban discutiendo estaba la de que las Farc se comprometiera a no volver a atacar la infraestructura.

A finales de 2012, un grupo de congresistas liderados por el senador del Polo Iván Cepeda le presentó al gobierno un informe sobre la situación de los presos de las Farc, del Eln y del EPL.

Fue el resultado de una serie de visitas que hicieron a todas las cárceles para revisar la situación jurídica de los guerrilleros presos, su situación de salud, y las formas particulares de hostigamiento por parte de las autoridades de la que eran objeto tanto los presos como sus familiares cuando los iban a visitar.

“El informe tenía varias recomendaciones, que el Gobierno ha venido estudiando y poniendo en práctica”, dijo a La Silla el senador Cepeda.

El informe presentado por los congresistas es de carácter confidencial y La Silla no pudo conocer el contenido exacto de la información. Pero es bien sabido que si la situación de los presos colombianos es ya de por sí deplorable por los altos niveles de hacinamiento y mala defensa de los abogados pagados por el Estado, la de los guerrilleros capturados es peor. Con frecuencia llegan a la cárcel con heridas de guerra que se les complican en la prisión.

Desde entonces y con base en estas recomendaciones, la Oficina del Alto Comisionado ha hecho varias cosas tanto en el frente de salud como en el del debido proceso.

De los alrededor de 900 guerrilleros presos, se han atendido más de 150 enfermos en brigadas médicas adelantadas por Caprecom, a instancias de la oficina de Sergio Jaramillo. Y se priorizaron diez casos de guerrilleros cuya enfermedad es incompatible con la reclusión. Ocho de estos enfermos graves ya salieron de la cárcel. La mayoría tenían cáncer terminal de páncreas, de estómago y melanoma.

A un guerrillero de 19 años, reclutado por las Farc a los 14, que quedó cuadrapléjico por un tiro de fusil, le consiguieron colchón ortopédico y una ducha de agua caliente para tratarle un caso grave de escaras en la piel. Volvió con su familia a Arauca.

Además de este joven, y los enfermos terminales, han quedado libres unos 60 guerrilleros más. A estos ya se les había cumplido su condena o ya habían cumplido los años suficientes de prisión para obtener el beneficio de la libertad condicional según la ley (lo que se llama el subrogado penal). Pero como la defensa técnica del Estado es muy mala los abogados de oficio no habían hecho nada para llevar sus casos antes los jueces.

Entonces, por instancia también de la Oficina del Alto Comisionado, la Defensoría del Pueblo  ha estado atenta a que se les garantice la adecuada defensa técnica, con lo cual los jueces han dejado en libertad a unos 70 miembros de las Farc.

“La revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las Farc-EP” es el tercer compromiso del punto 3 sobre Terminación del Conflicto del Acuerdo Marco de Negociación, que aún no se ha acordado y que se aplicaría de manera “integral y simultánea” con otros procesos como la dejación de armas por parte de las Farc, el cese bilateral de fuego o el esclarecimiento del paramilitarismo a partir de la firma del Acuerdo Final.

Sin embargo, en la mesa de La Habana decidieron comenzar a discutir el punto 3 simultáneamente con el de las víctimas para agilizar el proceso y estas acciones –que en todo caso vienen desde antes- serían parte de eso.

Básicamente lo que ha hecho el Gobierno es garantizar que se cumpla la ley en el caso de los guerrilleros presos. Lo que debería ocurrir es que esto se cumpliera para todos los presos pero en la realidad no ocurre así. Por eso, la voluntad política de hacerlo es un claro “gesto de paz” por parte del Gobierno frente a la guerrilla que forma parte del paquete de desescalamiento que venían discutiendo antes de que el secuestro del General provocara la suspensión de las negociaciones y que se supone incluirá un compromiso de las Farc de no reclutar más menores, de no atentar contra la infraestructura y de identificar dónde han puesto minas antipersonales.

“Son gestos de confianza”, dice el senador Cepeda.