Es cierto que antes de la reforma, el 70 por ciento del total de regalías las recibían siete departamentos lo que equivalía al 14 por ciento de todos los colombianos. Solamente Casanare y Meta recibían el 34 por ciento del total de regalías y solo se beneficiaba al 3 por ciento de la población.

Esto cambió drásticamente a partir del primer semestre del 2013 donde 1.078 municipios, contando las capitales, comenzaron a recibir ingresos beneficiando al 80 por ciento de los colombianos.

Si bien es cierto que se han terminado 3.775 proyectos que fueron aprobados del 2012 al 2015, éstos representan sólo el 39 por ciento de los proyectos que debían estar terminados ya. La baja ejecución es tan crítica que no hay un solo departamento en Colombia que esté por encima del 15 por ciento en ejecución de sus proyectos en los tiempos programados.

Como resultado de esta baja ejecución, La Silla encontró que al primer semestre del 2015 los bancos tenían $ 6 billones de pesos de recursos provenientes de regalías, porque ni las gobernaciones ni las alcaldías hacen una planificación juiciosa de sus proyectos de inversión.

Hay 2.8 billones de pesos aprobados sin ejecutar y 3,2 billones de pesos sin aprobar. Como consecuencia de esta deficiencia, se desaprobaron 1.735 proyectos por unos $ 3 billones de pesos.

Según cifras del Dnp el 55 por ciento de los proyectos presentan deficiencias en su formulación y el 50 por ciento de las secretarías de planeación consideran que la estructuración es el problema central para la lenta ejecución.

En Huila, San Andrés y Vichada más del 45 por ciento de los proyectos aprobados no han tenido avances financieros por falta de contratación o porque no se ejecutaron en los tiempos planeados. Le siguen departamentos como Boyacá, Valle del Cauca y Cundinamarca.

Casanare, el segundo departamento que más recursos de regalías recibe, tiene el 18 por ciento de sus recursos aprobados en los bancos porque no ha logrado contratar 68 de sus 396 proyectos aprobados desde 2013. Otro caso es Meta donde el 4 por ciento de sus proyectos de vivienda aprobados están suspendidos, el 17 por ciento sin contratar y el 25 por ciento ya fueron desaprobados. Esto, para un departamento con un déficit de vivienda de 29 por ciento es grave.

Si bien es cierto que ha habido menos escándalos mediáticos de corrupción asociada a las regalías, este mal aún no ha sido erradicado del sistema.

En el primer semestre de 2015, La Contraloría encontró hallazgos fiscales en la contratación de 13 gobernaciones y 34 municipios por más de $ 12 mil millones de pesos provenientes de regalías en los sectores de agua potable y saneamiento básico, educación, vivienda y recreación y deporte. Esto representa irregularidades sobre el 30 por ciento del presupuesto contratado. La Región Caribe, que ahora recibe uno de cada tres pesos del total de regalías, también fue donde más hallazgos encontró la Contraloría.

En Meta por ejemplo, solo en mala calidad de la vivienda hecha con plata de regalías hubo un daño patrimonial de 7 mil millones de pesos.

Hace poco menos de un mes el Dnp reportó aletas en más de 530 entidades ejecutoras por reportes inoportunos o de mala calidad, con un agravante y es que los Ocad no están obligados a rendir cuentas.

Por otro lado, extrañamente todos los 32 departamentos tienen algún proyecto con avances financieros del 100 por ciento y un avance físico de cero por ciento cuando se supone que para que se hagan los giros, la secretaría técnica debe dar el visto bueno y los proyectos deben cumplir con ciertos requisitos de ejecución, licencias ambientales y viabilidad.

En los casos cuando esto sucede, existe la posibilidad de que -según le contó a La Silla una fuente que entiende los intríngulis del sistema- el gobernador o el alcalde se ponga de acuerdo con el funcionario que da el visto bueno para la aprobación del giro, cuadran un porcentaje para repartirse, el giro se hace pero nunca se ejecutan los proyectos. Probablemente se va a la financiación de una campaña.

En el municipio de Pelaya en Cesar aún no existe el coliseo que fue aprobado pero se giraron más de 906 mil millones de pesos. En El Carmen, en Norte de Santander, todavía están esperando el sendero peatonal y el mirador por el cual se giraron casi 100 millones de pesos En Albania, en La Guajira, estaba previsto la construcción de un micro acueducto rural para las comunidades de warraratchon woction,perruncho, karalapana, aipispure y chingolito que nunca se hizo, pero giraron la totalidad de los recursos del proyectos. El último ejemplo de muchos es en el Meta donde aún no se construye el sistema de alcantarillado en el barrio de Altos de Guape en el municipio de Lejanías pero esa platica se esfumó.

Otra fuente de corrupción en el sistema está directamente relacionada con la baja formación técnica que tienen las gobernaciones y alcaldías para formular los proyectos de acuerdo a la metodología definida por Planeación para aprobarlos y darles la plata de regalías. Estos proyectos tienen que incluir los impactos ambientales y sociales y tener proyecciones presupuestales y varios otros requisitos, lo que exige unos profesionales que no se encuentran fácilmente en algunas regiones.

“Al final los que se han vuelto expertos en formulación de proyectos son los contratistas,” dice un delegado a los Ocad del Ministerio de Transporte a la Silla. Según él, con frecuencia, son los mismos contratistas los que formulan el proyecto y el alcalde o gobernador lo pasa para la aprobación en el OCAD, previa negociación entre ellos de un porcentaje del proyecto para el contratista y la escrituración del contrato lo que termina también viciando la licitación.

Una de las innovaciones de la Ley de Regalías fue crear lo que se llamó “el triángulo de Buen Gobierno” a través de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, los famosos OCAD, para que los proyectos fueran aprobados por un mecanismo tripartita en donde estuvieran representados por igual las gobernaciones, la alcaldía del municipio donde se ejecuta el proyecto y el Gobierno Nacional.

En la práctica, el sistema ha terminado desvirtuandose porque, con frecuencia, los dos votos políticos se alían y arrasan con el técnico. Y también porque a veces, el concepto técnico es muy débil.

“Los entes territoriales votan juntos. Cómo son decisiones políticas ahí no vale la parte técnica. Si son amigos el gobernador y el alcalde, están asegurados los dos votos. Así el proyecto no sirva para nada le pegan solo al tema de los requisitos mínimos. Esos son los vicios del tal buen gobierno- ahí no vale la parte técnica” afirma un Delegado del Ministerio de Minas a varios OCAD departamentales.

Por otro lado, algunos gobernadores y alcaldes han aprovechado una falla en el sistema y están jugando a los siguiente: si un proyecto fue rechazado por ejemplo en el OCAD municipal, lo vuelven a pasar con otro nombre pero con el mismo monto a un OCAD regional o departamental, donde los delgados no son los mismos y los voceros de los alcaldes o gobernadores tampoco, y así una cantidad de proyectos que no eran viables están siendo aprobados en el país bajo esta modalidad, según le contó a La Silla un experto del Dnp.

Por otro lado, al ser 1.052 OCAD municipales, 40 departamentales, seis regionales y un OCAD nacional, cada Ministerio y el DNP tienen delegados con plena autonomía y criterio para emitir su voto en cada uno de los proyectos porque sería imposible centralizar o inclusive supervisar esas decisiones.

En teoría cada delegado tiene siete días antes de la sesión del OCAD para revisar los proyectos que se van a discutir y emitir un concepto objetivo sobre los proyectos.

Los delegados con los que la Silla conversó coinciden en que es casi imposible estar preparados para todas las sesiones de los OCAD y que muchas veces no tienen ni idea de los temas porque son abogados o economistas y terminan aprobando proyectos que exigen conocimientos de ingeniería, para citar un ejemplo.

“Yo llego pocas horas antes de la sesión, le digo a la secretaría técnica que me dé un resumen de los proyecto, entramos, discutimos la viabilidad de los proyecto con el alcalde y gobernador y decidimos” nos cuenta un delegado del gobierno nacional a un OCAD municipal.

Esta falta de preparación de los delegados la resienten en los municipios.

“De un momento a otro nosotros éramos autónomos de nuestras inversiones y nuestros proyectos y ahora vienen unos jóvenes de DNP que no saben ni donde queda Casanare a decirnos en qué debemos invertir nuestro dinero sin conocer la necesidad del pueblo”, dice Luis Ramírez, ex asesor de la Alcaldía de Aguazul en Casanare, y ex candidato a la alcaldía de Tauramena.

Uno de los grandes objetivos del gobierno a través de la reforma a la ley de regalías era disminuir la pobreza y al mismo tiempo, cerrar la brecha de inequidad entre las regiones. Es cierto que a nivel nacional los índices de pobreza y desigualdad han disminuido. Pero aún no se ha logrado ejecutar proyectos que generen un impacto social de gran envergadura.

En la práctica, La Silla encontró que existen varios ejemplos de alto impacto, entre ellos los proyectos regionales como lo fue la vía Calamar- el Retorno – San José del Guaviare beneficiando a 107 mil personas y la ampliación a la cobertura educativa en Caquetá beneficiando a más 5.600 niños. Pero éste no es el común denominador en todo el país.

El mayor rubro de inversión de las regalías para desarrollo regional se va en pavimentación de barrios y no en inversión social. Estos proyectos son muy rentables políticamente para los alcaldes pero no están cumpliendo con los objetivos de la inversión social.

“Las regalías que estaban ayudando a los grandes proyectos regionales se estaban quedando en el papel. Por eso estamos haciendo algunos ajustes para mejorar,” afirma Manuel Fernando Castro, subdirector Territorial y de Inversión Pública de Dnp.

El Sistema General de Regalías tienen un problema adicional y es que ninguna instancia ha sido sistemática ni rigurosa en incluir en su formulación y evaluación de presupuesto el monto correspondiente para el mantenimiento y sostenibilidad de las obras. Entonces, muchas obras se terminan pero después de un tiempo quedan a la deriva.

Esto ha llevado a que nos hayamos vuelto en muy poco tiempo, y gracias a las regalías, el país del fútbol 5.

De los 32 departamentos, 26 de ellos aprobaron proyectos de construcción de canchas sintéticas en los últimos dos años, y en municipios de Chocó, Caldas, y Cauca puede haber entre dos y cuatro canchas por municipio sin tener una política pública de fomento para el deporte.

Existe una Villa Olímpica en Chiriguaná, Cesar, por un valor de $13,3 mil millones de pesos, que según estudios del Banco de la República, son recursos suficientes para financiar 408 viviendas de interés social, en un municipio con un déficit de vivienda de 60 puntos y no existen recursos para su mantenimiento.

El parque de las Aguas en Yopal viene dando de qué hablar desde 2004. De hecho, se convirtió en el simbolo de todo lo que no funcionaba en el sistema anterior. Sin embargo, este complejo acuático de 24 hectáreas, por un valor de $ 12 mil millones de pesos, fue ajustado en 2012 -bajo el sistema diseñado por este Gobierno- por 19 mil millones y con fecha de finalización en 2015. Aún hoy no se termina. Yopal no tiene agua para el consumo, ni para los servicios básicos pero según el proyecto tiene agua para dotar piscinas de olas.

El Coliseo Miguel Happy Lora, de Montería, debía servir como escenario deportivo y sede del torneo de boxeo en 2012. Debido a su mal estado esto no pasó. La alcaldía de Montería realizó un proyecto por $4.586 millones de pesos para recuperar el coliseo, la plata se giró y el coliseo hoy en día es un elefante blanco.

Así se pueden seguir enumerando obras que no causan ningún impacto pero han sido aprobadas en departamentos como Casanare, Antioquia, Chocó, Meta, Cauca, entre otros.

A pesar de que el país tiene un índice de pobreza extrema de 8 por ciento y el porcentaje de personas en pobreza del año pasado estuvo en 28 por ciento, una parte significativa de la inversión de las regalías termina en sectores que no impactan directamente la pobreza.

Por ejemplo, el 85 por ciento de la población chocoana vive en pobreza y sólo se invierte el 28 por ciento de sus recursos de regalías en salud, educación, agua potable y saneamiento básico. El resto de sus ingresos por regalías se invierten en vías terciarias.

El caso de Magdalena es muy parecido. Sólo el 8,5 por ciento de sus ingresos por regalías se va a inversión social, cuando el 70 por ciento de la población del Magdalena se encuentra en situación de pobreza y con un déficit de vivienda de 75 puntos. Así están departamentos como La Guajira, Amazonas, San Andrés y Guainía.

Debido a la debilidad en la capacidad de estructurar proyectos tanto a nivel nacional como departamental y municipal, el bajo impacto regional de los proyectos y la falta de control y vigilancia el gobierno anunció algunos cambios en el sistema que empezaron hace 15 días.

Se vienen ajustes en la priorización de los proyectos con un sistema de evaluación por puntajes, la disminución de los OCAD a 119 subregiones y la obligación a una rendición de cuentas a los Ocad.