Menú principal

Domingo Junio 26, 2022
Aunque en principio el Plan de Desarrollo es la hoja de ruta del Gobierno para plasmar la visión de país que tiene -el ‘sueño’ del Gobierno-, en la práctica el Plan se convierte en la oportunidad de los Ministros para meter el mayor número de reformas clave sin tener que pasar por todo el trámite de un proyecto de ley, que puede demorarse un año y medio y no salir porque afecta intereses muy poderosos.

Por eso, en cada gobierno, sube el número de artículos que se presentan: mientras que el Plan de Samper tenía tan solo 47 artículos, el de Santos tiene 170. Es todo un récord, para discutir y aprobarse en los tres meses en los que se tiene que aprobar el Plan de Desarrollo.

La Silla Vacía consultó a expertos en estos planes y a algunos ponentes del proyecto para saber cuáles son los principales goles que espera marcar este gobierno a través del Plan que se comenzará a discutir en los próximos días en el Congreso.
 

Las motos pagarían peajes

Hoy en día sólo pagan peaje los carros, camionetas y camiones cuando hay un peaje. Pero a partir de enero del 2012, tres millones de motos tendrían que pagar peaje también. En el artículo 170, se establece que se deroga el parágrafo dos de la ley 787 del 2002 que dice que las motos no pagan peajes. Es decir, de ahora en adelante, sólo estarán exentas del pago de peajes las bicicletas, ambulancias, los vehículos del Inpec, de la Policía, de las Fuerzas Militares, del DAS y de la Cruz Roja. El gobierno incluye este artículo con el argumento que las contribuciones ayudarán a financiar proyectos de infraestructura vial.

El Gol: Si logra pasar este artículo, el Gobierno metería un gol puesto que muchos políticos tienen como negocio o como fortín electoral el mototaxismo. Estos motorizados sacan a votar a la gente el día de elecciones.

Subiría el mínimo del impuesto predial

El Plan Nacional de Desarrollo busca modificar el artículo 4 de la ley 44 sobre el impuesto predial, que durante 21 años ha regulado cómo se calcula el impuesto. Actualmente los concejos municipales determinan el predial, que por ley debe oscilar entre el 1 por mil y el 16 por mil del avalúo catastral. Si es aprobado el Plan Nacional de Desarrollo, este impuesto oscilará entre el 7 por mil y el 16 por mil.

Este aumento también aplicaría a las viviendas de interés social, a las que actualmente se les cobran las tarifas mínimas que establece el Concejo.

El Gol: muchos los expertos dicen que una herramienta para mejorar la productividad y la redistribución de la tierra es cobrar más impuesto predial. Pero como los concejos municipales suelen ser controlados por los terratenientes de cada pueblo estos siempre tienden a la baja. Dada la alta representación de los intereses latifundistas en el Congreso, también es muy difícil que un proyecto de ley independiente para subir el predial sea aprobado. Y encima de todo esto, Santos prometió en campaña que no subiría los impuestos. Aumentar la banda de tarifas de un impuesto municipal no es un aumento directo de impuestos pero es su consecuencia más plausible en muchos lugares en los que el predial es muy bajo.

Permitiría el gran latifundio

La ley 160 de 1994, que creó el Sistema de Reforma Agraria, estableció la Unidad Agrícola Familiar (UAF), como la unidad básica de producción agrícola con el fin de proteger al pequeño campesino que recibía lotes baldíos y evitar que vendiera y quedara nuevamente sin tierras. Determinó que en ningún caso una sola persona podía tener más de una unidad agrícola familiar y que tampoco podían ser destinatarios de baldíos las personas naturales o jurídicas que tuvieran un patrimonio superior a 1000 salarios mínimos, salvo que constituyan una zona de desarrollo empresarial. Y en Colombia aún no se ha constituido ninguna.

El Plan Nacional de Desarrollo acaba con la restricción de la UAF. El artículo 45 del Plan establece que podrán adjudicarse grandes superficies que excedan la Unidad Agrícola Familiar, siempre y cuando los predios objeto de la solicitud estén vinculados a un proyecto de desarrollo agropecuario y forestal que justifique la operación. (para ver más sobre este tema, click aquí)

El Gol: Durante el gobierno de Uribe, y como parte de la política de confianza inversionista, se incentivó la ‘conquista de la Orinoquia’, una región donde hay muchos baldíos y por lo tanto la restricción de la UAF ha hecho que muchos inversionistas agroindustriales hayan iniciado sus cultivos de manera ilegal. El actual Gobierno quiere continuar esta política y para ello tendría que eliminar las UAF pero esto va directamente en contra de la retórica de Santos a favor de la redistribución de las tierras y el pequeño campesino.

Los solicitantes participan en la adjudicación de su licencia ambiental

El artículo 134 del Plan Nacional de Desarrollo dice que en caso de que la autoridad ambiental se demore mas de los 90 días hábiles establecidos por la ley para otorgar una licencia ambiental después de que ha reconocido que ya cuenta con toda la información requerida, "automáticamente pasará a jurisdicción de un comité que en un plazo menor a 60 días otorgará o negará la respectiva licencia ambiental". Este Comité estará integrado por el Director Nacional de Planeación o su delegado, el Secretario General de la Presidencia o su delegado, el Ministro de Medio Ambiente o su delegado, y la cabeza del sector al que corresponde el proyecto del caso, o su delegado.

El Gol: Es una medida para agilizar el otorgamiento de licencias ambientales que muchas veces se duermen encima del escritorio de un funcionario del Ministerio de Medio Ambiente o de las respectivas CAR. Lo que es sorprendente es que no opera lo que suele llamarse el 'silencio administrativo negativo' y tampoco se crea un mecanismo para obligar a la administración a decidir, sino que simplemente se transfiere la decisión a un órgano en el que el Ministerio de Ambiente termina teniendo el mismo peso que el sector interesado en la licencia. Por ejemplo, si Cortolima se demora en otorgar la licencia ambiental a AngloGold Ashanti en Cajamarca, el gremio de los mineros Asomineros terminaría teniendo tanto peso en el otorgamiento de la licencia como la Ministra de Medio Ambiente.

Vigencias futuras para alcaldes y gobernadores en el último año

La ley 819 prohíbe que se autoricen vigencias futuras en el último año de gobierno, salvo unas excepciones. Ahora, el segundo inciso del artículo décimo del Plan Nacional de Desarrollo, permite las vigencias futuras de manera general. “Las vigencias futuras ordinarias o excepcionales podrán autorizarse en el último año de gobierno”, dice el artículo.

El Gol: La medida se había adoptado para evitar que en época electoral, los alcaldes y gobernadores aprovecharan su último año para financiar proyectos de última hora y aumentar su popularidad (y así, la de su partido o sucesor). Si este artículo pasa, los sucesores corren el riesgo que las finanzas locales estén en cero cuando entren a ocupar sus cargos pero los actuales gobernadores y alcaldes quedarán felices porque en época preelectoral nada como tener las arcas llenas.

¿El fin de los contratos de estabilidad jurídica?

Una nueva prima regirá, después de aprobado el Plan Nacional de Desarrollo, los contratos de estabilidad jurídica, uno de los pilares de la confianza inversionista de Uribe que le permitía a las grandes empresas estabilizar algunos impuestos clave como el de renta.

Hoy en día el monto de la prima que pagan las empresas por estos contratos solo depende del monto de la inversión que hagan. El artículo 40 del nuevo Plan establece que el Ministerio de Hacienda establecerá una metodología para determinar la prima en cada caso, y esta dependerá de un cálculo actuarial que hará el Ministerio según lo que le vale al país cubrir el riesgo de estabilizar los impuestos que congela cada empresa.

El Gol: los contratos de estabilidad jurídica han sido tema de amplio debate ante la opinión pública, pero en este caso están pasando de agache en el Plan Nacional de Desarrollo porque es un reverzaso a uno de los pilares de la ‘confianza inversionista’ que promulgaba el gobierno anterior.

La información del sistema de transporte

En el tercer párrafo del artículo 49 del PND el gobierno dice que reglamentará la forma como los operadores compartan la información de los sistemas inteligentes de transporte. Eso es por ejemplo, el manejo de la información sobre las multas electrónicas o el control de la flota. Hoy en día esta reglamentación y el otorgamiento de estas licitaciones están a cargo de las alcaldías, que deciden a quién se le otorga el contrato, y bajo qué reglas.

El Gol: el otorgamiento de las licencias de sistemas inteligentes de transporte es una de las licitaciones más importantes de una Alcaldía y cada ciudad tiene una reglamentación distinta, lo cual termina beneficiando más a unos posibles contratistas que a otros. Con este artículo del PND, el gobierno le quita esta potestad a las alcaldías, y terminará influyendo así en el proceso de licitación, como el que tiene en este momento la Alcaldía de Bogotá para adjudicar el Sirci.
 

No más examen motriz para obtener la licencia de conducción

Al modificar un párrafo sobre licencias de conducción expedido en la ley 1383 de 2010, el artículo 151 del PND elimina la necesidad de aprobar el certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz para obtener la licencia de conducción. Tan solo serían requisitos saber leer y escribir, tener 16 años y aprobar un examen teórico-práctico.

El Gol: independientemente de su utilidad, no es muy claro qué tiene que ver esto con el desarrollo del país. Lo que sí es evidente es que le acaba el negocio de las pruebas físicas a alguien.
 

El remate ahora es de la DIAN

Cuando la Dian decomisa mercancías, estas se convierten en propiedad del Estado. Tradicionalmente, estas se donan o se rematan, y la ganancia obtenida con sus ventas se convierte en parte del presupuesto nacional. Con el artículo 155, el producto de las ventas entra directamente a las arcas de la Dian.

El Gol: Tradicionalmente la Dian donaba las mercancías incautadas, con frecuencia con intereses políticos. Por ejemplo, si decomisaban zapatos de contrabando, el funcionario de la Dian los entregaba a políticos que los repartían para conseguir votos. El nuevo director, Juan Ricardo Ortega, prohibió esta práctica. Entonces, la Dian paga actualmente más de 30 mil millones de pesos anuales por bodegaje de estas mercancías. Con esta nueva norma, la Dian tendría que rematar los bienes incautados y con los recursos obtenidos podría pagar el bodegaje. Aprobarlo por el Plan Nacional de Desarrollo evita que los políticos que antes se beneficiaban de las donaciones lo bloqueen.
 

Romper el monopolio de los operadores

El artículo 43 del plan establece que una comisión de regulación de comunicaciones regulará el acceso de operadores como Telefónica, Une, Telmex, etc a urbanizaciones o edificios con el fin de permitir la libre competencia. En palabras más sencillas, busca asegurar que sea el dueño del apartamento o de la casa en una urbanización quien decida qué operador de teléfono e internet prefiere y no el administrador del edificio o del conjunto con base en la red que ya está operando.

El Gol: este es un claro gol regulatorio que seguramente busca evitar que un operador poderoso como Telecom-Telefónica, que tienen la mayor cobertura en el país, bloquee el paso de un proyecto de ley que amenazaría su liderazgo en el mercado.

 

Perfiles relacionados: 
Juan Manuel Santos Calderón
Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Lun, 2011-02-28 09:09

Es más goles en el sentido de tratar de sacar temas difíciles en tres meses sin pasar por todo el trámite legislativo de año y medio.

Páginas

Añadir nuevo comentario