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Lunes Mayo 25, 2020

El presidente Juan Manuel Santos se dio la mano con Timoleón Jiménez, alias Timochenko, el jefe guerrillero de las Farc, auspiciados por el dictador cubano Raúl Castro.  Foto: Caracol Radio

El acuerdo logrado entre las Farc y el Gobierno es histórico por muchas razones, comenzando porque hace tan irreversible el proceso que ambas partes se atreven a ponerle un plazo a la firma del Acuerdo final (23 de marzo de 2016) e incluso la guerrilla se compromete a dejar las armas antes de un año. Pero quizás su mayor logro y a la vez su mayor desafío es que crea los incentivos para que tanto las Farc como el Establecimiento destruyan la imagen que han construido de sí mismos durante más de medio siglo, se sinceren con la sociedad y comiencen una nueva historia.

Lo que ganan y lo que conceden
Bajo el liderazgo de Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno (arriba), y de Sergio Jaramillo (abajo), Alto Comisionado de Paz, un proceso con las Farc ha llegado a un punto prácticamente irreversible por primera vez en la historia de Colombia.
 
 

Con el acuerdo sobre las bases de la Jurisdicción Especial para la Paz, las Farc ganaron muchas cosas. La principal, que no tendrán que pagar un día de cárcel por los crímenes atroces que cometieron durante el conflicto y que tendrán “todo el apoyo del Gobierno” para transformarse en un movimiento político legal.

También lograron un tratamiento simétrico con el Estado. Desde el hecho simbólico de que el presidente Juan Manuel Santos estuviera sentado a un lado de la mesa y el jefe guerrillero Timochenko al otro en igualdad de condiciones, hasta el muy concreto de que la justicia pactada se les aplicará por igual a los guerrilleros como a los militares y a otros miembros del Establecimiento que hubieran participado directa o indirectamente en el conflicto. Esta bilateralidad ha sido una de las cosas que más ha exigido las Farc desde que se sentó en La Habana para despejar la idea de que se trataba de una rendición.

Consiguieron que el Gobierno se comprometiera a sacar una ley de amnistía o indulto lo “más amplia posible” por delitos políticos y conexos.

Además, a que el Tribunal que los juzgue no sea uno del Estado hoy, sino uno ad hoc que surje de este acuerdo y cuyos magistrados serán elegidos mediante un proceso que van a definir la guerrilla y el gobierno.

Este Tribunal para la Paz aplicará, como quería la guerrilla, una justicia restaurativa que apunta, como su nombre lo indica, a “restaurar” la relación entre los victimarios y sus víctimas y la sociedad, más que una justicia punitiva cuyo principal fin es castigar. 

Por eso, las penas que pagarán los que hayan cometido delitos buscarán reestablecer ese vínculo mediante una restricción de la libertad vigilada pero con un grado de flexibilidad tal que permita reparar con sanciones como contribuir al desminado o a la sustitución de cultivos.

El Gobierno también logró varias cosas. La principal, que las Farc aceptaran someterse a un proceso judicial que concluyera con una condena penal, lo que podría ayudar a blindarlo frente a tribunales nacionales e internacionales (aunque José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, opina que no lo hará).

Para muchos colombianos esto puede ser lo mínimo que tendrían que hacer las Farc, pero muchos dudaban que la guerrilla aceptara someterse a un juicio y a ser sentenciados por un delito. Las Farc querían que su participación en una comisión de la Verdad sustituyera la necesidad de un juicio.

El otro punto clave es que la participación de las Farc en este sistema de justicia transicional quedó condicionado a que la guerrilla deje las armas. Y además, se fijó un término perentorio para que comience ese proceso, que es máximo a dos meses después de la firma del Acuerdo Final (es decir, mayo 22 de 2016).

Este punto es fundamental porque la guerrilla tenía la teoría de que la dejación de las armas sería simultánea al cumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno. Como esa ejecución puede tardar hasta 10 años, existía el temor de que las Farc quisieran mantenerlas todo ese tiempo. Con este punto del acuerdo ese temor se disipa.

El tercer logro es del Gobierno es que aunque no paguen cárcel, las Farc aceptaron una sanción de restricción de la libertad por un término igual al que pagaron los paramilitares en Justicia y Paz. La sanción de entre cinco y ocho años tiene una carga simbólica que seguramente hará que los colombianos acepten más fácilmente tragarse el sapo de no verlos tras las rejas como la mayoría quisiera.

Y el cuarto es que, de nuevo como los paramilitares, esa sanción quedó condicionada a que cuenten la verdad, no sigan delinquiendo y resarzan a sus víctimas.

Las preguntas
Los abogados Manuel José Cepeda, por parte del gobierno, y el español Enrique Santiago (abajo), por parte de las Farc jugaron un papel clave junto con los otros juristas de la Subcomisión de Justicia para encontrar una fórmula de justicia transicional que permitiera avanzar en la paz y que fuera aceptable internacionalmente.
El Fiscal Eduardo Montealegre, que se ha jugado su pellejo desde el primer día apostando todo su capital político al proceso de paz quedó marginado del proceso de justicia transicional puesto que la investigación judicial también la hará el tribunal de Paz. La Fiscalía lo que hará será aportar la información que tiene.
La mayoría de los falsos positivos seguramente serán cubiertos por la nueva Jurisdicción de Paz.

Aún con estos logros, hay varias preguntas que el comunicado no responde y que podrían crear unos riesgos porque, como en todos los acuerdos, ‘el diablo’ está en los detalles.

El primero es que no habla explícitamente de máximos responsables como aparecía en el Marco para la Paz.

El comunicado dice que la Jurisdicción Especial para la Paz “tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos.”

Es decir que parecería que el procedimiento sería que el Tribunal armaría una lista de los casos más graves y representativos cometidos durante el conflicto (como la masacre de Bojayá, el secuestro de niños, un caso de desplazamiento forzado, otro de desaparición, etcétera) y luego identificará a los que hayan participado en esos delitos de manera directa o indirecta.

No es claro, entonces, por qué no se focalizó en “los máximos responsables”, si se intentará juzgar a todos los que participaron directa o indirectamente en estos casos graves y representativos, o a partir de dónde se marcará la línea para escoger a quién juzgar y a quién amnistiar.

El riesgo de esto es que se busque procesar a tanta gente que el sistema se vuelva inoperante y conduzca a una nueva impunidad, o que al final terminen juzgando a los autores materiales (al soldado que disparó y cometió el falso positivo o el guerrillero que mató a los diputados del Valle) y dejando por fuera al general que comandó la brigada que hizo el concurso de los falsos positivos o al miembro del Secretariado que emitió la ‘ley 002’ que creó la política de secuestros en las Farc. O que en unos casos juzguen a los máximos responsables y en otros no.

La otra pregunta es cómo se articulará la Comisión de la Verdad con este Tribunal para la Paz, porque podría suceder que una víctima señale a alguien como victimario en la Comisión de la Verdad que luego no sea seleccionado por el Tribunal, donde al parecer no tendrán juego las víctimas.

Tampoco es claro cómo será el mecanismo de selección de los magistrados. Se sabe que las Farc y el Gobierno definirán el mecanismo pero no cuál será y este punto será crucial para la legitimidad de la justicia que imparta. Tampoco se sabe dónde y cómo se reglamentará ese Tribunal. ¿Lo hará la Comisión Especial creada por el Congreso?

Y hay otras igual de complejas que tampoco fueron contestadas: ¿qué delitos se considerarán conexos? ¿Cubre esto a personas que están siendo juzgadas por parapolítica o Farcpolítica como Luis Alfredo Ramos o Luis Fernando Almario? ¿Le aplicará a paras que todavía tienen que venir a pagar su pena en Colombia como Mancuso? ¿Tendrá una segunda instancia ese tribunal? ¿Podrá imponer otras sanciones fuera de la restricción de la libertad como una indemnización?

La reinvención

Pero aún con todos esos interrogantes, hay una cosa que ya de entrada logra este acuerdo y es que rompe en dos la narrativa que las Farc han tenido de sí mismas y crea los incentivos para que los responsables en el Establecimiento también lo hagan.

Al aceptar la guerrilla ser juzgada y condenadapor un tribunal, así sea a una pena alternativa, admite que no solo fueron unas rebeldes víctimas de las injusticias sociales y de la represión del Estado, que no solo fueron el ‘ejército del pueblo’ como se han tratado de presentar a sus bases durante todos estos años, sino que también fueron victimarias, que cometieron delitos atroces y que por lo tanto se merecen ser juzgadas y condenadas.

Al aceptar la guerrilla que quien no cuente “la verdad plena”, reparare a las víctimas y garantice la no repetición, tendrá que pagar cárcel por hasta 20 años, está enviando la señal de que estará dispuesta a contar su verdadera participación en el conflicto. A mostrar y aceptar su cara más oscura.

El día que lo haga, el discurso justificatorio y de superioridad moral que exhibieron al inaugurar los diálogos de paz en Oslo será un tema del pasado y tendrá que comenzar a construir una nueva identidad a partir de ese acto de humildad y de reconocimiento de culpabilidad para con sus víctimas.

Será duro. Pero al haber dado este salto que pocos esperaban, también obliga a su contraparte a hacer lo mismo.

“Creemos imprescindible, entonces, que el resto de actores del conflicto, tanto los que han combatido, como los que han instigado la guerra desde lujosas oficinas, asuman con valentía su responsabilidad y así lo manifiesten ante el pueblo colombiano, sin escatimar un ápice de verdad”, dijo Timochenko en su intervención después de la lectura del Acuerdo.

Y es que el Acuerdo creó los incentivos para que, por ejemplo, los militares condenados a 40 años de prisión por los falsos positivos cuenten la verdad de lo ocurrido para ser cobijados por el Tribunal de Paz, y en lugar de su actual condena a decenas de años de cárcel, pagar una pena de ocho años recluidos en una finca o haciendo trabajo comunitario.

Cuando cuenten la verdad ineludiblemente terminarán involucrando a mandos más altos que a la vez tendrán el incentivo de confesar lo ocurrido.

De esta manera, la avalancha de verdades ocultas hasta hoy sobre los crímenes de Estado –sobre los falsos positivos, el asesinato de sindicalistas, el genocidio de la UP, la alianza del Ejército con los paramilitares- destruirá la imagen que han logrado construir los pilares del Establecimiento.  

Desde la imagen heroica que tiene el Ejército (cuya popularidad supera en las encuestas el 70 por ciento de aprobación)entre segmentos importantes de la sociedad urbana, hasta la reputación de políticos y sus partidos, de la Iglesia, gremios, académicos, periodistas y empresarios que de manera indirecta participaron en la guerra. Porque si ven que la alternativa es pagar 20 años de prisión de pronto prefieren acogerse a contar la verdad y reparar pagando una pena alternativa más laxa.

El día que esto suceda, si es que llega a suceder, y si se hace bien, probablemente se cierre el capítulo de la guerra y surja una nueva historia para Colombia.

Vea nuestro cubrimiento especial y base de datos sobre los acuerdos de paz.

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Humberto De La Calle
Sergio Jaramillo Caro
Juan Manuel Santos Calderón
Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios
Jue, 2015-09-24 15:08

No quiero sonar intenso. Pero eso no es lo de menos, al contrario, es lo de mas. Los medios deberían expresar públicamente su linea editorial y decir en que parte opinan y en que parte informan. ¿Acaso que seguridad pueden tener los lectores de que el resto de la historia es información y no opinión?. Esa barrera es necesario definirla y como tu, el resto de periodistas le huyen a este debate, que es ademas un debate ético.

Ojala pronto podamos tener una Ley de Medios que garantice una comunicación oportuna, veraz y plural a la ciudadanía.

Saludos.

Jue, 2015-09-24 11:34

Es un avance muy importante que espero se selle con el acuerdo del fin del conflicto. La paz no llegará por arte de magia, esa nos corresponde construirla a cada uno de nosotros. En especial exigir la verdad de todos los actores del conflico, para mi ese es el quid. Las Farc dan un paso y es reconocer su calidad de victimarios. ¿A los demás les exigíremos lo mismo o seguiremos con el doble estandar de que unos si pueden ser victimarios impunemente y otros no? Ahí es donde esperamos que los algoritmos de la fiscalía sirvan como espada de Damocles a quienes no quieran asumir sus responsabilidades.

Jue, 2015-09-24 10:53

Quieren "Paz"? Cambien el modelo económico neoliberal! El neoliberalismo requiere implícitamente de delincuencia legal e ilegal, osea mafias de cuanto se pueda traficar, comprar y vender; sin mafias legales e ilegales los niveles de violencia ciudadana, paraestatal y común organizada disminuirían pronta y eficazmente; pero el modelo requiere del delito para seguir siendo y así jamás habrá paz en nuestro mundo!
Pero la paz tampoco se construye limosneando subsidios ni menos alcahuetiando a los emporios económicos y nuevas mafias para que "ayuden" a la gente repitiendo el mismo modelo.. es peor un paternalismo neoliberal que el mismo neoliberalismo!

Así que si no se va a cambiar el modelo: qué hace la guerrilla en La Habana? Va a cambiar los principios por el dinero? O es que quizás hace rato lo hizo pero ahora pasa de ser banda ilegal a mafia legal? Ese es el destino de los miles de muertos que dejaron?

Claro, la violencia no traería la paz, pero el neoliberalismo sí que menos!

Jue, 2015-09-24 11:28

El estamento tradicional tiembla, la prueba d fuego en 6 meses con la firma FINAL, es implementar los acuerdos fundamentales d la deuda histórica con un país totalmente desigual.

Aquí hay q pensar Ya en otras cosas, evolucionar y no buscarle + patas al gato-¿- y esto va para todo el mundo aquí, allá y donde sea. La verdadera paz depende ahora dl estado TODO, con la implementación frontal y directa d las reivindicaciones sociales. Les llegó la hora d demostrar q son las Farc los únicos responsables dl atraso y d los males dl país, es aquí donde el estado se encontrará cara a cara con él mismo y saber d q’ realmente es capaz.

Q las Farc u otro movimiento guerrillero se organice, depende básicamente d 2-3 cosas:
- Las reivindicaciones sociales
- La seguridad jurídica d los acuerdos
- La seguridad física d los mismos acuerdos, y aquí entra la entrega d armas q d seguro dependerá d esa seguridad q el estado asume protegiendo a los desmovilizados d los paras y dl mismo estado. CLAVE

Jue, 2015-09-24 10:27

Mares d tinta corren y correrán en estos días, y + en la medida q se acerquen las elecciones.

Los medios TODOS como siempre haciéndose los famosos interrogantes d quiebre a un acuerdo q x donde lo miren TIRO A LA BASURA toda la prevención malsana q caracteriza a la oposición avalada X la mayoría d los medios, inclusive los q dicen ser independientes. Todo amparado en la famosa libertad d prensa y la obligación dl periodista d hablar con la ¡verdad!.

X donde lo miren, el acuerdo deja a TODA la oposición(FU) pegándose d cualquier papel cagado para continuar en lo mismo, ante la escases d oxigeno q se avecina.

Invito a LSV q se precia d independiente, a q nos d una muestra clara y fehaciente d esa libertad d prensa q pregonan Y, nos haga un detector d mentiras/parangon d lo q dijo ¡dios Fu! Ayer, el acuerdo en la Habana y sobre todo con el acuerdo q hizo con los paras.

Q tan diferente y negativo es este o al final terminen siendo igual o peor d lo q hicieron con los paras?

Jue, 2015-09-24 07:35

El Acuerdo como resultado de la negociación de paz entre el gobierno y las FARC no se acoge y en efecto por su misma naturaleza no tendría porque acogerse a los característicos esquemas de los procesos judiciales de la jurisdicción penal colombiana que han confeccionado las instituciones del Estado partiendo de realidades y necesidades distintas de la sociedad y de referentes que no son los de la reincorporación de todas las estructuras de organizaciones sublevadas contra el Estado. No es no debe ni tiene porque asimilarse a las sanciones punitivas que le caben a la delincuencia común. En Colombia, la psiquis nacida de la violencia impide racionalmente comprender que todos los actos de guerra de por sí irracionales violan en mayor o nenor medida las reglas del derecho internacional humanitario. Y el enceguecimiento se extiende a no concebir la amplia dimensión e importancia de la paz y de la no repetición, privilegiando algunos el "ojo por ojo" y el "diente por diente".

Jue, 2015-09-24 09:09

La violencia en otras sociedades se combate y se erradica como se debe extirpar un cancer, pero en Colombia, la violencia se legitima, en otras ocasiones se legaliza por el estado o se inocula como medio disuasivo del debate social y politico, y no es solo la violencia que genera un actor armado es la violencia que se crea con cada palabra, con las frases venenosas, con las imputaciones deshonrosas, con la injuria de hecho, en fin, la violencia esta entronizada en las sociedad, enquistada en el imaginario como un medio de válido de impartir justicia. A hechos sangrientos mucha más sangre hay que derramar para lavar la falta. Incluso algunos foristas de este medio se solazan en su propia tozudez e igorancia como resultado señalan a modo de censores delegados, a los opinadores contrarios como enemigos de la paz, esa que que ellos predican como savonarolas pos modernos. Por este modesto inicio es evidente que el camino aún es largo y bastante tortuoso para que se pueda vivir en paz

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