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En el mundo político, es de lo más normal oír que una u otra entidad pública “es” de algún congresista, como si se tratara de su finca privada, debido a que el poder que ejercen en ella es tal que parecen más dueños que servidores públicos. Estos entes son el corazón del clientelismo porque allí los políticos tejen sus redes de amigos a los que les dan puestos o les hacen favores para que más tarde eso se traduzca en votos. En algunos casos casi imposibles de confirmar, también suelen servir de caja menor para las campañas.
La Silla comienza desde hoy a armar el álbum de ese clientelismo en las regiones, incluyendo Bogotá. Para ello, consultamos a varios expertos de la política tradicional para establecer primero cuáles son las cinco entidades más apetecidas por los puestos o el presupuesto que manejan. Y luego averiguamos qué grupo político tiene representación allí y cómo se evidencia eso.
Estas son, pues, las primeras monas o láminas de nuestro Panini de la clientela versión 2016 en el Atlántico. Esperen pronto las de otros departamentos:
Instrucciones: haga clic sobre los nombres de los personajes para leer la información de cada uno en detalle.
Hace más o menos 25 años que es manejado bajo la influencia del grupo político de los poderosos Char, que hoy camina con la batuta del alcalde barranquillero Álex Char y cuenta con curul en el Congreso vía el hermano de éste: el senador Arturo Char.
Desde los 90, todos los directores del ICBF en el Atlántico han tenido alguna relación con el charismo, como lo detalló La Silla Caribe. Entre ellos están, el exalcalde y actual concejal de Soledad por Cambio Radical (el partido que manejan los Char en el Caribe) Rodrigo Martínez; Ismael Marín, luego ficha charista en la CRA del departamento; y Emilia Fontalvo, quien duró casi una década en el cargo y dos años después de salir se presentó a la Cámara como fórmula de Arturo Char.
Desde diciembre pasado, el nuevo director regional del Instituto es, siguiendo esa tradición, de la cuerda de los Char. Se trata del economista Héctor Manuel Silvera Goenaga, quien llegó al puesto después de un concurso al que se inscribieron 213 personas.
Pese a eso, su vínculo con el charismo es evidente pues viene de trabajar para este movimiento como el delegado de la Alcaldía (que manejan los Char desde hace nueve años) para la Primera Infancia ante el Ministerio de Educación. Además, evidencia de que tiene liga política es que la directora nacional del ICBF, Cristina Plazas, no quería expedir la resolución de nombramiento debido a que planeaba convocar otro concurso por considerar que todos los participantes de la terna contaban con padrino político.
Plazas llegó a su cargo cuando el concurso ya era un hecho y al final le tocó nombrar a Silvera porque la Función Pública conceptuó que el proceso debía continuar como estaba.
Bienestar Familiar es la joya de la corona. La entidad del orden nacional más apetecida por los políticos en las regiones. La razón es la gruesa cantidad de puestos que maneja y el contacto directo que permite con las comunidades. Es decir, la amplia posibilidad de pasar planillas en época electoral para asegurar votos, como nos aseguraron que lo hacen los Char (aunque Arturo Char nos lo negó).
Un congresista que ha tenido el Bienestar en otro departamento resumió su importancia así: “El ICBF te permite nada menos que poner directamente el segundo cargo de más peso en los municipios, después del alcalde”.
Ese cargo es el de los directores de los centros zonales, que son las sedes operativas del ICBF en los pueblos para planear y organizar los programas de prevención para los niños. Allí se contrata de manera directa personal necesario, como por ejemplo sicólogos, aseadores, cocineros y vigilantes. Y también se eligen a las madres comunitarias.
Por ley, los directores de los centros zonales deben estar en algún cargo en carrera administrativa dentro del ICBF para que su nombre sea seleccionado por la dirección nacional, pero con el visto bueno del director regional. Según nos explicó el congresista que manejó el Instituto en otra región, eso casi siempre se hace con criterios políticos. “Por lo general, son personas a las que uno como político ayudó a entrar y llevan años trabajando para nuestro grupo”.
Bienestar Atlántico elige a unas cinco mil madres comunitarias (contratadas luego por los operadores de los hogares comunitarios) y contrata a unos 700 empleados en los centros zonales. Eso sin contar los contratistas de la sede principal.
Un día después de las regionales del año pasado, fue reelegido por tercera vez como director de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico el ingeniero Alberto Escolar Vega. Él primero tuvo liga con el grupo de los Char y hoy es cercano al senador de La U José David Name.
Vinculado desde hace 11 años con la entidad, Escolar llegó a la dirección en 2008 encargado luego de que la Procuraduría hubiese suspendido al director titular y de que el Consejo Directivo quedara empatado en dos ocasiones al intentar votar por una nueva cabeza.
En esa votación fallida, los Char impulsaban a José Camacho (actual concejal de Barranquilla por el charista Cambio Radical). Ese mismo año, en unos comicios posteriores, decidieron respaldar a Escolar, quien se presentó ya formalmente luego de su encargo temporal.
Escolar sacó siete votos, de los cuales cuatro pertenecían a alcaldes de la cuerda de los Char. Pese a ello, según nos contó una alta fuente que fue testigo de todo, el funcionario desconoció ese apoyo y terminó partiendo cobijas con el charismo.
Es así como para la elección de 2012, el actual director se presentó para su primera reelección, pero ya bajo la sombrilla del grupo de Name, quien siempre ha sido rival político de los Char. El namismo volvió a ayudarlo en su tercer triunfo el año pasado, mientras que las dos cartas con las que pretendían jugar los Char ni siquiera pasaron la etapa de calificación de las hojas de vida.
La CAR es importante porque se trata de la máxima autoridad ambiental en todos los municipios del Atlántico. Con un presupuesto anual de 64 mil millones de pesos (en 2016), la entidad tiene una fortaleza económica grande porque maneja recursos propios que le llegan vía sobretasa ambiental.
Pero además, es clave porque sus decisiones se le pueden atravesar a todos los proyectos de desarrollo que se realicen en su jurisdicción. Desde la construcción de un puente, el tendido de una línea eléctrica o la canalización de un arroyo, hasta la explotación de una cantera. Otorgado un permiso, la CAR puede hacer seguimiento y control a iniciativas públicas y particulares, lo que mantiene su poder más allá del trámite inicial de un proyecto. Como son autónomas, no hay claridad de cómo gastan sus recursos.
Con 22 mil estudiantes y un presupuesto anual cercano a los 270 mil millones de pesos más recursos adicionales de la Nación, la única universidad pública del Atlántico ha sido un apetecido botín político disputado desde los años 70 por casas como las de los senadores José David Name, Roberto Gerlein, Efraín Cepeda y Álvaro Ashton. Hoy esa puja está congelada debido a que en julio del año pasado un juez ordenó suspender la elección del rector en propiedad, como medida cautelar en respuesta a una acción de nulidad interpuesta por un profesor y una estudiante.
Recientemente se supo que se había perdido el expediente del caso en el Tribunal Administrativo del Atlántico, lo que hace pensar que la expectativa por quién se va a quedar con la Universidad va para largo.
Sin embargo, ya se puede saber que en la línea de partida de la carrera están tres candidatos a los que algunos relacionan con la casa Char, con Ashton y con sectores de izquierda.de la ciudad.
Se trata del exsecretario de Educación del Atlántico Carlos Prasca, del docente Salim Mattar y del exrector encargado Rafael Castillo (quien ganó las consultas entre estudiantes y docentes).
A Prasca lo vinculan los simpatizantes de Castillo con los Char porque aseguran que llegó a la administración departamental como cuota de ese grupo, y porque su cercanía con esa casa es conocida. A Mattar lo relacionan con Ashton porque fue propuesto por el representante de los exrectores, el militante liberal Antonio Vallejo, y Ashton es el máximo líder rojo en el departamento. Y Castillo es un viejo militante de la izquierda a quien señalan de haberle dado burocracia y mucho juego a organizaciones afines a él, que habían perdido poder durante la rectoría de Ana Sofía Mesa, protegida por el gobierno de Álvaro Uribe.
Mientras se desenreda el nudo jurídico, la rectora en encargo desde el año pasado es la académica investigadora Rafaela Vos, quien no tiene padrino político.
Desde noviembre de 2013, el SENA en el Atlántico está dirigido por una abogada llamada Jacqueline Rojas Solano, a la que cuatro congresistas del departamento, un concejal de Barranquilla y un periodista dateado relacionan con el grupo del senador atlanticense Armando Benedetti.
Rojas es tan de la cuerda de Benedetti que en 2014, cuando el presidente Juan Manuel Santos y el vicepresidente Germán Vargas Lleras estaban definiendo el nombre de la ministra de Transporte, ese Senador propuso el nombre de la funcionaria para el alto cargo.
Fue en una reunión en Bogotá con Vargas Lleras, a la que asistieron los también senadores barranquilleros José David Name y Arturo Char, todos con sus respectivas candidatas a Ministra tras una petición expresa de Palacio. Benedetti llevó a Rojas, Name llevó a la presidenta de la Cámara de Comercio de Barranquilla, María José Vengoechea; y Char a Natalia Abello, quien resultó al final como la elegida.
Otra evidencia de esa liga política fue la polémica que se armó con su nombramiento (cuando la directora nacional del SENA era la hoy ministra de Educación Gina Parody). Jacqueline Rojas se presentó a un concurso de méritos junto a otros 700 profesionales y al final fue incluida en la terna, pero no con el mayor puntaje.
El mejor calificado fue otro concursante llamado Germán Palomino. El en ese momento gobernador José Antonio Segebre debía elegir de la terna al mejor, pero no se decidió por él. ¿La razón? aparentemente fue porque Palomino no contaba con un padrino político, como sí lo tenía Rojas con Benedetti. Así lo contó en una columna el director ejecutivo de la ONG Protransparencia, Horacio Brieva.
El SENA es clave para los políticos clientelistas principalmente por la posibilidad de influir en la contratación de los instructores que prestan sus servicios en los centros de formación y se pueden postular en la Agencia Pública de Empleo, según nos explicó un Senador de otra región. “Estos instructores tienen que cumplir unos requisitos mínimos, una vez los pasen, de ahí para adelante si uno tiene influencia puede ayudar a mucha gente que quiere trabajar”.
En Atlántico el SENA tiene cuatro centros de formación profesional con alcance en 23 municipios. Entre todos, contratan unos 400 educadores, de acuerdo a una fuente conocedora. Los directores de esos centros se nombran en Bogotá, luego de un concurso de méritos que arroja una terna de la cual la dirección nacional elige a uno. Parecido a como se escoge el director regional.
La entidad tiene además un generoso presupuesto para contratar de manera directa. Para dar una idea, encontramos que en 2015 hubo 2.232 contratos hechos bajo esa modalidad para ejecutar en el Atlántico por un total de 83 mil millones de pesos. Entre ellos hay varios para instructores o personal de carácter temporal.
Otra de las entidades nacionales más apetecidas en las regiones, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, es en el Atlántico un fortín del Partido Conservador, que de hecho lleva años manejando el agro en todo el país.
Su dinámica de poder ha cambiado, sin embargo, desde que en diciembre pasado el Gobierno Nacional arrancó un proceso de reforma institucional que incluye la liquidación del Incoder para crear unas nuevas agencias (de Desarrollo Rural y Nacional de Tierras) en el marco del posconflicto y despolitizar el sector.
La expectativa ahora es por ver si, en unos meses cuando ya estén andando las nuevas agencias, efectivamente Santos logra arrebatarle el campo a los políticos. Según un Senador que lo sabe de primera mano, los conservadores aspiran a seguir manteniendo ese botín.
En este momento de transición, el Incoder a nivel nacional ya no es manejado por el ingeniero Rey Ariel Borbón Ardila, muy cercano al senador conservador Hernán Andrade, sino que cuenta con un gerente liquidador sin ningún padrino conocido y más bien con carácter técnico: el abogado Mauro Rodrigo Palta, quien viene de hacer parte del equipo que liquidó Estupefacientes.
A nivel regional, aunque se redujeron los contratos por OPS debido a la liquidación, se mantienen algunos contratistas y todos los directivos y funcionarios de carrera que venían en el Instituto sede Atlántico, muchos de los cuales llegaron apoyados por los conservadores o terminaron jugando para ellos. Cuando el Ministerio de Agricultura defina cómo serán las plantas de personal de las nuevas agencias, buena parte de ese personal migraría si cumple las condiciones (lo que es muy factible, teniendo en cuenta que traen experiencia en el sector) a esas recién nacidas entidades.
Y en cualquier caso, aun rumbo a su desaparición el Incoder a nivel local sigue contratando. En lo que va corrido del año, para ejecutar en el Atlántico se registran 35 contratos por 384 millones de pesos bajo las modalidades de contratación directa o mínima cuantía. Casi todos son para contratar técnicos u operadores de maquinaria pesada en los distritos de adecuación de tierras del departamento, mientras empieza a funcionar la Agencia de Desarrollo Rural.
