Una de las cosas que faltan para que empiece a funcionar el nuevo gobierno judicial es que la junta directiva elija un gerente para la rama, que además se sentará en la junta. Ese proceso, que ya empezó y tiene un cronograma ajustado para alcanzar a definir el elegido antes de la vacancia judicial, ya tiene los primeros obstáculos.

Según la reforma de Equilibrio de Poderes y la convocatoria al proceso, podían candidatizarse personas “con veinte años de experiencia , de los cuales diez deberán ser en administración de empresas o en entidades públicas”.

Aunque ese era el único requisito para ser admitido, de los 58 interesados el Consejo solo aprobó a 22 y no admitió a otros 36, sin notificarles por qué de tal decisión.

Entre los no admitidos hay varios candidatos con alto perfil, como el ex auditor general Jaime Ardila Barrera, el ex superintendente de sociedades (y blogger de la Silla) Luis Guillermo Vélez, el ex contralor de Risaralda Juan Guillermo Salazar Pineda y el ex contralor de Bogotá Mario Solano Calderón.

En cambio, entre los 22 admitidos hay muy pocos que hayan sido cabezas de alguna entidad, aparte del político risaraldense Germán Darío Saldarriaga (dos veces secretario de gobierno de Pereira y una del departamento, y hoy director seccional de administración judicial de La Guajira) y el contralor departamental de Caldas, Jorge Eber Wheeler.

Los demás han tenido cargos intermedios, excepto el favorito Hernando Sierra Porto, director de administración judicial de Bolívar, ex contralor de Cartagena y el favorito para quedarse con el puesto, con el apoyo de la renovada rosca de magistrados caribes.

La Silla supo que algunos de los no admitidos repusieron la decisión y que contemplan incluso presentar tutelas si el Consejo no los admite. Y eso, sumado a lo corto del cronograma y a los efectos de que la junta tenga uno de sus miembros suspendido, pueden enredar la decisión e incluso llevar a que llegue el nuevo año sin un gerente, según una alta fuente conocedora del proceso.

Además de todos los líos en la implementación del nuevo sistema, en la Rama corre el rumor de que este va a terminar cayéndose. Efectivamente la Corte Constitucional tiene cinco demandas contra el Equilibrio de Poderes que podrían tumbar todo el nuevo gobierno judicial, y aunque no se puede prever la decisión de la Corte, cinco fuentes conocedoras del proceso le han dicho a la Silla que el rumor es fuerte.

Primero, porque el Equilibrio tiene opositores de mucho peso en la Rama y que se cree que podrían incidir en la Corte, como el Fiscal General Eduardo Montealegre (cercano, por ejemplo, al presidente de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, y a la magistrada de la Corte Constitucional Gloria Stella Ortiz) y el ex consejero de Estado Gustavo Gómez (esposo de la magistrada de la Corte Constitucional María Victoria Calle). Aunque no hay ninguna prueba de que se hayan movido a favor de hundirlo, solo su presencia en esa orilla refuerza el rumor.

Y segundo, porque de los cinco procesos uno está muy avanzado: tras la demanda de Flavio Maya, Ómar Borja y Diana Patricia Rueda, ya tuvo una audiencia pública y tiene listo un proyecto de sentencia que dejó escrita Mauricio González en septiembre, antes de terminar su período en la Corte.

El efecto de ese rumor es aumentar la incertidumbre justo en una transición llena de baches y problemas.

Una de las pruebas más grandes del desorden interno de la Rama es la reciente novela de los cargos por descongestión, que muestra el tamaño de los chicharrones que recibirá el nuevo gobierno judicial.

Por años, la Rama ha tenido juzgados temporales, llamados de descongestión, y se ha demorado en reemplazarlos con cargos permanentes. Eso ha hecho que a final de muchos años haya una puja entre la Rama y el Gobierno por el presupuesto para mantenerlos hasta el 31 de diciembre, con el Gobierno exigiendo que se les cambie por puestos permanentes (donde no roten cada 3 meses, por ejemplo), y la Rama diciendo que no hay plata para hacer ese cambio.

El problema no es pequeño: la descongestión paga uno de cada cuatro puestos de la Rama y desde 2009 le ha costado más de 1,5 billones de pesos al Estado. Además los cargos de descongestión son designados ‘a dedo’ por los magistrados de la Corte Suprema y el Consejo de Estado, lo que les da un poder enorme que no tendrían de reemplazarse por cargos de planta, que son de carrera y se nombran de una lista de elegibles.

Este año, el enredo llegó al punto de el jueves 29 de octubre que la Sala Administrativa de la Judicatura (que está a punto de desaparecer) sacó un acuerdo creando más de 6 mil cargos permanentes para reemplazar a los de descongestión en todo el país, pero las críticas y presiones fueron tales que el martes siguiente sacó otro acuerdo que restablecia las medidas de descongestión hasta el 30 de noviembre.

Como no terminó quedando claro si finalmente había cargos de descongestión, permanentes o los dos, y era claro que no había plata para ambos, a la semana siguiente sacó otro aclarando que no pueden coexistir los dos tipos de cargos.

El trasfondo de toda esa pelea era que las listas de elegibles, que se deben usar para llenar los cargos permanentes, tienen una vigencia y muchas van a vencer o ya vencieron. Como para reemplazarlas se necesita hacer concursos, que tardan por lo menos un año en hacerse, mientras tanto los cargos de pueden llenar a dedo.

Y eso fue lo que finalmente ocurrió: hoy se acabaron casi 6 mil cargos de descongestión (siguen vivos poco más de 100, y solo por este mes) y se crearon los respectivos de planta. Y los van a ocupar en más del 90 por ciento, los mismos magistrados, jueces y empelados que los tenían durante la descongestión, y que fueron nombrados en muchos casos por rosca. Mejor dicho, se acabaron los argos temporales pero no el amiguismo, y de hecho las roscas que ponían cargos por descongrestión ahora se reforzaron con puestos de largo plazo.