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| El pasado 22 de septiembre, cuando se anunció anticipadamente el acuerdo en el punto de justicia en La Habana, tanto el Gobierno como Timochenko le pusieron además plazo a la firma del Acuerdo Final: seis meses contados a partir de ese momento que se vencería el próximo 23 de marzo. |
Esta mañana, desde la Habana, los negociadores de las Farc dijeron que están haciendo "hasta lo imposible" para llegar rápido a la firma del Acuerdo Final pero que "causas objetivas seguramente van a impedir que eso se dé el 23 de marzo". Si bien es prácticamente imposible cumplir con ese plazo, moverlo será muy costoso para el gobierno.
Desde hoy hasta el 23 de marzo faltan setenta días. Setenta días en los que las Farc y el Gobierno tendrían que resolver temas clave de la agenda y, además, resolver asuntos prácticos, que no necesariamente dependen solo de ellos. Esto lleva a pensar que la fecha límite acordada por las partes el 23 de septiembre terminará siendo reemplazada más temprano que tarde por otra más realista.
En términos de la agenda, falta el punto sexto sobre terminación del conflicto que se refiere a la verificación, la implementación y la refrendación.
La verificación incluye lo que se conoce como DDR, Desarme, Desmovilización y Reintegración de los combatientes, cada uno de los cuales exige discusiones complejas y esfuerzos operativos aún más dispendiosos.
Por los riesgos que implican para los guerrilleros y también para la seguridad del Estado, el tema de la ubicación de los combatientes como paso previo para el desarme es un asunto de gran debate.
Sobre esto la subcomisión del fin del conflicto, integrada hace más de un año por militares y guerrilleros, lleva ya un trabajo muy adelantado pero todavía no han anunciado que hayan llegado a un acuerdo.
Juan Manuel Santos anunció después de la reunión de enero en Cartagena con su equipo negociador y asesores que convocaría al Congreso a extras para que le dieran facultades para crear las condiciones para la concentración de guerrilleros en unos ocho o diez puntos.
Aunque por el anuncio no quedó claro si ya era un tema pactado, los guerrilleros rápidamente confirmaron que la concentración todavía no se había acordado en la mesa. Según averiguó La Silla, la discusión está avanzada pero no finiquitada sobre este punto, uno de los que tendrían que resolverse en los próximos 70 días.
Una vez se acuerde cómo se hará ese cese bilateral de fuego, un paso previo al desarme, comenzaría la discusión sobre la verificación internacional, que según lo que ha dicho el Presidente involucraría al Consejo de Seguridad de la ONU.
Como explicó La Silla en otra historia, este proceso es mucho más complejo que llamar a los presidentes del Consejo de Seguridad de la ONU, como lo dio a entender Santos en noviembre.
En ese momento, él dijo que llamaría de inmediato a los presidentes de los países miembros permanentes del Consejo de Seguridad para que le dieran “rápidamente” el mandato a la ONU para verificar el cese bilateral del fuego que comenzaría a regir ojalá en enero con las Farc.
Pero el protocolo establecido es que para que la ONU comience a tramitar la solicitud de verificación necesita que el modelo de cese del fuego bilateral esté previamente definido y acordado y que se lo pidan ambas partes. No basta con la llamada de Santos.
Una vez que se haya pactado formalmente el tipo de cese del fuego, se tiene que hacer un pedido formal a través del gobierno a los miembros del Consejo de Seguridad, quienes deciden autónomamente hasta qué punto están dispuestos a darle el mandato al Secretario General de la ONU de destinar los recursos para hacerlo.
La rapidez de la respuesta de la ONU depende de dos factores: primero, del nivel de acuerdo entre las partes en conflicto y del nivel de consenso que exista en el Consejo de Seguridad sobre la conveniencia de hacerlo. Y segundo, del tamaño y complejidad de lo que se requiere.
Una cosa es que se le pida a la ONU que envíe 10 verificadores y otra, 100 militares y 40 helicópteros. Pero eso solo se sabe una vez se defina el modelo de cese del fuego. Si hay una concentración en ocho puntos será más viable que si es en los más de 50 que quiere las Farc.
Según lo que pudo explorar La Silla, en el Consejo de Seguridad hay buena voluntad frente al proceso de paz en Colombia porque, como dijo una fuente que conoce la movida por dentro, “es una de las pocas buenas noticias en el mundo”. Pero, la solicitud de las Farc y el Gobierno a la ONU entrará a competir con decenas de requerimientos de otros países que también están inmersos en conflictos: Yemen, Siria, Sudán del Sur, Congo, Afganistán, Iraq, Haití, para mencionar algunos.
La ONU destina actualmente 8.500 millones de dólares a misiones de paz y en fondos humanitarios hay requerimientos por 18 mil millones de dólares. Necesidades que terminan fondeando entre 10 y 15 países.
Colombia tiene la ventaja de que el proceso de paz con las Farc es visto como viable y que, además, la verificación podría no ser tan costosa como en otros lugares porque sería mediante observadores militares no armados.
La forma cómo funciona es que una vez que se asume el mandato, la ONU busca entre sus estados miembros los países que hablen español y que tengan las capacidades militares para prestar este servicio. Estos observadores son por lo general oficiales militares no armados que tienen experiencia en terrenos parecidos al colombiano.
Los países de orígen de estos ‘observadores militares’ tienen que ofrecer suficientes garantías a las partes.
En fin, el proceso de exploración de esa alternativa no dura 15 días.
Luego, viene la discusión sobre la refrendación de los acuerdos. En este punto, está claro que están en desacuerdo. El gobierno ya echó a andar el plebiscito y las Farc insisten en la Asamblea Constituyente. Suponiendo que la guerrilla ceda y acepte considerar el plebiscito, existe la posibilidad de que prefiera esperar a que la Corte declare su constitucionalidad y en qué condiciones lo hace, antes de aceptarlo de manera definitiva. Y esto no va a suceder antes de marzo.
Sobre todo porque, como contó La Silla, el escándalo de Pretelt tiene enredada toda la operación de la Corte, que sólo tenderá a empeorar cuando comiencen a estudiar la revisión de la tutela que podría dejar por fuera al otro magistrado, Alberto Rojas Ríos.
Por último, está la discusión sobre la implementación de los acuerdos. En este tema también hay desacuerdo y es uno de los puntos que las Farc hoy describieron como “aspiraciones unilaterales” que hacen parte de una actitud “que hace invisible al interlocutor en la Mesa y adelanta resultados pendientes aún de tratarse”.
El gobierno decidió empujar el acto legislativo para la paz que crea una Comisión Especial en el Congreso para que apruebe los decretos que vaya sacando el Presidente con base en facultades especiales para ejecutar lo acordado con las Farc una vez se firme el Acuerdo Final. Pero como lo hizo unilateralmente, ahora necesita el visto bueno de la guerrilla.
Y fuera de ese sexto punto grande que falta por acordar, estan otros que no son menores y que han quedado abiertos y sin resolver en la discusión de los puntos ya acordamos anteriormente como el rural o el de víctimas.
Por ejemplo, y para citar uno solo: cómo se compondrá el Tribunal de Paz, que es crucial para la legitimidad de todo el acuerdo de paz. Ya se acordó que sus magistrados no serán elegidos por las Farc ni por el Gobierno directamente y que sus elegidos deben darle tranquilidad a todo el mundo. Pero el procedimiento no ha sido acordado.
Tampoco se ha acordado dónde operarán las circunscripciones de paz. Ni qué va a pasar con el latifundio.
Y como si todo lo anterior no fuera mucho para decidir en 70 días, está el elefante en el cuarto: el futuro del Eln.
Se ha rumorado insistentemente hace más de dos años que ya "está a punto de arrancar" y nada que sucede.
Sobre lo que sí hay consenso es que lograr la firma de un acuerdo con las Farc y dejar al Eln vivo implicaría un riesgo inmenso de convertir al proceso de paz realmente en una costosa jubilación de los jefes guerrilleros de las Farc y en un simple cambio de franquicia armada pues el Eln entraría a copar los territorios bajo influencia de las Farc y a fortalecerse con los que no se desmovilicen.
En conclusión, son muchas las cosas que toca amarrar en los próximos días en la Habana para lograr cumplir con el plazo del 23 de marzo.
Pero así como es de difícil cumplir con ese plazo, no hacerlo acarreará costos políticos grandes para el gobierno y para el mismo proceso.
El primer costo es de credibilidad política en el Presidente y en la negociación pues fue la definición de esa fecha lo que le dio un impulso importante al proceso el año pasado pues le devolvió la fe perdida a muchos colombianos saber que había un término a la vista.
Suponiendo que se alargue hasta junio, que es la fecha que Timochenko dijo que era razonable dada la demora en ponerle el punto final al acuerdo sobre justicia anunciado prematuramente en septiembre del año pasado, la votación del plebiscito se terminaría haciendo el septiembre del 2015 por temprano.
“El segundo período legislativo estaría perdido”, dijo una fuente conocedora. Puesto que hasta que no se vote el plebiscito no podría arrancar la discusión de los decretos de paz que saque el Presidente por la vía express.
Esto dejaría la implementación efectiva de los acuerdos para arrancar en el 2017. Lo cual supone para el gobierno dos riesgos políticos grandes.
El primero tiene que ver con la reforma tributaria. Varias fuentes consultadas por La Silla coinciden en que no habría nada más perjudicial para la votación del plebiscito que el hecho de que ésta coincidiera con la imposición de un Iva más alto, que los colombianos resentirán.
“Sería abrirle un flanco demasiado obvio al uribismo para que termine de hundir la confianza en el gobierno y en el proceso de paz”, dijo a La Silla un analista.
La pregunta, entonces, es si el gobierno –dado los niveles a los que ha caído el precio del petróleo- puede esperar un año más antes de comenzar a cobrar nuevos impuestos.
El segundo riesgo es que a partir de mediados del 2017 arranca la campaña electoral, justo después de que el vicepresidente Vargas Lleras tenga que renunciar para anunciar su candidatura en mayo. En este período la Unidad Nacional ya seguramente habrá volado por los aires y sacar los mínimos consensos básicos que se requieren para la difícil implementación de los acuerdos de paz será más difícil.
En conclusión, el reloj de la negociación comienza a correr contra el reloj político. Sincronizarlos será un gran desafío.
