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Las empresas Sainc y El Cóndor firmaron hace dos años un contrato por 86 mil millones de pesos para hacer un Transmilenio ligero por la Séptima, pero el proyecto fue cancelado y el anticipo de 15 mil millones de pesos aún no está en manos del Distrito. Foto: Juan Pablo Pino.

El 26 de septiembre pasado la administración del alcalde Gustavo Petro anunció con satisfacción la liquidación del polémico contrato 033 de 2010, que ascendía a 86 mil millones de pesos y buscaba construir una troncal ligera de Transmilenio por la carrera 7 entre las calles 34 y 72.

Más de un funcionario respiró tranquilo. El Alcalde resolvía de esa manera una papa caliente heredada de la administración de Samuel Moreno, que el 22 de septiembre de 2010 entregó el contrato al consorcio conformado por las empresas Sainc y El Cóndor, a pesar de varios cuestionamientos que por esa época advertían que Bogotá no aguantaba abrir un frente de obra más.

Pero además Petro lo hizo con carambola: no sólo anunciaba que liquidaba el contrato, sino que lograba que el contratista no le cobrara una indemnización al Distrito a pesar de los derechos adquiridos que ya tenía en momentos en los que tenía encima la lupa de los organismos de control. Y por último, despejaba el camino para el proyecto que él quiere en la Séptima: un metro ligero y no una troncal de Transmilenio.

“El Alcalde Mayor destacó que la liquidación del contrato 033 es un acuerdo favorable para la ciudad”, decía el comunicado de la Alcaldía el 26 de septiembre.

Pero La Silla verificó que seis meses y siete días después de ese anuncio oficial, el contrato para hacer el Transmilenio Ligero por la Séptima en realidad no ha sido liquidado. Las partes (IDU y contratista) firmaron un acta de terminación de común acuerdo, pero hasta ahora sigue sin hacerse el cruce de cuentas que determinará cuánto dinero se le pagará al consorcio privado por las obras que alcanzó a hacer en estos dos años. Como no se ha hecho ese cálculo, la empresa todavía no le ha devuelto al Distrito el anticipo de alrededor de 15 mil millones de pesos.

Una alta fuente que prefirió que se omitiera su nombre le dijo a La Silla que dos días antes de vencerse la suspensión del contrato, que había hecho la alcaldesa Clara López un año antes, se firmó el acta de terminación en el que los privados acordaron no cobrarle al Distrito la utilidad esperada. Pero que ellos sí están pidiendo  el dinero que se gastaron en diseños, pólizas de seguros, nóminas, arreglos en las vías alternas (que debían arreglarse para poder abrir la Séptima) y nueve mil actos de vecindad, que es como se le llama a la labor pedagógica de ir de casa en casa explicando la afectación de una construcción.

Dice la fuente que en total la ciudad les debe cerca de dos mil millones de pesos y que -como una forma de presión- mientras no se los paguen no entregarán el anticipo que yace en una cuenta bajo la lupa del interventor del contrato.

Por concepto de obras previas, a este contratista la administración de Samuel Moreno ya le había pagado unos 11 mil millones de pesos.

El IDU y el contratista se vienen sentando a la mesa desde hace más de seis meses por lo menos una vez al mes, pero -según la versión del privado- se han trenzado en un tire y afloje porque María Fernanda Rojas, directora del IDU, la entidad que adjudicó la licitación, teme pagarles lo que piden y que esto sea considerado un detrimento por los organismos de control.

Consultada, Rojas aceptó que el contrato todavía no ha sido liquidado como decía el comunicado de la Alcaldía. Sin embargo, le dijo a La Silla que no ha habido inconvenientes en proceso que está en curso de liquidación del contrato y que ella se está “tomando su tiempo” porque debe revisar con lupa cada detalle de lo que los empresarios le están cobrando al Distrito. Pero advirtió que no siente ningún temor de los organismos de control.

“Vamos bien. Estamos en los términos de ley, tenemos 30 meses para hacer la liquidación directa del contrato. Ya hicimos la solicitud para que devuelvan el anticipo y seguimos en el cruce de cuentas. Esto es normal porque yo en el IDU estoy liquidando contratos de hace 15 años”, dijo María Fernanda Rojas.

María Fernanda Rojas, directora del IDU, heredó la papa caliente del contrato cuestionado. Foto: Concejo de Bogotá.

Samuel Moreno fue el alcalde que entregó el contrato cuyas consecuencias aún se sienten.

La Ley 80 de contratación (modificada posteriormente por la Ley 1150 de 2007) da un plazo de cuatro meses para la liquidación de un contrato una vez firmada el acta de terminación, cuando es de común acuerdo. Cuando no se ha llegado a un acuerdo entre las partes para la liquidación, la norma da un plazo adicional de dos meses para que el Estado liquide unilateralmente. El Gobierno distrital no aprovechó este plazo. Entonces, ahora la ley les permite hacer la liquidación en cualquier momento dentro de los dos años siguientes ya sea unilateralmente o por común acuerdo.

Un abogado le explicó a La Silla que terminar un contrato sin liquidarlo equivale a que un matrimonio acuerde separarse sin acordar la separación de bienes y por lo tanto, aunque ya se ha avanzado la papa caliente de la que supuestamente se había librado el alcalde sigue en sus manos.

Más exactamente en manos de María Fernanda Rojas que la heredó de la era Samuel como una encrucijada: este contrato desde el principio fue cuestionado por los organismos de control e inclusive por el presidente Juan Manuel Santos, quien en marzo de 2011 pidió aplazarlo para no abrir un frente de obra más en Bogotá. También desde el Concejo lo han cuestionado por inconsistencias técnicas.

Rojas tenía que intentar terminarlo además porque el Transmilenio ligero por la Séptima va en contravía del metro ligero que el Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana de Petro propone.

El problema son las consecuencias que, al asumir este reto, podría tener que enfrentar frente a los organismos de control que ya alistan sus lupas.

La Personería y la Contraloría distrital ya han hecho varias advertencias para que se defina el futuro de la Séptima y la Contraloría General de la República ha adelantado auditorías y -según supo extraoficialmente La Silla- está esperando a ver en qué términos se liquida el contrato y cuánto se le paga al privado por una obra que no se ejecutó.

El temor a la Contraloría fue una de las razones que tuvo el entonces gerente de Transmilenio, Fernando Rey, para renunciarle a Petro. Rey no tenía que firmar la liquidación, pero sí le pidieron que diera un concepto público apoyando la construcción del metro ligero por la Séptima y no del Transmilenio. Eso para que sirviera de argumento en el proceso de liquidación. El funcionario se negó a hacerlo para evitarse líos posteriores con la Contraloría.

Pero estos dilemas no son los únicos que tienen enrarecido el futuro de la Séptima.

Transmilenio quiere sacar el proyecto adelante a través de Alianzas Público Privadas (APP) y ya dio concepto favorable a las primeras dos APP para construir dos tramos del metro ligero que irán sobre dos corredores férreos. El primer concepto favorable fue para la firma Tranvía del Sur y el segundo para Tranvía de Bogotá (en ambas está Sainc, que es el contratista con quien no se ha liquidado el contrato original). La empresa francesa Alstom también presentó propuesta pero justamente se la negaron debido a que aún no se había firmado la terminación del contrato.

Los líos y las polémicas sobre el futuro de la Séptima no comenzaron con Petro (ver línea de tiempo). Y cuando Petro llegó a la Alcaldía pidió al Concejo que le permitiera usar un cupo de endeudamiento de 800 mil millones de pesos que el Concejo había aprobado para el metro pesado, en su metro ligero. El Concejo hasta el momento se opone pues el metro ligero no cuenta ni con estudios ni con diseños.

El concepto favorable de TM significa que las dos firmas tienen ahora nueve meses para entregar unos estudios de factibilidad que, de ser aprobados, permitirían comenzar los trabajos el año entrante. Sólo después de entregados todos los estudios técnicos, ambientales, jurídicos y financieros se sabrá el tiempo exacto de la duración de las obras, pero se estima que no es de menos de un año.

Sin embargo, otra pelea podría venirse ahora: la ley que reglamenta las APP dice en su artículo 14 que no podrán presentarse iniciativas en los casos en que correspondan a un proyecto que, al momento de su presentación, modifique contratos o concesiones existentes. Y sobre la Séptima, por ahora, hay un contrato que ya está terminado pero aún sin liquidar. Quizás la forma en que se solucione el problema es que la APP quede en manos de Sainc.