Este es el punto en el que los sectores campesinos sienten que hay menos avances, aunque en realidad es uno de los más complejos. Conceptualmente bajarle los precios a los insumos como fertilizantes o plaguicidas debería ser similar al control de precios de medicamentos, pero en ese caso el Estado es el mayor comprador en el mercado mientras que frente a los insumos agrícolas apenas figura y eso lo hace dificulta aún más.

El paso más importante que se ha tomado -además de eliminar algunos aranceles por dos años- es el decreto 1988 de septiembre pasado que obliga a todos los actores de la cadena de insumos (productores, importadores y comercializadores) a reportar los precios de venta, algo que a mediano plazo -no menos de varios meses- permitirá determinar dónde están los problemas y las distorsiones de precios, en qué productos, en qué actores de la cadena comercial y en qué regiones.

El problema es que “no sólo requiere voluntad política, sino una alta capacidad técnica y un equipo de trabajo que sí existen en el sector de salud, pero no en el de agricultura”, le dijo a La Silla una persona que siguió de cerca el control al precio de medicamentos del Ministro Alejandro Gaviria. Es decir, montar el equipo que puede interpretar esos datos toma tiempo.

La otra medida que se puso en marcha fue la creación de la Comisión Intersectorial de Asuntos Agrícolas que tiene como función determinar el mecanismo de fijación de precios a través de seguimiento y estudios.

El gobierno expidió el decreto que creó la Comisión pero los líderes de los campesinos de las zonas frías concuerdan en que no hay diferencias: "El precio sigue siendo el mismo que antes de que se instalara la Comisión", dice Hernando Torres, un reconocido líder agrario de Umbita (Boyacá).

Incluso, dice que en algunos casos, los precios que se sugirieron eran más altos que los que estaban inicialmente. “Los fertilizantes compuestos que usamos, como Triple Quince y La Urea, valían 52 mil el bulto en septiembre y valen 63 mil ahora. Un galón de glifosato, que usamos de herbicida, pasó de 30 a 40 mil”, explica el líder cacaotero Omar Acevedo.

Sí se han creado estrategias temporales para facilitar la compra de insumos, como fomentar las compras en bloque a través de la Bolsa Mercantil y lanzar una tarjeta que permite comprarlos a crédito. El problema es que muchos campesinos no ven este crédito, que se paga contra la cosecha, como una solución a los precios.

Lo que tiene más molestos a los campesinos frente a este tema es paradójicamente del que menos se ha hablado. El gobierno acordó en marzo que haría un estudio para crear un mecanismo para subsidiar el precio de los insumos. Y según el Ministerio de Agricultura, el punto se cumplió en un 100 por ciento porque el estudio se realizó aunque se determinó que no era viable. “Es una leguleyada”, dice Víctor Correa, líder cafetero de Antioquia y candidato del Polo a la Cámara en las elecciones de marzo. “El espíritu del acuerdo era claro: la gente necesita un subsidio, no un estudio”.

En todo caso está claro que reducir el precio de los insumos -un problema que es estructural- tomará tiempo.

Después de una crisis de los precios del café, los caficultores acordaron con el Gobierno el pago de un subsidio –PIC- para apoyar a los productores a nivel nacional.

El acuerdo inicial, firmado en Pereira en marzo hace un año, establecía que el gobierno pagaría al productor 145 mil pesos por cada carga de 125 kilos de café en el momento de la venta, siempre y cuando el precio de compra interno de la carga estuviera debajo de los 700 mil pesos. En caso de que el precio de compra estuviera debajo de los 480 mil pesos, el subsidio al caficultor era de 165 mil pesos. El promedio de precio del año pasado, según la Federación Nacional de Cafeteros, giró alrededor de los 466 mil pesos.

El Gobierno considera este acuerdo cumplido en un 100 por ciento, tras pagar -según el Ministerio de Agricultura- 1 billón de pesos en 2013 y tener asignado otro billón en 2014 (que, como ha contado la economista Marcela Eslava, es casi el valor de la doble calzada Bogotá-Girardot). Según el Gobierno, 341 mil cafeteros han presentado su factura y 97 por ciento han sido aprobados, con Risaralda, Huila, Tolima, Quindío y Valle superando el 80 por ciento de cobertura del total de cafeteros.

Pero, según los productores asociados en las dignidades cafeteras, a algunos se les pagó la totalidad, a otros se les pagó a medias (en el valor y en la continuidad) y en otros casos –muchos dicen- los caficultores no recibieron ni un peso.

A este problema se le sumó que desde este año, a los productores que han vendido sus cosechas a compradores privados autorizados por la Federación (que según ellos mismos compran más del 50 por ciento de la producción nacional), no se les ha pagado el PIC.

Los caficultores dicen que el gobierno ha usado la sobreproducción de café como “excusa” para no pagarles el subsidio. Pero según los líderes cafeteros, estos topes no se fijaron en el acuerdo sino que se estableció que se pagaría el subsidio a toda la producción. Por esto, piden que se cancelen los pagos atrasados a la totalidad de los caficultores.

Por otro lado, el gobierno ha dicho que se ha hecho fraude con las facturas en algunas regiones como el Huila y que se debe estudiar cada una para evitar el desvío de los recursos. Ante esta queja los caficultores responden que se castigue a los falsificadores de facturas pero que ejercer el control sobre esto es responsabilidad de la Federación y no de ellos, que por derecho pueden acceder a los recursos.

En este punto, tanto el gobierno como los campesinos señalan que hay avances. Por una parte, el año pasado se expidió la ley 1694 para prorrogar las condonaciones a los intereses de las deudas de los campesinos afiliados al Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria (Pran) y del Fondo Nacional de Solidaridad Agropecuaria (Fonsa). Además, con el decreto 355 de este año, se logró incluir una nueva causa de crisis para recibir ayudas del Estado cuando se produzcan variaciones significativas en los precios de los productos o de los insumos.

Pero los campesinos están insatisfechos con el proceso de compra de cartera de las deudas que a través del Fonsa ahora tienen con Finagro (después de que las comprara al Banco Agrario), a pesar de que les reduce el valor de la deuda y les ofrece mejores plazos para pagarlas sin intereses.

En el acuerdo quedó pactado que se compraría la cartera para deudas que no superaran los 20 millones de pesos. Según el gobierno, el proceso está avanzando para que los campesinos sólo tengan que pagar un valor igual al que pagó Finagro cuando compró la deuda.

Y dicen, que el proceso de compra comenzará el 5 de mayo del 2014, una fecha que no aparece en ninguno de los acuerdos. Por eso, los campesinos se quejan de que este proceso no ha avanzado desde septiembre.

De todos modos, una de las críticas más recurrentes es que el proceso es muy complicado. "Pedir un crédito en el Banco Agrario es más difícil que pedir un crédito en cualquier otro banco. Hay más exigencias para acceder a los créditos", asegura el líder boyacense Hernando Torres. Aunque el gobierno se comprometió a volver los procesos del Banco Agrario más sencillos y fáciles de entender para un campesino, este punto está todavía en proceso.

El problema a mediano plazo que señalan algunas personas que conocen el sector es que el Fonsa -a pesar de aliviar un problema real con las deudas, que en muchos casos viene desde la ola invernal hace cuatro años- puede terminar fomentando una cultura de no pago. “Eso, que siempre se había tratado de evitar, puede ser contraproducente a largo plazo”, dice un antiguo alto funcionario del sector.

El contrabando de alimentos es uno de los principales males de sectores como el arrocero (que compite con 250 mil toneladas de arroz importadas clandestinamente cada año), el lechero y el avícola.

Por eso, como lo prometió en varias de las mesas, el Gobierno radicó en septiembre pasado el proyecto de ley anticontrabando que -entre otras medidas- tipifica el contrabando como delito penal, baja el monto mínimo para poder cerrar temporalmente tiendas que contengan más de 10 salarios mínimos -o 3 millones de pesos- en 'stock' de contrabando y le da más dientes a la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y a la Dian para caerle a los contrabandistas.

Sin embargo, el proyecto de ley -que coordinaron los senadores Luis Fernando Velasco y Manuel Enríquez Rosero y que ya tiene ponencia positiva- tuvo un solo debate en el Congreso y no se ve fácil que sea votado, como quiere el Gobierno, antes de que termine esta legislatura. Ni siquiera quedó radicado -como se había prometido- con mensaje de urgencia.

Eso hace que en los sectores agrarios no le vean interés al Gobierno por sacarla adelante. "El problema económico más grande del país -fuera de la revaluación- es el contrabando y el Gobierno debería estar encima del Congreso diciéndole 'lo necesito para ya' ", dice un líder gremial de uno de los sectores más afectados.

La resolución 970 del ICA, que aterriza los compromisos de protección de la propiedad intelectual en semillas en los TLC, ha sido duramente cuestionada por los pequeños agricultores que la ven como una amenaza contra las semillas criollas o nativas que usan. Por eso el Gobierno se comprometió con varias de las mesas del anterior paro a concertar una resolución con los campesinos que no los afecte.

En realidad, la resolución sigue vigente porque aún no ha salido la que la reemplaza y la deroga. Aunque no se saben detalles, La Silla supo que habrá dos resoluciones -una general y otra para pequeños productores- y que serán consultadas públicamente en una o dos semanas.

La idea es que queden excluidas todas aquellas semillas nativas o criollas, cuyo fin sea el uso de los pequeños agricultores. Y protegería solamente aquellas semillas que han sido producidas tras un proceso de investigación y mejoramiento genético (biotecnología), y que bajo legislación nacional e internacional están protegidas por derechos de propiedad intelectual.

De todos modos, aunque la 970 sigue vigente, La Silla no encontró indicios de que se hayan destruido semillas campesinas como sucedió en Campoalegre (Huila) cuando se desató la polémica hace un año, porque teóricamente no cumplían con la reglamentación del ICA.

En todo caso el tema sigue siendo controversial y en algunos gremios del campo creen que tumbarla podría afectar 30 años de investigación genética nacional y convertirse en una patente de corso para que se contrabandeen semillas de países como Venezuela.

Uno de los mayores reclamos -sobre todo de los campesinos de climas fríos- es que se limitara la importación de productos que ellos producen y con los que no pueden competir debido a que llegan a precios más bajos.

Ese reclamo, que se oyó en varias mesas, terminó con el compromiso de establecer salvaguardias por dos años para la importación, desde los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y Mercosur, de papa fresca y congelada, cebolla, fríjol, arveja, tomate, pera, leche en polvo, queso y lactosuero. Es decir, el Estado suspende temporalmente la importación de estos productos cubiertos por esos acuerdos comerciales cuando éstas hayan crecido tanto que pueden causar un daño grave a la producción nacional.

El decreto 2210 que lo regula salió pocas semanas después, a mediados de septiembre, estableció las cuotas máximas permitidas para esos productos, incluyendo 102 mil toneladas de cebolla, 23 mil de frijol, 1.644 de leche y 4.700 mil de lactosuero, y en general los líderes campesinos reconocen que fue un avance.

El problema es que éstas se aplican automáticamente cuando un producto entre en un volumen mayor o en un precio menor al acordado en el TLC, y no a libre voluntad del gobierno. Y de todos modos son temporales: como dijo Santos el año pasado, de hecho ya se han aplicado en el pasado y no han cambiado los problemas del campo

Esta es, sin embargo, solo parte de la solución porque frena los excesos en las importaciones legales, mas no puede contrarrestar el contrabando. “El problema sigue siendo el contrabando desmedido que llega desde Ecuador, que es lo que nos afecta”, dice el líder boyacense Hernando Torres.

Esta medida, que busca compensar los volúmenes de papa precocida y congelada y leche en polvo importadas de la Unión Europea y Estados Unidos, no se ha puesto en marcha. La idea es compensar al sector productor en Colombia -usando el precio doméstico- por cada tonelada importada, una serie de recursos que deben ser entregados a los departamentos cada seis meses -durante dos años- para que sean administrados por las asociaciones de productores.

Según el Ministerio, están en proceso de hacer el inventario de las asociaciones que participarán y, como decidió pagarlo a partir del valor de importaciones del primer semestre de 2014, no podrá comenzar a pagar hasta terminado ese período. Eso significa que retrasa la fecha original para comenzar a hacerlo, que era enero de este año.

"No hemos visto esa compensación", señala el líder campesino nariñense Jairo Chamorro, que estuvo en el acuerdo en Tunja y en Ipiales.

Muchos productores de leche se han visto doblemente afectados por el hecho de que las grandes compañías lácteas importan leche en polvo para rehidratar y usar en sus productos -por lo que compran menos leche a los productores- y que están entrando grandes volúmenes de leche en polvo de contrabando, sobre todo por Cúcuta, que luego es vendida como leche líquida.

El Ministerio aún no ha expedido el decreto que prohíbe la rehidratación de leche en polvo importada -su compromiso en las mesas de ‘clima frío’ en Tunja e Ipiales- porque tras haberlo socializado, algunos sectores lácteos nacionales -que La Silla aún no ha podido identificar- dijeron que saldrían perjudicados.

Sin embargo, la medida que más podría transformar esta realidad -según una persona que conoce bien la política lechera- es que se construyan una o varias plantas pulverizadoras de leche con recursos de Finagro, una promesa que hizo Santos hace un mes en los 50 años de Colanta.

Una planta de este tipo sería un 'gana-gana', porque a los productores les garantizaría una mayor absorción de la leche que producen y a los industriales les daría más inventario para producir sus lácteos y exportar. Entre tanto, los productores seguirán teniendo una dificultad adicional para vender.

El compromiso central con los cacaoteros fue doblar el subsidio al transporte del grano de cacao, pasando de 400 a 800 pesos el kilo. Ese alza -que según el Ministerio sumó 25 mil millones de pesos, para un total de 31 mil toneladas- coincidió con un alza sustancial en el precio internacional en el precio del cacao en los últimos tres meses.

La suma de estas dos hizo que Dignidad cacaotera y en general los cacaoteros de Santander no estén casi comprometidos con el paro, ya que -aunque comparten muchos de los reclamos con sus colegas de otras Dignidades- están metidos de lleno en la cosecha.

“En estos dos meses ya hay un precio muy favorable que nos está ayudando a compensar las pérdidas de tres años, aunque se trata de un hecho fortuito -por el verano en África occidental- y no un tema de política pública”, dice Omar Acevedo, líder de Dignidad cacaotera en Santander y candidato del Polo a la Cámara en las últimas elecciones.

Ellos reconocen que el subsidio el año pasado funcionó bien, aunque reclaman que este año no se les ha cumplido. Según Acevedo, este año sólo les comenzaron a pagar el subsidio desde abril y por 500 pesos el kilo, por lo que consideran que no se les ha cumplido.

El paro minero que comenzó en julio y terminó en septiembre del año pasado logró tres acuerdos fundamentales. Los pequeños mineros y mineros informales se movilizaron para exigir al Gobierno que reglamentara su actividad que está por fuera del Código de Minas, el instrumento que rige a todo el sector.

Reglamentar la actividad de los pequeños y medianos mineros                 Falta mucho

En el primer acuerdo, el gobierno se comprometió a crear un estatuto para la pequeña y mediana minería que hiciera una distinción entre la minería informal y la minería ilegal. El objetivo es que se formalice su actividad, ya que la mayoría no cuenta con título minero ni con licencia ambiental que garantice los permisos para explotar.

Después de ocho meses de pactado, los pequeños mineros insisten en que nada ha pasado. Once integrantes que provienen de diferentes agrupaciones de mineros se sentaron en una mesa que se ha reunido paulatinamente con el Ministerio de Minas y en diciembre presentaron una propuesta que creaba un decreto transitorio para que pudieran trabajar mientras se redacta el proyecto de ley. Sin embargo, aseguran que hasta ahora no han recibido respuesta.

El Ministerio, a través del viceministro César Díaz, asegura que se está avanzando. Aunque no han presentado el proyecto de ley pactado, dice que “se está trabajando” en una reforma al Código que incluya las distinciones entre los sectores que piden los mineros.

Aunque los mineros dicen que los diálogos se suspendieron y que la mesa no ha vuelto a reunirse desde el comienzo de este año, el viceministro Díaz asegura que citó a una reunión en Bogotá para el próximo 4 de mayo para avanzar en las discusiones.

Pero lo cierto es que aún no hay ningún texto escrito, como asegura Luz Stella Ramírez, representante de Conalminercol y candidata del Polo al Senado en las últimas elecciones. “Estamos en un limbo jurídico y el gobierno está dilatando el proceso”, asegura Jhon Fredy Muñoz, líder de los mineros tradicionales de Marmato (Caldas) y también candidato del Polo a la Cámara en marzo.

Crear zonas de minería tradicional                                                                No hay avances

La creación de estas zonas era de antemano un acuerdo difícil porque los territorios ya están concesionados o en trámite de solicitud y por ende, las zonas de minería tradicional se superponen. Hasta ahora no se ha logrado ningún acuerdo con este tema y los mineros lo califican como un "sofisma de distracción".

En el caso del Chocó, donde se propuso elevar la condición de terrenos colectivos de los consejos comunitarios a títulos, con un acuerdo previo entre los mineros y los consejos, tampoco se ha avanzado dice Wilson Murillo, presidente de Fedemichocó.

El Ministerio de Minas dice que se están adelantando esfuerzos para volver este punto una realidad, usando una figura del Código de Minas sobre las áreas de reserva especial para titular a pequeños mineros en áreas comunitarias.

"Se están tramitando las solicitudes en el Ministerio de Minas, hacia allá vamos", dice el viceministro Díaz, aunque no da cifras.

Además, se expidió el decreto 480 de 2014 que regula los subcontratos de formalización para que pequeños mineros que están explotando dentro de un título minero hagan acuerdos con el titular para explotar un área del título. Y como ejemplos, el viceministro habla de siete proyectos piloto de formalización en Antioquia, Chocó, Nariño, Tolima, Santander y Valle entre otros departamentos que ya están en marcha.

Incluir criterios para la aplicación del decreto “terrorista”                           Se avanzó

Otro de los acuerdos alcanzados está relacionado con la aplicación del decreto 2235 que permite destruir maquinaria de la minería ilegal y que los mineros tradicionales bautizaron como “el decreto terrorista”.  El decreto que firmó el gobierno en el 2012 hacía parte de las exigencias de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para combatir la minería criminal.

Un día después de que se firmaron los acuerdos, el Ministerio de Minas, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Medio Ambiente expidieron un protocolo que incluye cuatro criterios para aplicar el decreto sobre personas que no tengan un título minero ni una licencia ambiental. Según este documento, la Policía sólo podrá destruir maquinaria usada para la explotación de los recursos cuando: 1. el dueño del aparato tenga antecedentes judiciales por delitos mineros, delitos contra el medio ambiente o relacionados con grupos armados o tienen investigaciones pendientes. 2. Si hay información de inteligencia que demuestre que el dueño de la máquina tiene relación con grupos armados ilegales o con su financiación y 3. Si la actividad minera se está haciendo en zonas protegidas por MinAmbiente o Parques Naturales.

Pero los mineros dicen que desde que se firmaron los acuerdos ha aumentado el número de máquinas destruidas por la Fuerza Pública: en agosto del año pasado eran 34 retroexcavadoras y 14 dragas y hoy, ocho meses después,  van 95 retroexcavadoras y 45 dragas y minidragas, según cifras de Conalminercol. Aunque no dicen específicamente en dónde, el presidente de Fedemichocó asegura que sólo en las asociaciones que ellos reúnen, se han destruído 20 máquinas (retroexcavadoras).

Aunque el Viceministro de Minas no tiene cifras de máquinas destruidas, asegura que ese número es irrisorio si se tiene en cuenta que en el país hay más de 9.000 mineros informales. “Eso demuestra que sí se está aplicando el protocolo y que los operativos son puntuales”, afirma.